Finalmente, y tras las trabas de CiU, el Parlament aprobó ayer la ley catalana que elimina las restricciones legales para que las parejas homosexuales puedan adoptar. La nueva normativa, impulsada por el Gobierno tripartito, contó con los votos a favor del PSC, ERC e ICV-EUiA, y evidenció la disparidad en el seno de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC): 18 votaron a favor, 5 se abstuvieron y 9, en contra, al igual que toda Unió Democràticay el PP.
La modificación de la ley del código de familia posibilita la adopción conjunta de menores por parte de parejas homosexuales, hasta ahora vetada, lo que había motivado que se llevaran a cabo adopciones encubiertas de parejas formadas por personas del mismo sexo, tramitadas como si fueran monoparentales. Con la nueva normativa, los dos miembros de la pareja deberán obtener el certificado de idoneidad que expide el Institut Català d'Acolliment i de l'Adopció.
Si las parejas optan por la adopción internacional, seguirán sometiéndose a las restricciones que imponen los países de origen de los niños. La mayoría de los estados a los que suelen dirigirse los catalanes (China y Rusia) no aceptan las solicitudes de parejas homosexuales.

Entre otros aspectos, la ley también establece que uno de los miembros pueda adoptar al hijo de su pareja, y modifica el código de sucesiones para equipar los derechos de los menores a los de los hijos de las parejas heterosexuales. La norma, que entrará en vigor en un plazo de 20 días, cuando se publique en el Diari Oficial de la Generalitat, incluye asimismo cambios en la figura de los tutores. Podrá considerarse como tal la pareja homosexual que conviva con el tutor legal.
El conseller de Justícia, Josep Maria Vallès, reiteró que la ley, ante todo, "protege los derechos de los niños en situaciones familiares diversas", y defendió que "la idoneidad no se puede basar en la orientación sexual". En su opinión, con la aprobación "se han eliminado restricciones inconstitucionales e insostenibles a las personas que quieren adoptar un niño", a la vez que se ha dado "carta de naturaleza a una situación que ya se producía desde hacía tiempo en la sociedad catalana".

Frente a los argumentos de Vallès, el portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Daniel Sirera, defendió la enmienda a la totalidad presentada por su grupo en contra del proyecto, que tuvo el apoyo de los 13 diputados de Unió y el rechazo de los de Convergència. Sirera censuró al Govern por considerar que "no se puede legislar pensando en quien adopta, y esta ley, para muchos catalanes, da la espalda a los intereses de los menores". Durante su intervención, Ramon Espadaler, de UDC, justificó que la posición de los diputados de su partido que votaron en contra de la ley "no se sustenta en la homofobia". La diputada de ERC Carme Porta criticó al PPC y a Unió por su "poca sensibilidad" en este tema, mientras que Dolors Clavell (ICV-EUiA) exigió a la derecha que evite "estigmatizar" al colectivo homosexual y aplaudió que a partir de ahora salga a la luz una realidad que está en la sociedad.

Las fuerzas del tripartito introdujeron una enmienda para aclarar que si los adoptantes son del mismo sexo, el orden de los apellidos será el que elijan de común acuerdo. En el caso de que hubiera discrepancia entre los padres, lo determinará un juez. (...)