INFORME EJECUTIVO 2

Por Protestas en USA

DETENIDOS MIEMBROS HONORARIOS DE JUSTICIA Y PAZ: ALGUNOS SERAN LLAMADOS A JUICIO

Mientras en Colombia continuaban las amenazas de muerte contra integrantes de nuestra Comisión JUSTICIA Y PAZ a través de llamadas el 13 y 22 de marzo, en los Estados Unidos, el Jueves 20 de marzo en Chicago y el miércoles 26 en Washintong, miembros honorarios de nuestra Comisión Justicia y Paz que participaban en manifestaciones en contra de la guerra de la coalición lidera por USA contra Iraq y en solidaridad con las víctimas de la población civil iraqui fueron detenidos y serán algunos de ellos llamados a juicio.

1. Jueves 20 de marzo, en Chicago desde la 13:30 horas más de 10 mil personas iniciaron una manifestación por las calles de la ciudad y frente a las empresas privadas y estatales que ha desarrollado la tecnología y la estrategia publicitaria que se usa a favor de la guerra contra Iraq. En un primer momento, la policía enfrentó a dos de los grupos de manifestantes, impidiendo su movilización y arrestando a dos religiosas de la iglesia católica, DOROTHY PAGOSA y KATHY LONG, del Octavo Dia por la justicia (8th day for justice), organización honoraria de nuestra Comision JUSTICIA Y PAZ de Colombia.

Hasta las 16:00 del viernes 21 de marzo permanecieron detenidas, serán llamadas a juicio en los próximos meses.

2. Otro grupo de los manifestantes iniciaron sus caídas simbólicas en las calles, evocando los muertos del pueblo iraquí, mientras otros portaban fotografías de las niñas y niños, y simultaneamente otros

marcaban con tizas las calles como signo del derramamiento de sangre. Todas estas expresiones las realizaron en un ritual en diversas paradas enfrente de las aceras de la Cámara de Comercio, luego enfrente de la sede de la Alcaldía por la rebaja en impuestos que se ha hecho a la compañía Boeing - productura de materiales e implementos bbélicos utilizados en la guerra contra Iraq-, luego frente a la compañía publicitaria Leo Burnet -quien desarrolla la publicidad para la campaña militar y la guerra-.

En este lugar, la policía arrestó a 5 manifestantes, mientras 7 lograron pasar al Chicago Tribune, primer periódico de esta ciudad, protestando por la falta de imparcialidad en las narraciones sobre la guerra.

Finalmente se dirigieron a la empresa Boeing donde igualmente dibujaron con tiza las aceras, se acostaron en ellas como muertos, rememorando de nuevo las victimas de la guerra Iraquí. La policia arresto allí, a 6 de ellos aduciendo que habían invadido propiedad privada. Entre estos 6 se encontraba la religiosa de la iglesia católica, Hna MARY KAY FLANIGAN, Franciscana, integrante del Centro del Octavo dia por la Justicia, miembra honoraria de nuestra Comisión JUSTICIA Y PAZ.

La integrante de nuestra Comisión permaneció detenida hasta las 21:30 de la noche y será llamada a juicio en los próximos meses. En total se presume han arrestado al rededor de 500 personas en Chicago desde el viernes cuando se dieron las primeras manifestaciones contra la guerra, hasta el dia de hoy.

3. Miércoles 26 de marzo, en Washington, el Obispo de la iglesia católica de Detroit, USA, THOMAS GUMBLETON, miembro honorario de nuestra Comisión JUSTICIA Y PAZ fue detenido junto con 68 personas más cuando participaba en una manifestación contra la guerra de EEUU a Irak, en el Parque del Distrito Federal de la capital de USA.

4 THOMAS GUMBLETON, junto con CORRIGAN MAGUIRE, JODY WILLIAMS, dos ex nombrados miembros del Premio Nobel de la Paz, obispos e integrantes de la iglesias budistas, judios, cristianos, musulmanes fueron detenidos, de acuerdo con las versiones oficiales, por realizar una manifestación sin permiso.

Hacia las 21 horas fueron dejados en libertad pero más de 20 de ellos han sido llamados a juicio.

Tanto, el Obispo GUMBLETON, como las religiosas arrestadas han estado en nuestro país, conociendo algunos de los procesos que acompaña nuestra Comisión, participando en los Nudos Humanos de Protección en Cacarica y Jiguamiandó.

El Obispo GUMBLETON estuvo presente en Iraq en una acción de apoyo y de solidaridad.

Invitamos a la Red de Comunicación de Solidaridad de nuestra Comisión

- enviar sus correos electrónicos de apoyo a la protesta contra la guerra injusta contra el pueblo de Iraq a 8thday@claret.org.

- enviar sus correos electrónicos de apoyo moral a las familias de las víctimas del pueblo Iraquí.

- dirigir sus comunicaciones a las embajadas de los Estados Unidos exigiendo el cese de la guerra injusta contra el pueblo de Iraq

- a juristas, expertos y humanistas a participar en la interposición de demandas en las juridicciones regionales e internacionales a favor de las víctimas de esta absurda guerra.

Bogotá, 30 de marzo de 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ- - volver -

INFORME EJECUTIVO No 7

URGENTE URGENTE URGENTE

INCURSIÓN ARMADA EN EL JIGUAMIANDO

AL PARECER CONTINUA PRESENCIA ARMADA EN LAS COMUNIDADES

Desde el mes de septiembre del año anterior, el programa presidencial de Derechos Humanos y D.I.H de la Vicepresidencia de la República, en cabeza de CARLOS FRANCO fue informado, por miembros del Consejo Comunitario de las Cuencas del Jiguamiandó y Curbaradó, de las amenazas de una incursión armada en el Territorio Colectivo, de estas comunidades afrodescendientes. Desde ese momento y hasta el día de hoy se produjeron desapariciones forzosas de pobladores indígenas, asesinatos, entre ellos de un integrante de las comunidades; al mismo tiempo que continuo el bloqueo económico y el control de bienes y personas en puestos de control en Riosucio, Vigía del Fuerte, Mutatá, Carmén del Darién, Pavarandó, algunas de estas acciones ejecutadas por militares de la Brigada XVII y en otras ocasiones por civiles" armados que participan en la estrategia paramilitar, en actuaciones realizadas en sitios de una altísima presencia militar oficial.

Hoy tres meses después de esa alerta, de decenas de acciones realizadas advirtiendo sobre la amenaza de incursión, un testigo presencial que alcanzó a salir de la cuenca del Jiguamiandó, informó a nuestra Comisión a eso de las 11:00 horas sobre la realización de una incursión armada ocurrida el día domingo 5 de enero de 2003.

De acuerdo con la versión inicialmente brindada por el habitante afrodescendiente:

1. Ayer domingo, a las 16:00 horas un grupo de hombres con armas cortas y largas, vestidos de camuflado, en una actuación militar encubierta de tipo paramilitar incursionaron, al parecer simultáneamente o en dos ataques armados desarrollados con pocos minutos de diferencia, a los caseríos de Puerto Lleras y Pueblo Nuevo, distante este último a 20 minutos en embarcación del primero.
2. En la comunidad de Pueblo Nuevo, los armados dispararon indiscriminadamente con fusiles hiriendo a varios pobladores, y posiblemente asesinando a otros. Mientras ametrallaban a la comunidad, varios campesinos huyeron hacia la zona montañosa, donde en la actualidad se encuentran refugiados y dispersos.
3. Así mismo, un número indeterminado de hombres armados, dentro de esta misma estrategia, ingresó a la comunidad de Puerto Lleras, atacando a la población. Hasta el momento se desconoce lo que allí sucedió.

Se requiere con urgencia al Gobierno Nacional, que en respuesta a las Medidas Cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en noviembre de 2002, ingrese a la zona las entidades gubernamentales civiles y estatales de control con los miembros no gubernamentales de la Comisión Mixta de Seguimiento, con la finalidad de verificar la situación actual

Han sido reiterados los incumplimientos del Estado Colombiano a las fechas acordadas con la comunidad para en terreno verificar todas las informaciones sobre las amenazas y acerca de las denuncias sobre asesinatos, desapariciones forzosas, bloqueos, intimidaciones, agresiones, y la implementación de modo ilegal en el Territorio Colectivo de las comunidades, del proyecto agroindustrial de Palma Aceitera que desarrolla la empresa URAPALMA, custodiada por "civiles" armados de los paramilitares a pocos minutos de instalaciones militares regulares

Si se ha producido un nuevo desplazamiento forzoso, si hay pobladores civiles heridos, y posibles asesinados, si ha continuado la presencia militar encubierta, tanto como los bloqueos, es evidente que el Estado colombiano nunca adoptó las medidas necesarias para evitar daños irreparables, medidas que estaban a su alcance. Como se expresó en la última sesión de la Comisión Mixta de Seguimiento, de ocurrir algo, sin el cumplimiento de la visita en terreno y sin la adopción de las medidas necesarias, incluso, de intervención administrativa sobre agentes estatales vinculados con la Brigada XVII, el Estado es responsable por COMISION POR OMISION. Sabían, escucharon y no hicieron nada. Sigue siendo evidente que bajo el pretexto de acciones contrainsurgentes contra las FARC EP se continúa victimizando a la población que afirma sus derechos a la vida y al territorio en el bajo atrato chocoano.

De acuerdo con el testigo, los armados continúan presentes en el territorio de las comunidades.

Bogotá, 6 de enero de 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ- - volver -

INFORME EJECUTIVO 8

Consejo Comunitario Jiguamiandó y familias Curbaradó

DETENIDA DESAPARECIDA FAMILIA DE JIGUAMIANDO

Debido a la llegada de habitantes de la Cuenca del Jiguamiandó al casco urbano de Murindó, después de 16 horas de camino, hemos logrado corroborar, precisar y adicionar la información presentada a través de nuestro Informe Ejecutivo Nro 7, enero 6 del 2003, en referencia a la incursión armada que se presentó a los poblados de Puerto Lleras y Pueblo Nuevo Cuenca del Río Jiguamiandó.

Algunas personas se encuentran heridas y afectadas en su salud psicológica y corporal por efecto de la estampida general en Pueblo Nuevo, Puerto Lleras y Nueva Esperanza. Solo algunas familias de estos caseríos terminando la redacción de este Informe, se encuentran en sus casas, la mayoría se encuentran ocultas en la selva; una familia de la que se desconocía el paradero se reencontraron el día de ayer con su comunidad; una familia completa y un afrodescendiente se encuentran Detenidos y Desaparecidos Arbitrariamente

Hechos Confirmados

1. A las 14:30 horas, aproximadamente, cerca de 300 hombres vestidos de camuflado, con morteros, armas cortas y largas, que participan en la estrategia armada encubierta paramilitar, algunos de ellos con brazaletes de las "AUC" arribaron al costado izquierdo del río Jiguamiandó, al frente del caserío en que los habitantes de la comunidad de Puerto Lleras se encuentran refugiados desde hace más de 1 año y medio, luego de que tres integrantes de su comunidad fueron lapidados por los paramilitares. Otro grupo de hombres simultáneamente se dispersaron para llegar a las comunidades de Nueva Esperanza y Pueblo Nuevo

Los "civiles" armados dispararon indiscriminadamente desde esa orilla, distante a unos 60 metros del poblado impactando en dos ocasiones un motor de propiedad de la comunidad.

2. Simultáneamente, otro grupo de 10 de los armados que logró cruzar el río hasta llegar al caserío disparó indiscriminadamente a los pobladores con sus fusiles y lanzaron dos morteros que no alcanzaron a explotar.

A algunos de los campesinos los obligaron a dejar de correr y los regresaron al caserío. Luego intimidaron a todos los campesinos y les ordenaron reunirse. Los armados expresaron:

"Venimos a buscar ollas y gallinas (…) Ustedes no salen a Pavarandó y deben hacerlo (…) ¿Por qué no salen ustedes a Pavarandó a mercar, quien quiera ir puede hacerlo, la carretera está buena ( …) Quién quiera estar en la zona puede estar, debe acostumbrarse a nuestra presencia (…). A todo el mayor de 14 años que corra le vamos a dar plomo (...) Vamos a estar constantemente en la zona, aquí no estamos viendo que hay trabajo, el que no se vaya de aquí que se quede pero que se vea el trabajo "

Los armados robaron 4 gallinas y ollas a la comunidad y expresaron: "Nosotros volvemos a entregarles las ollas, o si no vayan a buscarlas"

3. Posteriormente, los armados sacaron una lista en la que leyeron los nombres de CARLOS SALINAS BECERRA, padre de familia de 39 años, DORA LUZ SANCHEZ madre de familia de 29 años, esposa de CARLOS; CRISTIAN SANCHEZ hijo de 10 años; AIDE SALINAS SANCHEZ, hija de 5 años y JHON JAIRO CUESTA BECERRA de 31 años, y les expresaron:

"No cuenten más con ellos. A ellos nos los llevamos con nosotros. Hemos estado hablando 4 horas con ellos y si los soltamos van a hablar y los van a matar. Sintonicen la emisora Bajirá Estereo. Pongan mucho cuidado, allí los van a escuchar. A ellos no los vamos a soltar".

Luego preguntaron por la madre de CARLOS a quien se querían llevar, a lo que la comunidad se opuso por la avanzada edad de la señora.

Los armados expresaron que necesitaban a dos personas más MANUEL PAZ y JULIO MURILLO, nombres de personas que los miembros de la comunidad desconocen.

Es de anotar que CARLOS y JHON JAIRO salieron de la comunidad hacia las 8:00 horas de ese día a labrar una embarcación de madera en un lugar ubicado a menos de 25 minutos del refugio de Puerto Lleras. Hacia las 12:00 horas DORA LUZ, CRISTIAN y AIDE se encontraron con sus familiares cuando les llevaron el almuerzo.

Minutos después, los 6 afrodescendientes fueron detenidos por los paramilitares, quiénes desde ese momento los detuvieron. Hasta el momento se desconoce su paradero pero se supone que los llevaron en dirección hacia Pavarandó a donde se encuentra una base paramilitar.

Los paramilitares estuvieron durante todo el día ingresando y saliendo de Puerto Lleras.

4. Hacia las 15:00 horas, algunos miembros de la comunidad de Pueblo Lleras que huyeron, llegaron a la comunidad de Pueblo Nuevo y prosiguieron hasta la comunidad de Nueva Esperanza, avisando de la avanzada militar, algunas familias ya habían huido al escuchar los sonidos de los fusiles, pero quiénes aún allí se encontraban se internaran en la selva en busca de protección.

A la hora de redacción de este informe, y de la última comunicación con uno de los habitantes que lograron llegar a Murindó, los campesinos se encuentran refugiados en los lugares provisionales dentro de su territorio colectivo por temor a una nueva agresión.

5. El lunes 6 de enero, en horas de la mañana y por un período de 5 minutos, al parecer se produjo un contacto armado con las FARC EP en las zonas montañosas de la comunidad de Nueva Esperanza y de Puerto Lleras, donde no se encontraban campesinos refugiados.

En el día de mañana una comisión conformada por organismos humanitarios de derechos humanos nacionales e internacionales, la iglesia católica, intergubernamentales y la Defensoría del Pueblo ingresarán a la zona con la finalidad de verificar la situación y la grave crisis humanitaria que padecen las comunidades desplazadas del Curbaradó y los habitantes de la cuenca del Jiguamiandó. Hasta el momento la respuesta gubernamental es desconocida.

Las víctimas y los testigos de la incursión han expresado la necesidad de una urgente respuesta humanitaria y de respaldo a su propuesta de zonas humanitaria, presentada al gobierno nacional en

Bogotá, 8 de enero del 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ-- volver -

ANEXO

Esta es la propuesta presentada por las comunidades al gobierno nacional en la primera semana de noviembre del 2002, en la que hacen un recuento de su situación y plantean sus salidas de fondo a la crisis humanitaria y de violaciones de derechos humanos que padecen.

En enero del 2001, antes de la entrega de los títulos colectivos por parte del Presidente ANDRES PASTRANA ARANGO, se desataron una serie de acciones, que se prolongaron con posterioridad a la entrega de los títulos colectivos a nuestras comunidades, de ametrallamientos, de asesinatos y de desplazamientos forzosos que llevaron a 9 comunidades del Consejo Comunitario del Curbarado a refugiarse en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó, y a la vez a más de 20 comunidades, a refugiarnos en la selva desde esa fecha hasta hoy.

Desde octubre de este año se han intensificado las acciones armadas paramilitares que están buscando ocupar y sacarnos de todo el territorio titulado colectivo a nuestras comunidades. A través de la consolidación de bases de las autodefensas, paramilitares en Brisas, y Cetino, cómo ya están ahora. Estamos viendo la detención y desaparición de pobladores indígenas de los alrededores de los poblados de nuestro refugio, se anuncia una próxima incursión en Murindó y a nuestros lugares de refugio rodeando de este modo los lugares de salida de la población civil que nos encontramos refugiados en poblados provisionales dentro de la selva. Nos están encerrando y nos están tratando de sacar de nuestra tierra, nos están controlando desde 1996, nos están bloqueando y sus anuncios desde el 16 de octubre, es que nos van a matar o nos tenemos que unir a sembrar Palma y Coca. Estamos siendo rodeados por todo lado, por Belén de Bajirá, Mutatá, Vigía del Fuerte, Pavarandocito, Carmen del Darién, Bojayá, Bellavista, Riosucio. Desde esas amenazas de octubre varios familias de nuestras comunidades se encuentran refugiados en la selva a raíz de las acciones armadas se han visto obligados a desplazarse hacia el casco urbano de Murindó, ya son 8 los primeros, después de ayer somos 10 las familias desplazadas.

Los armados se movilizan desde los cascos urbanos de Mutatá, Belén de Bajirá, Vigía del Fuerte, Bellavista, Carmen del Darién, Riosucio, Turbo, y las bases de Brisas y Cettino, donde hay una fuerte presencia militar y policial, y no se conocen actuaciones contra estos grupos irregulares.

Desde de 1.996, nuestras comunidades sufrimos el desplazamiento, sufrimos daños a la vida, a la integridad personal en desarrollo de operativos militares de la Brigada XVII, es la misma "Operación Génesis", que vivimos en el bajo atrato, entre el 24 y 27 de febrero de 1.997.

Desde ese año hasta hoy, centenares de familias nos hemos visto obligados a abandonar su territorio, algunos se ocultaron durante largos períodos en la selva, luego de haber sufrido bombardeos indiscriminados, masacres, asesinatos selectivos, bloqueos económicos, muchas de estas acciones han sido directamente ejecutadas por el Estado y otras por sus autodefensas o paramilitares. Nunca hemos desconocido la presencia de la guerrilla de las FARC en nuestro territorio, pero hemos dicho que las operaciones militares se han hecho es contra nosotros. Hemos sido claros que han cometido infracciones al derecho humanitario. Hemos dicho que nuestra propuesta es propia como población civil en defensa de la vida y del territorio.

Desde abril de este años, y a pesar de la situación presentada en Bojayá, en El Carmen del Darién, Bellavista Bojayá, Vigía del Fuerte, Rio Sucio, los paramilitares controlan de civil y con armas cortas y largas, a veces con uniformes, al lado de los militares. Desde mayo se han desarrollado reuniones con los comerciantes y los pobladores donde se les ha definido los aportes que tienen que dar, los controles que deben asumir, en el caso de El Carmen del Darién. Todas estas acciones han sido conocidas por las autoridades municipales.

Tememos que nos veamos obligados a un desplazamiento de nuestro refugios de selva, que se repitan situaciones como las de Bojayá. Nosotros como en esta Emergencia como mecanismo de afirmación de sus derechos, como Consejo Comunitario de Jiguamiandó y nueve comunidades de Curbaradó, reiteramos su postura de no verse involucrados en el conflicto armado interno, con ninguna de las partes; afirmamos su carácter de pobladores civiles, sujetos de los derechos que contempla el Derecho Internacional Humanitario.

Desde nuestra opción, hemos definido en medio del conflicto armado interno, como mecanismo de prevención de nuevos desplazamiento y daños irreparables, la ubicación de la totalidad de los 2125 habitantes, en tres centros habitacionales, llamadas Zonas Humanitarias de Remacho, Nueva Esperanza y Pueblo Nuevo. Lugares de la población civil bien civilizados que no nos vayan a matar, que respeten nuestra vida.

Al mismo tiempo, seguimos respetando unos códigos internos de conducta que nos identifican en su carácter de población civil no combatiente, su carácter de comunidad que afirma sus derechos a través de medios no violentos, basados en la ley 70, en los derechos de los pueblos, en el derecho humanitario.

I. NUESTRA PROPUESTA EN LA GUERRA

1. TRES ZONAS HUMANITARIAS

Somos 2125 personas, 515 familias, que conforman el Consejo Comunitario del Jiguamiandó – 54 973 hectáreas - y las familias de Curbaradó – 25 000 hectáreas -, que nos encuentramos en situación de desplazamiento dentro del Territorio Titulado colectivamente por el gobierno nacional, 21 de mayo del 2001.

Hemos definido nuestras zonas humanitarias en Bella Flor Remacho, allí irían 200 familias; Nueva Esperanza, 150 familias; Pueblo Nuevo 162 familias

Estos son lugares claramente señalizados con banderas y signos para que todos claramente tengan con claridad que allí estamos son pobladores civiles.

Para el primer lugar humanitario hemos definido construir las viviendas en 20 hectáreas.

Para el segundo lugar humanitario hemos definido 15 hectáreas

Para el tercer lugar humanitario hemos definido 17 hectáreas.

Cada familia aporta su trabajo para la construcción de vivienda por el sistema de autoconstrucción. Con las herramientas básicas y la dotación necesaria, cada familia tardará 15 días en acabar sus viviendas.

SOLICITAMOS AL GOBIERNO NACIONAL:

1. 30770 Tejas de Zinc, 60 por cada familia

2. 1024 arrobas de clavos surtidos

3. 1500 limatones

4. 15 motosierras, 5 por comunidad

5. 30 rollos de cadena para motosierra, 10 por comunidad

2. MECANISMOS DE PREVENCION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Como el conflicto armado va a seguir, y seguimos siendo blanco militar, para evitar nuestro desplazamiento, nos agrupamos en las zonas humanitarias, a donde esperamos la presencia civil del Estado, de la siguiente manera:

SOLICITAMOS AL GOBIERNO NACIONAL Y LAS ENTIDADES ESTATALES

A. Presencia rotativa de organismos de control del Estado, Procuraduría y Defensoría Pueblo, en visitas de 10 días cada entidad, en un período de dos meses

B. Presencia rotativa de la Red de Solidaridad Social, en visitas de 10 días, cada dos meses.

C. Limpieza de los ríos Caño Seco, 7 kilometros; Jiguamiandó 15 kilometros; las Menas, 7 kilometros, el Hobo 5 kilometros, Urada, 7 kilometros; Jarapeto, 13 kilometros

D. Sistemas de Comunicación Satelital

Tres teléfonos de comunicación con tres números de salida: a Defensoría Nacional del Pueblo, Oficina de Naciones Unidas Derechos Humanos, y un organismos de derechos humanos no gubernamental

E. Tres embarcaciones con motor de transporte de emergencia entre las tres zonas humanitarias

F. Fortalecimiento de la Comisión Mixta de Seguimiento con sesiones periódicas trimestrales en Bogotá y semestrales en las Zonas Humanitarias.

G. creación de una comisión jurídica del Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, organismos humanitarios de derechos humanos para el estudio de una salida jurídica para que las tierras queden congeladas y se prohiba mientras persista el conflicto armado interno.

H. Adoptar las medidas preventivas en el río Atrato donde se desarrollan actuaciones paramilitares d de control y de bloqueo económico.

I. Crear en el marco de la Comisión de Seguimiento a la situación de las Comunidades de Jiguamiandó y Curbaradó, un mecanismo de evaluación de las razones por las cuales, las investigaciones sobre el desplazamiento de 1.997, "Operación Génesis" u otros operativos armados ilegales, que han generado el desplazamiento no han sido abiertos o se encuentran en una etapa preliminar. Dar a conocer las razones por las cuales las investigaciones de los crímenes cometidos se encuentran en total impunidad

J. Acoger la propuesta de una Comisión de Esclarecimiento frente a la Impunidad

3. PROPUESTA PRODUCTIVA

En vista de que nuestra vida ha cambiado, que necesitamos producir lo que consumimos, y los mínimos de ingresos para producir lo que no sabemos hacer, y que toda nuestra economía ha sido destruida proponemos.

1. Siembras de Pan Coger en Zonas Humanitarias
2. Acompañamiento a salida de productos de pan coger, cada tres meses, a partir del mes abril del 2003.
3. Mujeres

Agradeciendo su atención y en espera de su respuesta,

CONSEJO COMUNITARIO JIGUAMIANDO Y 9 COMUNIDADES DE CURBARADO.- - volver -

INFORME EJECUTIVO No 9

Consejo Comunitario Jiguamiandó y familias Curbaradó

SITUACIÓN COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO

"No queremos desplazarnos, preferimos morir en nuestra tierra".

PERSISTE OPERATIVO MILITAR IRREGULAR

1. El domingo 5 de enero de 2003 a las 16:00 horas, en un operativo en el que participan más de medio centenar de civiles armados en la estrategia armada encubierta paramilitar, todos los habitantes del caserío de Pueblo Nuevo se desplazan de su lugar original de habitación y se internan en la selva. Algunos de ellos escucharon ráfagas de metralla y otros fueron informados por habitantes de la comunidad de Puerto Lleras que advirtieron sobre el avance del operativo.
2. El lunes 6 de enero, 24 horas después del ataque, la mayoría de las familias regresaron al caserío ante la ausencia de alimentos para sus hijos. Un grupo de seis familias se desplazaron hacia el municipio de Murindó otra hacia el caserío de La Grande y una mas se encuentra refugiada aún en la selva.
3. Desde el 8 de enero hacia las 9:00 horas, 12 familias de la comunidad El Lobo, a una hora y 30 minutos de distancia caminando de la comunidad de Pueblo Nuevo, se desplazaron del caserío; 9 de ellas se internaron en la selva y 3 se desplazaron a una comunidad lejana.
4. De acuerdo con versiones recibidas en terreno, persiste el operativo militar en el área.

La comunidad de Pueblo Nuevo, víctima del desplazamiento forzado en 1997, de un nuevo desplazamiento en el 2001 que los obligó a refugiarse en el lugar provisional en el que se encuentran actualmente, persiste en su intención de permanecer en el territorio, a pesar de la amenaza del operativo militar irregular.

La comunidad a través de representantes de las organizaciones que hacen presencia en terreno en este momento, solicitan acompañamiento humanitario; insisten en la solicitud de presencia de instituciones civiles de Estado y Gobierno y continúan esperando respuesta a la propuesta presentada por las comunidades al Gobierno Nacional en la primera semana de noviembre del 2002, en la que plantean sus salidas de fondo a la crisis humanitaria y de violaciones de derechos humanos que padecen, para evitar mayores daños irreparables.

Bogotá 10 de enero de 2003- COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ- - volver -

INFORME EJECUTIVO No 10

Consejo Comunitario Jiguamiandó y familias Curbaradó

SITUACIÓN COMUNIDAD PUERTO LLERAS

"No queremos desplazarnos".

1. El domingo 5 de enero hacia las 12:00 horas CARLOS SALINAS BECERRA, padre de familia de 39 años, DORA LUZ SANCHEZ madre de familia de 29 años, esposa de CARLOS; CRISTIAN SANCHEZ hijo de 10 años; AIDE SALINAS SANCHEZ, hija de 5 años y JHON JAIRO CUESTA BECERRA de 31 años, se encontraban labrando una embarcación de madera tipo casco en un sitio estratégico para los armados que preparaban el ingreso al poblado de refugio de los habitantes de la comunidad de Puerto Lleras en la cuenca del Jiguamiandó.
2. Los armados vestidos de camuflado, algunos con boinas del ejército regular, con insignias de la Brigada XVII y el Batallón Voltígeros; y otros con brazaletes con letras blancas de las AUC, detuvieron a los civiles que allí se encontraban. A uno de ellos apuntaron en la cabeza, lo insultaron e intimidaron. Minutos después a los dos adultos integrantes del Consejo Comunitario los amarraron con las manos hacia atrás y se les apropiaron de las herramientas con las que adelantaban su trabajo.

   Uno de los armados les manifestó: "ustedes se quedan aquí hasta nueva orden". Minutos después les expresaron: "nos los llevamos por que los necesitamos. Necesitamos gente para trabajar en el proyecto de palma. Allá arriba en el borde necesitamos a la gente para trabajar en el proyecto". Permanentemente insistieron en que necesitaban gente para el proyecto de palma aceitera. Dos horas después, mientras los campesinos continuaban retenidos, escucharon las descargas de armas de fuego en el caserío donde la comunidad de Puerto Lleras se encuentra refugiada.

   Hacia las 19:00 horas los tres adultos y dos menores fueron dejados en libertad. Antes de dejarlos marchar, insistieron en que trabajaran con ellos en el proyecto de palma, a lo que los campesinos se negaron. Los armados agregaron: "desde hoy estamos mas de 1.800 hombres en este territorio no nos vamos a ir"… "necesitamos población, vamos a estar visitándolos"… "ustedes han tomado la decisión de regresarse, ustedes ya saben que tienen riesgo"… "en este momento no vayan a Puerto Lleras por que va a haber combates y pueden resultar muertos". Minutos después, ya desamarrados, los campesinos decidieron internarse en la selva hasta las 14:00 horas del lunes 6 de enero cuando regresaron a la zona de refugio de la comunidad de Puerto Lleras.

3. Hacia las 14:30 horas del mismo día, mientras los cinco afrodescendientes estaban detenidos, entre diez y once hombres vestidos de camuflado con armas largas y cortas ingresaron al caserío en el que se refugia la comunidad de Puerto Lleras disparando con fusiles a la población. Los armados, algunos de ellos con insignias del Ejercito Nacional y otros con brazaletes de las AUC lanzaron dos granadas de fusil contra un grupo de doce niñas y niños y una mujer que se encontraban en el bosque. Otro grupo de jóvenes a quienes les dispararon cuando buscaban refugio, se salvó de ser impactado gracias a que un motor de la comunidad bloqueó los disparos.

Cinco familias que no lograron salir fueron objeto de insultos e intimidaciones verbales: "ustedes son guerrilleros, les dan comida a la guerrilla" "h.p, ustedes apoyan a la guerrilla, estamos aquí y no nos vamos". "A todo el mayor de 14 años que corra le vamos a dar plomo, lo vamos a matar". "Ustedes no salen a Pavarandó y deben hacerlo (…) ¿Por qué no salen ustedes a Pavarandó a mercar, quien quiera ir puede hacerlo, la carretera está buena (…) Quién quiera estar en la zona puede estar, debe acostumbrarse a nuestra presencia (…) Vamos a estar constantemente en la zona, aquí no estamos viendo que hay trabajo, el que no se vaya de aquí que se quede pero que se vea el trabajo "

Posteriormente, los armados sacaron una lista en la que leyeron los nombres de CARLOS SALINAS BECERRA, DORA LUZ SANCHEZ; CRISTIAN SANCHEZ, AIDE SALINAS SANCHEZ, y JHON JAIRO CUESTA BECERRA y les expresaron:

"No cuenten más con ellos. A ellos nos los llevamos con nosotros. Hemos estado hablando cuatro horas con ellos y si los soltamos van a hablar y los van a matar. Sintonicen la emisora Bajirá Estereo. Pongan mucho cuidado, allí los van a escuchar. A ellos no los vamos a soltar."

Posteriormente, preguntaron por la madre de CARLOS a quien se querían llevar, a lo que la comunidad se opuso por la avanzada edad de la señora.

Los armados expresaron que necesitaban a dos personas más MANUEL PAZ y JULIO MURILLO, nombres que los miembros de la comunidad desconocen.

Luego de varios minutos de intimidación, requisaron cada uno de los ranchos de los miembros de la comunidad, robaron gallinas y ollas del hogar de Bienestar Familiar e intentaron llevarse la poca existencia de medicina con la que contaba el poblado, donadas por una organización humanitaria internacional; a lo que la comunidad se opuso.

Antes de marcharse, repitieron que no se irían, que permanecerían en el territorio que se fueran acostumbrado a verlos por que estarían cada día, cada dos días, tres días o cada ocho días. Finalmente les dijeron: "traten de atrapar a la gente. Suerte. Nosotros nos vamos pero volvemos".

Hacia las 18:00 horas de ese mismo día, los armados regresaron nuevamente al caserío, no obstante la casi totalidad de la población se encontraba buscando refugio en la selva.

3. El martes 7 de enero hacia las 10:00 horas, la mayoría de los habitantes refugiados de la comunidad de Puerto Lleras regresaron a su caserío. Hacia las 14:30 horas los armados ingresaron nuevamente esta vez, no desde un solo lugar, sino desde los alrededores intentando sitiar a la comunidad, evitando que salieran hacia la selva.

Los armados buscaron en varias casas y preguntaron por los adultos que fueron detenidos dos días antes. Nuevamente reunieron a los habitantes del poblado que no lograron salir, reiterando la propuesta y las amenazas de la incursión anterior en relación a su permanencia en la zona, a la advertencia de que el mayor de 14 años que vean correr sería asesinado, a los 1800 hombres que controlarían el territorio que consideraban de ellos, a su intención de continuar con los cultivos de palma aceitera y la necesidad de gente para que les trabaje. Los armados que en esta ocasión sólo tenían insignias de las "AUC" estuvieron en el refugio de las comunidades hasta el final de la tarde.

La operación militar de tipo irregular –unidades regulares y "civiles armados"- expresa nuevamente el desarrollo de acciones contrainsurgentes contra la población civil de modo encubierto con el pretexto de perseguir a las FARC-EP; la población es blanco militar y objetivo de control social a través de este tipo de operación armada. Al mismo tiempo están pretendiendo definir los límites territoriales para la ampliación de la frontera agrícola, ligada al proyecto agroindustrial de la palma aceitera.

La comunidad continúa afirmando su derecho a la vida y al territorio y continúa constando la urgencia de una respuesta estatal y gubernamental conforme a la ley 70, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Humanitario.

En la zona continúa la presencia de una comisión humanitaria de entidades de la iglesia católica, de derechos humanos nacionales e internacionales y de organismos intergubernamentales de las Naciones Unidas.

Urge una presencia humanitaria nacional e internacional permanente, como lo ha solicitado la comunidad para evitar su desplazamiento y un posible destierro definitivo. Para la comunidad afrodescendiente, la presencia en estos momentos es un apoyo moral que posibilita la defensa integral de sus derechos.

Bogotá, 10 de enero de 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ- - volver -

INFORME EJECUTIVO 11

CONSEJO COMUNITARIO JIGUAMIANDO Y FAMILIAS DE CURBARADO

"NO QUEREMOS DESPLAZARNOS. NOS ESTAMOS AGRUPANDO"

SITUACION COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA

1. El caserío, ahora llamado de "Nueva Esperanza", ubicada en la margen derecha del río Jiguamiandó, ha servido de refugio de más de dos centenares de afrodescendientes y de mestizos desde el 2001, a raíz de la incursión de tipo paramilitar en el lugar original de este poblado a la margen izquierda del río Jiguamiandó.
2. A raíz de la incursión armada en Puerto Lleras del domingo 5 de enero, con excepción de 25 personas de 5 familias, la totalidad de los pobladores de este lugar huyeron hacia la zonas selváticas y altas en la que un significativo número de personas se ocultaron.
3. El miércoles 7 de enero, quiénes se encontraban ocultos en la selva, entre las 7:00 horas y las 8:00 horas escucharon tiros de fusil, en sitios distantes a tres horas de su lugar de refugio. De acuerdo con los testimonios se valora que no se trató de ningún contacto armado pues los sonidos indican que iban dirigidos en la misma dirección y no hubo respuesta
4. Hasta el pasado viernes 10 de enero como mecanismo de protección preventiva ante el actuar de tipo paramilitar, la mayoría de los pobladores se mantuvieron refugiados en la selva.
5. Desde el pasado sábado 11 de enero, 25 delegados, de 28 de los consejos comunitarios, manifestaron a la Comisión Humanitaria, que se desplazó a la zona desde el pasado jueves 9 de enero, y en la que no participa ninguna entidad gubernamental, la decisión de agruparse provisionalmente en tres sitios "Nueva Esperanza", Pueblo Nuevo", "Caño Seco", y otro grupo de familias se mantiene en Puerto Lleras, donde esperan una respuesta institucional y humanitaria de emergencia que evite su desplazamiento, que posibilite la afirmación de sus derechos integralmente concebidos como población civil y los contemplados en la ley 70.
6. Hasta el momento no ha existido ninguna respuesta gubernamental ni en materia humanitaria ni de protección a las comunidades, ni en el marco de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde noviembre pasado. Persisten las acciones de control de unidades paramilitares en Mutatá, Pavarandó, Las Brisas, muy cerca de los controles regulares de la fuerza pública Brigada XVII Batallón Voltígeros y Fluvial 20 en el río Atrato en Turbo, Riosucio, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién, Bellavista que impiden el libre tránsito de los afrodescendientes y mestizos del Jiguamiandó. Debido a la incursión armada se percibe una parálisis en las actividades de las siembras de los productos de pan coger, lo que permite prever que la situación alimentaria se hará más grave en el corto y mediano plazo. Se conoció que la implementación del Proyecto Agroindustrial de Palma Aceitera continúa su curso sin que se haya siquiera consultado a los Consejos Comunitarios y con la gravedad que su promoción se continúa desarrollando a través de las acciones de tipo paramilitar. Los efectos psicológicos sobre la población se han agudizado, cuyas manifestaciones más evidentes han sido la imposibilidad de dormir, de sembrar, el temor permanente y las expresiones de tristeza.

Bogotá, enero 11 del 2002 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ, CIJyP- - volver -

INFORME EJECUTIVO

Afrodescendientes del Bajo Naya

AMENAZAS E INTIMIDACION IMPLEMENTACION AGROINDUSTRIAL EN ZONAS DE CONTROL PARAMILITAR

Lunes 16 de diciembre, la embarcación "Miryam" en la que se transportaban 20 afrodescendientes del Consejo Comunitario de la Comunidad de San Francisco, corregimiento de Puerto Merizalde, Buenaventura se detuvieron en el sitio conocido como Punta Bonita, ubicada en la bocana del río. Mientras esperaban que subiera la marea, una panga con 8 hombres, dispararon a los integrantes de la comunidad. Segundos después 7 hombres con armas cortas y largas que participan en la estrategia armada encubierta se subieron a la embarcación de los afrodescendientes, luego de identificarse como paramilitares de las AUC, los intimidaron, los amenazaron con las armas con las que les apuntaron. A los pobladores, los hicieron tirar al piso de madera y les requisaron todas las pertenencias. Posteriormente los insultaron y los amenazaron verbalmente, les dijeron que era prohibido transitar por ese lugar.

Al tiempo que persiste el desarrollo de actuaciones de intimidación, de amenazas y de control a través de la estrategia militar encubierta sobre las bocanas de los ríos Naya, Yurumangui y sobre el océano pacífico entre López de Micay y Buenaventura, se mantienen patrullajes de la Infantería de Marina sin que se conozcan contactos armados y combates con estas estructuras armadas, por el contrario, se presenta indicios de complicidad, de connivencia, de omisiones de la fuerza pública por parte de los agentes estatales e Buenaventura, en el ingreso fluvial al puerto, en las bocanas de Puerto Merizalde.

Después de la incursión militar encubierta en abril del 2001, en la que fueron asesinados medio centenar de pobladores del Alto Naya y de la masacre en varias personas a la medio noche en la entrada al río Yurumanguí se han desarrollado acciones de control y de represión sobre la población civil afrodescendiente, al tiempo que se anima y se comienza la implementación del proyecto de Palma Aceitera en poblados donde es evidente el actuar paramilitar. Durante la segunda quincena de diciembre y los primeros días de enero el actuar armado encubierto continúa desarrollándose.

Bajo el pretexto de acciones contrainsurgentes frente a la FARC EP, se continúa el desarrollo una estrategia armada encubierta de tipo paramilitar solo posible de desarrollar por la complicidad estatal de la fuerza pública de control social sobre la población civil, que involucre, que legitime y avale el desarrollo de proyectos agroindustriales como el de la Palma Aceitera en contravía de los derechos afrodescendientes que contempla la ley 70, logrando grandes fisuras en los procesos comunitarios y coptando política y económicamente a los campesinos.

Bogotá,. Enero 14 del 2002 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ, CIJyP - - volver -

INFORME EJECUTIVO 12

Consejo Comunitario del Jiguamiandó, Familias de Curbaradó

PERSISTE PRESION ARMADA DE TIPO PARAMILITAR ENCUBIERTA EN EL JIGUAMIANDO

Intimidación Amenazas de control Militar del Territorio Colectivo. El Estado no da respuesta.

1. Viernes 17 de enero, hacia las 14:30 horas se escucharon 6 disparos en dirección del sitio conocido como Urada ubicado aproximadamente a 45 minutos del poblado de Puerto Lleras. El sonido de los tiros de fusil alertó a la población.

Hacia las 19:00 horas se conoció el movimiento de un contingente de cerca de 200 hombres armados, vestidos de camuflado, que participan en las estructuras armadas encubiertas.

2. Sábado 18 de enero a las 9:30 horas algunas personas de la comunidad de Puerto Lleras que se encontraban recogiendo plátano cerca del caserío original de su habitación, observaron a un hombre vestido de camuflado y arma de fusil quien al instante se ocultó entre los arbustos.

3. Ese día entre las 13:00 y 13:30 horas, los habitantes de la comunidad de Puerto Lleras escucharon 4 disparos cerca del lugar donde se encuentran refugiados, margen izquierda del río Jiguamiandó.

Desde el momento en que escucharon los disparos, los miembros de la comunidad, más de 100, la mayoría de ellos menores de edad, decidieron reunirse en la escuela para evaluar la situación que se estaba presentando.

Cuando se encontraban los pobladores en esta discusión, hacia las 14:00 horas, llegaron aproximadamente 19 hombres con armas largas y cortas, algunos vestidos de camuflado completo y otros con pantalón camuflado y camiseta negra, algunos de ellos portando brazaletes de las "AUC". Los armados ingresaron en dos grupos, rodeando el caserío, con la pretensión de evitar la búsqueda de refugio de los pobladores en la selva.

Alguno de los armados gritó a la comunidad: "uno de estos h.p está bueno para darle 40 machetazos". Otro hombre instaló en el centro del caserío una arma con un tubo de más de tres pulgadas, al parecer una bazuca, apuntando en dirección de la escuela en la que estaba concentrada la comunidad. Otro manifestó: "matamos 2 vacas, necesitamos 10 costales para llevar la carne y vayan ustedes por carne".

Entre, los "civiles" armados participaron algunos de los que actuaron en la incursión del 5 y del 7 de enero pasado, en la que algunos se encontraban con insignias de la Brigada XVII.

Uno de los comandantes ordenó al resto de los "civiles" vestidos de camuflado, que se ubicarán detrás de las casas y a otros que revisara casa por casa, y de encontrar algún poblador, la orden era traerlo a la escuela.

Antes de ordenar a toda la comunidad de Pueblo Lleras que se mantuvieran en la escuela, algunos de los "civiles" armados, obligaron a un afrodescendiente dirigirse a una casa ubicada a 30 metros de la escuela. Allí lo obligaron a sentarse e iniciaron a interrogarlo:

"Usted son cómplices de la guerrilla, ustedes saben quien colocó las minas quiebrapatas en el camino de Urada a Puerto Lleras?(…)" "¿Cuánto hace que vinieron los milicianos aquí? (…). "Qué tiempo se gasta de aquí a Pueblo Nuevo, a Nueva Esperanza, a Murindó por tierra, por agua, a Remacho? (…) Estuvimos en el caserío de Pueblo Nuevo, ¿por qué no hay nadie allí? (…) "Pueblo Nuevo está en cambuches como ustedes o hay han construido un pueblo oficial?" (…) "Cuál es la opinión de las comunidades que están de este lado del río? Ustedes tienen que cruzarse hasta el otro lado, nosotros tenemos que pasarnos a este lado pero ustedes no pueden estar aquí. Las comunidades deben reunirse y acordar cuando van a cruzar porque se les van a dañar las casas (…). "Hay mucha población civil, porque salen corriendo y entonces toca matarlos. Porque disparamos al que corra y el que no la debe que no la teme.(…) Hemos matado mucha gente, principalmente campesinos trabajadores. Antes matábamos por que nos pagaban para matar gente, pero ahora es distinto queremos borrar la mala imagen que tenemos de matones. Tenemos mucho que conseguir por este monte pero la población civil no nos deja. En el otro lado del río, no tenemos ya nada que hacer, ya lo tenemos controlado, cuando la población civil se vaya al otro lado donde vivían antes actuaremos porque tenemos que llegar hasta Murindó. (…), "somos 200 hombres , tenemos nuestro campamento en Urada, allí los carros nos traen la comida (…) "Vamos a pasar comunidad por comunidad, a Pueblo Nuevo, a Cuatro Tapas (Nueva Esperanza) y a Remacho, a decirles lo mismo que les estamos diciendo a ustedes (…). ¿De quién es el ganado que está por acá cerca? (…) "¿Cuál es el líder de la comunidad?" (…) "Usted va a Murindó, Riosucio o Carmen del Darién a sus vueltas? Vaya mejor a Pavarandó a mercar, la carretera está lista, nosotros la hicimos y los civiles de cualquier comunidad no tienen problema para movilizarse por allí" (…) El Carmen del Darién es nuestro allá se dan ayuda con alimentos?". Ustedes no tienen problema para salir, vayan a Carmen del Darién, allí nosotros mandamos" ( …) El motor se abeleo porque estaba huyendo un guerrillero (…)

Posteriormente se le acercó otro paramilitar armado, y le expresó al afrodescendiente: "¿De dónde es usted? (…) "Usted no es de aquí, lárguese que aquí no hace nada. Vaya a La Hacienda La Secreta que allí hay trabajo muy bueno y desde el primer mes se ve el billete. Si quiere irse diga cuantos son en su familia y se va con nosotros, el camino está libre para que salga el que quiera, si quiere salga con nosotros".

El integrante de la comunidad de Puerto Lleras, ante el interrogatorio de los "civiles armados" expresó:

"Si usted sabe en dónde y cómo están los caseríos para qué me pregunta?

Aquí no hay milicianos. Ustedes lo saben. Nosotros no nos vamos a cruzar hasta que no veamos Eso no es por ahora, no sabemos cuando será".

En la escuela donde se encontraba reunida toda la comunidad, les manifestaron:

" váyanse a vivir al otro lado del río, a su pueblo" (…)," nosotros vamos a seguir viniendo a controlar este territorio, no tengan miedo". (…) Si hay milicianos aquí, que se vengan con nosotros…. allá hay bastante trabajo para todos en la finca La Secreta en Pavarandó, váyanse allá, allá los esperamos".

(…) "Qué hacen de este lado?. ¿Quién los hizo pasar para acá?" (…) " cualquiera se puede poner un camuflado y pasar como de las AUC. Nosotros ya no hacemos lo de antes. Pásense a su pueblo por que cuando nos pasemos por acá no queremos verlos en este lado. En un año mas o menos vamos a registrar toda esta zona, perseguimos a la guerrilla, vamos a seguir viniendo somos 200 hombres y tienen que acostumbrarse a vernos, la próxima vez vienen el Perro y La Araña, aquí ahora estamos H 20 y Guayacán" (…)Sabemos que los misioneros están por aquí, cada cuánto vienen …

La comunidad de Puerto Lleras, le respondió a los armados: "de aquí no nos vamos" (…) aquí no han estado miliciano, ni hay milicianos" (…) "Ustedes fueron los que nos sacaron de nuestro pueblo. El territorio nos fue titulado a nosotros"(…) "Los misioneros están por aquí acompañan"

La reunión duró aproximadamente 20 minutos.

Los armados sustrajeron dos radios transistores AM y FM, 1 linterna, 1 mechera, 1 desodorante y ropa interior de algunos jóvenes de la comunidad.

Después de una hora de presencia en el caserío, los civiles armados abandonaron el caserío.

4. El domingo 19 de enero, a eso de las 14:30 horas, cerca de 25 hombres de las FARC EP estuvieron presentes en el extremo del caserío donde se encuentran refugiadas las familias de Puerto Lleras. Los guerrilleros se retiraron del lugar cuando uno de los acompañantes le solicitaron hacerlo. Estos manifestaron que comprendían y respetaban la decisión de la comunidad

Persiste la ofensiva armada contra los habitantes de la cuenca del río Jiguamiandó y familias de Curbaradó que se encuentran refugiados en varios poblados a lo largo del río de este nombre y sus afluentes, desde el primer y segundo semestre del 2001.

Desde el segundo semestre del 2002, los anuncios y las amenazas de incursión denunciadas por las comunidades afrodescendientes, mestizas y resguardos indígenas no han sido atendidos por el Estado colombiano. Las desapariciones forzosas, los asesinatos selectivos, las retenciones, el control y el bloqueo económico, la crisis humanitaria – de alimentos, de salud integral, las perdidas en la producción de pan coger- las recientes incursiones de control social armado y la presión a participar en formas.

Hasta el día de hoy, la respuesta gubernamental es inexistente. A pesar de la adopción de la adopción de las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en noviembre pasado. Se sigue desarrollando la acción militar a través de la estrategia armada encubierta de tipo paramilitar, bajo el pretexto de acciones contra insurgentes frente a las FARC EP.

Se pretende un control militar y social de la población, su vinculación a proyectos agroindustriales como el de la Palma Aceitera o a las estrategias armadas que se desarrollan desde el año 1.996 en la región en fincas como La Secreta reconocidas públicamente, incluso por la prensa nacional e internacional, como bases paramilitares, tanto como en Las Brisas, en Mutatá, Riosucio, Carmen del Darién, sitios de fortalecimiento militar, al lado de bases militares regulares adscritas a la Brigada XVII y también de unidades policiales en los cascos urbanos.

Las comunidades persisten en su deseo de no abandonar el territorio a pesar de la fuerte presión militar, de afirmar sus derechos sin el uso de la fuerza, de negarse a participar en proyectos armados y agroindustriales Al mismo tiempo, no ha sido posible lograr la expresión de la mínima voluntad estatal para impedir este destierro, evitar la destrucción de los proyectos de vida de las comunidades en medio de la guerra, generar las garantías de respeto a la vida y a los derechos territoriales. Es evidente no solamente la OMISION, que es ahora COMISION POR OMISION, sino la COMPLICIDAD y la RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL ESTADO.

Bogotá, 20 de enero del 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ- - volver -

INFORME EJECUTIVO 10

El Castillo, Medellín del Ariari, Meta

PERSISTE OFENSIVA PARAMILITAR NUEVOS ASESINATOS Y DESPLAZAMIENTOS

1. El martes 7 de enero, a las 14:30 horas, dos integrantes de la estrategia militar encubierta, bajaron del bus al joven LUIS EDUARDO SERNA, 25 años de edad, lo asesinaron en el sitio conocido como "La Bodega", en la vía que conduce al municipio de El Dorado. A este joven los paramilitares lo amenazaron de muerte, le había dado un plazo de 20 días para desocupar la región. LUIS EDUARDO habitante de la caserío El Jardín, municipio de El Castillo, estaba desplazándose forzosamente cuando fue detenido y asesinado.

Ese mismo día, tres personas más, todos ellos varones, fueron asesinados en la vereda La Cabaña, municipio de El Castillo. Los cuerpos de las tres personas fueron dejados en el parque del casco urbano municipal del Castillo. Allí permanecieron durante toda la mañana sin que ninguna autoridad competente realizará el levantamiento de los cádaveres.

2. El jueves 9 de enero, hacia las 14:00 horas aproximadamente, dos paramilitares llegaron al sitio conocido como "Caño Claro", allí asesinaron al campesino LUIS SANCHEZ, de 42 años de edad, le dispararon a las piernas, luego lo apuñalearon en el corazón y en el cuello. El Señor LUIS SANCHEZ, participó en los Grupos Bíblicos de Medellín del Ariari que anima la Iglesia Católica.

En la noche del velorio desconocidos entraron a su casa y la registraron, al parecer no se llevaron ningún objeto de la casa.

3. Mientras persiste, la presencia del Ejército Nacional, Batallón 21 Vargas, en la zona rural del corregimiento de Medellín del Ariari, municipio de El Castillo, los "civiles" armados bajo la estrategia paramilitar siguen haciendo presencia permanente en las veredas de La Macarena, Caño Claro, El Encanto, Puerto Esperanza, Campoalegre. En los caseríos, los paramilitares han aterrorizado a los campesinos obligando a los pobladores de las veredas de La Floresta, La Esperanza y El Retiro a abandonar sus fincas. Allí los han amenazado de muerte, les han dicho que se tienen que salir de la región, que ellos no van a responder por los que pase, dan plazos de unos días para abandonar la región.

Más de cincuenta familias han abandonado sus lugares de origen. Sobre la carretera principal que conduce al Alto Ariari se combinan las acciones de control, tanto como en los cascos urbanos. En algunas ocasiones, la desarrollan militares de las fuerzas regulares, en otras ocasiones, los "civiles" armados, vestidos de camuflado dentro de la estrategia militar de tipo paramilitar.

A pesar de los insistentes llamado al Estado colombiano para depurar las fuerzas militares, combatir a los paramilitares, tomar medidas administrativas de destitución de militares comprometidos por ACCION y por OMISION en esta estrategia criminal, se consolida el actuar armado contra la población civil, el llamamiento al silencio absoluto o la obligación de abandonar la tierra.

Desde enero del año 2002, antes de la culminación de los diálogos entre las FARC EP y el Gobierno Nacional, la región del Ariari ha sido testigo de un actuar militar criminal … cruento, despiadado, bárbaro que ha generado decenas de víctimas, muchas de las cuales se encuentran en el anonimato, otras que por testigos que han abandonado la región se atreven, con mucho temor, a compartir lo que han visto o lo que han vivido.

Bogotá, 21 de enero del 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ- - volver -

INFORME EJECUTIVO 12

EL CASTILLO, MEDELLIN DEL ARIRI, META

Ya hace cerca de un año, los temores se hicieron públicos. Ahora los temores son una realidad siniestra. Los pobladores del Alto Ariari, ya van a cumplir 365 días, de una persecución, desarraigo, exterminio sistemático a través de operativos militares que han combinado acciones regulares e irregulares de tipo paramilitar. Las amenazas de muerte, los señalamientos, los asesinatos selectivos, el desplazamiento forzoso está convirtiendo el campo en caseríos fantasmas; los cascos urbanos son propiedad privada de los victimarios, quiénes actúan, sin resquemor alguno lado de las autoridades civiles, policiales y militares, que se pasean a su lado o que atraviesan los retenes de control militar en camionetas en las que se movilizan hombres, algunas veces vestidos de camuflado y con armas cortas y largas, nunca son detenidos.

Aquí unos pocos hechos a los que hemos logrado acceder o conocer, por desterrados de ese lugar, y que en medio de la zozobra, quieren por lo menos que se conozca algo de lo que está sucediendo.

1. Jueves 9 de enero, LUIS SANCHEZ, poblador de la vereda Caño Tigre, corregimiento de Medellín del Ariari, fue asesinado por los "civiles" armados. En el punto conocido como río Caño Claro, su cuerpo fue encontrado con dos disparos en sus piernas y apuñalado por el corazón y el cuello. Días antes recibió amenazas por parte de una paramilitar apodado "El Paisa", diciéndole que tenia que abandonar la región.

Ese día se conoció que la personera del municipio de El Castillo, que reemplazo a su antecesor, quién fue asesinado por los paramilitares hace unos meses, se vio obligada a abandonar la región. De acuerdo con las informaciones recibidas las amenazas provinieron de los paramilitares.

2. Domingo 12 de enero, hacia las 20:00 horas un grupo de "civiles" armados, vestidos de camuflado llegaron a la vivienda del Señor HÉCTOR PULIDO LEÓN, ubicada en la Vereda Caño Claro, corregimiento de Medellín del Ariari. Allí preguntaron por HECTOR, y lo obligaron a acompañarlos y a su esposa a separarse de él.

En la mañana del lunes 13 de enero, varios vecinos se dirigieron hacia el lugar a donde se encontraban los "civiles" armados, el mismo lugar por el que se llevaron a HECTOR, preguntando por él, estos se negaron a aceptar que lo tenían en su poder. A los dos días, los vecinos lo encontraron muerto, enterrado la casi totalidad de su cuerpo, pero su cabeza descubierta.

3. Durante ocho días, entre los domingo 19 y 26 de enero, los "civiles" armados que patrullan en Medellín del Ariari desterraron a cinco familias del perímetro urbano, luego de amenazarlas de muerte y de acusarlas de colaboradoras de la guerrilla. Entre los desplazados forzados se encuentran dos ancianos –mayores adultos- fundadores del pueblo, quiénes en el pasado habían sido miembros del Partido Comunista y fundadores de la Asociación Democrática de Mujeres.

Dentro de sus actuaciones contra las cinco familias, los paramilitares ingresaron a sus casas las requisaron, ñes saquearon, destruyeron algunos enseres. Cuando las familias abandonaron el poblado, los "civiles" armados se apoderaron de las casas y los enseres de estas personas.

Ese domingo 26 de Enero, los "civiles" paramilitares que se transportaban en una camioneta gris cuatro puertas llegaron a la vereda Caño Claro, en horas de la tarde asesinaron a un poblador de nombre MIGUEL.

4. Jueves 30 de enero, hacia el medio día, un oficial de la Policía de El Castillo, al parecer un Teniente, reunió a los pobladores de Medellín del Ariari para anunciarles que se iba a construir una estación de policía en el pueblo. Mientras la reunión se desarrolló los "civiles" armados se hicieron en las afueras del casco urbano.

5. Sábado 1 de febrero a raíz de las incursiones armadas encubiertas, bajo el nombre de Autodefensas Campesinas, los caseríos de La Cima, La Esperanza, 20 de Julio, El Retiro, Campoalegre, Caño Embarrado, La Cumbre, Brisas del Jordán, La Floresta han sido desalojadas. Dentro de la modalidad paramilitar, los armados vestidos de camuflado y otros de civil, luego de intimidar, en algunos casos de amenazar de muerte, han desalojado a los campesinos, expresando: "Se van , nosotros no respondemos".

Mientras todas estas situaciones se han presentado las unidades militares operan en los cascos urbanos de la cabecera municipal de El Castillo, el corregimiento de Medellín del Ariari, y la población de Puerto Esperanza. Se continúa desmoronando el Estado de Derecho, es evidente la OMISION, que ya es COMISION POR OMISION, y la COMPLICIDAD, que es el desarrollo de la estrategia militar encubierta.

Nadie absolutamente ha hecho nada para enfrentar estas estructuras criminales. El desarraigo, la muerte sigue y no existe ninguna atención. El silencio es el rey, la pasividad institucional, la tolerancia absoluta frente a esta operación de terror, que en el orden nacional e internacional ha sido oculta y ha sido adobada con el Premio Nacional de Paz, concedido por la empresa privada y los medios de información masiva de nuestro país. Hoy sigue su paso la barbarie, muertos, desarraigo, desplazamiento, en una unidad de acción bajo la responsabilidad del Batallón 21 Vargas. Una grave y profunda tragedia humana y de Derechos Humanos en los límites de la hasta hace cerca de un año la zona de distensión, que será de lo que se vive dentro. Evidentemente no se ha perseguido ni combatido a las FARC EP se ha perseguido a la población civil.

Bogotá, febrero 4 del 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ- - volver -

URGENTE URGENTE URGENTE

INFORME EJECUTIVO 13

Versión Complementaria
CONSEJO COMUNITARIO DEL JIGUAMIANDO Y FAMILIAS DE CURBARADO
CONTINUA OFENSIVA ARMADA: ASESINADO NIÑO 11 AÑOS Y HERIDO UN ADULTO POR ACCION DE TIPO PARAMILITAR

A pesar de las medidas cauteleres de la CIDH; de la presencia en las comunidades refugidas en Puerto Lleras, Nueva Esperanza, Caño Seco y Pueblo de la iglesia católica, de delegados internacionales de observación humanitaria de España y de Canadá, de organismos de derechos humanos nacionales, el operativo armado contra las comunidades afrodecendientes y mestizas persiste.

1. A las 12 del día de ayer aproximadamente, martes 4 de febrero, en desarrollo de la ofensiva militar encubierta que pretende desalojar a las comunidades de la cuenca del Jiguamiandó o imponerles su participación en el proyecto agroindustrial de Palma Aceitera , un grupo de "civiles" armados, vestidos de camuflado, la mayoría de ellos con armas cortas y largas, mientras se distribuían en varios grupos para rodear el caserío de Puerto Lleras, dispararon a 3 pobladores de esta comunidad, que se encontraban a la orilla del río Jiguamiandó a la altura del punto conocido como Bocas de Jarapetó, a 600 metros del sitio de refugio.

Cuando los armados fueron divisados por uno de los menores de edad, este avisó al adulto, inmediatamente los armados que atravesaban el río iniciaron a disparar indiscriminadamente. Hirieron entonces al campesino VICTOR GARCES, hiriéndolo en la pierna derecha, y contra su hijo HERMIN GARCES, de 11 años de edad, quien murió inmediatamente por efecto de los disparos que impactaron su cuerpo. El otro menor de edad logró salir ileso y se ocultó entre la selva

Los armados se acercaron al afrodescendiente VICTOR, lo intimidaron, lo insultaron verbalmente y le expresaron: "ustedes son guerrilleros" (…) "H.P guerrilleros".

Los armados metieron en la champa –embarcación pequeña de madera- el cuerpo sin vida de HERMIN y obligaron a su padre a subirse en ella y a navegar río abajo en dirección a Puerto Lleras

2. Minutos más tarde se escucharon nuevamente disparos de fusil hacia un lugar sobre el río Jiguamiandó más arriba del punto conocido como Bocas de Jarapetó, en donde se encontraban otros habitantes de Puerto LLeras pescando, entre ellos PABLO GAMBOA, RAMIRO SANCHEZ, CELINA SANCHEZ.

3. Posteriormente los armados ingresaron al caserío de Puerto LLeras en donde las familias se encuentran refugiadas desde el año 2001, allí permanecieron por espacio de una hora. 

En su ingreso al lugar de refugio, preguntaron por la promotora de salud, quién el 5 de enero pasado, fue detenida por varias horas en desarrollo de esta ofensiva, auscultaron por los líderes de la comunidad, a lo que la comunidad respondió: "todas las decisiones son colectivas, aquí no hay líderes, que manden".

Los armados entre los que se encontraban con armas cortas y vestidos de camuflado, algunos con brazaletes de las AUCC e insignias de la bandera colombiana, similares a los de la policía, y unidades armadas que en el operativo del 5 y 6 de enero pasado portaban insignias y distintivos de la Brigada XVII, afirmaron: "Nosotros vamos a volver" (…) "No nos vamos a ir de la región"

Luego de una hora de estar allí presentes se retiraron del lugar.

El lugar de refugio fue tomado por los paramilitares desconociendo la condición de refugiados de la población afrodescendiente y la presencia humanitaria internacional.

De acuerdo con la versión inicialmente reunida, al momento de la salida de VICTOR GARCES y de los demás miembros de la comunidad a Murindó, se desconocía el paradero del menor ileso y de los pescadores que se encontraban arriba de Bocas de Jarapetó.

4. martes 4 de febrero, aproximadamente a las 22 horas de hoy al Hospital del Municipio de Murindó, arribó un grupo de personas de la comunidad de Puerto Lleras, acompañando al herido VICTOR GARCES. en una pierna.

Desde el domingo 4 de enero, cuando se concretaron las amenazas de incursión a los lugares de refugio de las Comunidades del río Jiguamiandó, anunciadas desde el segundo semestre del 2002, con desapariciones, asesinados y retenes, en una acción de tipo paramilitar en la que participaron "civiles" armados con insignias de los AUCC y con unidades distinguidas como miembros de la Brigada XVII se evidenció nuevamente que el Estado Colombiano no adoptó las medidas políticas, administrativas y humanitarias para prevenir daños irreparables. Los daños causados hasta hoy siguen reflejando que la estrategia militar encubierta se mantiene, se extiende, se fortalece contra la población civil quién es blanco militar bajo el pretexto de confrontación a la guerrilla.

A pesar de la adopción de las medidas cautelares por parte de la CIDH desde noviembre pasado, hasta el día de hoy, el gobierno no ha dado ninguna respuesta institucional a las mismas. A pesar de las sesiones de la Comisión Mixta de Seguimiento, de los compromisos de respuesta humanitaria y de respuesta a la propuesta humanitaria de las comunidades, basada en la ley 70 de comunidades afrocolombianas, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Humanitario y los Derechos de los Pueblos en relación con la impunidad en que se encuentra el desplazamiento, los crímenes y violaciones de derechos humanos que compromete por ACCION, OMISION y COMISION POR OMISION la responsabilidad del Estado; el cese al desarrollo del proyecto agroindustrial de Palma Aceitera en el territorio colectivo; el respeto a sus lugares de refugio y zonas de cultivo de productos de pan coger mientras persista el conflicto armado interno.

La situación de las comunidades afrodescendientes y mestizas del Jiguamiandó y las 9 comunidades desplazadas del Curbaradó que se encuentran refugiadas afirmando sus derechos a la vida y al territorio, es cada vez más grave.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional y a los grupos de solidaridad para que inicien una observación permanente de carácter humanitario en las Comunidades de modo que se conozca de primera mano la información, se verifique la voluntad política del Estado en relación con los Derechos Humanos, se apoyen las propuestas de defensa de la vida y el territorio de los 2300 afrodescendientes y mestizos que hoy están siendo abocados, por la persecución sistemática, a defender el territorio entregando sus vidas, porque se siguen negando a ser parte de los proyectos agroindustriales que quieren implementar en su territorio.

Bogotá, Febrero 5 del 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ- - volver -

INFORME EJECUTIVO 13

COMUNIDAD DEL CACARICA – FRONTERA PANAMA

DESCONOCIDO EL PARADERO DE INTEGRANTE DE CAVIDA. AMENAZAS A LA POBLACIÓN DE PUNUSA. PERSISTE EL BLOQUEO Y EL AISLAMIENTO POR ACCIONES DE TIPO PARAMILITAR

Ya son 35 las familias de las Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA, que han buscado refugio en Panamá desde las acciones desarrolladas en el marco de la estrategia armada encubierta paramilitar. La totalidad de las familias no han sido asumidas como refugiados, luego de meses de una relativa calma, las acciones armadas paramilitares en Paya han generado profundos temores en lo pobladores del Cacarica que se encuentran en Panamá en Cupe y Punusa. LEONARDO LOPEZ GARCIA cabeza de familia y quien inicialmente fue reportado como detenido por la Guardia Panameña, ahora por otra fuente de la Iglesia Católica que conoció del caso no se encuentra reportado por ninguna autoridad como detenido.

Al tiempo que en la frontera se plantean decisiones de militarización por parte de los dos gobiernos, mientras la guardia Panameña obstaculiza el tránsito y el apoyo humanitario, en el río Atrato aumentan los mecanismos de control desde Turbo, Tumaradó, Puente América, La Honda y La Balsa en el Territorio Colectivo del Cacarica sobre los pobladores y sus bienes, desde enero los sobrevuelos de aeronaves militares oficiales a mediana y baja altura en movimientos repetitivos sobre las zonas humanitarias "Nueva Vida" y "Esperanza en Dios" se han hecho frecuentes.

1. LEONARDO LOPEZ, integrante de CAVIDA, quién desde el miércoles 2 de octubre salió de la zona humanitaria "Esperanza en Dios", buscando quedarse en Panamá, ante las persistentes amenazas de incursión de tipo paramilitar, el bloqueo económico y tránsito de personas por el río Atrato, se encuentra desaparecido.

De acuerdo con la información recauda en Panamá, hasta el día de hoy, por nuestra Comisión, LEONARDO fue detenido por la Policía de Frontera cuando se dirigía hacia Boca de Cupe. Conocidos de LEONARDO se dirigieron luego a los poblados de Metetí y La Palma en Panamá preguntando por su lugar de detención. A sus allegados, las autoridades les aseguraron que no se encontraba detenido en ninguna de las guarniciones carcelarias y policiales.

Posteriormente, sus conocidos se dirigieron al cuartel de Piedra Candela, un guardia de este lugar, les aseguró que LEONARDO se encontraba allí detenido. El guardia se comprometió a dialogar con un oficial para brindar más información, pero nunca fue posible volver a establecer comunicación con este agente.

Sin embargo, otras fuentes humanitarias, a finales del año anterior, informaron a nuestra Comisión Justicia y Paz, que LEONARDO se encontraba detenido en Palma por estar indocumentado.

La familia de LEONARDO, su mujer y un hijo, se encuentran en Panamá, sin que conozcan el paradero de su esposo y padre.

2. Jueves 13 de febrero, hacia las 5:00 horas, una nueva familia de CAVIDA salió hacia El Darién buscando refugio debido a la presión armada, las amenazas de incursión y el bloqueo económico que están siendo sometidos en desarrollo de la estrategia militar encubierta contra los habitantes del Cacarica en las Zonas Humanitarias.

3. A raíz de la incursión de tipo paramilitar que se realizó en Paya, el 18 de enero, donde fueron asesinados 4 líderes (Sailas)de las comunidades indígenas Kuna, las familias indígenas y afrodescendientes, las de Paya, y algunas que vivían en sus alrededores, entre ellas varias colombianas, algunas de ellas del Cacarica, que buscaron refugio en Panamá se movilizaron hacia Boca de Cupe. Algunos de ellos llegaron a Cupe, luego de desplazarse a 4 horas en cascos con motor fuera de borda y otros luego de una jornada diaria de camino a pie.

En este contexto, el pasado viernes 7 de febrero, dos familias del Cacarica que se encontraban en Boca de Cupe ante el temor de acciones contra su integridad física, cruzaron nuevamente la frontera de Panamá hacia Colombia, reubicándose en las zonas medias y altas del Cacarica.

4. Lunes 3 de febrero, a las 14:00 horas, nuestra Comisión fue informada por organismos humanitarios de la iglesia panameña, que los afrodescendientes y mestizos y los indígenas que se encuentran en Punusa, en los límites del río Tuira, entre las que se encuentran varias familias del Cacarica, fueron amenazados. De acuerdo con la versión, todas las familias indígenas se han movido hacia otros resguardos en Panamá, mientras la mayoría de los campesinos se encuentran en el mismo lugar, y otros, se han refugiado en los alrededores de Punusa. Según la misma fuente, las autoridades panameña impiden el tránsito de Boca de Cupe hacia Punusa.

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Desde diciembre del año pasado han sido frecuentes las versiones que circulan en el casco urbano del municipio de Riosucio, departamento del Chocó, en boca de funcionarios de la alcaldía, según las cuales se desarrollaría una operación tipo paramilitar a las zonas humanitarias de "Nueva Vida" y "Esperanza en Dios", por parte del Frente "Elmer Cardenas" de las ACCU. Recientemente se ha conocido que dicho operativo se realizaría con el despliegue de más de 200 hombres desde el caserío de La Balsa, territorio colectivo del Cacarica, distante a dos horas de la zona humanitaria de "Nueva Vida" y a tres de "Esperanza en Dios", y de otro grupo proveniente del municipio de Unguía.

5. Lunes 20 de enero, en horas de la mañana una embarcación de madera tipo Chalupa, transportó hombres uniformados y armados que participan en la estrategia armada encubierta, salió del puerto de Turbo y se dirigió río Atrato arriba. A la altura del sitio conocido como Puente América, territorio colectivo del Cacarica, que limita con el río Atrato la chalupa se encontraba vacía.

6. Miércoles 22 de enero entre las 13:00 horas y 13:15 sobrevoló durante tres ocasiones a muy baja altura y muy lentamente, en primer lugar por la Zona Humanitaria "Nueva Vida" y luego por "Esperanza en Dios", luego de sobrevolar en el punto conocido como La Loma, la aeronave conocida como "avión fantasma", de similares características al que se uso el 24 de febrero de 1.997, cuando se desató la "Operación Génesis" que generó el desplazamiento de las 23 comunidades del Cacarica.
7. jueves 23 de enero, hacia las 16:00 horas, dos chalupas con hombres vestidos de camuflado con armas cortas y largas, integrantes de los grupos paramilitares cruzaron por Puente América en dirección hacia La Honda, caserío sobre el río Atrato, territorio colectivo del Cacarica. Las embarcaciones fueron vistas ingresando a la base paramilitar de La Balsa.
8. Jueves 30 de enero, a las 15:30 horas, una panga rápida – embarcación de fibra de vidrio con motor fuera de borda - en la que se movilizaron cuatro "civiles" armados, algunos con armas cortas, otros con armas largas y radios de comunicación, detuvieron a la altura de Puente América una chalupa – embarcación de madera para transporte de carga - en la que se transportaban algunos alimentos con destino a los habitantes del Cacarica. Los participantes en la estrategia armada encubierta amenazaron a los afrodescendientes de CAVIDA, afirmaron: "esa comida es para la guerrilla" (…) "ustedes son cómplices" (…) "no les vamos a seguir permitiendo el paso de comida, van a volver a saber de nosotros, de está se salvan, la próxima se mueren, van a saber de nosotros" – Luego de 30 minutos aproximadamente, les dejaron seguir la marcha.
9. En la primera semana de febrero, sin que se haya logrado precisar el día ni la hora, en el caserío de La Balsa se realizó una reunión convocada por los civiles "armados" que participan en la estrategia armada encubierta en las que se informa a los pobladores de este caserío y sus alrededores, que la venta de la extracción de árboles se debe continuar con la empresa Maderas del Darién, reiteran que queda prohibida la circulación de personas y la entrega de información a los habitantes de las Zonas Humanitarias, al tiempo, que anunciaron la creación de una Tienda Cooperativa para que se puedan abastecer de todos los productos necesarios, quedando restringidas las salidas a casos de emergencia.

10. Martes 4 de febrero, los propietarios y motoristas de las embarcaciones que prestan sus servicios en el Territorio Colectivo del Cacarica, los "civiles" armados les prohibieron su ingreso al desembarcadero de La Tapa que permite el acceso a las zonas humanitarias de las comunidades retornadas.

Desde el inicio del retorno por etapas en el 2000 y la finalización del retorno en el 2001 las acciones de control y de represión de tipo paramilitar se han incrementado, se han cualificado y se han extendido en el entorno de las comunidades que habitan las Zonas Humanitarias de "Nueva Vida" y "Esperanza en Dios", ahora agravadas por la situación fronteriza donde algunas familias buscaron refugio. Al control en Turbo y el retén en Tumaradó (1.999 2003), a las incursiones de tipo paramilitar (junio del 2001) (Octubre del 2001), la quema de la siembra de arroz(noviembre del 2001), el asesinato de RAMIRO VASQUEZ (febrero 2002), la detención arbitraria de un coordinador de la comunidad (febrero 2002), las torturas de tres integrantes de CAVIDA (febrero del 2002), intimidaciones y amenazas en Turbo a integrantes de la comunidad (marzo del 2002)desaparición forzosa de EDWIN SALAZAR (Abril 2002), el saqueo y robo de los bienes y alimentos de los hogares infantiles comunitarios (abril del 2002), los cortes ilegales de madera, protegidos por los "civiles armados" dentro del Territorio Colectivo (noviembre del 2002), la detención de los participantes internacionales en el Encuentro Internacional sobre Justicia (noviembre del 2002), la movilización de civiles "armados" vestidos de camuflado por el río Atrato y el control permanente sobre los puntos de acceso a la comunidad en Tumaradó, Puente América, La Honda, las actuaciones equivocas de la Fiscalía General de la Nación (diciembre del 2002), se suman ahora los sobrevuelos frecuentes sobre las Zonas Humanitarias (enero del 2002)y la imposibilidad de refugio con garantías en el vecino país de Panamá y la posibilidad de una nueva incursión a las zonas humanitarias del Territorio Colectivo del Cacarica.

La persistente situación de riesgo de las comunidades afrodescendientes y mestizas que ha sido conocida por el gobierno nacional no ha merecido la adopción de medidas tendientes a evitar daños irreparables, a pesar de la solicitud de adopción de las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 17 de diciembre de 1.997 y la realización de dos audiencias en los períodos de sesiones de la CIDH; la posibilidad de repetición de nuevos ataques a la población se continúan propiciando porque la investigaciones penales sobre la "Operación Génesis" en la Comandancia de la Brigada XVII en 1.997 por el General RITO ALEJO DEL RIO son inexistentes; los procesos por los crímenes cometidos se encuentran en su totalidad en etapa preliminar, dispersos en distintas fiscalías, las pocas pruebas que han pretendido ser recaudas han utilizado procedimientos y mecanismos carentes de principios éticos como el respeto a las víctimas, la exclusividad de la sustentación de la prueba en el testimonio, el uso de los estímulos y de prebendas para involucrar a los testigos con las unidades militares de la región; hasta el momento, la Resolución del Defensor Nacional del Pueblo ha sido desconocida pues las operaciones de tipo armado encubierto a través de "civiles" armados continúa su marcha y su centro de operaciones en La Balsa, a menos de dos horas de la zonas humanitarias, sigue siendo una base de preparación, de planeación, de financiación y de desarrollo de una estrategia de copamiento social y de extracción ilegal de los recursos maderables por parte de la Empresa Maderas del Darién. Hoy casi seis años después del desarrollo de la "Operación Génesis", la estructuras armadas que generaron el desplazamiento, que han producido daños irreparables contra las comunidades, bajo el pretexto de la confrontación a las FARC EP siguen incólumes y se han cualificado.

Bogotá, febrero 14 del 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ - - volver -

INFORME EJECUTIVO 14

Consejo Comunitario Jiguamiandó, familias de Curbaradó

PERSISTE HOSTIGAMIENTO ARMADO A LAS COMUNIDADES REFUGIADAS EN EL TERRITORIO COLECTIVO JIGUAMIANDO

Persisten las acciones de hostigamiento en desarrollo de la estrategia armada encubierta paramilitar a las comunidades afrodescendientes y mestizas que se encuentran refugiadas dentro del Territorio Colectivo del Jiguamiandó, en el cual se han albergado 9 comunidades afrodescendientes y mestizas del Curbaradó, desde hace ya casi dos años.

A pesar de la presencia humanitaria internacional de Francia y de Canadá, en estos momentos, y de organismos humanitarios de derechos humanos nacionales permanente en el terreno que acompañan a las comunidades, continúa el hostigamiento armado y la implementación de la agroindustria de la Palma Aceitera.

1. Sábado 15 de febrero a las 13:00 horas aproximadamente un grupo de dos "civiles" armados vestidos de camuflado de una avanzada paramilitar de más de 50 hombres, se ubicaron a menos de 15 minutos a pie, en el sitio conocido como La Nenas, zona de refugio "Nueva Esperanza". Los dos armados al observar la presencia de los habitantes del Jiguamiandó se ocultaron tratando de evitar ser descubiertos. Algunos pobladores ante el temor de una incursión armada se refugiaron nuevamente en la espesa selva.

2. Domingo 16 de febrero a las 10:00 horas, cerca del antiguo poblado de "Remacho", que se encuentra totalmente abandonado desde el año 2001, a raíz de las acciones de tipo paramilitar, otro integrante de las estructuras armadas encubiertas, intimidó a un grupo de afrodescendientes que navegaban por el río Jiguamiandó en una pequeña embarcación sin motor. El paramilitar apuntó con un arma blanca a los campesinos quiénes se vieron obligados a escapar ante la eventualidad de ser tiroteados.

La presencia armada de "civiles" vestidos de camuflado, en el perímetro de los poblados abandonados de "Remacho" y "Nueva Esperanza" evidencia la ampliación del radio de actuación que integran las estructuras armadas paramilitares que cubren desde Uradá, Mutatá, Belén de Bajirá y Pavarandó, en donde al mismo tiempo se encuentran destacamentos militares de la Brigada XVII y agentes estatales vinculados a la Policía Urabá.

3. Después de tres meses de dilación, a pesar de los daños irreparables, a la vida y a la integridad personal de varios pobladores y miembros del Consejo Comunitario, de los reiterados anuncios de una incursión armada a los lugares de refugio, del cumplimiento de dichas amenazas, de las detenciones arbitrarias, del asesinato de un niño de 11 años, de haber herido con balas de fusil a un adulto, de amenazar permanentemente a las comunidades, entre el miércoles 11 y jueves 13 hizo presencia en la zona una comisión interinsitucional conformada por Vice Presidencia de la República, Red de Solidaridad Social, INCORA - CHOCO, Ingeominas, Procuraduría General de la Nación y el Personero de El Carmen del Darién y dos funcionarios de este mismo municipio.

A esta Comisión de Gobierno, las comunidades les requirieron los informes sobre los compromisos asumidos desde octubre del 2001, en relación con lo humanitario, las investigaciones y la recolección de prueba (justicia), el cese a la implementación de la Palma Aceitera, el desbloqueo económico y militar. Al respecto, no hubo respuesta alguna.

Esta es la tercera ocasión en que a una Comisión de Gobierno y de un organismo de control del Estado – Procuraduría - desde octubre del 2001, hacen presencia en la zona, escuchando reiteradamente las exigencias de la comunidad, pero es la tercera ocasión en que no existen respuestas de fondo. Las respuestas son inconsistentes a los compromisos asumidos desde hace ya más de años y medio, estas evidencian que no existe ninguna respuesta real ni efectiva en materia de protección, de justicia y en lo humanitario.

Durante el desarrollo de la visita un funcionario del Gobierno vinculado al departamento del Chocó, en todo el tema de tierras, promovió entre las familias la siembra de Palma y su vinculación al proyecto agroindustrial, que se está ejecutando ilegalmente y con protección de tipo paramilitar, a través de la cual se ha generado el desplazamiento y al asesinato y desaparición de varios integrantes de estas comunidades, "la Palma es la posibilidad para salir de la miseria y lograr el progreso". Este mismo funcionario públicamente solicitó a los afrodescendientes que se encuentran afectados por el Proyecto de Palma Aceitera entregar sus nombres y cédulas y de ciudadanía. Este mismo funcionario público se expresó negativamente y con señalamientos sobre nuestra labor como defensores de derechos humanos, "Justicia y Paz manipula a las comunidades, y se apropia de los dineros públicos"

Desde noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas cautelares al Gobierno Colombiano pero la ofensiva armada ha continuado, se ha ampliado, se han producido daños irreparables a la vida y a la integridad física; dentro del Territorio Colectivo se mantiene sitiada a la comunidad bajo el pretexto de una confrontación a las FARC EP. A raíz de la estrategia armada encubierta y las operaciones regulares de la Brigada XVII, se ha mostrado la OMISION, la ACTUACION CONJUNTA, y la COMISION POR OMISION en los hechos que vienen sucediendo.

Los pobladores afrodescendientes y mestizos no tienen posibilidad de movilización ni hacia Pavarandó y Mutatá ni por el Río Atrato, donde existe un evidente control armado en el que se encuentran militares, policías y paramilitares; al tiempo que continúa la implementación del proyecto agroindustrial de palma aceitera en el Territorio Colectivo amparados por los grupos armados y todos las violaciones de derechos humanos se encuentran en absoluta impunidad.

Reiteramos el llamado a los grupos de solidaridad y a la comunidad internacional para que conozcan directamente el proceso de resistencia civil en defensa de la Vida y del Territorio, en condiciones de conflicto armado interno, de las familias de Jiguamiandó y de Curbaradó; apoyen moral y humanitariamente sus iniciativas de modo que se evite un desarraigo total al que están siendo abocadas en desarrollo de la estratega militar que se está implementando y la propuesta de control social vinculada a proyectos económicos.

Bogotá, febrero 16 del 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ- - volver -

INFORME EJECUTIVO 15

Consejo Comunitario Jiguamiandó, familias de Curbaradó

URGENTE URGENTE DESAPARECIDO AFRODESCENDIENTE MIEMBRO DEL CONSEJO COMUNITARIO

Ayer miércoles 26 de febrero, a un día de celebrada la audiencia sobre medidas cautelares a favor de las Comunidades Afrodescendientes del Jiguamiandó y 9 comunidades desplazadas del Curbaradó, en el actual periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se produjo una nueva incursión de tipo paramilitar a uno de los lugares de refugio de esos pobladores, en Puerto Lleras.

1- Veinte civiles armados, vestidos de camuflado, ingresaron al lugar humanitario hacia las 16:00 horas y permanecieron allí durante dos horas y media. Los armados increparon a la comunidad, los amenazaron por no moverse al otro lado del río, saquearon algunos bienes esenciales en la alimentación como la sal, dejaron unas pocas libras para las familias y el resto anunciaron que las arrojarían al agua. Este apoyo alimentario fue donación de la comunidad internacional.

2- Los armados, algunos de los cuales, en el operativo del 5 de enero pasado llevaban insignias de la Brigada XVII, anunciaron que debían salir de su lugar de refugio, que iban a tomarse el camino a Guamal , a Murindó y el río Jiguamiandó

3- Los armados luego de reiterar las amenazas contra la población, se retiraron del lugar humanitario como a las 18:30 horas.

4- Al momento de escribir este informe, se desconoce el paradero de un afrodescendiente ANIBAL SALINAS quien se encontraba recogiendo leña en su finca cercana al caserío de Jarapetó, que queda a una hora caminando desde Puerto Lleras. ANIBAL regresaba a Puerto Lleras en su champa. La champa en la que se movilizaba fue encontrada volteada y sin leña. En este momento personas de nuestra Comisión y de un organismo Internacional de Derechos Humanos se encuentran buscándolo. Por haberse dado la entrada de los " civiles armados" en dirección del camino que viene de Jarapetó se cree que ANIBAL fue desaparecido.

5- Desde el 21 de febrero pasado se han producido sobrevuelos de aeronaves de la Brigada XVII sobre el territorio colectivo del Jiguamiandó pero se desconoce la existencia de combates y de confrontación a las bases paramilitares que se encuentran en Urada, en Pavarandó, finca La Secreta/ Mutatá, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Vigía del Fuerte, que continúan operando al lado de unidades militares y policiales

Reiteramos nuestras solicitudes planteadas en la Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de hace dos días, frente a la evidente negligencia, ausencia de respuesta de fondo en materia de PREVENCION, de JUSTICIA y de ATENCION HUMANITARIA.

De modo urgente, se requiera al gobierno de Colombia actuaciones e informes concretos de las medidas adoptadas para evitar daños irreparables y el desplazamiento definitivo de su territorio de las comunidades afrodescendientes, la atención inmediata de tipo humanitario, la presencia urgente de la Defensoría del Pueblo en el Territorio en un plazo no mayor de 24 horas, y su presencia en el territorio hasta tanto no cese la grave situación de amenaza , así como, la urgente presencia de delegados de gobierno de la Comisión Gubernamental de la Comisión Mixta de Seguimiento.

COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ- - volver -

URGENTE : INFORME EJECUTIVO 16

Consejo Comunitario Jiguamiandó, familias de Curbaradó

PERSISTE PRESION DE TIPO PARAMILITAR: AFRODESCENDIENTE DESAPARECIDO:

POSIBLE DESALOJO DEL TERRITORIO COLECTIVO: RETENIDA COMISION HUMANITARIA

El miércoles 26 de febrero, a un día de celebrada la audiencia sobre medidas cautelares a favor de las Comunidades Afrodescendientes del Jiguamiandó y 9 comunidades desplazadas del Curbaradó, en el actual periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se produjo una nueva incursión de tipo paramilitar a uno de los lugares de refugio de esos pobladores, en Puerto Lleras, en la que participaron aproximadamente 20 hombres armados vestidos de camuflado, alguno de los que incursionaron desde el 5 de enero, con los que iban vestidos de camuflado y con insignias de la Brigada XVII.

En la incursión al poblado de refugio de los habitantes de Puerto Lleras, los armados amenazaron que estarían en la zona "vamos a entrar a las otras comunidades", lanzaron amenazas contra los habitantes refugiados en la selva y a lo largo del río Jiguamiandó, explicitaron que iban "por esa guerrilla" refiriéndose a la Población civil de Pueblo Nuevo, "vamos a bajar hasta allá". Forzaron a la comunidad separando a los hombres a un lado y a las mujeres al otro, preguntaron por los documentos de identidad, amenazaron a la comunidad señalándola de guerrillera, mientras los pobladores afirmaban su condición de población civil.

En la nueva incursión de tipo paramilitar, además de las amenazas e intimidaciones fue detenido-desaparecido el afrodescendiente ANIBAL SALAS, quien aun se encuentra en esta condición. Miembros de la comunidad, entre ellos mujeres y niños, entre ellos delegados de la comunidad internacional de Canadá y misioneros integrantes de nuestra Comisión de JUSTICIA Y PAZ fueron retenidos por los paramilitares cuando buscaban a ANIBAL SALAS.

1. Jueves 27 a las 10:00 horas, 22 integrantes de la comunidad, una delegada de un organismo Internacional de Derechos Humanos del Canadá, dos integrantes misioneros de nuestra Comisión JUSTICIA Y PAZ, partieron buscando a ANIBAL en dirección del camino que viene de Jarapetó, donde se vio por ultima vez la pequeña embarcación de madera de ANIBAL.

2. A un kilómetro del lugar de refugio, después de cruzar al margen izquierdo del rió Jiguamiandó, en la finca "Vayan Viendo", en dirección del antiguo caserío de Puerto Lleras, a las 10:40, la comisión fue retenida por 18 hombres armados, vestidos de camuflado. Los "civiles" armados estaban dirigidos por un paramilitar a quien por radio llamaban H. 20, quien participó en la incursión en el día anterior.

La comunidad, la organización humanitaria internacional y nuestra Comisión, exigieron la entrega con vida de ANIBAL, los armados respondieron "lo tenemos, mi patrón que viene de Urada va a investigarlo, el está amarrado. no le hemos hecho nada, no le vamos a hacer nada, mi patrón que viene de URADA ahorita es el que quiere investigarlo. Lo detuvimos lejos, como a dos horas en el caño de Guamal, traía implementos de aseo ". Uno de los armados agrego: "a él lo llevaban esposado a un interrogatorio, por allá lejos, pidió permiso para hacer una necesidad, salió corriendo y entonces le dispararon, el murió, ellos saben que el que nada debe nada teme, por qué corren".

Hacia las 12:10 la comisión humanitaria pudo retirarse del lugar y logró regresar a Puerto Lleras.

3. A las 13:00 cuando los miembros de la comunidad, la organización internacional y nuestra Comisión JUSTICIA Y PAZ reiniciaron la búsqueda de ANIBAL, en la playa contigua al caserío se encontraron con los "civiles armados", vestidos de camuflado, a quienes les exigieron respetar la vida de ANIBAL. Minutos después el paramilitar, apodado H. 20, afirmo que ANIBAL había sido asesinado, y se retiran del lugar.

4. La comunidad y los acompañantes persisten en la búsqueda de ANIBAL, hasta el momento continua detenido-desaparecido, la población que se ha aglutinado en Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza y Puerto Lleras se encuentran algunos desplazados nuevamente, otros ante la presión militar encubierta están decidiendo desplazarse definitivamente.

Desde el inicio de la nueva ofensiva militar encubierta, el 5 de enero, en la que uniformados han participado como unidades de la Brigada XVII, al lado de civiles armados, vestidos de camuflado, y a pesar de la adopción de medidas cautelares, el Estado colombiano ha hecho caso omiso a dichas solicitudes, aun a pesar de la reciente Audiencia celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han presentado nuevos daños irreparables, que están a punto de producir el total desarraigo de la población de su territorio colectivo, pues las desapariciones, asesinatos e incursiones no cesan, se han incrementado, al tiempo que se desarrolla el proyecto de siembra de Palma Aceitera en el territorio colectivo del Curbarado amparado por acciones armadas de tipo paramilitar. De los hechos sucedidos el alto gobierno y las instituciones estatales han conocido de modo directo, a través de nuestra Constancias y Censuras Morales, se les ha requerido apremiantemente para que actúen evitando nuevos daños irreparables, eviten el desarraigo y la expulsión de la comunidad afrodescendiente de sus territorios titulados colectivamente, intervengan en el cese de la implementación ilegal de la Palma Aceitera y se han negado a actuar administrativa y preventivamente, disciplinaria y penalmente lo que los hace responsables por OMISION y COMISION POR OMISION.

Urge el apoyo de la comunidad internacional para que se evite la destrucción de esta comunidad afrodescendiente que afirma sus derechos territoriales y la vida integral con presencia humanitaria alimenticia, apoyos técnicos y de infraestructura de comunicaciones, observadores en terreno, seguimiento a la tramitación del caso en la Comisión Interamericana, cartas al Presidente de la República, exigiendo respeto a las propuestas humanitarias de la población y el cese a la implementaron del proyecto de Palma Aceitera, la presencia inmediata de la defensoría Nacional y Procuraduría General de la Nación, apoyo moral a la labor de defensa de los derechos humanos nacional e internacional en terreno.

Con profundo dolor e indignación ante la evidente erosión del Estado de Derecho,

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ - Bogotá, febrero 28 del 2003- - volver -

INFORME EJECUTIVO 14

Comunidad del Cacarica - Frontera Panamá

NUEVOS DESPLAZAMIENTOS ENTRE PANAMÁ-COLOMBIA Y COLOMBIA-PANAMA. NUEVAS EXIGENCIAS DE CONTROL DE TIPO PARAMILITAR A LA POBLACIÓN DEL CACARICA.

Desde hace seis años con el desarrollo de la Operación militar Génesis, entre el 24 y 27 de febrero de 1.997, al mando del General RITO ALEJO DEL RIO, comandante de la Brigada XVII, durante el periodo del Presidente ERNESTO SAMPER PIZANO, con unidades de "civiles" que participan en las estructuras militares encubiertas como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, bajo pretexto de una confrontación al Frente 57 de las FARC EP, se ha desatado una estrategia criminal que continúa extendiéndose, ampliándose, cualificándose generado el exterminio, la persecución de comunidades afrodescendientes, mestizas e indígenas.

Pasó el gobierno del P. ANDRES PASTRANA ARANGO, se inició el de ALVARO URIBE VELEZ y se percibe una línea de continuidad geométrica en relación con esta estrategia criminal. Ellos a pesar del conocimiento de las situaciones presentadas o de sus responsabilidades y posibilidades de actuación para evitar nuevos atentados a la vida, y a la integridad personal y de tomar las decisiones administrativas, no han querido actuar. El Bajo Atrato es casi un territorio desolado, el control militar paraestatal integral sobre la población es visible, hoy son cada vez menos quienes dentro de su territorio afirman su derecho a la vida y al territorio asumiendo su identidad como población civil. En el Cacarica se evidencian hoy los destrozos del formal Estado de derecho, la abdicación de las autoridades judiciales y de control, la ley del silencio ante el exterminio, las nuevas formas de esclavitud asociada a la imposición de proyectos agroindustriales ilegales en relación con la ley 70, ilegítimos en relación con los derechos de los empobrecido y de los excluidos por parte de empresas como Maderas del Darién, que usan el engaño para desolar de cativos los bosques de las comunidades afrodescendientes. Hoy el bloqueo armado genera la necesidad de ceder a las pretensiones de los desplazadores, anuncian e implementan el tiempo del progreso con la Palma Aceitera y la Coca.

1. Miércoles 12 de febrero, en el municipio de Riosucio, autoridades locales, entre ellos el Alcalde RICARDO VICTORIA, al preguntar por la situación del Cacarica, manifestó su extrañeza porque no se haya realizado la incursión paramilitar, anunciada para el mes de enero o febrero. La primera autoridad del municipio expresó que en el Cacarica la cosa iba a empeorar, que se iban a tomar medidas fuertes de control.

2. Domingo 16 de febrero, civiles "armados" que forman parte de la estrategia militar encubierta, reunieron en el municipio de Turbo a transportadores fluviales que prestan su servicio en la región del Cacarica. Allí, el coordinador de la reunión, un paramilitar apodado "El Paisa" les anunció que el impuesto que se cobra a los pobladores y transportadores se modificaría, tanto como el reporte a los puestos de control. El armado afirmó que hasta la fecha toda carga de bienes y de pasajeros debería presentarse a la Comandancia en la base de La Balsa, caserío del Territorio titulado colectivamente a los afrodescendientes del Cacarica, pues esta prohibido el ingreso por Puente América y El Cirilo, puntos de acceso a las zonas humanitarias.

3.Todas las embarcaciones tipo chalupa que llevan bienes y servicios a la cuenca del Cacarica han sido detenidas en los puesto de control de tipo paramilitar, exigiendo el recibo de pago y el nombre de los compradores.

4. Lunes 17 de febrero, en horas de la tarde, se realizó una segunda reunión, en esta ocasión con el comandante apodado "Mario", en el caserío La Balsa. Este armado que participó en las operaciones conjuntas con unidades militares de la Brigada XVII, desplegadas contra las comunidades del Cacarica en junio del 2001, anunció a los transportadores fluviales que se abría la circulación nuevamente por El Cirilo, que la cuota por el transporte de cada palo de madera, bulto de maíz era de $1.500 pesos (U.S $ 5), y el tope de transporte de mercados familiares de $40.000 pesos (U.S $ 15). Agrego en dicha reunión que de incumplirse las ordenes, los responsables del transporte y los beneficiarios se verían en problemas.

De acuerdo con la versiones recaudadas la base armada encubierta se mantiene en el sitio de La Balsa y en La Clarita, en donde aun se mantienen campamentos de la Empresa Maderas del Darién. Al mismo tiempo, se confirmó que a los pobladores de La Balsa se les han prohibido las salidas del lugar, en casos excepcionales, de autorizárseles una salida, deben regresar en menos de 24 horas, de lo contrario sufrirán las consecuencias. Allí mismo, los armados reiteraron la prohibición, que desde hace cerca de un año impusieron, de sosten