De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala, entre 1996 y 2004 más de 15 mil bebés de este país fueron entregados en adopción. El 97 por ciento de ellos terminaron en otros países. Sólo en el 2004, parejas extranjeras adoptaron casi 3 mil 500 bebés. Tales cifras convierten a Guatemala, cuya población es de 11 millones de habitantes, en la nación que más niños “exporta” al mundo. Estados Unidos es el principal destino de estos bebés, aunque también han sido enviados a países como Francia, Holanda, España, Canadá, Italia, Reino Unido e Israel. Varios factores propician esta situación: una laxa legislación en materia de adopciones, instituciones débiles, madres empobrecidas y un ávido mercado internacional.

Hasta 30 mil dólares puede pagar una mujer o una pareja extranjera por tener en cuestión de meses a un bebé guatemalteco. Ello ha generado un lucrativo mercado que mueve anualmente más de 100 millones de dólares, según estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, como Casa Alianza. En el mercado de “los niños a la carta” –como le llaman organizaciones que critican el sistema de adopciones en este país—participan abogados, agencias de adopción, comadronas, hospitales privados, hogares temporales y “jaladoras”, como se conoce aquí a las mujeres que contactan a madres embarazadas en zonas rurales y las convencen de entregar a sus hijos. Se trata de complejas redes que podrían estar vinculadas al tráfico internacional de niños, de órganos humanos y de prostitución infantil, denuncian Organizaciones No Gubernamentales guatemaltecas.

Guatemala es el único país latinoamericano en el que las adopciones no requieren de un proceso judicial. Es, en los hechos, un mero trámite administrativo realizado abogados que están en contacto con agencias internacionales de adopción. El Estado se limita a realizar una supervisión de rutina: trabajadoras sociales de los llamados Juzgados de Familia realizan una entrevista a las madres que entregan a sus hijos y la PGN otorga una aprobación final. Así, los potenciales adoptantes pueden tener un bebé guatemalteco en el tiempo récord de seis meses a partir de su solicitud.

Existen más de 200 abogados guatemaltecos especializados en adopciones. Para cumplir con la demanda de las agencias internacionales de adopción, la mayoría de estos abogados ha creado un mecanismo que asegura la captación de bebés desde que están en el vientre materno. Por medio de “jaladoras” y hasta con anuncios en la prensa local contactan a las futuras madres. Les ofrecen apoyo económico durante el embarazo y durante el parto. De hecho, una vez que la madre acepta entregar a su hijo, el abogado toma el control: somete a la madre a chequeos prenatales, decide donde será el parto, vigila que el bebé sea separado inmediatamente de la madre, lo traslada a una casa cuna o con una cuidadora contratada ex profeso, y acompaña a la madre en los trámites necesarios hasta que se consuma la adopción.

El Instituto Latinoamericano para la Educación y la Comunicación (ILPEC) realizo, a pedido de UNICEF, una extensa investigación sobre el mercado de las adopciones en Guatemala. Su informe concluyó que los niños tienen precio, lo que convierte a las adopciones en una transacción comercial. “El manejo económico de las adopciones ha creado un mercado laboral en el cual obtienen beneficios económicos madres, intermediarios, niñeras, traductores, abogados, agencias de adopciones y algunos hogares que tienen bajo su cuidado a los niños”, advierte la institución. (...) El informe del ILPEC documentó que mientras madres pobres son presionadas para entregar a sus hijos en adopción, en 300 hogares o casas cuna públicas o privadas de Guatemala hay más de 23 mil niños abandonados. “Estas instituciones están saturadas de niños que no son adoptados. Ello indicaría que las adopciones no se realizan con niños huérfanos o abandonados que necesitan padres sustitutos, sino de bebés que se estarían ‘produciendo‘ para tal fin”.

El informe señala que, al permitir un procedimiento paralelo al judicial, “se ha dado lugar a una serie de adopciones legales en su forma, pero ilegales en el fondo. (En dicho proceso) el origen de los niños suele ser incontrolado y no existen barreras para que abogados conviertan las adopciones en un auténtico tráfico de niños, puesto que no tienen límites ni los honorarios que pueden exigir a los adoptantes ni los “métodos” con los que convencen a las madres. Se llega a veces a la coacción”.

El informe del ILPEC señala que un 60 por ciento de los niños dados en adopción son menores de diez meses. Un 82 por ciento estuvieron previamente confinados en casas particulares, a cargo de cuidadoras contratadas por los abogados, en tanto que apenas un 12 por ciento provenían de instituciones que acogen a niños abandonados.

El informe consigna que durante la investigación realizada por el ILPEC, se entrevistaron a madres que dieron a niños en adopción. Éstas parecían aleccionadas por los abogados y sus versiones solían coincidir: manifestaban que sus respectivas familias no sabían que ellas estaban embarazadas, que no tenían los recursos económicos para sostener a su hijo, que el padre las abandonó o que fueron violadas. Cuando investigadores de ILPEC quisieron seguir la huella a los madres, encontraron que eran falsas la mayoría de las direcciones consignadas en los expedientes de las trabajadoras sociales de los Juzgados de Familia: eran direcciones inexistentes o correspondían a casas y negocios en donde no se conocía a las mujeres; otras direcciones daban a barrancos, parques o lugares de difícil acceso y parecían manipuladas por los abogados para evitar que las madres fueran localizadas.

De acuerdo con el informe del ILPEC, el “costo” de este tipo de adopciones oscila entre 8 mil y 23 mil dólares. Otras organizaciones como Casa Alianza sostienen que el costo promedio se sitúa en 30 mil dólares. Testimonios recabados por la corresponsal indican que los abogados pueden pedir hasta 60 mil dólares.

Decenas de agencias internacionales de adopción utilizan Internet para promover a los bebés guatemaltecos. Como si se tratase de “productos”, algunas de ellas los anuncian destacando su edad, sexo, etnia, buena salud y belleza. “World Adoptions”, por ejemplo, describe: “huérfanos guatemaltecos necesitan un hogar. El proceso es corto, apenas seis meses después de la solicitud. El viaje para recoger a los niños dura sólo tres días. Y pueden adoptarlos parejas de hasta 55 años de edad”. Otro ejemplo: Adoptions Abroad destaca que su coordinador en Guatemala trabaja directamente con las madres que entregarán a sus hijos y que él supervisa totalmente el proceso de adopción de los “hermosos y bien cuidados niños”. La agencia permite a sus clientes definir la edad, sexo y fecha en que quisiera a su bebé adoptivo en casa. Por su parte, Heritage Adopción anuncia niños de menos de un año de edad descendientes de ladinos e indígenas mayas. Y ofrece a los nuevos padres entregar a los bebés con un “certificado de salud”.

Gladys Acosta, representante de UNICEF en Guatemala, se queja de que las autoridades no efectúan investigaciones sobre este tipo de adopciones, “y una vez que el niño se da en adopción, nadie más se preocupa por él”. Dice: “Hay una utilización de la pobreza. Se dice que los niños que se adoptan son pobres y que van a tener un mejor futuro fuera del país. Pero la pobreza es un problema social, no puede resolverse mandando niños a la adopción internacional. Además, las familias pobres ni siquiera sacan provecho: reciben una pequeña cantidad de dinero”. Ello, subraya, “no es ético”. Abunda: “Es notorio que hay mucha gente que trabaja en adopciones. Éstas se convierten en una especie de industria que detecta dónde están los niños y busca canales para cumplir con una fuerte demanda”. (...)

Acosta señala que Estados Unidos se mantiene como el principal destino de los bebés que son adoptados por extranjeros. “El resto de los países europeos y Canadá han suspendido las adopciones provenientes de Guatemala, mientras no haya una legislación confiable”. Y es que, según Acosta, Guatemala “está en falta a nivel internacional”. Explica que en marzo del 2003 el gobierno ratificó el Convenio de La Haya relativo a la protección de los niños. Éste convenio internacional prevé que el Estado debe controlar el proceso de adopción de menores. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, abogados que tramitan adopciones interpusieron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la aplicación de dicho convenio. Ello hace que Guatemala lo incumpla.

Alejandra Vázquez, dirigente del Movimiento Social por la niñez y adolescencia, destaca que sectores civiles en Guatemala buscan que el Congreso apruebe una ley especifica “que brinde claridad en el proceso de adopciones, que supervise los hogares temporales donde se albergan los niños, que garantice la entrega de un bebé en adopción por parte de su madre y que de seguimiento sobre a dónde va el menor”. (...) Por ahora –advierte Vázquez--, detrás de la oferta de niños guatemaltecos en mercado internacional, existen sucesos truculentos, muy distantes del panorama que pintan las agencias de adopción y los abogados que lucran con este negocio: robo y venta de niños, alquileres de vientres y presiones a madres pobres para quitarles a sus hijos. Durante su visita a Guatemala, realizada en el 2000, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas en temas de la niñez, Ofelia Calcetas Santos, denunció que mujeres guatemaltecas son contratadas para quedar embarazadas y luego vender a sus hijos. Consignó casos en que mujeres pobres o prostitutas son amenazadas o engañadas para entregar a sus bebés. Señaló otros casos en que los pequeños son robados y provistos de falsa documentación de identidad.

El Servicio de Investigación Criminal de Guatemala ha advertido sobre el creciente robo de bebés en centros comerciales y hospitales guatemaltecos. Esta instancia realiza periódicamente operativos de allanamiento a casas de cuna clandestinas. En ellas ha detectado menores que han sido robados y a los cuáles se les identifica con documentos falsos. En algunos casos, estos documentos utilizan papelería original de la Corte Suprema de Justicia –de la cual dependen los Juzgados de Familia–, lo que apunta a la conexión de algunas autoridades judiciales en los ilícitos.