La Audiencia de Sevilla ha archivado definitivamente la denuncia
contra la Entidad Colaboradora para la Adopción Internacional (ECAI) PROA y sus
directivos por una supuesta estafa a raíz de las denuncias de numerosas
familias afectadas por la paralización de la tramitación de los expedientes de
niños rusos, con los que trabaja dicha entidad, ex colaboradora de la Junta de
Andalucía. La sentencia de la Sección Primera, a la que ha tenido acceso Europa
Press y contra la que no cabe recurso alguno, desestima los recursos
interpuestos por las representaciones de los 41 apelantes y confirma las
resoluciones del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla de octubre y
noviembre de 2004 en las que se determinaba el archivo de las actuaciones.
El tribunal argumenta que "no podemos menos que estar de
acuerdo" con el instructor, que de forma "pormenorizada" analizó
el primer auto que archivó el caso, fechado en marzo de 2004. "No cabe
hablar de engaño cuando la propia Consejería de Asuntos Sociales conocía que
PROA era una de las entidades afectadas por el cambio de legislación,
realizándose por la citada entidad y la Dirección General de la Infancia y
Familia de esta Consejería gestiones con la administración rusa para que se
admitiera una situación transitoria hasta que las Ecais pudiesen cumplir el
requisito temporal", dice el nuevo fallo. "Y este régimen transitorio
fue admitido, como se reconoce en el Acuerdo del consejero de Asuntos Sociales
de fecha 15 de diciembre de 2003, de tal forma que mientras no se obtuviese la
acreditación, conforme al nuevo régimen jurídico, las autoridades rusas
seguirán aceptando expedientes de adopción en las que intervinieran las Ecais,
si bien la tramitación se llevaba a cabo con la forma de adopciones promovidas
directamente por las familias", explica la sentencia. Por tanto "no
existe engaño alguno", pues la tramitación de los expedientes siguieron su
cauce incluso a través de otras Ecais, continuando las autoridades rusas con
las preasignaciones, hasta la obtención de la acreditación que se consiguió con
fecha 25 de junio de 2003. Dicen los jueces que los recurrentes "confunden
contrataciones con preasignaciones", según considera la sentencia, que
tiene fecha de 19 de abril.
Primer auto de archivo del instructor
El magistrado juez Fernando Martínez decía en el primer auto de
archivo, conocido a finales del mes de marzo de 2004, que no era necesaria la
práctica de ninguna otra diligencia de investigación y que no podía entenderse
que los legales representantes de PROA hubieran actuado con el ánimo de engaño
que exige el artículo 248 del Código Penal, relativo a la estafa. El juzgado
archivó el caso "al no ser los hechos investigados constitutivos de
infracción penal", después de que directivos imputados de PROA hubieran
prestado declaración por esta cuestión a raíz de las acciones penales iniciadas
por los denunciantes, que habrían aportado importantes sumas económicas para
gestionar las adopciones, cuyos expedientes no se llevaron a buen término,
según denunciaron.
La Consejería de Asuntos Sociales reconoció en octubre de 2003
retrasos y paralizaciones en los expedientes gestionados por esta ECAI, incluso
con la suspensión a comienzos de 2003 de las adopciones presentadas, y apuntó
el establecimiento de medidas de control y seguimiento de PROA para evitar el
perjuicio de las familias y favorecer la culminación de los mismos, a pesar de
lo cual los afectados acudieron a la vía penal el pasado otoño para denunciar
los hechos en los tribunales.El PP también se sumó a estas protestas,
denunciando "inmovilismo e inactividad" en la Junta a la hora de
tomar medidas que impulsaran los expedientes que tramita PROA, mientras que el
entonces consejero del ramo, Isaías Pérez Saldaña, anunció la
"desacreditación" de la ECAI y el encargo de una auditoría sobre la
entidad, al tiempo que explicó que las solicitudes serían derivadas a otras
entidades de este tipo.
Las familias habían denunciado dejación de funciones y
negligencias en todas las cuestiones relacionadas con la agencia PROA y habían
puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que remitió el asunto al
juzgado instructor, quien decidió archivar las actuaciones, también dirigidas
contra la Junta por su "irresponsabilidad" en el caso, y de las que
asimismo advirtieron ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Unas 40
familias se constituyeron el 9 de marzo de 2003 en la Asociación de Familias
Afectadas por Proa (Afap), con el objetivo de defender sus intereses y de
encontrar la solución a los 90 expedientes de adopción que la ECAI comenzó a
gestionar en Rusia y que no se concluyeron.