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AACAAI presentó el pasado jueves 25 de abril una denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas en Bruselas por la pasividad del Gobierno Español en la aplicación de las directivas que regulan los créditos al consumo, la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil y la publicidad engañosa.

AACAAI entiende que existen suficientes elementos de prueba (sentencias judiciales, denuncias de asociaciones de consumidores e informaciones en prensa) para que Bruselas acepte esta denuncia e inicie las investigaciones oportunas que acaben con los contratos encubiertos y las prácticas irregulares cometidas por las academias de ingles.

Además, el informe del Instituto Nacional de Consumo pone en evidencia el conocimiento del problema por parte de las autoridades españolas y su pasividad para resolverlo.


EL COMERCIO 28 de abril de 2002

Los asturianos afectados por las academias de inglés denuncian al Gobierno central ante Bruselas

b. m. c.

La Asociación Asturiana de Consumidores de Academias de Inglés, de la que son miembros más de 90 ex alumnos asturianos de diferentes centros de idiomas, han presentado ante la Comisión Europea una denuncia contra el Gobierno central «por incumplimiento del derecho comunitario».

En rueda de prensa,la presidenta de la Asociación, Laura Sánchez explicó que las academias denunciadas incumplen sistemática la legislación en materia de consumo europea ante la pasividad de la Administración española «que está obligada, no sólo ha trasponer al ordenamiento jurídico español las normas comunitarias sino a hacerlas cumplir».

La Asociación, a la que los tribunales han dado la razón en varias ocasiones, denuncia que estas academias, dedicadas mayoritariamente a la enseñanza de inglés, ofrecen la posibilidad de financiar sus servicios a través de los llamados 'créditos al consumo' por los que el alumno contrae «sin su consentimiento» un contrato de préstamo con una entidad bancaria que le obliga a cumplir con los pagos aunque cierre el centro o el alumno quiera abandonarlo.

Los interesados en obtener más información pueden dirigirse a la página web de la asociación, 'http:/es.geocities.com/afectadosingles', que ya ha recibido más de 7.000 visitas desde octubre.


LA VOZ DE ASTURIAS 28 de abril de 2002

ENSEÑANZA DE IDIOMAS
Una denuncia revela cobros abusivos

Varios afectados llevan el caso a la Comisión Europea

R. A. OVIEDO La Comisión Europea investigará si el Gobierno español ha infringido las leyes comunitarias por no actuar contra las academias de idiomas que ofrecen la posibilidad de financiar el pago de sus enseñanzas mediante créditos al consumo. Una asociación asturiana de consumidores, constituida el pasado enero, ha elevado a Bruselas una denuncia por la permisividad de la Administración central con unas prácticas que permiten a los centros concertar contratos de préstamo con entidades bancarias sin informar al consumidor. Si el alumno decide dejar el curso, se encuentra obligado a abonar una prestación que no percibe.

Laura Sánchez, presidenta de la Asociación Asturiana de Afectados por Academias de Inglés (AACAAI), explicó ayer en Oviedo que la decisión de recurrir al Ejecutivo comunitario es fruto de la inacción de las autoridades españolas, a las que acusó de no velar por el cumplimiento de las directivas comunitarias de protección a los consumidores. En abono de esa tesis, la denuncia cita un informe del Instituto Nacional de Consumo que señala la normativa aplicables a los múltiples casos denunciados en todo el país. A pesar de su existencia, no se ha tomado ninguna medida para prevenir esos casos.

FALLOS FAVORABLES
Con la vía administrativa cerrada, los tribunales han sido la única vía de los consumidores para reclamar. En Asturias se han producido desde marzo del 2001 tres sentencias favorables a los alumnos: una en Avilés y dos en Gijón.

La asociación argumenta que la contratación del crédito se hace a espaldas de quienes adquieren un curso. Los centros, según su denuncia, les hacen creer que los pagos responden a una domiciliación bancaria cuando en realidad les hacen firmar, sin posibilidad de leerlo, un contrato de crédito al consumo. Los bancos abonan desde el principio el importe del curso, de forma que los alumnos, en realidad, no pagan a las academias, sino a las entidades que han adelantado el dinero.

Además, aunque se da a entender a los alumnos que pueden dejar las academias en cualquier momento, ese derecho de desistimiento no aparecen en los contratos de enseñanza, cuyas cláusulas van redactadas en letra pequeña. Incluso en centro que han quebrado --caso del Wall Street Institute de Gijón-- los bancos han seguido reclamando el pago de los recibos.


LA NUEVA ESPAÑA. 28/04/2002


Hipoteca en las clases de inglés

Ex alumnos de academias denuncian ante la UE una presunta estafa por los créditos que imponen los centros

Oviedo, C. MATEO

«Me desapunté de inglés y me amenazaron con que tenía que pagar todo un crédito, que ni siquiera sabía que había suscrito». Laura Sánchez preside la Asociación Asturiana de Consumidores Afectados por las Academias de Inglés, un colectivo que aglutina en la actualidad a más de 80 personas y que ha denunciado ante la Comisión Europea a varios centros de la región por incumplimiento del derecho comunitario. La razón, tal y como señaló ayer a LA NUEVA ESPAÑA la presidenta de la entidad, «es que en la mayoría de las academias de inglés se firma un contrato ignorando que lo que realmente se haciendo es firmar un crédito».

El problema, señala, «llega cuando, ante la falta de calidad de las clases, se decide abandonar». «Te encuentras con un operario de un banco que te llama a horas intempestivas para reclamarte el pago de las mensualidades del crédito», afirma Laura Sánchez. Bajo la denominación de «créditos al consumo», los afectados, sostiene, «se ven obligados a seguir pagando o llevarles a los tribunales, como fue mi caso, en el que el juez me dio la razón».

En opinión del secretario del colectivo de afectados, David Vega, «muchos alumnos no acuden a la vía judicial debido a la lentitud, desconfianza y costes que puede suponer, con lo que la academia y el banco se embolsan grandes sumas de dinero sin realizar la contraprestación pactada».

Alertados por el incremento del número de afectados por este «tipo de fraudes», los portavoces de la asociación solicitan «una legislación que desvincule este tipo de enseñanza de la financiación a través de créditos al consumo, o bien una norma que regule exhaustivamente el derecho de desestimamiento del usuario».

Muchas academias «ya se han declarado en quiebra por estas prácticas porque los estafados se cuentan por miles», señalan los portavoces de la Asociación Asturiana de Consumidores Afectados por las Academias de Inglés. Y denuncian además que «ni siquiera se hace entrega al consumidor de una copia del mismo».

Con este «fraudulento método», asegura David Vega, «las academias incumplen sistemáticamente la ley de Crédito al Consumo, en cuyo artículo 17, referido a la publicidad sobre ofertas de crédito, se especifica que ésta debe aparecer en la publicidad y en los anuncios y ofertas exhibidos en locales comerciales que se ofrezca un crédito» y siempre ha de indicarse el tipo de interés y las condiciones del mismo».

Los portavoces de la asociación advierten además de que «la mayoría de estos centros utiliza publicidad engañosa porque prometen becas y exámenes oficiales al alumnado cuando no están autorizados para ello». En el Principado, aseguran, «sólo los centros que estén adscritos a la Asociación de Centros de Enseñanza del Principado pueden realizar exámenes oficiales».

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