8 de noviembre de 2001,

De agencias

Las operadoras Amena y Vodafone (Airtel) han presentado recurso contencioso-administrativo contra el decreto de la Generalitat de Cataluña que regula la presencia de antenas de telefonía móvil en el espacio público, a pesar de que previamente habían aceptado las condiciones de esta normativa.

El conseller de Medio Ambiente de la Generalitat, Felip Puig, calificó de "sorprendente" la decisión de las dos compañías e insistió en que "antes de firmar el decreto todas las operadoras de telefonía móvil firmaron un acuerdo voluntario con el Gobierno catalán para manifestar su conformidad con las prescripciones del decreto y aplicarlas incluso antes de que se aprobara el texto".

El decreto de la conselleria de Medio Ambiente fue aprobado el 28 de mayo de este año y se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el pasado 7 de junio. La normativa regula las medidas ambientales que deben cumplir las antenas de telefonía móvil, así como los niveles máximos de exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos y las distancias de protección, que se cuadriplican en el caso de los colegios.

El conseller se mostró convencido de que han "hecho lo necesario para la salud de los ciudadanos". Puig añadió que "las dos operadoras se han visto, no obligadas, pero sí motivadas a actuar de esta manera quizás por alguna presión o comentario desde Madrid, dado que nos está planteando algún tema desde el punto de vista competencial".

Por ello, Puig señaló que el recurso "obedece más a las dinámicas entre las empresas, las licencias y quienes las conceden en el Estado, que quizás se han visto obligados a hacer el ridículo". En todo caso, subrayó que "alguien que firma un acuerdo y a los pocos meses presenta un recurso contencioso no sabe lo que hace". Puig sugirió a los directivos de estas empresas que analicen sus movimientos porque "pueden dar la imagen a sus clientes de que no saben lo que hacen".

En esta línea, insistió en que "la actuación de ambas operadoras ha sido un error comercial porque darán una imagen a los ciudadanos y a sus clientes de que no están por colaborar en la instalación de antenas con la tranquilidad de los ciudadanos".

Puig desveló que la Generalitat, no obstante, mantiene negociaciones con el Gobierno central sobre este asunto.

"Creemos que hemos actuado como debíamos. Si hay un tema competencial estamos dispuestos a hablar, pero nunca en omisión de la seguridad de los ciudadanos", concluyó.

El conseller, que se mostró convencido de que el recurso no prosperará, advirtió que la Generalitat, en coordinación con los ayuntamientos, "deberá utilizar" la vía que les "otorga el marco normativo vigente". "No querríamos llegar a tener que precintar y retirar instalaciones por nuestra parte, pero si en diciembre alguna de las operadoras que tiene instalaciones incumple las prescripciones que el gobierno catalán ha aprobado, tendremos que empezarlo a hacer".

Según Puig, es necesario "que los ciudadanos sepan que hay un gobierno que hace normas, que protege a sus ciudadanos, normas más estrictas que las que recomienda la OMS y la UE o las que ha aprobado el Gobierno español".