Segunda reunión de colectivos afectados por el cierre de Opening y asociaciones de consumidores en pro de la creación de una plataforma unitaria de coordinación estatal

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Madrid, 9 de noviembre de 2002

En aplicación de los acuerdos adoptados por los representantes participantes en la primera reunión de colectivos afectados por el cierre de Opening y asociaciones de consumidores en pro de la creación de una plataforma unitaria de coordinación estatal, celebrada en Zaragoza el 19 de octubre de 2002, ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros, organizó y convocó la segunda reunión en Madrid, el 9 de noviembre de 2002, a las 10'30 de la mañana.

Se eligió una Mesa de Presidencia en la que actuaron como moderadores Fernando Herrero (Afectados de Madrid-ADICAE), Antonio Chimeno (Asociaciones de alumnos afectados de Recoletos y Móstoles) y Manuel Pardos (Representante de las Asambleas de Socios Afectados y Presidente de ADICAE) y, como secretario de actas, Miguel Martínez Tomey (Comisión de Afectados de Aragón-ADICAE).

El Presidente de ADICAE, como asociación impulsora de esta iniciativa, se dirigió a los presentes para expresar que las reglas del juego de esta Coordinadora deben ser lograr que todos los colectivos y asociaciones representantes de los afectados en toda España estén unidos frente a los poderes e intereses que se están enfrentando a los alumnos de Opening y de otras academias cuyos casos son similares a éste. Se incluiría, por tanto, a colectivos que se han constituido como asociación, a aquellos que no lo han hecho pero se mantienen como grupo organizado, asociaciones de consumidores que agrupan a afectados e incluso a despachos de abogados que hayan reunido a un grupo relevante de afectados y deseen incorporarse como un miembro más. El objetivo de la reunión es asegurarse de que un grupo de personas capaces pueda llevar a cabo lo que aquí se acuerde. Para ello, ya representamos a suficientes miles de afectados como para impresionar e influir sobre bancos y Administraciones públicas, y no nos cabe duda de que cada vez más se unirán muchos más para resolver el caso. Dada la aceptación de esta convocatoria de Coordinadora, hay que hablar ya de un antes y un después de esta fecha, porque desde hoy va a haber ya una voz unida y una representación legítima de los afectados ante las entidades e instituciones que no ha habido hasta ahora y, por tanto, la posibilidad de sentarse a negociar una solución inmediata para todos los afectados que evite la judicialización del caso.
Aquí, pues, hay que buscar lo que nos une a todos y lanzar en común una actividad conjunta, dejando que luego cada colectivo o asociación lleve adelante las actuaciones propias que crea conveniente.

A continuación, los participantes aprobaron el siguiente orden del día:

1. Identificación de los diversos representantes presentes y de la representación que ostentan
2. Debate de la situación del caso Opening y conclusiones
3. Plan de actividades a desarrollar hasta el final de año con un especial debate sobre la coordinación de actuaciones extrajudiciales y actuaciones judiciales.
4. Constitución y funcionamiento de la Coordinadora Estatal
5. Conclusiones y acuerdos

1. Identificación de los presentes y de la representación que ostentan

Se estableció un procedimiento de acreditación de los asistentes a la reunión previo al comienzo de esta, por lo que se decidió no volver a realizar verbalmente el proceso y remitirse a los datos registrados (ver anexo). En total, acudieron a la reunión 43 representantes de 22 colectivos de afectados de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Madrid y Valencia) y las asociaciones de consumidores ADICAE, ASGECO-FACUA, e INFORMACU-Alcalá/Alcobendas, que agrupan, como colectivos y asociaciones en conjunto de forma directa a 4.087 miembros afectados y a otros 12.000 afectados de forma indirecta.

2. Debate de la situación del caso Opening y conclusiones

El debate se centró en definir cuál debía ser el enfoque que la Coordinadora debería dar a sus actuaciones, dada la situación actual de los afectados, en la que quienes han dejado de pagar sus créditos están recibiendo las presiones y amenazas de las entidades financieras. Más explícitamente, se trataba de consensuar si las actividades de una Coordinadora Estatal deberían girar alrededor de las actuaciones judiciales o de las extrajudiciales.

El representante de Asturias señaló que las demandas y querellas criminales presentadas hace tiempo en su comunidad autónoma (éstas últimas se han transferido a la Audiencia Nacional, junto con las diligencias practicadas por la Fiscalía de Asturias) no han disuadido a los bancos de presionar sobre los alumnos, por lo que duda de su eficacia inmediata en lo que se refiere a las presiones sobre los alumnos que han dejado de pagar.

Otros representantes, por su parte, aseguraron no tener noticias de que se hayan producido demandas de los bancos contra los afectados de su localidad, e incluso, como en el caso de Parla, ni siquiera de cartas remitidas por procedimiento fehaciente: tan sólo llamadas y cartas ordinarias.

El representante de la Coordinadora de Afectados de Madrid hizo un alegato en pro de que la Coordinadora se centre fundamentalmente en las acciones extrajudiciales, dado que lo judicial resulta inabordable por la multiplicidad de casos existentes y estrategias posibles, así como la proliferación de demandas y querellas en curso promovidas por quienes han ejercido su derecho a ir directamente a los tribunales. De estimarse alguna acción judicial (y, aun ello, señalando que no existe por el momento motivo que obligue a hacerlo de forma inminente o apresurada, esta debería ser quizás la de una demanda colectiva desde las asociaciones de consumidores, quienes tienen legitimación activa para ello y pueden acogerse al beneficio de la justicia gratuita, sin perjuicio de las subvenciones que pudieran recibir de las Administraciones públicas. Pero, dicho esto, la más eficaz aportación que puede hacer una Coordinadora Estatal a favor de los afectados para hacer avanzar rápida y favorablemente este caso es la de las acciones extrajudiciales, especialmente, en el estado actual de la situación, rechazando el tratamiento de "morosos" que se pretende hacer de los afectados, de forma que se consiga que los afectados no tengan el tratamiento del moroso para el que fueron concebidos estos ficheros, y que, muy al contrario, se considere su problema como algo fuera de ese contexto, como un problema mal abordado por nuestra legislación y en cuya solución las autoridades tienen una responsabilidad que hay que reclamar. Hay, pues, que rechazar el tratamiento de "moroso" tanto en la calle, como ante la Agencia de Protección de Datos e incluso ante los tribunales, como una lesión al honor, pues los créditos no están vencidos, ni son líquidos, ni son vinculantes.

Se suscitaron dudas entre algunos de los presentes sobre si se ha dado algún caso de personas inscritas en ficheros de morosos, por ser necesario que dejen de pagarse tres mensualidades para poder llevar a cabo tal amenaza, y aún no ha pasado tanto tiempo desde el cierre masivo de septiembre.

La representante de INFORMACU-Alcalá resaltó la existencia generalizada de irregularidades en contratos y niveles de enseñanza, que deberán ser abordadas caso por caso. Junto a ella, todos coincidieron en la actitud distante de la Ministra de Sanidad y Consumo, cuya intervención anunciando un acuerdo entre los bancos y otras academias para reabsorber a los afectados por el cierre de Opening parecía más destinada a contentar al público (malamente, pues el proceso formativo se había interrumpido y las condiciones no eran equiparables) al tiempo que, ante todo, aseguraba que los bancos siguieran cobrando. En definitiva, se ratificó el fracaso de la solución de la Ministra, tal y como ya había sido constatado en la reunión del 19 de octubre en Zaragoza.

La mayoría de los presentes se mostraron partidarios de que la plataforma se pronunciase a favor de dejar de pagar, y así se hace, pero con la idea de lanzar una campaña de información adecuada a todos los afectados, que son los que individualmente deben de rechazar el pago. Algunos insisten sobre la dificultad judicial (y en cualquier instancia) de recuperar las cantidades ya pagadas y las que se sigan pagando en adelante, aunque se reconociera la nulidad de los créditos.

Los abogados invitados por ACACO (Cataluña) se manifestaron a favor del enfoque judicial, y de que sean los afectados quienes tomen la iniciativa y demanden antes de que lo hagan los bancos. Consideran que no hay mejor arma de presión para negociar que una demanda y, para anular los contratos de manera firme, nada como una sentencia, si bien reconocieron la utilidad (aunque, a su juicio, menor) de las acciones extrajudiciales.

El Presidente de FACUA reconoce que el planteamiento judicial siempre está ahí. Sin embargo, estima que la mayoría de las asociaciones de consumidores no han estado a la altura de sus responsabilidades en este asunto pues, por ejemplo, sólo ADICAE respondió a su carta a otras asociaciones de consumidores invitando a organizar una campaña de boicot contra los bancos implicados (y que, dada la competencia existente en el sector, podría ser muy dañina para ellos). Por tal razón se felicita de esta iniciativa de ADICAE, que ha conseguido establecer la cohesión que le faltaba al movimiento de los afectados para que recuperen su capacidad de respuesta ante los bancos y para ejercer la presión extrajudicial que tan necesaria se hace en estos momentos. Reconoce que las asociaciones que se han sumado a la Coordinadora pueden jugar un papel muy valioso ayudando a crear un conflicto que resulte inasumible para los bancos. FACUA no ha fijado una línea de actuación sobre si se ha de pagar o no, pero estima necesario incitar a las asociaciones de consumidores a que se impliquen y estén con los afectados, dándoles apoyo y asistencia decidan seguir pagando o no, ejerciendo presión, contactos y negociaciones con los bancos y divulgando la vigencia del caso.

El periodista invitado por la representación de ACACO, Sr. Novoa destacó las irregularidades que se apreciaban del estudio de más de un millar de contratos, señalando que lo que la mayoría de los alumnos paga no es realmente su curso, sino las deudas de Opening con los bancos, y especialmente con el SCH, lo cual es un delito y ha de ser tenido en cuenta para las demandas. Por su parte, el representante de ASGECO señaló que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil aporta algunas ventajas para las acciones de las asociaciones de consumidores son muy recientes pero que son un campo nuevo que debería ser estudiado por resultar desconocidas para ellos.

Los representantes de La Rioja y de Recoletos y Móstoles apoyaron sin reservas el enfoque extrajudicial, y ponderaron la utilidad de acciones de repercusión que pongan en evidencia la negativa de los bancos de aportar siquiera los contratos de los afectados o de recibir y sellar los escritos que les dirigen éstos, trayendo a los medios de comunicación, un notario, la policía, etc. todo ello de forma concertada, para mandar una señal de unidad y fuerza, idea que también respalda el representante de Albacete, quien aboga por crear una red de contactos desde la que convocar movilizaciones, e incluso contar como aliados con los trabajadores de Opening, al los que los sindicatos no acaban de resolverles el problema.

La representante de Talavera se muestra de acuerdo en la necesidad e importancia del enfoque extrajudicial, señalando la actividad que se puede desarrollar asesorando y apoyando a los afectados que reciben presiones de los bancos, dándoles información y herramientas para defenderse y haciendo valer ante las instituciones y los bancos y cajas implicados argumentos como los que han aportado recientemente el Banco de España, que se ha pronunciado en el sentido de no inscribir a los afectados en su Registro de Información de Riesgos, o la doctrina de los préstamos efectuados al margen de la Ley de Crédito al Consumo que defiende el catedrático Marín López.

El Presidente de ADICAE recuerda que se están dando movimientos en la suspensión de pagos de Opening y de sus franquicias (intentan evitar una investigación por quiebra fraudulenta) que dan idea de lo complicado de la aproximación judicial, a los que se añade la falta de una legalidad estricta en las doctrinas e informes jurídicos tanto en España como en Europa (la Comisión sigue sin dar respuesta satisfactoria a casos como el de Opening en su nueva propuesta de Directiva sobre el crédito al consumo). Es bien posible que las querellas criminales se eternicen en la Audiencia Nacional y que las demandas civiles se acumulen en el Tribunal Supremo, lo que supondría esperar 6 u 8 años, cosa que los bancos querrían. De ahí que la fuerza extrajudicial sea fundamental, y hay experiencias en ADICAE que respaldan esa aseveración (por ejemplo, el caso Intercaser, en el que organizando la acción unitaria de 2.000 afectados, la empresa defraudadora se sentó a negociar). Además, hay que decir que los ficheros de morosos no son "Alcatraz" o "Alcalá-Meco", y que los bancos no van a actuar así contra decenas de miles de personas. También hay que presionar al Ministerio, que fracasó totalmente en su actuación, y a las Administraciones locales y autonómicas que, con su mejor voluntad, están llevando a cabo una actuación dispersa y errática.

Los representantes de los afectados de Aragón también reafirman la eficacia potencial de las acciones extrajudiciales para presionar a los bancos y adelantan que entre sus propuestas está la de llevar a cabo una jornada de protesta en el mes de noviembre.

En este punto se cierra el debate y se plantea si se da por constituida la Coordinadora Estatal y se concretan las acciones a emprender. Se propone también que se constituya una Comisión Delegada que tenga, como primera misión, la de comparecer en el intermedio de la reunión ante los medios de comunicación. Se aprueba y se designa a las siguientes personas: Paloma Sánchez-Garnica Gómez (Asociación de Afectados de Talavera de la Reina), Daniel Vega (Asociación Asturiana de Afectados por Academias de Inglés), Santiago Luengo (Coordinadora de Afectados de Madrid), Manuel Pardos (Representante de las Asambleas de Socios Afectados y Presidente de ADICAE), Francisco Sánchez Legrán (ASGECO-FACUA), Marina Olid (Delegada de ACACO), Juan Pedro Ávila (Colectivos de Afectados de ADICAE-Comunidad Valenciana) y Carlos Ruiz (Delegado de la Asamblea de Afectados de Logroño-ADICAE).

Se acuerda dar por constituida la Coordinadora Estatal sobre la base de la acreditación de la representación ostentada por cada cual, sin perjuicio de las ratificaciones inmediatamente posteriores a las que hubiera lugar. También se acuerda establecer una planificación de actividades, entre las que, a falta en ese momento de mayor concreción, se incluirá una jornada de protesta. Igualmente, se acuerda manifestar tajantemente ante los medios de comunicación que el problema sigue sin estar resuelto dado el fracaso del Ministerio de Sanidad y Consumo y de las Instituciones a la hora de arbitrar soluciones.

3. Plan de actividades a desarrollar hasta el final de año con un especial debate sobre la coordinación de actuaciones extrajudiciales y actuaciones judiciales

A propuesta del moderador, se abre una rueda de intervenciones para hacer las propuestas de actividades. En dicha rueda de intervenciones y debate de las diferentes propuestas se asentó el principio de que la Coordinadora Estatal asegurará la existencia de un interlocutor único ante las instituciones públicas de carácter general y las grandes entidades financieras implicadas, así como la planificación coordinada de actividades comunes destinadas a ejercer de modo más eficaz la presión necesaria para que se atiendan las reivindicaciones de los afectados. Asimismo, se aboga por una estrategia que combine las ofertas de diálogo y las advertencias a las entidades financieras y a las instituciones con acciones de presión, denuncia e incluso boicot en la calle y ante la opinión pública. Junto a todo ello, se acuerda dar prioridad como beneficiarios directos de las acciones emprendidas a los socios o miembros activos de los grupos de afectados que se implican con su actividad y recursos en el avance de este movimiento (por ejemplo, a la hora de exigir que no se incluyan sus nombres en las listas de morosos). De esta forma se incentivaría la participación de más personas en las acciones que, a la postre, son para beneficio de todos los alumnos.

También se coincidió en adoptar en esta reunión decisiones de actuación, cuya concreción al detalle y preparación se encomendarían a la Comisión Delegada, sin perjuicio de las acciones que cada colectivo pudiera seguir lanzando en su ámbito de actuación (por ejemplo, de captación de fondos para financiar sus actividades, o aprovechando algún acontecimiento a nivel local).

Se tomó nota, para su posible inclusión entre las actividades de la semana de protesta o las que puedan realizarse más adelante, de propuestas como la de personarse en las entidades bancarias exigiendo la entrega de los contratos de los alumnos que no lo tienen, el reparto de 5 o 10 carteles a cada afectado para que los coloque en su barrio, trabajo, etc., la intervención en determinados programas televisivos (por ejemplo, los matinales, o con el envío de un guión para un espacio de humor de actualidad en Canal + o contactar con quienes fueron premiados en su día por el programa "Operación Triunfo" con un curso de Opening, divulgando lo que sucediera con ellos), etc.

Se destacó el interés de contactar con los diferentes Defensores del Pueblo de cada comunidad autónoma donde lo haya, además del Defensor del Pueblo general, a la hora de abordar los contactos con las Instituciones y Administraciones públicas y de ejercer la correspondiente presión sobre ellas, e incluso la de acudir al Defensor del Alumno con el que contaba la propia Opening (Joaquín Ruiz-Jiménez), requiriendo su intervención.

En cuanto a las actuaciones judiciales, se propuso reunir a los expertos de los servicios jurídicos que están asistiendo a los afectados para que éstos elaborasen un informe sobre la estrategia y acciones judiciales que pudieran ser pertinentes, así como sobre la personación en las suspensiones de pagos, para cuya eficacia desde el punto de vista de la información y la acción no basta con declarar la mera condición de acreedor de un afectado, sino mediante una personación formal que requiere de abogado y procurador.

4. Constitución y funcionamiento de la Coordinadora Estatal

Los representantes de los afectados presentes decidieron dar por constituida la Coordinadora Estatal de Afectados como ya se expresó en el punto 3. Para su funcionamiento decidieron hacerlo a través de un Pleno de los colectivos, de entre cuyos miembros se designa una Comisión Delegada (que también queda constituida de acuerdo con lo establecido en el punto 3) encargada de ejecutar por sí misma y con la asistencia de los propios miembros del Pleno (pudiendo ser a través de las subcomisiones que se considere oportuno constituir) los acuerdos y actividades decididos por la Coordinadora. Tal sería, pues, su estructura básica de funcionamiento.

Asimismo, para financiar las actividades comunes de la Coordinadora, se acuerda crear una bolsa financiera, depositada en una cuenta bancaria de disponibilidad conjunta y compartida de tres personas, quienes darán cuenta de su gestión al Pleno. Para constituir dicha bolsa o fondo común, se acuerda una aportación de 1 euro por cada miembro o socio activo de cada colectivo o asociación, en función de la representación acreditada por cada representante miembro de la Coordinadora.

5. Conclusiones y acuerdos

Como síntesis, tras el intercambio de ideas y opiniones mantenido, los reunidos decidieron emprender bajo el paraguas de la coordinación estatal las siguientes acciones comunes:

1. Convocatoria de una Semana Nacional de Protesta (del 25 de noviembre a 1 de diciembre), con un día central de actividades inicialmente previsto para el 30 de noviembre (las actividades y fechas serán consultadas con todos los colectivos), sin perjuicio de la prosecución de la actividad de cada colectivo. Hay que concretar las actividades que pueden llevarse a cabo a lo largo de esa semana, especialmente las del día en el que todos actuemos conjuntamente en toda España, para que tengan el efecto buscado de dar notoriedad a la vigencia de este problema.
2. Solicitar entrevistas con las instituciones y entidades financieras exigiendo una moratoria en el pago de los créditos (en especial, a las cajas de ahorros, dada la misión social que se les atribuye en España), proponiendo el boicot sobre las que intimiden y amenacen a los afectados que hayan dejado de pagar con su inclusión en las listas de morosos y estableciendo un diálogo y negociación permanentes hasta la solución inmediata del caso.
3. Organizar un seminario de los diferentes servicios jurídicos que apoyan a los colectivos y asociaciones de consumidores de la Coordinadora, para elaborar un informe jurídico que sería analizado por la misma.
4. Se acepta abrir la Coordinadora a afectados de otros casos similares (Wall Street, Brighton, Oxford, etc.).
5. Crear una página en Internet propia para la Coordinadora Estatal, que será a partir de este momento el centro de la información unitaria de la Coordinadora y de todos los colectivos adheridos.
6. Realizar una encuesta entre los afectados sobre el número de ellos que han dejado de pagar y de los que siguen pagando, y otros datos de los afectados inscritos a colectivos adheridos a la Coordinadora, como cuántos han pagado al contado (para tratar su caso específico, que seguramente irá a través de la personación en las quiebras o en procesos penales), si son de idiomas o de informática, para contar con una información válida sobre el estado de los afectados, llevando una estadística de calidad y medidas de presión oportunas.
7. Poner en marcha una campaña informativa sobre el procedimiento para dejar de pagar los créditos dirigida a todos los afectados.

La concreción y ejecución de tales se encomienda a la Comisión Delegada, para cuya próxima reunión se fija la fecha del 23 de noviembre y como lugar de celebración, Barcelona.

Finalmente, se acuerda la celebración de una nueva reunión plenaria en Madrid el 14 de diciembre de 2002.

PROPUESTA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE LA COORDINADORA

Inscripción como miembros de la Coordinadora Estatal

Para que cualquier colectivo o asociación que lo desee pueda saber cómo adherirse o incorporarse a la Coordinadora, de los diversos acuerdos e intervenciones de esta reunión hemos deducido el siguiente procedimiento:

a. Envío de una ficha con la descripción, nombre, domicilio y demás datos de contacto de la asociación o colectivo, las personas que representan a sus miembros directos, el número de éstos y otros datos que puedan resultar de utilidad. Estos datos podrían ser remitidos a ADICAE, que hasta el momento se ha ocupado de estas labores en la Coordinadora, para elaborar el listado completo de miembros de la Coordinadora, que se distribuiría después a todos ellos.
b. Ingreso en una cuenta bancaria de la aportación de 1 euro por cada miembro integrado de cada asociación o colectivo perteneciente a la Coordinadora, cuenta cuyas características y control serán decididas por la Comisión Delegada.

Con ambos requisitos podría darse por formalizada la adhesión de cada organización a la Coordinadora Estatal.