Integrantes de la asociación guipuzcoana Anichi (Adopción de niños en China) han redactado un escrito en el que muestran su profundo malestar con el actual modelo de trabajo desarrollado desde Diputación respecto a las adopciones internacionales. Creen que se debería dotar a este servicio de «muchos más medios económicos y de personal» ya que en estos momentos «hay un auténtico colapso y una falta de información flagrante», según denuncia Estíbaliz Encinas, una de las portavoces de la asociación. Esta agrupación, integrada por 25 familias guipuzcoanas, dice no sentirse «ni mucho menos protegida por la institución». Ante el creciente interés por la adopción internacional -«todo apunta a que seguirá aumentando»- desde Anichi denuncian que esa demanda no ha sido satisfecha adecuadamente en los últimos años con la dotación de los suficientes recursos. Ana Gillegi, miembro de la asociación, asegura que «ahora mismo la atención telefónica es nula y, desde luego, todo menos educada. Puedes llamar por teléfono y dejarles miles de recados a las asistentes sociales, que normalmente no te contesta nadie, o encuentras a un personal totalmente desinformado y apático. No hay ningún tipo de comprensión, ni de aliento, ni de diálogo, y para unos padres que necesitamos información, esta manera de actuar es tremenda».

Los miembros de esta asociación añaden que actualmente se excede «en no menos de siete meses» en Gipuzkoa el plazo establecido por la ley para obtener el certificado de idoneidad necesario para emprender el proceso de adopción. Cristina Villar, otra de las madres afectadas, asegura que la demora en los plazos «no se debe, como dicen, a la necesidad de velar por el interés del menor. Lo que en realidad están consiguiendo es aumentar la angustia de los padres y que los niños pasen más tiempo en el orfanato. No se puede tolerar que mientras la ley establece una fecha tope de seis meses ahora mismo se esté tardando en Gipuzkoa diez meses en conceder este certificado». Para obtenerlo, cada familia debe realizar cuatro entrevistas psicológicas y otra más de tipo social, que determine las condiciones económicas y el entorno en el que vive. La suma en la valoración de ambas autoriza o no el certificado. Gillegi informa de que acaban de salir las bases para contratar a una empresa que se encargará de agilizar todo este proceso. «¿Por qué en Gipuzkoa tenemos que seguir pagando por este servicio mientras que en Vizcaya y Álava es gratuito?», se preguntan además. Estas familias, que lamentan ser ninguneadas por las instituciones, hacen saber a la Dirección General de Política Social su disposición a mantener una reunión que permita dar con una solución a corto plazo para un problema que «existe desde hace muchos meses y es muy grave».