No es extraño escuchar noticias de que Rusia o China, Ucrania o Rumanía, han 'congelado' sine die las adopciones para decenas de familias. Tampoco que existen padres atascados en largas listas de espera o que alguna de las entidades colaboradoras de adopción internacional (ECAI) ha sido inhabilitada por exigir cobros abusivos. La Gerencia de Servicios Sociales se ha propuesto empezar 2005 intensificando los controles sobre la adopción internacional y, como primera medida, ha elaborado un decreto que regula la acreditación y el funcionamiento de las ECAIs —en Castilla y León hay cinco autorizadas— y que vendrá a sustituir uno de 1996. La normativa, (...) que ha sido remitida al consejo Consultivo para su análisis, intensifica los controles preventivos sobre la acreditación, las contraprestaciones económicas, las condiciones del contrato, y especifica claramente cuáles serán los gastos que podrá repercutir al solicitante, según explica el gerente de Servicios Sociales, Antonio Sáez. Así, para que una familia no se quede 'compuesta y sin niño' porque la entidad colaboradora finalice su actividad o porque sea suspendida, las ECAIs estarán obligadas por primera vez a constituir una reserva de dinero en una cuenta de ahorro, cuya cuantía «no será inferior al 10% de todos los expedientes que gestiona». Deberán, además, concertar una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil y que garantice la devolución del dinero empleado por los padres si la adopción fracasa por causas achacables a la agencia.

La presidenta de la Asociación Regional de Familias Adoptantes (Arfa), Isabel Miranda, aplaude esta novedad que «tanto ha costado introducir», si bien califica la cantidad de «irrisoria» en comparación con «el esfuerzo de las familias». Aunque cree que «es un buen intento», asegura que lo ideal hubiera sido «garantizar que todo aquel dinero que aún no se ha empleado reinvierta en las familias». Además, se pregunta a cuánto ascenderá la póliza.

Estas son sólo algunas de las principales novedades que incluye el nuevo decreto en sus 36 artículos en materia de acreditaciones. Pero hay más, las relativas a los pagos y a los contratos. Para evitar sorpresas que agiten los bolsillos de los aspirantes a padres adoptivos, el decreto limita los pagos que pueden recibir estas entidades sin ánimo de lucro «a la mera suma de gastos directos justificables y los indirectos autorizados», prohíbe expresamente la recepción de donativos procedentes de los solicitantes, y fracciona los pagos: el 40% a la firma del contrato; el 30% en el momento de la preasignación, y el 30% restante a la llegada a España con el menor.

Aunque la contraprestación económica de la familia adoptante tendrá como objeto compensar los gastos derivados de la tramitación de las solicitudes, los gastos del representante y los costes de la infraestructura y del personal, en el caso de que se produzcan excedentes en el ejercicio anual la entidad lo reinvertirá en la reducción de los costes de tramitación de nuevos expedientes o en la mejora de sus instalaciones. Además, el artículo 27 «especifica mucho más» los gastos atribuibles a la familia, que tendrá que correr con los gastos de obtención, traducción y autentificación de documentos y con la manutención del menor desde el mismo instante en que acepte la preasignación.

El tipo de contrato que firmará la entidad colaboradora y las familias será desde ese momento diferente. Hasta ahora, como reconoce el gerente de Servicios Sociales, las agencias de adopción internacional «presentaban modelos de contratos, pero no estaba escrito en ningún papel cuáles eran los requisitos que tenía que contener». A la entrada en vigor del decreto, los contratos «tendrán que estar perfectamente desglosados», aclara. Eso supondrá, según Miranda, que las familias «no se sientan indefensas a la hora de firmar un contrato en barbecho», ya que conocerán con todo tipo de detalle a qué se compromete cada una de las dos partes del contrato. «Resultará muy útil que se plasme en un decreto las 27 obligaciones de una ECAI que, pese que parece evidente que debían cumplirse, las familias lo desconocían».