La sociedad Vasco-Navarra de Pediatría, en colaboración con la Diputación, realiza un estudio sobre el estado de salud de los niños extranjeros que llegan a Vizcaya con su familia adoptiva. El informe, que evalúa tanto aspectos físicos como emocionales, comenzó a elaborarse el verano pasado a través de cuestionarios anónimos que se entregan a los padres. Hasta el momento, la respuesta ha sido escasa, y sólo se rellenan alrededor del 20% de los formularios. El trabajo es anterior al informe difundido esta misma semana por una fundación barcelonesa, que sostiene que el 35% de los menores adoptados en el extranjero tienen problemas de salud. Frente a las cautelas que se desprenden de este documento, que alerta de que algunos países «maquillan» las dolencias de los menores, la Diputación asegura que no se ha detectado «una gran problemática» en este sentido. «No tenemos motivos para pensar que se oculten datos», afirma el diputado de Acción Social, Juan María Aburto.

Cuando se realiza una adopción internacional hay un intercambio de historiales médicos entre la institución foral, que envía los de los padres, y el país de origen del menor. Una vez en Vizcaya, los chavales suelen presentar una mejoría evidente en su estado físico, fruto de los cuidados, la alimentación y el apoyo afectivo. Eso no significa, sin embargo, que lleguen con enfermedades graves.

El estudio de la sociedad de Pediatría no pretende poner filtros, sino servir de apoyo a los menores y a sus padres durante su adaptación a una nueva vida. También facilita la labor de seguimiento que exigen algunos países. «Igual que cada vez hay más control y revisiones durante el embarazo, esos cuidados se trasladan a la adopción», dice Aburto. «Las familias deben velar por la situación de los niños, pero ¿cuidado! a ver si lo que hay detrás de eso es una adopción a la carta. Hay quien llega a un país del Este y cuando se encuentra al niño dice 'no lo quiero'. No hablamos de muebles ni de mercancías averiadas», recalca.

Los casos de rechazo son excepcionales, aunque se viven situaciones complicadas. Una familia vizcaína ha llevado a la Diputación a los tribunales porque el niño que adoptó en un país extranjero tiene problemas de salud. Padece una discapacidad intelectual que se detectó «a posteriori». Los padres reclaman 300.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, y el pleito sigue su curso. La institución foral asegura que en este caso se siguió el procedimiento establecido con los correspondientes certificados médicos. «Lo mismo que una pareja puede tener la mala suerte de que su hijo, pese a poner todos los cuidados, tenga problemas de salud, las familias adoptivas deben estar preparadas para eso», enfatiza el diputado.

El año pasado se tramitaron en Vizcaya 255 adopciones internacionales. Ucrania, Rusia y China volvieron a ser los países con mayor presencia en este mapa, seguidos de los sudamericanos. Este año la situación cambiará porque Ucrania ha establecido un cupo -«a Vizcaya le corresponden 17 menores»- y en el primer cuatrimestre se ha detectado un ligero descenso de solicitudes. Aun así, mantiene su peso frente a la adopción de niños españoles, apenas una treintena de casos en 2004. «Está en cifras muy pequeñas por los cambios culturales que ha habido en la forma de vivir la maternidad y la familia. Habrá que valorar el efecto de la inmigración, ya hay algunos casos de niños expósitos», concluye el diputado.