COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
año 2003 (Septiembre )
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INFORMES EJECUTIVOS COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ año 2003 (Septiembre ) |
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Septiembre 29 de 2003: Comisión Intereclesial Justicia y Paz: Ahora por rebelión: cuarta denuncia penal contra Justicia y Paz. Septiembre 27 de 2003: Meta: Continúa el exterminio de los campesinos del Ariari Septiembre 26 de 2003: Bajo Naya - Cajambre - Yurumanguí: Temor por artefacto no activado en el río Cajambre. Persisten efectos de operaciones aéreas sobre la población afrodescendiente. Septiembre 25 de 2003: Ariari (Meta): Amenazas e intimidaciones. Campaña paramilitar a favor del referendo. Septiembre 19 de 2003: Comunidades del Cacarica: Persisten operativos militares contra Cavida. Septiembre 18 de 2003: Ariari (Meta): Dos nuevos asesinatos en el Ariari. Septiembre 17 de 2003: Comunidades del Cacarica: Presión de milicianos en zona humanitaria "Nueva Vida" y de los militares en "Esperanza en Dios". Septiembre 12 de 2003: Comunidades del Cacarica: Desplazadas forzadamente familias del Cacarica. Operaciones militares generan condiciones de inviabilidad para la vida de la población. Septiembre 09 de 2003: Comisión Intereclesial Justicia y Paz: Informe Especial sobre el proceso de judicialización. Septiembre 06 de 2003: Comisión Intereclesial Justicia y Paz. ¡Urgente! Judicialización a Justicia y Paz. Informe preliminar. |
INFORME
EJECUTIVO 7
AHORA
POR REBELIÓN: CUARTA
DENUNCIA PENALCONTRA JUSTICIA Y PAZ
| Para qué sirve la sal si no está donde se cuecen las habas, en el puchero? De qué sirve “creer” que hay que denunciar la mentira, si luego nos callamos por miedo, porque no sabemos..., por lo que sea...., si no estamos donde se cuecen los problemas de los seres humanos, de los empobrecidos? | |
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Monseñor Oscar Romero |
En
desarrollo de la estrategia de control, de desestructuración y coptación de la
propuesta de los afrodescendientes del Cacarica agrupados en las Comunidades
Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA a través de la
deslegitimación mediática, de las operaciones militares de presión psicológica
a niñas y niños, jóvenes y mujeres, de la judicialización contra integrantes
de la población civil organizada en un Proyecto de Vida basado en el principio
de distinción y contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, se conoció una
nueva denuncia penal, instaurada el pasado 28 de agosto en Urabá, ahora por el
delito de rebelión.
El
20 de agosto, conocimos de la interposición de dos denuncias penales contra
miembros de CAVIDA y contra Justicia y Paz una en la Unidad Anticorrupción y
otra en la Unidad Antiterrorista de Bogotá en una reunión convocada por la
abogada JOHANNA CABEZA ARIAS en la Biblioteca Luis Ángel Arango de la capital
del país. Un día después, en horas de la mañana se realizó una rueda de
prensa en la sede del Ministerio de Defensa convocada por el General JORGE
ENRIQUE MORA RANGEL, en la que se hicieron falsas aseveraciones e imputaciones
contra nuestra comisión. Días más tarde se conoció un documento en lenguaje
propio de la inteligencia militar en el que se expresa que somos el brazo político
de las FARC EP, traficantes de drogas, que hemos planeado asesinatos e intentos
de asesinato en Turbo, hemos amenazado de muerte a los "testigos" que
aún no conocemos, que hemos logrado incidir sobre los organismos del Estado
para defender nuestros intereses sobre los recursos naturales y el territorio de
los afrodescendientes evitando el "progreso" de la región. Al mismo
tiempo, conocimos el borrador de una denuncia penal por los delitos de concierto
para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley FARC y
amenazas. Ahora conocemos la cuarta denuncia contra Justicia y Paz por el delito
de rebelión.
*
Lunes 15 de septiembre integrantes de nuestra Comisión Justicia y Paz se
presentaron a rendir una versión libre con presencia de uno de sus apoderados
sin lograr ser escuchados debido a que los procesos penales no se han
concentrado en una sola unidad.
*
Martes 23 de septiembre, hacia las 11:00 horas en la reunión de seguimiento a
la adopción de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, el pasado 8 de septiembre a favor de Justicia y Paz, en las
que son peticionarios la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo y Reiniciar, la delegada de la Fiscalía General
de la Nación informó que en la actualidad se encuentran en curso 2
investigaciones contra integrante de nuestra Comisión Justicia y Paz en el caso
del Cacarica, nombró la radicación en la Unidad de Derechos Humanos por
violación de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional, y la
recientemente interpuesta por el Delito de Rebelión.
Sin
embargo, nuestra Comisión conoce que son cuatro procesos los existentes:
1)
Delito Abuso de confianza, denuncia que fue radicada en Riosucio, interpuesta en
el 2002, la que no ha sido trasladada a Bogotá.
2)
Delito Violación de Derechos Humanos y DIH radicado 1701 Unidad de Derechos
Humanos Bogotá, interpuesta el 5 de mayo de 2003
3)
Delito Rebelión, radicado en el Despacho 41 de Urabá, interpuesta el 28 de
agosto de 2003
4)
Delito (sin precisar), al parecer, concierto para delinquir, conformación de
grupos al margen de la ley, amenazas, radicada en la Unidad Antiterrorista de
Bogotá, sería trasladada a la Unidad de Derechos Humanos.
En
la misma reunión, los peticionarios reiteraron que la adopción de las medidas
preventivas requeridas no son armadas. Las medidas preventivas se refieren a la
necesidad de que el Presidente Álvaro Uribe como comandante máximo de las
Fuerzas Militares o la Ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, como
superiores del General MORA RANGEL, rectifique o corrijan a través de los
mismos medios y procedimientos, las calumnias y los señalamientos contra
Justicia y Paz por su proceso de acompañamiento a las comunidades de CAVIDA en
el Cacarica.
*
Jueves 25 de septiembre, el Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca
citó a uno de los abogados de nuestra Comisión para notificarle que se
ha abierto proceso disciplinario en su contra.
La querellante o quejosa es una juez penal militar de la XVII Brigada del
Ejercito, quien en investigación penal preliminar en la jurisdicción militar
iniciada por una Constancia Histórica realizada por hechos ocurridos en San José
de Apartadó ordena llamar a declara al secretario ejecutivo de Justicia y Paz;
ante la solicitud, la Comisión dirige un escrito explicando las razones jurídicas,
políticas y éticas por la cual se considera la Justicia Penal Militar como una
jurisdicción parcializada y nada independiente, constituyéndose en un recurso
más de impunidad. En el auto de
fondo que resuelve sobre la participación de militares en graves violaciones a
los derechos humanos, decide proferir auto inhibitoria, absteniéndose de abrir
investigación contra los miembros de la XVII Brigada y en el mismo fallo ordena
compulsar copia al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue
disciplinariamente al abogado de la Comisión por haber irrespetado a la
Justicia Penal Militar.
“Del
escrito remitido por el abogado Asesor de la mencionada ONG, se desprende una
total falta de respeto y acatamiento al Juzgado, arbitrariamente y sin
consideración a los parámetros legales dice solo se niegan a concurrir a los
estrados judiciales Militares, tildando a esta Institución de parcializada,
inoperante, ineficaz y prevaricadora. Dichas
afirmaciones realizadas por el abogado son ante todo desbordadas de la ética y
profesionalismo que debe reinar en un profesional del Derecho.
La Justicia Penal Militar, es un ente administrador de justicia
legalmente constituido, con los poderes y facultades de cualquier otro
administrador de justicia, razón por la cual los abogados deben referirse a
esta en tonos cordiales, considerados y respetuosos”.
*
Sábado 27 de septiembre, habitantes de Riosucio han presentado quejas ante la
Defensoría del Pueblo en Apartadó en los que se denuncia a Justicia y Paz por
violación de los Derechos Humanos.
Pobladores
de Turbo han presionado, a familiares de la Asociación de Familiares de las Víctimas
de Riosucio, Clamores, conformada en su mayoría por viudas, y a integrantes de
CAVIDA que han estado en este municipio adquiriendo bienes de supervivencia,
para declarar contra Justicia y Paz.
Nuestro
derecho a la defensa de los derechos humanos, a la promoción y a la defensa de
los derechos de los afrodescendientes con el acompañamiento integral a las
familias que han decidido afirmar sus derechos a la Vida y al Territorio sin
hacer parte de los actores de la guerra militar continúa siendo judicializado.
Los
procedimientos, la sustentación de la pruebas en sana crítica se caerán de su
peso. El principio de imparcialidad y de un juicio justo, y del derecho a la
defensa están en cuestionamiento.
Por
qué los militares en desarrollo de sus actuaciones armadas en el Cacarica
anuncian que esperan las órdenes de captura con tanta anticipación?
Por
qué y qué saben de los procesos judiciales, por qué dan a conocer los nombres
de los posibles judicializados de CAVIDA y de Justicia y Paz, cuándo aún no ha
sido ni siquiera posible acceder a la defensa a los mismos procesos?
Por
qué se continúa presionando, se ofrecen recursos económicos en Turbo y en
Riosucio a personas para que declaren contra Justicia y Paz?
Por
qué unidades militares han ofrecido recursos a pobladores del Cacarica para ser
parte de la red de cooperantes, de la red de informantes o eventualmente ser
testigos contra CAVIDA y contra Justicia y Paz?
Cómo
es posible asumir la defensa en los municipios de Turbo (Antioquia) y de
Riosucio (Chocó) cuándo los mismas estructuras armadas encubiertas
paramilitares ejercen un control sobre la vida de los municipios, al lado de
autoridades civiles y militares?
Mientras
se logra probar la inocencia - por qué la culpabilidad no existe y no puede
ser probada por que no es verdad - de los integrantes de CAVIDA y de
Justicia y Paz, no lograrán acaso intentar terminar la explotación de las últimas
manchas de cativo en el Cacarica e implementar la siembra de palma aceitera -
propuesta agroindustrial para los futuros paramilitares desmovilizados y
mecanismo de reconciliación-, asegurando la impunidad, el silencio frente a las
violaciones de derechos humanos y derecho humanitario.
Las
presiones que se ejercen sobre los afrodescendientes, los modos como se buscan
testigos, nos hablan de un montaje que quiere controlar y destruir uno de los
pocos procesos comunitarios que en la región del bajo Atrato, exigen justicia
frente a la operación "Génesis" y los 85 crímenes y violaciones de
los derechos humanos, que comprometen la responsabilidad del Estado, en el 95%
de los casos, en particular de la Brigada XVII al mando del General RITO ALEJO
DEL RIO.
Es
evidente que el ejercicio del derecho en defensa del Territorio frente
aprovechamientos forestales desarrollados por empresas privadas madereras de
gran poder han afectado sus intereses económico. La negativa de los miembros de
CAVIDA a sembrar la palma aceitera y la coca promocionada a través de la
estrategia paramilitar ha encontrado un obstáculo en la estrategia de control
social y militar. La exigencia de justicia y por tanto, la negativa al perdón y
al olvido a través de propuestas de alternatividad penal, es una razón para
que este proceso de CAVIDA sea controlado, silenciado y sus acompañantes
nacionales deslegitimados, encarcelados y expulsados de la región.
De
las amenazas de muerte, de los señalamientos se ha pasado al uso de las
herramientas legales para sostener la ilegalidad. El derecho construido para
defender y limitar los abusos del poder, se usa para judicializar a los
empobrecidos que ejercen su derecho sin el uso de la violencia a la defensa de
la vida y del Territorio. Desde 1.997 hasta hoy los mecanismos de intentos de
control y de limitación a nuestro derecho legítimo a defender los derechos
humanos se han cualificado. El allanamiento a Justicia y Paz (mayo 1.998)
dirigido por el General Rito Alejo del Río, trasladado de Urabá a Bogotá; el
intento de divulgación de Informes de Inteligencia elaborados en la Brigada
XVII a través de la Revista Semana (marzo 1.999); amenazas y el exilio de los
asesores técnicos de vivienda como el caso de Iván Almarales (abril 1.999),
las amenazas y seguimientos a miembros del equipo misionero de Turbo y de Bogotá
(abril 1.999), denuncias por injuria y calumnia presentadas por los Comandantes
de la XVII Brigada el Brigadier general Martín Orlando Carreño (septiembre
1999): propuestas de concertación de espaldas al Derecho a Justicia y Paz
llegaron tres representantes de la empresa Maderas del Darién para desmentir
las denuncias formuladas por las comunidades del Cacarica relativas a la
explotación ilegal e irracional de madera en los territorios titulados y
solicitarnos incidir en la comunidad para aceptar sus propuestas sociales. Días
después, los cuatro miembros de Justicia y Paz que participaron en esa reunión
fueron convocados a una reunión por el jefe paramilitar de la región de Urabá.
Justicia y Paz se negó a dialogar por razones de orden jurídico, ético y práctico
(octubre de 1.999): demanda por calumnia del Brigadier general Carlos Enrique
Vargas Forero (febrero de 2000); ). Seguimientos y amenazas de muerte con
sufragios (2002) Campaña de desprestigio en la prensa local y regional del Urabá
y del Chocó (mayo del 2003)
No
solamente se ha generado un profundo daño moral ante la sociedad. Los señalamientos
en el escenario mediático y social colocan en alto riesgo la vida e integridad
personal de los integrantes de Justicia y Paz, como el acompañamiento
humanitario internacional.
Bogotá,
D.C. septiembre 29 de 2003 - COMISION
INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ -volver-
INFORME EJECUTIVO 22: META
CONTINUA
EL EXTERMINIO DE LOS CAMPESINOS DEL ARIARI
| Solo curan por encima la herida de la hija de mi pueblo diciendo: ¨!Paz, Paz!¨ Siendo que no hay paz. Deberían avergonzarse de sus actos abominables, pero ya no conocen la vergüenza ni se ponen rojos. Esperábamos la paz, y ninguna cosa buena ha llegado, ni el tiempo de la curación, solo se presenta el miedo. Jeremías 8,11. |
Gota
a gota, uno a uno, persona por persona, campesino por campesino, no cesa la
persecución, el exterminio de pobladores del Ariari en desarrollo de una
estrategia militar encubierta de tipo paramilitar. Así como desde las
estrategias armadas se niega la existencia del principio de distinción
permanentemente, se rompen las fronteras entre combatientes y no combatientes
constantemente, la unidad de acción, la no distinción, la no diferenciación
entre las acciones estatales y paraestatales se perpetúa desde hace 16 meses.
Desde
enero del 2001 se ha desatado una estrategia militar que combina acciones
regulares e irregulares que han convertido como blanco militar a los pobladores
civiles, objeto de violaciones de sus derechos. Ninguna acción de solidaridad o
humanitaria ni jurídica han permitido evitar la repetición de los asesinatos,
las desapariciones forzosas, el desplazamiento forzoso. Por el contrario, las
estructuras armadas se han fortalecido, se han consolidado.
Bajo
el pretexto de la confrontación a la guerrilla de las FARC EP, de la política
de recuperación territorial, se ha consolidado la estrategia de control político,
social y de
represión paramilitar en los cascos urbanos y en los corregimientos con
violaciones de derechos humanos.
º
Domingo 21 de septiembre durante el día, unidades de "civiles"
armados de la estrategia paramilitar vestidos de civil y con armas controlaron
durante todo el día el movimiento de los pobladores que se abastecían de
bienes
necesarios para su supervivencia en Puerto Esperanza.
º
Lunes 22 de septiembre desde tempranas horas de la mañana, en el camino que
conduce de Puerto Esperanza a la vereda de Los Alpes, los
paramilitares instalaron un retén de control de personas y de bienes,
amenazando e intimidando a los pobladores, acusándolos de ser
"auxiliadores de la guerrilla". A muchos pobladores les saqueron sus
alimentos, a otros les impidieron llevarlos, y les recordaron que la cuota de
alimentación era limitada.
Hacia
las 15:00 un grupo de campesinos que se dirigía hacia la vereda de Los Alpes
fue retenido por los "civiles" armados, a algunos les retuvieron los
alimentos, los amenazaron de muerte, los intimidaron y los acusaron de ser
"cómplices de la guerrilla". Luego de varios minutos, les dieron la
orden de seguir con excepción del campesino DAVID CUTIVA ORTIZ, 29 años de
edad, a quién acusaron de ser "auxiliador de la guerrilla". A DAVID
lo retuvieron, y mientras lo acusaban, insistían en que sus vecinos debían
seguir.
º
Martes 23 de septiembre hacia las 6:00 hora local, en el sitio conocido como Los
Corrales, jurisdicción de Puerto Esperanza, la esposa de DAVID encontró su
cuerpo sin vida con un tiro en la cabeza.
º
Jueves 25 de septiembre hacia las 8:00 horas, al parecer dos miembros de la
guerrilla de la FARC EP a la altura de la planta de basuras, ubicada en la
carretera que conduce de Medellín del Ariari al casco urbano del municipio de
El Castillo obligaron a detenerse a un vehículo de servicio público, lo
atravesaron en la carretera bloqueándola.
Quince
minutos después los "civiles" armados de la estrategia paramilitar
que se encontraban en el casco urbano se ubicaron a la entrada del casco urbano
de Medellín del Ariari, otro grupo de hombres vestidos de camuflado y con armas
largas se trasladó a las afueras del poblado. Minutos después varios camiones
con paramilitares ingresaron al casco urbano por la carretera que viene de
Puerto Esperanza y de Villavicencio.
Hacia
las 9:35 horas aproximadamente ingresaron al casco urbano más de 50 unidades de
policía que se distribuyeron en el pueblo de Medellín del Ariari, al tiempo
que los paramilitares permanecían en él mismo. Testigos observaron como
dialogaron y se redistribuyeron las posiciones. Los paramilitares salieron a las
afueras del pueblo aproximadamente a unos 10 minutos mientras la policía rodeo
el pueblo dentro del casco urbano.
El
asesinato de DAVID, ilustra la sistematicidad, por el modo de operación y la
intencionalidad con que se perpetúan los crímenes a través de estrategias
encubiertas frente a las cuales no hay actuación judicial tendiente a
esclarecer y a evitar la repetición de daños irreparables. La
permanente consumación de atentados contra los campesinos en centros o
cascos urbanos en los que se han consolidado la presencia de unidades de
"civiles" armados dentro de la estrategia militar encubierta ha sido
posible por la OMISION, la COMPLICIDAD, la AQUIESCENCIA y la TOLERANCIA de
unidades militares adscritas al Batallón 21 Vargas.
Las
acciones guerrilleras de las FARC EP fueron respondidas en este caso en una
manifiesta unidad de acción ya no solo entre unidades militares y paramilitares
sino entre unidades policiales y paramilitares. Aunque evidentemente el Estado
tiene el deber de responder a las acciones ilegales de los rebeldes, no todos
los medios son válidos sino que deben enmarcarse dentro de los parámetros del
Estado de Derecho. La respuesta a la acción de la guerra de guerrillas
demuestra que existe un ligazón entre las actuaciones estatales y las
paraestatales, la que se deslegitima, mucho más cuando las expresiones
encubiertas han atentado contra pobladores civiles.
| Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida... lágrimas son mi pan noche y día... Yo me acuerdo y mi alma dentro de mí se muere por tanto dolor... Mi alma está deprimida... Hazme justicia y defiende mi causa del hombre sin piedad; de la gente tramposa y depravada líbrame, tú, Señor. Si tú eres, oh mi Dios, mi fortaleza, ¿Por qué me desamparas? ¿Por qué tengo que andar tan afligido por la opresión de los poderosos?... Confía en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Liberador. | |
*
Viernes 29 de agosto, a las 9:00 horas; el sábado 30 de agosto a las 12:00
horas; el domingo 31 de agosto a
las 6:00 horas se han producido nuevos
sobrevuelos que por las acciones presentadas el 25 de agosto han generado
zozobra y desplazamientos temporales de los afrodescendientes ante el temor de
ser afectados por nuevos ametrallamientos y bombardeos.
En
medio de la tensión psicológica falleció la Señora POLICARPA CAICEDO, la
cual se desempeñaba como madre comunitaria. De acuerdo con las últimas versiones del río Cajambre se han
desplazado 20 familias hacia la parte baja (las bocanas)
Las
comunidades afrodescendientes requieren que una comisión con delegados
nacionales e internacionales que se traslade a la zona con el objetivo de
verificar los efectos de la actuación militar y los posibles daños que se
puedan producir por el artefacto que no explotó.
Los
afrocolombianos reiteran la necesidad de apoyo de la comunidad nacional e
internacional a su propuesta como población civil de defensa de la Vida y del
Territorio en la que ejercer el derecho a no ser involucrados en la guerra y que
se les respete el principio de distinción que contempla el Derecho Humanitario.
INFORME
EJECUTIVO 21
Amenazas
e Intimidaciones
En
desarrollo de la estrategia de control militar, social y político en la región
del Ariari a través de las estructuras armadas encubiertas que se han
consolidado debido a la omisión, a la tolerancia y a la complicidad del Batallón
21 Vargas, los campesinos en medio de la persecución, del asesinato de líderes,
del control de las actividades comunitarias han sido objeto de nuevas amenazas
de muerte, intimidaciones.
Luego
de una serie de confrontaciones armadas entre las Fuerzas Militares con apoyo de
“civiles” armados de la estrategia paramilitar y la guerrilla de las FARC
EP, los paramilitares han iniciado una ofensiva de presión militar electoral.
°
Sábado 20 de Septiembre de 2003 a las 14:00
horas, “civiles armados”
de la estrategia militar encubierta, obligaron a los pobladores de Medellín del
Ariari, municipio de El Castillo, departamento del Meta, dirigirse al Coliseo
Comunal a una reunión.
El
reconocido Paramilitar llamado
“Camilo” expresó que todos los
de la comunidad están obligados a
votar a favor del referendo, el próximo 26 de octubre,
“quiénes no voten, serán mirados como “guerrilleros” o
“auxiliadores de la guerrilla” (...) “todos los candidatos al
consejo y la alcaldía están actuando bajo
mi directriz (...) hemos logrado desterrar a la guerrilla, tenemos en lista a 5
más por ser “auxiliadores de la guerrilla”, les damos una semana a esas
personas para salir, tenemos a cuatro ya plenamente identificados como
auxiliadores, falta uno por investigar”.
Luego
de más de una hora de reunión los “civiles” armados dieron por terminada
la reunión y continuaron sus acciones de control en el casco urbano.
Durante
los últimos días los paramilitares, “civiles” armados, algunas veces
vestidos de camuflado han
participado en las campañas electorales de algunos de los candidatos.
Hace
dos meses los “civiles armados” amenazaron a una candidata al consejo
municipal del Castillo, obligándola a abandonar la región. En algunas
reuniones de campañas electorales estos “civiles” han participado de ellas,
con la anuencia de los candidatos.
Al
final todo permite deducir que lo que acontece en los últimos 16 meses en el
Ariari sin la complicidad estructurante de las Fuerzas Armadas. En Medellín del
Ariari los “civiles” armados dentro de la estrategia militar encubierta son
la autoridad real ante una población indefensa que es testiga muda, por el
terror, de una acción conjunta y combinada con unidades regulares.
Nadie
puede comprender como la Política de seguridad “democrática” desarrollada
tan intensivamente en la región del Ariari
no logra afectar las estructuras encubiertas paramilitares, tanto como, las
omisiones y las complicidades de agentes estatales no logran ser
afectadas por dichas medidas.
Es
evidente que el blanco de las
actuaciones regulares e irregulares ha sido la población
civil, a quien se le ha negado el derecho a la libertad de expresión, a
la libertad de asociación, a la libertad de pensamiento
y a la libertad de elección y por supuesto el de la vida y la libertad.
Las
nuevas formas de crematorio están a la vista, la impunidad es el calor que las
consolida ... el control social y la obligación a ser de un modo de existir, de
ser y de “democracia” es la negación de la dignidad
Todo parece justificarse porque la seguridad no tiene límites, porque la guerra a las guerrillas es la guerra a la población.
Bogotá,
D.C septiembre 25 de 2003 - COMISIÓN
INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ-volver-
INFORME
EJECUTIVO 31 - CACARICA
PERSISTEN
OPERATIVOS MILITARES CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL DE CAVIDA
INFORME
EJECUTIVO 20 - Ariari
(Meta)
DOS
NUEVOS ASESINATOS EN EL ARIARI
A
través de las estructuras militares encubiertas se han producido dos nuevos
asesinatos que expresan la sistematicidad y la nueva etapa de genocidio que se
experimenta en el departamento del Meta, luego del cese del proceso de diálogo
entre el Estado colombiano y las FARC EP a comienzos del 2.002.
Después
del asesinato de REYNALDO PERDOMO y PEDRO TORRES, hace menos de tres semanas, se
tiene conocimiento de nuevos asesinatos contra pobladores del Ariari. Nuevamente
la Población Civil del Alto Ariari es víctima de graves agresiones a la vida e
integridad personal, a la posibilidad de defensa de su territorio, la población
civil del Alto Ariari continúa siendo señalada y estigmatizada en medio del
desarrollo de acciones militares contrainsurgentes o contraguerrilleras dentro
de la estrategia militar regular e irregular del Estado. La vereda de Malavar ha
sido escenario de múltiples hechos de violaciones a los derechos humanos dentro
de estas acciones militares que se desarrollan en la zona desde hace más de un
año, bajo pretexto de señalar a sus pobladores de “guerrilleros” o
“auxiliadores de la guerrilla”. Nadie puede ocultar la presencia en esta
zona de la guerrilla, pero no se puede justificar con ello las agresiones a la
población civil e invisibilizar el derecho de distinción de la población
civil.
*
Sábado 30 de agosto, fue asesinado ELIAS FAJARDO, presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda Malavar. Hacia las 21:00 horas un grupo de
“civiles” armados de la estrategia paramilitar llegaron a la casa de ELIAS,
en la vereda Malavar ubicada entre Medellín del Ariari y El Castillo. Los
“civiles” armados tocaron a la puerta y al salir ELIAS lo llevaron hasta el
patio continuo a la casa donde le propinaron tres impactos de bala en la cabeza.
Los
vecinos de ELIAS, al escuchar los disparos, salieron de sus casas corriendo
hacia el monte buscando refugio, temiendo que les sucediera lo mismo. Todos
pasaron la noche fuera de sus viviendas.
Los
pobladores de esta vereda han sido amenazados y atemorizados por el paso de
“civiles” armados de la estrategia paramilitar con el patrullaje constante
en motocicletas durante la noche.
*
Domingo 31 de agosto, hacia las 6:30 horas, un número aproximado de 20 unidades
militares, provenientes de Medellín del Ariari en un camión que transporta
cilindros de gas, llegaron a la casa de ELIAS preguntando “¿Dónde está
la guerrilla?... escuchamos unos disparos y venimos a buscar a la guerrilla”.
Uno de los militares expresó: “A ese señor lo mataron por hospedar a la
guerrilla el día del atentado -refiriéndose a un explosivo detonado el
jueves 28 de septiembre en un poste de luz del municipio de El Castillo-. Las
unidades militares estuvieron en el sitio por varios minutos y posteriormente se
retiraron.
El
cuerpo de ELIAS permaneció tendido en el patio de la casa hasta las 11:00
horas, cuando los familiares tomaron la decisión de llevarlo hasta el municipio
de El Castillo, por la ausencia de disposición de las autoridades encargadas de
realizar el levantamiento.
*
Sábado 30 de agosto, hacia las 16:00 horas fue asesinado RAMON DELGADO, de
aproximadamente 80 años de edad, en la vereda Caño Claro sobre el río Caño
Embarrado, por “civiles” armados de la estrategia paramilitar.
Don
RAMON se dirigió hacia el medio día con dos nietos (menores de edad) hasta el
casco urbano de Medellín del Ariari. Antes de salir de Medellín del Ariari, un
grupo de “civiles” armados de la estrategia paramilitar se le acercaron a
RAMON y a sus dos nietos, los requisaron, lo insultaron y luego los dejaron ir.
Hacia
las 16:00 horas, los “civiles” armados de la estrategia paramilitar llegaron
a la casa de RAMON en la vereda Caño Claro y lo asesinaron.
*
Miércoles 3 de septiembre, un grupo de “civiles” armados de la estrategia
paramilitar, llegaron a la finca de RAMON DELGADO y robaron todo el ganado que
allí se encontraba. Los “civiles” armados se dirigieron junto con el ganado
hurtado hacia el municipio de El Dorado, pasando por Medellín del Ariari.
*
El domingo 21 de septiembre, en horas de la mañana, un grupo de “civiles”
armados de la estrategia paramilitar obligaron a los pobladores de Medellín del
Ariari a participar de una reunión citada por ellos. En dicha reunión los
“civiles” armados, entre otras cosas, le dijeron a la población: “...
voten por el referendo sino son de la guerrilla y por lo tanto no
respondemos por la vida de ustedes... voten por el referendo ... tenemos una
lista de cinco persona que son auxiliadoras de la guerrilla, si no salen en una
semana de aquí, no respondemos por sus vidas ... voten por el referendo.”
Bogotá, D.C Septiembre 18 del 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ -volver-
INFORME
EJECUTIVO 30 - CACARICA
PRESION
DE MILICIANOS EN ZONA HUMANITARIA “NUEVA VIDA” Y DE LOS MILITARES EN
“ESPERANZA EN DIOS”
INFORME EJECUTIVO 29: COMUNIDADES DEL CACARICA
DESPLAZADAS
FORZADAMENTE FAMILIAS DEL CACARICA
Operaciones
militares generan condiciones de inviabilidad para la vida de la población.
|
¡Ay
de aquellos que maquinan injusticias, y preparan el mal en sus lechos!:
Los llevan a cabo en cuanto despunta la mañana, porque tienen la fuerza
en sus manos. Codician campos y los roban, casas y las usurpan; hacen
violencia al hombre y a toda su familia. “¡No
profeticéis, dicen ellos, no profeticéis tales cosas: el oprobio no
nos alcanzará!” Más
ellos están contra mi pueblo, dice Dios, como enemigos los habéis
levantado; públicamente arrancáis el manto a los que caminan
confiados, y los tratáis como enemigos de guerra. A
las mujeres de mi pueblo expulsáis de las casas de sus alegrías; y
quitáis para siempre a sus hijos el honor que yo les he dado. Levantaos,
pues, marchad, no es éste un lugar de reposo. Palabra de Dios en el profeta Miqueas |
Durante
los últimos 20 días, 15 familias de la Cuenca del Cacarica se han desplazado
forzadamente de la Zona Humanitaria “Esperanza en Dios”. Hoy, 12 de
septiembre, a eso de las 6:30 de la mañana 60 adultos, 9 patriarcas y
matriarcas y 90 niños iniciaron su desplazamiento forzoso de la Zona
Humanitaria “Esperanza en Dios”.
Hoy
ante un casi total estado de vulnerabilidad de la población civil frente a las
operaciones militares que en los últimos 15 días han estado desarrollándose
con sobrevuelos, con los anuncios de que dentro se encuentran caletas de armas,
con las falsas aseveraciones que en los alrededores se encuentran campos
minados, con las calumnias expresadas mediáticamente que allí existe un campo
de concentración de las FARC, ante las preguntas permanentes por los nombres de
los Coordinadores de CAVIDA, los acompañantes de Justicia y Paz, los
afrodescendientes se vieron obligados a desplazarse de su lugar humanitario.
Durante
este último período desde la rueda de prensa convocada por el General JORGE
ENRIQUE MORA RANGEL, el pasado 21 de agosto y las actuaciones de las unidades
militares de la Brigada XVII en las Zona Humanitaria “Esperanza en Dios”, en
las que se expresa una profunda animadversión frente a la decisión de los
pobladores de ejercer el principio de distinción que contempla el Derecho
Internacional Humanitario, se anuncia que se esperaran las órdenes de captura
contra varios de sus habitantes, pertenecientes a las Comunidades
Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA y de integrantes de
Justicia y Paz, y se insiste en afirmar falsamente que allí se encuentran
caletas de armas y que el entorno está minado, la mayoría de la comunidad se
ha visto obligada a desplazarse.
En
los últimos 21 días, la Defensoría del Pueblo verificó casa por casa, así
como, todas las locaciones comunitarias, el entorno de la Zona Humanitaria para
desvirtuar la existencia de armas, de caletas o de minas quiebrapatas. Pero
desde hace cerca de una semana la Defensoría del Pueblo no se encuentra en
lugar.
CAVIDA
conoció que ante la necesidad de un respaldo institucional gubernamental de la
Vice Presidencia de la República la presencia no armada del Estado carece de un
soporte fundamental.
Desde
el 13 de mayo, las operaciones de la Brigada XVII han combinado acciones de
control social con las amenazas, las persecuciones, los señalamientos, las
intimidaciones, la destrucción de productos de pan coger, centrados sobre niñas
y jóvenes.
Hoy,
después de dos años y siete meses de haber concluido el retorno a los
asentamientos “Nueva Vida” y “Esperanza en Dios”, desde junio de 2001,
llamadas Zonas Humanitarias con Mallas de la Vida, recurso simbólico para
mostrar su distinción como población civil en un territorio específico y al
que solo ingresan sus asociados, que asumen un proyecto de vida en defensa de la
Vida y del Territorio .
Han
quedado abandonados bienes esenciales de sobrevivencia, cosechas, la emisora
comunitaria, las casas de visitas, animales, casa culturales y de mujeres, ollas
e implementos de uso doméstico.
Las
operaciones militares no se han desplegado desde el 13 de mayo contra la
guerrilla de las FARC EP, no se conoce de combates o enfrentamientos, nunca
ocurrió sobre la base paramilitar de La Balsa ubicado a menos de dos horas y
media de la Zona Humanitaria, la que al parecer ha sido desmontada
temporalmente.
Las
comunidades de CAVIDA nunca han negado al Estado ejercer el derecho de la fuerza
y el uso legítimo de la misma, pero sus modos de actuación con la población
han pretendido desestructurar el derecho a la asociación, el ejercicio del
principio de distinción.
La
comunidad de CAVIDA no quiere convertirse en escudo humano ante la eventualidad
de una confrontación militar, debido a la cercanía de las unidades militares
en sus casas, lugares de trabajo familiar y comunitarios. Presencia que desde el
13 de mayo altera el normal desarrollo de la vida de la comunidad y pone en
grave riesgo a la población civil de CAVIDA.
La
judicialización anunciada contra CAVIDA, la existente contra Justicia y Paz con
el radicado 170, la ambientación mediática a través de graves afirmaciones
contra el proceso colectivo de CAVIDA y el ejercicio legítimo de la defensa de
los derechos humanos a través del acompañamiento a una propuesta basada en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la ley 70 de comunidades
afrodescendientes en defensa de la Vida y del Territorio ha sido profundamente
cuestionada y puesta en alto riesgo.
Hoy
ante el desplazamiento forzoso que se ha generado por el desarrollo de la políticas
de “Seguridad Democrática” urge la presencia humanitaria de organismos internacionales
humanitarios de derechos humanos en el área psicosocial, que avalúen junto con
las familias de CAVIDA los efectos de las operaciones militares, den a conocer
sus resultado al alto gobierno y a la comunidad internacional.
Urge
la presencia de funcionarios de Vicepresidencia de la República en el terreno
y la convocatoria
extraordinaria de los demás integrantes de la Comisión Mixta de Verificación
para que verifiquen la situación de las zonas humanitarias y definan las
actuaciones urgentes que deben desarrollarse para dar pleno cumplimiento a los
Principios Rectores Deng, y a las medidas cautelares de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Urge la presencia permanente en la Zona Humanitaria “Nueva Vida” de la Defensoría Nacional del Pueblo, como organismo de control velador del respeto por los derechos humanos.
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¿Hasta
cuándo, Señor, te pediré socorro sin que tú me hagas caso, y te
denunciaré que hay violencia sin que tú me libres? ¿Por qué me
obligas a ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Sólo
observo robos y atropello y no hay más que reyertas y altercados. La
Ley, prácticamente, ya no existe, nadie se comporta como es debido. Como
los malvados tienen atemorizados a los buenos, el derecho aparece más
torcido que nunca.(…) ¡Ay de aquel que amontona sin parar las cosas
que son de otros y se llena de prendas empeñadas! Porque tú, opresor,
les has robado a un sinnúmero
de pueblos, asesinado a su gente, arrasado el territorio, sus ciudades y
habitantes, todos los demás países te despojarán a ti. Ay del que
construye una ciudad en base a sangre y funda un pueblo con medios
injustos. LECTURA
TOMADA DE LAS PROFECÍAS DE HABACUQ
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Bogotá,
D.C, 12 de septiembre de 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
INFORME EJECUTIVO ESPECIAL: JUSTICIA Y PAZ: Septiembre 09 de 2003.
En
el Día Nacional de los Derechos Humanos... El tiempo de las tinieblas
LA JUDICIALIZACION DE JUSTICIA Y PAZ Y DE CAVIDA - LA AMBIENTACION MEDIATICA
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INFORME EJECUTIVO No 5 : Justicia y Paz
¡URGENTE!: JUDICIALIZACIÓN A JUSTICIA Y PAZ
Informe Preliminar
Hemos tenido conocimiento de una fuente de la misma Fiscalía General de la Nación, de la realización de un operativo militar a La Balsa para capturar paramilitares y al mismo tiempo a miembros de las FARC EP, los alias de algunos de ellos son los integrantes de nuestra Comisión Justicia y Paz.
Conocemos un escrito, sin fecha, al parecer presentado como denuncia penal por un supuesto testigo a la "Fiscalía General de la Nación. Unidad Especializada. Bogotá", y distribuido con anterioridad a la rueda de prensa del 21 de agosto del presente año, donde se denuncia a miembros de la comunidad del Cacarica y a los miembros de la Comisión de Justicia y Paz: "DANILO RUEDA, AVILIO PEÑA, ANA MARIA, ENRIQUE CHIMONJA y DANIEL VASQUEZ –sacerdote- (...) miembros activos de la ONG "Comisión de Justicia y Paz", por los delitos de conformación, colaboración, y promoción de grupos al margen de la Ley (FARC), concierto para delinquir y amenazas".
El denunciante expresa entre las motivaciones para su declaración la necesidad de recursos económicos, por lo que habló con un oficial de la Brigada XVII con sede en Carepa (Antioquia) para rendir su declaración. Se habla de tres testigos más que van a declarar o han declarado contra nuestra Comisión y que afirman que han sido amenazados por las FARC y Justicia y Paz, además de decir que sufrieron un atentado contra su vida en Turbo ordenado por nuestra Comisión.
Nosotras y nosotros, religiosas y religiosos de la iglesia Católica, de otras Iglesias y misioneros laicos, damos fe, somos testigos, que ninguno de los miembros de nuestra Comisión Justicia y Paz tiene vínculos con la guerrilla o son guerrilleros o se ha prestado para favorecerlos militarmente.
Nuestra Comisión de Justicia y Paz asevera que desde el 13 de mayo del presente año, la operación militar de la Brigada XVII del ejército, además de ser una operación psicológica de terror, se ha dirigido contra la zona humanitaria de Esperanza en Dios anunciando la judicialización, incluso antes que exista la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa, lo que resta credibilidad a un juicio justo e imparcial.
Nuestra Comisión Justicia y Paz expresa su Censura Moral ante la presión y las dádivas que se están ofreciendo a pobladores de Turbo, Riosucio y del Cacarica para que declaren judicialmente contra nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Nuestras solicitudes son:
- Exigir al estado colombiano que se proteja y garantice el trabajo de la Comisión Justicia y Paz, en la defensa de los derechos humanos, y para ello debe realizar lo siguiente:
- Se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad física y libertad de los miembros de la Comisión Justicia y Paz y para ello se tomen por lo menos las siguientes medidas:
- Que se garantice plenamente el trabajo de acompañamiento que organizaciones internacionales y humanitarias desarrollan en la región.
Presentamos la carta elaborada por Javier Giraldo M., S. J., Daniel Vásquez O., C. M..
Carlos Julio Rozo R., C. M. F., Carolina Pardo, O. S. F., dirigida a las congregaciones de la Vida Religiosa en Colombia.
Bogotá, DC., 6 de septiembre del 2003 - Comisión Intereclesial de Justicia y Paaz-volver-
| Bogotá, septiembre
9 de 2003 A todas y todos en el mundo de los Derechos Humanos De : Representantes legales de Justicia y Paz Hermanas y hermanos en el seguimiento del Señor Jesús: En los últimos días los medios masivos de información han difundido ampliamente acusaciones en contra de JUSTICIA Y PAZ, como organización no gubernamental, acusándola de "apropiación de recursos públicos por un monto de 450 millones de pesos, destinados a proyectos de vivienda de los retornados"; "violación de los derechos humanos al crear ‘campos de concentración’ encerrados con alambradas, en la zona del Cacarica", y "actuar como brazo político de la guerrilla". Una conferencia de prensa convocada en el Ministerio de Defensa por el Comandante General de las Fuerzas Militares, el pasado 21 de agosto, le dio la más amplia difusión a estas acusaciones por todos los medios masivos, pero a la vez se ha constituido una oficina jurídica que trata de judicializar dichas afirmaciones. Habiendo actuado como representantes legales de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (1988-2002) y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2002-2003), hemos creído necesario enviar este informe somero al conjunto de la vida religiosa de Colombia, con el fin de que tengan los elementos mínimos de juicio para discernir, responder y actuar en esta coyuntura que nos afecta.
Para lograr tan perverso objetivo, los métodos están a la vista, y son los mismos que se han vuelto moneda corriente, desafortunadamente, en nuestras instancias judiciales: conseguir "testigos" halagados con todo tipo de recompensas, para que acusen de diversos "delitos" a quienes les resultan incómodos a los poderes corruptos. Todos sabemos que multitud de procesos penales, que ahora ni siquiera excluyen a altos jerarcas de la Iglesia, se apoyan en esa inmoral estrategia. Dejamos en sus manos, hermanas y hermanos, estos elementos de discernimiento. No dudamos que sabrán llevarlos a la oración y a la reflexión comunitaria y que el mismo contexto les hará reflexionar sobre los costos enormes que ordinariamente hay que pagar cuando se busca un mínimo compromiso con la verdad y con la justicia. Fraternalmente, Javier Giraldo M., S. J. - Daniel Vásquez O., C. M. - Carlos Julio Rozo R., C. M. F. - Carolina Pardo, O. S. F.-volver- |
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