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Un debate
abierto sobre los efectos de las nuevas tecnologías
CENSO MUNICIPAL DE
LOCALIZACION DE LAS BASES
Hay cien antenas ilegales por estar cerca de colegios
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La directriz obliga a su desmantelamiento, aunque
da un año de plazo a las operadoras
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CHARO PEREZ
GARBAYO
ZARAGOZA
Cerca de cien antenas de móviles incumplen la normativa
del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobada el pasado mayo, en
lo que respecta a la distancia mínima que deben guardar
con los centros de enseñanza y los hospitales. Los
responsables de Urbanismo entregaron ayer un informe a los
grupos municipales en los que se especifica que el 34% de
las 282 bases de móviles instaladas en las azoteas de la
capital aragonesa presentan esta irregularidad.
La normativa municipal, que se reconoce como una de las más
restrictivas de Europa tanto con la potencia de emisión
de las ondas, como con las distancias de seguridad,
establece que los antenas deben instalarse a cien metros
de distancia, como mínimo, de los centros escolares y de
los hospitales. En la actualidad, y según el estudio que
ha elaborado el ayuntamiento, a petición del grupo
municipal de CHA, ha constatado el incumplimiento de este
apartado en casi un centenar de casos.
Los responsables de Urbanismo recordaron no obstante, que
la situación de ilegalidad afecta a todas las antenas de
la ciudad, ya que todas ellas se han implantado sin la
correspondiente licencia de obras. Por eso, el consistorio
ha dado un plazo de un año para que las operadoras
presenten un plan, que deberá someterse a aprobación
municipal, y ordenará la proliferación de bases de
telefonía en la ciudad, a la vez que se preserva la salud
de los ciudadanos. El ayuntamiento recuerda que en todos
los casos en los que no se cumpla la normativa, deberán
desmontarse los efectivos técnicos de las terrazas.
CAUTELA No obstante, desde el edificio del Cubo se muestra
cierta cautela a la hora de actuar, ya que en la
actualidad, los servicios jurídicos municipales cotejan
la normativa municipal y el decreto estatal emitido en
septiembre, para ver si ambas normas entran en colisión y
para saber cuál es la potestad del consistorio y cuáles
sus límites a la hora de requerir a una operadora el
desmontaje de una antena.
En este mismo sentido se expresó el portavoz de CHA,
Antonio Gaspar, que es partidario de que el ayuntamiento
"no se meta en berenjenales" hasta conocer sus
competencias, para "no acabar estos procesos en los
tribunales". El edil nacionalista juzgó de
importancia capital el criterio jurídico y pidió
urgencia en la elaboración del informe.
El portavoz del PAR, Manuel Lorenzo Blasco, insistió en
la importancia de que las antenas que operan en la ciudad
"se acoplen y se adapten a la normativa" y exigió
que el control de las condiciones de las mismas sea muy férreo.
Más drástico fue el concejal socialista Ricardo Berdié,
que se manifestó partidario de "requerir a las
operadoras de estas 96 antenas para que las desmonten".
Berdié basa su petición tanto en el hecho de que ya hay
precedentes del consistorio reclamando la retirada de una
antena -- ayer mismo se hizo con la emplazada en el número
157 del Coso-- como en la imposibilidad de que se puedan
adaptar a la norma municipal, ya que la separación de los
centros docentes permanecerá invariable.
La redacción de la ordenanza municipal fue objeto de
elogios por parte de la oposición, que consideraba
imprescindible poner orden en una práctica que se
generalizaba por parte de todas las operadores sin ningún
tipo de control. En esta actuación fue también capital
la presión vecinal ejercida, principalmente desde la
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, que
encabezó una cruzada contra una práctica que considera
peligrosa para la salud de las personas expuestas de
manera constante a la acción de las ondas.
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