INFORME EJECUTIVO  35: CACARICA-PANAMA: ACCION PREVENTIVA

De Panamá: INMINENTE REPATRIACION DE REFUGIADOS 

"Eres de una tierra que no ha tenido lluvia. Los príncipes que en ella residen >son como un león rugiente que desgarra su presa. Han devorado a la gente, >se han apoderado de haciendas y de riquezas que no les pertenecen, han multiplicado >las viudas en medio de ella. Las autoridades han profanado lo sagrado, no >han enseñado a distinguir entre lo recto y lo honesto, lo turbio y lo deshonesto.. Sus jefes son como lobos que desgarran su presa, que derraman sangres, matandopara robar sus vida" Ezequiel 23, 24-ss

RESUMEN

Una deportación de más de medio millar de colombianos se anuncia que se iniciarán en las próximas semanas de diciembre en un acuerdo binacional de hecho entre el gobierno de Uribe Colombia y la presidenta Moscoso de Panamá.

Desde agosto y hasta el pasado mes de noviembre, autoridades civiles y militares de Panamá y Colombia han visitado los poblados de Yaviza (21-08-03), de La Palma (20-08-03), de Jaqué (20-08-03) (17-10-03), de Yapé (18-10-03), Puerto Obaldía (16-10-03)en el Darién Panameño-. En estos lugares habitados por comunidades indígenas y campesinas en donde se encuentran colombianos buscando refugio ante las operaciones militares encubiertas de tipo paramilitar (1.996 - 2002)  y la confrontación armada entre los modelos de guerra estatal y guerra de guerrillas(1.997-2002), unidades de la Fuerza Pública colombiana han invitado a los colombianos a regresar debido a que las razones que los obligaron a salir son inexistentes. “En la región del Urabá y del Chocó, todo está bajo control de las autoridades militares, ellos se pueden restablecer”, ”vincularse a la siembra de Palma Aceitera que se desarrolla en la región”, ”participar de la seguridad “democrática” como soldados campesinos o red de informantes”.

En el caso de Jaqué y de Yaviza (08-03) a acompañantes humanitarios de la iglesia, y autoridades locales, las entidades de migración y la Guardia Panameña impidieron su participación en las reuniones, los pobladores en búsqueda de refugio fueron insistentemente convocados a firmar un documento de deportación voluntaria. Terminada la reunión colectiva, las autoridades de ambos países se dirigieron casa por casa para lograr la aceptación del regreso a Colombia.

Las actuaciones binacionales se han desarrollado en medio de manifestaciones de animadversión y graves señalamientos y acusaciones del Director de Policía Nacional, CARLOS BARES, contra la labor de la iglesia católica panameña y las organizaciones de derechos humanos que han prestado su apoyo a los refugiados colombianos. Se ha pretendido deslegitimar, poner en duda y desvirtuar la labor de defensa de los derechos de los refugiados, y en medio de las actuaciones armadas se deja en alta vulnerabilidad a los defensores de derechos>humanos de la iglesia y la sociedad civil.(23-08-03)

En las reuniones desarrolladas durante los últimos meses las autoridades colombianas han asegurado que es mejor regresar ahora, después puede ser mucho más difícil. Algunos de los testigos han informado que se aseveró que si no se aceptaba regresar en el mes de diciembre, después la cuestión seria por la fuerza.

Muchos de los campesinos han aceptado regresar voluntariamente pues se les ha asegurado que todo está seguro, que tendrán apoyo en proyectos productivos, vivienda y educación. Al tiempo, muchos desconocen la real situación de seguridad, valoran que no cuentan con suficiente información y no están en disposición de regresar pues valoran que no existen las condiciones.  Muchos de los colombianos no solamente han creado raíces con hijos nacidos en Panamá o familias allí conformadas, sino que sus tierras se encuentran copadas  o poseídas por paramilitares.

La situación de los deportados el 21 de abril de este año indica que loscompromisos gubernamentales colombianos no se han cumplido. La mayoría delos afrodescendientes que regresaron por la fuerza, en abril pasado, quiénes se ubicaron en la Zona Humanitaria “Nueva Vida” no han contado con el cumplimiento de lo acordado con el Estado. Todos los hechos de la deportación se encuentran en absoluta impunidad a pesar de los graves atropellos allí sufridos, y de los cuales se guarda absoluto silencio.

El apoyo inicial de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Defensoría del Pueblo no lograron consolidar un retorno con dignidad y la respuesta estatal mínima.  Allí solamente por el apoyo de las Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA, y organismos humanitarios nacionales e internacionales han logrado sobrevivir. “No solo nos sacaron a la fuerza, no solo nos engañaron, no solo nos señalaron sino que nos dejaron abandonados. Sobrevivimos por la solidaridad de CAVIDA y de los que nos acompañan”, afirma un deportado. El monitoreo realizado por las entidad de Naciones Unidas y el organismo de control del Estado hasta el día de hoy ha dejado serios cuestionamientos para los deportados.

Como lo han asegurado diversas organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, en el bajo Atrato chocoano, en el Norte de Urabá y el Urabá Antioqueño persisten violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Humanitario.

Los bloqueos económicos, las amenazas de muerte, las intimidaciones por parte de agentes estatales, la connivencia, la tolerancia, la complicidad de actuación entre fuerzas regulares e irregulares de tipo paramilitar es evidente. Igualmente, como lo conocen las autoridades, la presencia guerrillera en la región continúa sin que se conozcan sus planes de actuación militar.  Estos hechos indican que en la región persiste el conflicto armado sin que >se visualice en el corto plazo cuales van a ser los desenlaces.

Por otra parte, las autoridades colombianas no han informado, como lo expresó el periódico Washington Post, el pasado 20 de diciembre, el control territorial de tipo paramilitar en el marco de la llamada “desmovilización” y su relación con un modo de contra reforma agraria y concentración de tierras vinculada a la palma de aceitera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos quién solicitó al Gobierno de Panamá adoptar las medidas cautelares (25-04-03) por los hechos acaecidos en Punuza, levantó las mismas (06-11-03) debido a una serie de compromisos asumidos por el vecino país.

Expresamente el gobierno de Panamá asumió el compromiso de respetar de buena fe los principios internacionales de protección de los Derechos humanos, personas extranjeras que se encuentran en el territorio panameño; la máxima transparencia y diálogo con los posibles deportados; la invitación hecha a las organizaciones internacionales en el monitoreo de la situación;

El gobierno panameño informó a la Comisión Interamericana que se estaban planeando repatriación de nacionales colombianos para los días 15 al 20 de noviembre, y del 11 al 13 de diciembre del mismo año en algunas comunidades de colombianos.

Cada persona repatriada lo sería únicamente con su expresa voluntad, previa verificación de la ACNUR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Fondo por la Infancia UNICEF, Oficina Internacional de Migraciones, OIM.

Al mismo tiempo, el gobierno panameño indicó a la CIDH, que las personas que cambiaran de opinión respecto a su deportación podrían informar a las autoridades durante la etapa de verificación, sin que se vieran obligadas a regresar.

SOLICITUDES

Al final del Informe Ejecutivo.

DETALLES

* Miércoles 20 de agosto, en Jaqué, Darién Panameño, integrantes del Consulado >de Colombia, la Red de Solidaridad Social, y autoridades de la Guardia Panameña, y de Migraciones de ese país, convocaron a una reunión a los pobladores.  Los delegados del gobierno panameño expresaron que en Colombia todo estaba mejorando, que el Presidente URIBE deseaba que los Colombianos regresaran a su país, que iban a tener proyectos productivos.

Luego autoridades panameñas plantearon en el mismo sentido a los colombianos >que ya habían escuchado como estaba la situación en Colombia, procedieron >entonces a entregar unas hojas en blanco. Minutos después de terminada la >reunión comunitaria, las autoridades panameñas se dirigieron casa por casa >a los pobladores colombianos, motivándolos a regresar y a firmar un documento >al parecer de un regreso voluntario. Ese día algunas familias, cerca de >tres aceptaron, regresar hacia Juradó en Colombia.

* Jueves 21 de agosto, Yaviza, en horas de la mañana, a eso de las 10:00 >horas, los pobladores colombianos en ese poblado de Panamá fueron convocados a una reunión en la que participaron además de las autoridades policiales >y de migraciones de Panamá, la Cónsul de Colombia en Panamá y una delegada >de la Red de Solidaridad Social. A la reunión no pudieron acceder algunas >autoridades del poblado ni otros observadores.

De acuerdo con los testigos, las autoridades de los dos países incentivaron el retorno a Colombia, asegurando que las condiciones de seguridad estaban dadas y que había proyectos productivos, viviendas. “Es una oportunidad especial, las cosas en Colombia han cambiado”. A los convocados a la reunión nuevamente se les entregó una hoja para su firma, en la que al parecer expresan que su retorno es voluntario. La mayoría de los asistentes se negaron a firmar.

Minutos más tarde en la pequeña plazuela de la población enfrente de la iglesia, varios observadores de derechos humanos cuestionaron a las autoridades colombianas por su actitud.

En Colombia, en las regiones de las que salieron a buscar refugio aún se encuentran en guerra. El control de tipo paramilitar es evidente sobre el río Atrato y el Golfo de Urabá y las costas, las tierras han sido posesionadas, la actuación de las Fuerzas Militares dejas serios cuestionamientos, y los compromisos asumidos por la Red de Solidaridad Social son nulos e inexistentes, pues no existe ningún tipo de atención particular a los deportados.

Las autoridades colombianas guardaron silencio, agradecieron a los pobladores de Yaviza el apoyo dado a los colombianos, reiteraron que era muy importante regresar, “el Presidente Uribe, los quiere en su país, la situación  ha cambiado”, aseveró la Cónsul.

* Sábado 23 de agosto, en el diario Estrella de Panamá. Del 23 de agosto, el Director Nacional de la Policía, CARLOS BARES, expresó, que “organizaciones eclesiásticas “patrocinan” las actividades de desplazados que colaboran con irregulares colombianos en la provincia de Darién. No quisiera para mi Panamá una invasión de delincuentes o de irregulares colombianos en nuestro Territorio., señaló BARES. Indicó que “lamentablemente, hay algunas organizaciones que son las que patrocinan, actividades de irregulares colombianos”.”Ojalá que Panamá no caiga en la situación que vive Colombia, porque es lamentable y yo creo que cada uno debe ejercer su función. Los sacerdotes son los siervos de Dios”.

* Viernes 26 de septiembre, Jaqué, varios pobladores colombianos abandonaron el poblado luego de evaluar todas las afirmaciones de las autoridades colombianas y panameñas.

* Jueves 16 de octubre, Puerto Obaldía, Darién Panameño, hacia las 12:45 horas, nuevamente una Comisión de los Gobiernos de Panamá y Colombia, con la participación de miembros de la Fuerza Pública se reunió con cerca de 40 colombianos que buscan refugio en Panamá, y quiénes se asentaron en ese poblado desde 1.996 

Ambas delegaciones motivaron a los colombianos a regresar. Las autoridades >colombianas, en vocería de las unidades militares y policiales, de la Brigada >XVII y Policía Urabá, expresaron que “existen las condiciones de seguridad >para su regreso al país, de modo voluntario pueden hacerlo”. Agregaron los >miembros del gobierno nacional que brindarían transporte, vivienda, educación, >proyectos productivos de emergencia y ayuda humanitaria en alimentación.

Las autoridades entregaron un documento para que los asistentes lo firmaran, como en las ocasiones anteriores, algunos de los futuros deportados firmaron, otros se negaron a hacerlo. Posteriormente, las autoridades afirmaron que el proceso de repatriación se realizaría en tres jornadas, la primera a mediados de noviembre, la segunda en diciembre y la tercera en enero.

Como ocurrió en las ocasiones anteriores, las autoridades de ambos países dialogaron con personas de modo personal incentivándolas e instándolas a regresar.

*Viernes 17 de octubre, hacia las 10:00 hora local, autoridades civiles, militares y policiales de Panamá y Colombia -sin la presencia del Consuldao de Colombia en Panamá ni de la Red de Solidaridad Social- llegaron al poblado de Yapé. Allí convocaron a los colombianos que se encuentran buscando refugio, algunos desde 1.995.

Las autoridades policiales y militares expresaron, que “en Colombia la gente está retornando, más de 40 mil personas,(...) hay  muchas mentiras en Colombia existe mucho progreso. En la región del Urabá hay mucha tranquilidad, no hay la violencia de años atrás, hay progreso la industria de la Palma proyectada para ser sembrada en 15 mil hectáreas, es el momento de retornar, hay proyectos y recursos para el retorno, el retorno es voluntario. Las tierras serán devueltas a sus propietarios, se va a brindar seguridad. El Presidente URIBE ha definido una política de Seguridad a través de Red de Informantes, Soldados Campesinos, Guarda Bosques, en la que todos pueden participar”.

* Viernes 17 de octubre, a las 14:00 horas, las mismas autoridades iniciaron una reunión con los pobladores colombianos que se asentaron en Jaqué buscando refugio desde 1.996.

Se refirieron en los mismos términos a los de las reuniones anteriores, agregando que sobre casos específicos de familias con hijos  o parejas panameñas se atenderán. Anunciaron que los detalles sobre los proyectos para los retornados se encargará la Red de Solidaridad Social.

* Jueves 6 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, resolvió levantar la adopción de medidas cautelares solicitadas a favor de los pobladores MAGDALENO MEDRANO, JUAN BERRIO, reintegración familiar y cumplimiento al principio de non refoulement en relación con los colombianos >refugiados de facto en Panamá.

De acuerdo con la CIDH, el 24 de octubre, delegados del Estado panameño reiteraron “ el compromiso de respetar de buena fe los principios internacionales de protección de los Derechos humanos, en particular con relación a personas extranjeras que se encuentran en el territorio panameño.  (...) “reiteraron el compromiso de asegurar la máxima transparencia y una abierta actitud de diálogo” (...) “informaron de la invitación hecha a organizaciones internacionales, las que monitorean la situación de los derechos humanos >de personas extranjeras en territorio panameño” (...)

Agregaron las autoridades panameñas que,” estaban planificando operaciones >de >repatriación de nacionales colombianos para los días 15 al 20 de noviembre >de 2003 y 11 al 13 de diciembre del mismo año en algunas comunidades de >la Provincia del Darién, (...) “todas las repatriaciones de nacionales colombianos >serían voluntarias” (...) “había adoptado un proceso para asegurarse que >cada persona repatriada lo sería únicamente con su expresa voluntad” (...)”hay >un proceso específico mediante el cual habría una verificación previa de >la voluntad de cada persona que sería repatriada” (...) “después de >haber hecho un censo en cada comunidad, verificando el estatus migratorio >de sus miembros y obteniendo una declaración escrita por parte de las personas >que quisieran ser repatriadas, se procedería a una verificación de dichas >declaraciones de voluntad, con la participación directa de la Oficina del  >Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), de la Organización >Internacional de Migración es (OIM), del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF), y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), (...) >”únicamente se repatriaría a las personas que habían expresado su voluntad >de regresar a Colombia.

(...) “las personas que habían expresado su voluntad de ser repatriadas pero que después habían cambiado de opinión, podrían informar a las autoridades durante la etapa de verificación anteriormente descrita, y que en tal caso, no serían repatriadas involuntariamente” (...) las personas de nacionalidad colombiana que se encuentren en el Darién podrán en cualquier momento formular una solicitud de refugio, incluso durante el proceso de censo y de verificación previo a las declaraciones de voluntad”

Por la voluntad expresada por el Gobierno Panameño de respeto a la Convención Americana y tratados internacionales, la CIDH, decidió no mantener la vigencia de las medidas cautelares.

LINEAS DE INTERPRETACION

Existen dos modos de interpretación contradictorios, la oficial y la de >las víctimas de violaciones de derechos humanos, la de los hostigados, la >de los intimidados, la de los bloqueados económicamente, la de los sometidos >a la restricción a sus derechos, la de los que afirman sus derechos sin >participar en las actuaciones militares del Estado ni de la guerrilla, la >de los que se niegan a la siembra de palma, de coca, al monocultivo de estos >productos o a la extensión ganadera.

No existen condiciones de seguridad en el próximo retorno de las comunidades >o familias colombianas que buscaron refugio en Panamá.

Persisten las estructuras armadas que generaron el desplazamiento forzoso >desde 1.996, el incipiente proceso de “desmovilización” es interpretado >como una cualificación de la actuación paramilitar que pasa a un escenario >de consolidación territorial, social, político en la región del Norte y >bajo Atrato Chocoano y el eje bananero.

Dentro de los modelos de guerra Estatal y de guerra de guerrillas se darían >los procesos de deportación o repatriación de los colombianos. El control >de los cascos urbanos, ríos en las partes bajas, el Atrato, el Golfo de >Urabá a través de estructuras armadas encubiertas se mantiene al amparo >de agentes estatales.

Las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Humanitario >persisten en la región.

La atención estatal brindada a los deportados de modo ilegal en abril de >este año, que hoy habitan en el Cacarica,  es absolutamente precaria, y >podría afirmarse irresponsable. Ha sido la población afrodescendiente de >CAVIDA, organismos humanitarios internacionales y de derechos humanos quiénes >hemos asumido la atención debida y obligatoria del Estado. No ha existido >el suficiente monitoreo internacional y estatal de organismos de control.

La mayoría de las personas que han firmado documentos de repatriación voluntaria >lo han hecho sin conocer su contenido sin todos los elementos de juicio >necesario o por que algunos no saben leer.

A los colombianos solamente se les ha proporcionado un tipo de información >insuficiente para tomar su decisión, tanto en relación con el respecto de >sus derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales.

La voluntariedad requiere la transparencia y no modos encubiertos de presión y la existencia de alternativas viables que garanticen a los refugiados >el pleno disfrute de sus derechos fundamentales. El carácter voluntario significa que el refugiado debe solicitar la repatriación de manera libre y espontánea y la formalización de dicha decisión debe contar con la colaboración de organismos independientes y de altísimo reconocimiento moral

Los proyectos agroindustriales en el corto, mediano y largo plazo de palma >aceitera, banano o ganadería extensiva en vez de brindar mayor bienestar >a esta población genera modos de desarraigo profundos e irreparables.

La ausencia de respeto de los principios de verdad, justicia y reparación >integral en el proceso de desmovilización de los paramilitares promueve >la repetición de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra >la población civil.

Si bien las autoridades colombianas y panameñas garantizan que nadie será >devuelto, se conoce de casos anteriores donde no se respetó la decisión de >los refugiados colombianos como en el caso de la repatriación forzada de >109 colombianos en abril de 2003.

Existen profundas preocupaciones porque una vez más el gobierno Panameño >en complicidad con el Gobierno colombiano, violen el derecho internacional >de prohibición  de expulsión y de devolución. Este principio de non refoulement >(no devolución) esta reconocido en la Convención sobre el estatuto de los >Refugiados de 1951. El artículo 33 reconoce que “ningún Estado Contratante >podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en >las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por >causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo >social, o de sus opiniones políticas”.

Hasta tanto no se resuelvan la grave crisis de violaciones de derechos humanos, >el derecho a la libertad, y el Estado colombiano se comprometa a adoptar >una verdadera política de respecto de los derechos humanos, de prevención >y protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, de lucha contra >la impunidad, no existen condiciones para retorno de los refugiados.

La ausencia de garantías para una vida digna se ilustra en la situación >de extrema vulnerabilidad en la cual se encuentran las personas que decidieron >huir también de sus tierras pero adentro del territorio nacional, como desplazados >internos.

SOLICITUDES A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Requerir al Gobierno panameño:

* No deportar a los colombianos que han buscado refugio en su país, pues >persisten las estructuras criminales que generaron el desplazamiento forzoso >y la búsqueda de refugio. El conflicto armado no ha cesado en la región >y existen cualificaciones en los modos de represión que niegan las libertades.

* Respetar el principio de non refoulement reconocido en el derecho internacionalde los refugiados y vinculante para todos los Estados

* Si se llegasen a dar las repatriaciones voluntarias, garantizar que los procedimientos >de repatriación voluntaria sean conformes al Derecho Internacional de los >Refugiados, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

* Cumplir los compromisos y las posibilidades planteadas en el seno de la >Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del acceso al estatus >de refugiado o un estatus temporal de protección el tiempo que dure su situación >de riesgo al volver a Colombia.

Requerir al Gobierno Colombiano:

* Dar a conocer el paradero de JUAN BERRIO, quien según información regresó >a Colombia deportado en el mes de mayo, pero de quién sus familiares que >se encuentran en el Cacarica desconocen su paradero.

* Respetar el derecho de los refugiados, no ejercer mecanismos sutiles de >presión afuera de sus fronteras.

* Garantizar, a quiénes regresen voluntariamente, sus derechos integralmente >concebidos, respetando incluso, el principio de distinción, y realizar una >atención humanitaria conforme a los principios rectores Deng.

* Clarificar los compromisos entre otros en materia de vivienda, >proyectos productivos, salud, educación, la disponibilidad presupuestal, >los tiempos de ejecución y la entrega de las partidas económicas para el >desarrollo de los proyectos.

Requerir a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados en el >Mundo, ACNUR:

* Proveer protección internacional y buscar soluciones permanentes para >los refugiados. En este caso, es imprescindible que el ACNUR tome medidas >inmediatas y de carácter urgente para garantizar que se respete los derechos >fundamentales de los colombianos refugiados en Panamá.

* Observar que los mecanismos utilizados propicien la voluntariedad y la calidad de información sobre la situación del Pacífico, el Atrato, para garantizar que no se presenten nuevamente operaciones de repatriación forzada

* Asesorar y apoyar a las personas colombianas refugiadas en Panamá sobre >sus derechos y los mecanismos para que se les respeten y de asistencia material;

* Buscar soluciones, con sus buenos oficios antes los gobiernos de Panamá >y Colombia, para encontrar una solución duradera a la situación de los refugiados >colombianos en Panamá;

* Recordar a estos gobierno las normas de garantías de los derechos fundamentales >e inderogables de los refugiados.

Bogotá, D.C. Diciembre 09 de 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

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INFORME EJECUTIVO  8

Contra Justicia y Paz: PRESIÓN MEDIÁTICA, JURÍDICA, MILITAR

“Cuando doy pan a un pobre, me llaman santo. Cuando pregunto porque los pobres no tiene que comer me llaman comunista”.  Dom Helder Cámara

RESUMEN

Después de poder acceder a los procesos judiciales en los que se encuentran vinculados personas que han prestado su servicio a la Comisión Justicia y Paz, en octubre y noviembre, (6-7, -10-03/ 18-11-03) presentaron su versión libre ante la Unidad de Derechos Humanos, en la que se logró la unificación de dos procesos penales bajo el mismo radicado, el 1701.

Mientras se presentaron estas versiones libres en etapa preeliminar, se conoció que  además de la denuncia penal del 28 de agosto, radicado 870 en el despacho 41 de Apartadó; existe una nueva denuncia con el radicado 7994 Seccional 124 de Apartadó, del que se desconoce el tipo penal.

La instauración de dos nuevas denuncias penales en Fiscalías de Apartadó que al parecer son del mismo tipo penal no ha logrado ser ni conocida la información básica y menos su  unificación.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para que exista acumulación de procesos argumentan deben ser autorizados directamente por el Fiscal General de la Nación, sustentarlo lo anterior en un reciente fallo de la Corte constitucional relacionado con la reasignación de procesos.

En seguimiento a las medidas cautelares, nuestros peticionarios, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", y Reiniciar, en dos sesiones con el gobierno, la Fiscalía General, la Procuraduría han planteado la adopción de medidas de carácter político como la rectificación a través de una rueda de prensa, por los mismos medios y mecanismos, a través de los cuales la comandancia de las Fuerzas Militares propició el escenario de las injurias y calumnias contra el ejercicio de defensa de los derechos humanos que realiza nuestra Comisión. Hasta el día de hoy no existe ninguna respuesta efectiva y de fondo. (Octubre/03)

Simultáneamente, presionados por personas vinculadas directa e indirectamente a la empresa Maderas del Darién, se conoció que se han ofrecido una serie de beneficios a personas para que se conviertan en testigos contra nuestra Comisión Justicia y Paz y afirmen sin sustento alguno, y aprendiendo un libreto, que somos miembros de las guerrillas de las FARC, que hemos amenazado y que hemos atentado contra la vida e integridad de personas. (IE5 09/09/03)

Por otra parte, hemos leído y hemos conocido respuestas escritas del Gobierno Colombiano a través de sus delegaciones diplomáticas en diversos países del mundo, dando respuesta a la solidaridad y a las manifestaciones de preocupación por la situación de protección y de seguridad de nuestra Comisión Justicia y Paz, en las que se expresa que no se logra interlocutar o dialogar con nosotros.

 El contenido de las respuestas oficial divulgada a través de su delegación en Bruselas (30-10- 03) El gobierno expresa en algunas respuestas, que ha dirigido comunicaciones de diverso tipo sin lograr contestación alguna de nuestra Comisión. En otras manifiesta que se han ofrecido medidas de protección dentro del programa de protección a defensores de derechos humanos y líderes sociales y esta se refieren a la serie de amenazas que se han producido contra integrantes de nuestra Comisión, a través  de seguimientos, llamadas telefónicas amenazantes, cartas con amenazas de muerte, en particular entre el segundo semestre del 2002 y comienzos del 2003.

Las dos respuestas son equívocas y faltan a la verdad.

Al finalizar la Peregrinación por el Atrato, “Atratiando: por un buen trato en el Atrato”, en el municipio de Turbo, unidades militares, multicopiaron, una traducción del artículo  calumnioso e injurioso publicado en el Wall Street Journal, presentadas desde el 21 de agosto en la rueda de prensa convocada por el General JORGE E MORA RANGEL. La traducción del artículo fue repartida entre los asistentes nacionales e internacionales (21/11/03).

No cesan los mecanismos para negar el ejercicio legítimo de las defensas de los derechos a la Vida y al Territorio de las comunidades afrodescendientes y mestizas del Cacarica. Mientras en desarrollo de las operaciones militares las unidades regulares continúan expresando su animadversión a la presencia humanitaria de nuestra Comisión Justicia y Paz y de los organismos humanitarios internacionales de observación y acompañamiento,  continúan  montándose nuevas denuncias penales, en las cuales persiste la presión para que las falsas acusaciones se puedan sostener. Es tal la perversión de los intereses privados y de las lógicas de la fuerza que a través de intimidaciones, acompañadas de ofrecimientos y halagos quieren montar testigos sobre lo que no es verdad y sobre lo  que nunca hemos sido y hemos hecho.

Detrás de este escenario local  en el ámbito internacional mediático se expresa la difamación, la calumnia contra todo tipo de principio informativo y de ética profesional. Expresiones periodísticas usadas públicamente en lo local con el propósito nada oculto de deslegitimar nuestra labor como defensores de derechos humanos o de lograr nuestro “destierro” para que puedan implementarse proyectos de monocultivos para la reconciliación y la desmovilización paramilitar y contra la exigencia de verdad, de justicia y de reparación integral que ejercen comunidades afrodescendientes y mestizas en el Atrato, como la del Cacarica.

Respecto a las respuestas a la solidaridad internacionales tenemos que expresar que hemos sido convocados por el gobierno nacional, hasta antes de las medidas cautelares, para evaluar nuestra situación de riesgo y de seguridad, pero nunca se logró concretar una reunión en la que fuera posible la participación de la Junta Directiva de nuestra Comisión Justicia y Paz, pues se trata de un problema organizacional no personal.

Es cierto, que por principio se rechazan los esquemas duros pero no es porque hayamos recibido ofrecimiento alguno del gobierno y hayamos podido expresar nuestro parecer. Nuestra Comisión no asume un esquema de protección que implique el uso de la fuerza o de actuación de organismos de seguridad del Estado.

A través de comunicaciones acerca de la situación de amenazas de muerte sobre integrantes de nuestra Comisión, hemos planteado una serie de medidas políticas que hasta el día de hoy nunca han sido respondidas, pues se encuentran vinculadas a problemas estructurales como la impunidad y la desestructuración de actuaciones  armadas encubiertas. (O8-12/02) (02/03)

DETALLES

º Lunes 6 y Martes 7 de octubre, durante un día y medio, uno de los denunciados penalmente por su trabajo como defensor de derechos humanos en el acompañamiento a las comunidades del Cacarica presentó versión libre ante la Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos.

 Su presentación estuvo acompañada de su apoderado, defensor de derechos humanos, y en presencia de un Procurador Especial quienes escucharon su sustentación frente a las calumnias e injurias, que como aparece en un documento del perfil de uno de los denunciantes pretende "desterrar a Justicia y Paz de la región del bajo Atrato"

Con la versión oral se presentaron 100 pruebas documentales. 

º   El 8 de septiembre, a favor de nuestra Comisión Justicia y Paz fueron resueltas medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que se encuentran como peticionarios la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados, "José Alvear Restrepo" y la Fundación Reiniciar.

Cuatro aspectos contemplan las medidas:

1. Adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

2.  Adoptar las medidas necesarias para que los integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz puedan cumplir con su labor de promoción y defensa de los derechos humanos en la República de Colombia

3. Concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y los peticionarios

4.  Informar sobre las acciones adoptadas con el fin de clarificar e investigar las amenazas y actos de hostigamiento contra los beneficiarios.

º Jueves 30 de octubre, conocimos una respuesta de la embajada colombiana en Bruselas en la que se expresa respecto a la situación de protección  de nuestra Comisión Justicia y Paz, como lo han hecho algunos funcionarios del gobierno nacional indicando que no hemos respondido a los ofrecimientos y llamadas que nos ha hecho el gobierno nacional frente a la seguridad de los miembros de Justicia y Paz.  Hasta la fecha, reiteramos que no hemos recibido ninguna comunicación del gobierno nacional para tal fin.

·        Domingo 16 de noviembre hacia las 16:00 horas,  en el lugar humanitario que fue conocido como “Esperanza en Dios”, mientras repartían volantes contra la guerrilla y se acercaban a las niñas y niños, les expresaban los miembros de la Brigada XVII, “los monos y los que los acompañan se quedan con la plata, ellos son los que se quieren quedar con sus tierras”

º Martes 18 de noviembre, durante el día, otro defensor de derechos humanos, denunciado penalmente por su trabajo en defensa de las comunidades afrodescendientes, rindió versión libre acerca de las falsas acusaciones proferidas en su contra.

·         Viernes 21 de noviembre, hacia las 9:00 horas en el municipio de Turbo, en desarrollo el cierre de la Peregrinación  “Atratiando: Por un buen trato en el Atrato” convocada por las organizaciones afrodescendientes e indígenas del Atrato  y la iglesia católica, un  hombre quien se identificó como integrante de las Fuerzas Militares, entrego a NELSON ZAPATA uno de los pobladores del municipio un paquete con fotocopias traducidas del artículo: “In Colombia, Are They Safe Havens or FARC Havens?” by Mary Anastasia O’Grady, publicado el pasado 14 de Noviembre en el  Wall Street Journal.

De acuerdo con la versión, el militar le solicitó al poblador distribuir el artículo pues el debía tomar un vuelo en Apartadó.

LINEAS DE INTERPRETACION

Durante la administración del Presidente ANDRES PASTRANA y la del Presidente ALVARO URIBE nunca fuimos convocados para analizar nuestra situación de riesgo o de seguridad, aunque siempre participamos en sesiones de las comisiones de interlocución con el Estado construidas en relación con procesos comunitarios que acompañamos, entre otros, las comunidades del Cacarica, del Jiguamiandó y Trujillo.

En los espacios de interlocución nunca hubo alusión a los problemas de seguridad o de protección de nuestra Comisión a pesar que se conocía de la vulneración del derecho a la asistencia humanitaria y de derechos humanos, no solo de nuestra Comisión Justicia y  Paz sino  también de organismos humanitarios internacionales y de instituciones estatales de control como la Defensoría del Pueblo.

Antes del otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH, luego de haber revisado todos nuestros archivos, constatamos que nunca hemos recibido  comunicación escrita en la que explicita y concreten propuestas  gubernamentales. Todos  los espacios de interlocución multilateral -comisiones de verificación- , bilateral -Gobierno Justicia y Paz-  se han referido única y exclusivamente, a los procesos comunitarios que acompañamos.

En una sola ocasión en una conversación con la Vice Presidencia sobre la Comunidad del Cacarica se insinuó verbalmente la disposición de algún medio de comunicación y el ofrecimiento de números telefónicos oficiales para alguna emergencia.

Hasta antes de las medidas cautelares NUNCA ninguno de los dos gobiernos abordó el problema de nuestra Comisión Justicia y Paz, NUNCA ofreció esquema de protección alguno dentro del programa de defensores de derechos humanos.

NO es VERDAD que hayamos dicho  no a lo que nunca fue planteado nunca hemos podido plantear nuestras opiniones respecto a las medidas de protección y de seguridad al gobierno o estado colombiano.

No es VERDAD que nunca hayamos sido localizados. Nuestra sede conocida públicamente por organizaciones nacionales e internacionales,  miembros de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General de la Nación, nunca se ha recibido información sobre la solicitud de reuniones con nuestra Comisión.

Se ha desinformado a la solidaridad internacional y a quiénes desde instancias de iglesia o desde la comunidad de derechos humanos han exigido o han manifestado su preocupación al Estado  colombiano por la necesidad de crear garantías para el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos, en este caso, de nuestra Comisión Justicia y Paz.

Creemos que las medidas preventivas de tipo duro, articuladas a los sistemas de seguridad estatal no brindan las garantías necesarias.

Creemos que por nuestra filosofía e identidad de creyentes que esquemas que impliquen el uso de la fuerza  no van a generar condiciones para  el ejercicio de nuestra defensa de los derechos humanos.

Creemos que estos esquemas además si están vinculados entes estatales que han estado comprometidos por acción por omisión, por tolerancia y por complicidad en la creación de estructuras encubiertas, no generan ningún tipo de confianza.

Creemos que las garantías legítimas de la posibilidad de ejercicio de defensa de los derechos humanos es intrínseco a las medidas de protección de las comunidades acompañadas y sus esquemas de fortalecimiento preventivo de tipo civil estatal.

Creemos que hasta tanto, los hechos denunciados sobre los que se ha dejado nuestra Constancia y nuestra expresión de censura moral en los despachos de las altas autoridades del Estado y del Gobierno, no sean investigados con la celeridad, la eficacia requerida, la independencia judicial, no se acopien pruebas más allá de los testimonios de las víctimas, y no se sancione con prontitud, no existen plenas garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos. Mientras exista la impunidad para violadores de derechos humanos, y persistan las estructuras criminales, aun disfrazadas de civilidad, no habrá garantías para el ejercicio pleno de la defensa de los derechos humanos.

Creemos que hasta tanto las estructuras del poder militar en Colombia no acaten un estricto respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, y desde el poder civil no  adopten las medidas recomendadas por la comunidad internacional de derechos humanos, expresada en muchísimas recomendaciones, no es posible abrigar la esperanza de la vigencia de los derechos humanos, mucho más, cuando existe la tendencia, en sectores de los cuerpos de investigación judicial a romper los límites y las fronteras con el aparato de la fuerza, cuando el aparato de justicia se hace mecanismo del aparato militar.

Creemos que hasta tanto, las corporaciones privadas no modifiquen su mirada que privilegia el principio de la ganancia y de la rentabilidad, el uso de su poder para seducir, para mentir , para imponer las lógicas de mercado por encima de las personas y de su dignidad, para intentar usar del derecho a su favor, usar del dinero para comprar funcionarios  y falazmente pretendan imponer “el progreso” no es posible que existan garantías para las organizaciones y comunidades afrodescendientes de afirmar sus derechos.

Bogotá, Diciembre 5 de 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ-volver-  

INFORME EJECUTIVO 34

POR TODOS LOS MEDIOS, NO CESA LA PERSECUCION A CAVIDA

“Si en este tiempo alguien les dice: Aquí o allá está el salvador, no lo crean.  En efecto, aparecerán falsos cristos y falsos profetas, haciendo promesas, haciendo cosas maravillosas y prodigiosas, capaces de engañar si fuera posible aún a los elegidos de Dios.  Ahora les he advertido esto a ustedes para que sepan. Por lo tanto si les ofrecen cosas por aquí o por allá, no vayan.  Pues como dice el proverbio “Donde hay un cadáver, ahí se juntan los buitres”. Tomado de Mateo 24,23.

RESUMEN

Nuevas actuaciones militares de tipo psicológico en aplicación de la Política "Seguridad Democrática" se continúan desarrollando contra los pobladores del Cacarica agrupados en CAVIDA.

Ahora con halagos, con entrega de regalos a niñas y niños, los militares de la Brigada XVII, durante varias horas, incentivaron a los pequeños a brindar información y denunciar a sus familiares, y a sus conocidos, como guerrilleros, les entregaron volantes con publicidad anti-subversiva. Mientras entregaban propaganda a los niños que se les acercaron, los fotografiaban y los tomaban con videos expresaron verbalmente que los organismos humanitarios nacionales e internacionales que los acompañan se apropian de sus recursos y se quieren quedar con el territorio (18/11/03)

La circulación de embarcaciones con "civiles" armados dentro de la estrategia paramilitar sin reacción de las Fuerzas Militares continúa desplegándose desde Turbo hasta Riosucio, la base paramilitar de La Balsa y Puente América, el río Cirilo.(22?11/03)

Al terminar la intensa jornada de la Peregrinación "Atratiando: por un buen trato por el río Atrato", (21/11/03) un hombre que se presentó como miembro de la Brigada XVII entregó a un campesino que habita en Turbo un paquete de copias con la traducción al español del artículo "In Colombia, Are They Safe Havens or FARC Havens?" by Mary Anastasia O’Grady, divulgado el 14 de noviembre pasado en la que se hace eco a las difamaciones que desde el 21 de Agosto se vienen haciendo contra Justicia y Paz, sin que haya mediado una confrontación de las fuentes o una verificación de la información publicada.

Mientras los militares persisten en anunciar las órdenes de captura de varios coordinadores e integrantes de CAVIDA y desarrollan operaciones psicológicas con los niños de CAVIDA, los "civiles" armados hacen más pública su presencia a lo largo del río Atrato, en Turbo y en Riosucio, a la vista de todas las autoridades. Se desconoce que se hayan producido combates con la guerrilla de las FARC EP.

Nuevamente se constata que desde el 13 de mayo las actuaciones de los militares no se han orientado contra los armados sino contra la población civil, que los niños y los jóvenes han sido el objetivo con la pretensión de desestructurar el proceso de afirmación civil de los derechos, de desvertebrar la propuesta no violenta que desarrollan las comunidades, pretendiendo vincularla con la guerrilla de las FARC EP.

Simultáneamente continúa la actuación jurídica de la que se desconocen sus avances aunque los militares anuncian sus consecuencias -capturas- lo que significaría la ausencia de un debido proceso.

Al tiempo la campaña de deslegitimación mediática de la propuesta de CAVIDA, de nuestra Comisión Justicia y Paz, se amplia internacionalmente a través de la prensa de estadounidense contra Amnistía Internacional y Peace Brigades International, PBI.

La campaña difamatoria no tiene limites en el territorio del Cacarica, sin ningún tipo de vergüenza las unidades militares continúan pretendiendo deslegitimar la labor legitima de los derechos humanos y de la presencia humanitaria internacional.

A la vista de la comunidad internacional, de la conciencia moral de los pueblos continúa quedando en evidencia que los límites de respeto a los derechos de los afrodescendientes, mestizos e indígena continúan traspasándose.

Será posible creer que de este modo la presencia institucional de las Fuerzas Militares se hace legítima ? ¿Por qué no se ocupan de dirigir sus operaciones militares a blancos militares legítimos? ¿Por qué tanta saña, y expresiones de persecución sistemática contra las comunidades del Cacarica que han decidido desarrollar propuestas de autodeterminación como población civil en defensa de la Vida y del Territorio? ¿Qué se esconde detrás de tanta aversión, qué intereses privados estratégicos económicos? ¿Qué modelo de sociedad quiere imponerse a la comunidad? ¿Qué forma de reconciliación se pretende con sus victimarios? ¿No es posible dentro de las actuales políticas de seguridad y de "paz" afirmar el derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación Integral? ¿No es posible asumir el principio de distinción?

DETALLES

Domingo 16 de noviembre hacia las 15:00 horas en el lugar humanitario conocido como "Esperanza en Dios", las unidades militares convocan a través de un megáfono a la comunidad para que se reúna.

• Hacia las 16:00 horas en la orilla del río, a los niños y niñas , y algunas mujeres, que se acercaron les repartieron regalos, juguetes y ropa, junto con dos tipos de volantes del tamaño de un billete.
• Los volantes leen por una cara: "Haga un buen negocio. Decida usted que cara debe tener el país. Todos somos víctimas de los delitos atroces." Informe contra el terrorismo, acompañado de una fotografía cortesía de El Tiempo.

El anverso lee: logos de la policía, el ministerio de defensa y del comando general de las Fuerzas Armadas, con el siguiente texto:

"Entréguelos, garantizamos reserva. Llama ya al 112-165-153-157- Lineas nacionales o informe a las autoridades civilies o militares mas cercanas. Su informacion vale $$$$$$. FARC FARC FARC y 11 fotografias de alias de las FARC”

·                   Un segundo volante dice: "Haga un buen negocio. Escoja el color que usted prefiere. El terrorismo esta oscureciendo el panorama de Colombia" Informe. Al lado de una foto con pobladores civiles, un fajo de billetes de 50.000. pesos (U.S. $ 15)

Mientras tanto,  intentaron repartir los regalos tomaron fotografías y tomas de video, a los pequeños les decían: "alguien tiene familia en la guerrilla? entréguelos. No les presten atención a esos monos”. Refiriéndose a Peace Brigades International, PBI, “y a esos acompañantes, ellos son los que están interesados en sus tierras. Queremos ayudarlos, arreglaremos las escuelas, de Bogotá, Limón y Vijao. Hay profesores de buena voluntad que quieren apoyar la comunidad, los nombramientos de los profesores se harán pronto, limpiaremos el río. Nosotros si repartimos regalos, los monos se cogen la plata para ellos."

Hacia las 17:00 horas a un integrante de CAVIDA, los militares le solicitaron traer el equipo de fútbol "es hora de divertirnos, de integrarnos". A un motorista de la comunidad que se negó a hacerles un favor a las unidades militares fue agredido verbalmente" le dije que ese H.P no le iba a hacer el favor" (…) "ese es un malparido".  Ya vendrán las órdenes de captura".

Viernes 21 de noviembre, hacia las 9:00 horas en el municipio de Turbo, en desarrollo el cierre de la Peregrinación "Atratiando, por un buen trato en el Atrato" convocada por las organizaciones afrodescendientes e indígenas del Atrato y la iglesia católica, un hombre que vestía de civil y  que se identificó como integrante de las Fuerzas Militares, entregó a uno de los pobladores del municipio, de nombre NELSON ZAPATA un paquete con fotocopias traducidas del artículo: "In Colombia, Are They Safe Havens or FARC Havens?" by Mary Anastasia O’Grady., publicado el pasado 14 de Noviembre en el Walt Street Journal.

De acuerdo con la versión, el militar le solicitó al poblador distribuir el artículo pues él debía tomar un vuelo en Apartadó.

Sábado 22 de noviembre a las 14:30 por el río Perancho una panga embarcación con motores de alta potencia/ blanca y roja, con ocho hombres vestidos de civil, en la que suelen movilizar paramilitares navego por varios minutos en el ingreso a las Zonas Humanitarias en el sitio conocido como La Tapa

LINEAS DE INTERPRETACION

Los objetivos de las operaciones armadas de la Brigada XVII desarrollado de modo obsesivo, enfermizo, sistemático, de persecución a los integrantes de CAVIDA no cesa. Se le pretende aislar, romper y dividir, se busca generar dudas de cualquier tipo de apoyo humanitario.

Todo continúa ocurriendo en momentos en que se desconoce la calificación que se le dará en el proceso al General RITO ALEJO DEL RIO, en que se ha iniciado la desmovilización de paramilitares en Medellín pero se anuncian en los próximos meses de actos similares en Urabá en límites con el bajo Atrato chocoano, mientras las acciones jurídicas frente a la deforestación ilegal maderera pueden dar resultados favorables a las comunidades afrodescendientes.

Las expresiones verbales, los mecanismos de presión y de seducción, son parte de una misma estrategia militar que pretende de otro modo desarraigar a los pobladores de su identidad como población civil, de su territorio y de sus mecanismos propios ante el embate que vienen sufriendo desde el 13 de mayo.

Todo sigue ocurriendo, como si se tratara de algo normal. Ninguna autoridad civil ha hecho lo que es posible hacer en Derecho. Todos han guardado silencio. Todos callan porque el poder es del más fuerte, porque el miedo penetra las almas y las responsabilidades institucionales. La para-institucionalidad se ratifica, se afirma bajo el pretexto de la confrontación a la guerrilla y de la creación de las condiciones que exige el "progreso".

Se calla como la impunidad silencia los nombres de las víctimas de la barbarie. Se calla porque hablar de un paz con justicia es distinta a la paz de los sepulcros. Se calla porque las ambiciones en la acumulación de dinero con la apropiación de los territorios colonizando las almas e imponiendo con una supuesta generosidad el "monocultivo de la palma aceitera es más "ganancioso" que la vida integral, que la dignidad.

Bogotá, D.C Diciembre 1 de 2003 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ-volver-  

INFORME EJECUTIVO 24: ARIARI-EL CASTILLO (META)

SIGUEN LOS ASESINATOS SELECTIVOS

"Que solitaria ha quedado la que era una ciudad populosa! Se ha convertido en una viuda la que era grande entre las naciones. La princesa de las provincias ha sido reducida a esclavitud." Lamentaciones 1,1

RESUMEN

En la región del Ariari, municipio de El Castillo, Meta, los campesinos siguen siendo perseguidos en desarrollo de una estrategia militar contrainsurgente a través de operaciones abiertas y encubiertas. Bajo el pretexto de la persecución a las FARC EP, en el que pocos enfrentamientos armado se han dado. Los pobladores civiles han sido el blanco militar de las actuaciones armadas contra la guerrilla.

Los asesinatos selectivos, los desplazamientos familiares, el copamiento y usurpación de los bienes de los pobladores, el control sobre todas las actividades en los cascos urbanos, y en las zonas bajas y medias de las montañas han reemplazado la dinámica de masacres y desplazamientos masivos. 

º Domingo 10 de Agosto, "civiles" armados de la estrategia paramilitar retuvieron a la Señora CARMEN PARADA GONZALEZ, 31 años edad en Medellín del Ariari, acusándola de ser auxiliadora de la guerrilla. Horas más tarde, ella se dirigió a Puerto Esperanza, con su hija pequeña , en el poblado la volvieron a retener los paramilitares.

° Martes 12 de agosto, a eso de las 14:30 horas, luego de entregar su hija a su marido, quien fue obligado a ir hasta Puerto Esperanza. CARMEN fue llevada en dirección hacia la vereda La Cima, 15 minutos después fue asesinada con varios tiros. Su esposo fue obligado a abandonar la región.

º Miércoles, 24 de Septiembre , a las 11:00 horas, un grupo de 6 "civiles" armados dentro de la estrategia paramilitar llegaron hasta la casa del Señor DAVID HUMBERTO VALLEZ, ubicada en Puerto Esperanza. De allí lo obligaron a seguirlos en dirección hacia el poblado de Campoalegre, minutos después fue asesinado con tiros de arma de fuego. A su familia la obligaron a recoger el cadáver , a enterrarlo y a abandonar la región.

º Martes 28 de Octubre, a las 20:00 horas, en la vereda Malabar, corregimiento de Medellín del Ariari, integrantes de la estrategia armada encubierta de tipo paramilitar, luego de irrumpir violentamente en la vivienda del señor PIOQUINTO HERNANDEZ, 52 años, se lo llevaron forzosamente junto con HUMBERTO HERNANDEZ, de 48 años. Los paramilitares los subieron en una camioneta conduciéndolos por la carretera que conduce a Medellín del Ariari. Minutos después, en el paraje río Caño Claro, los dos pobladores fueron asesinados.

Dentro de los paramilitares que perpetraron los crímenes se encuentra el apodado "CAMILO". Mientras se perpetraron los atentados de los pobladores civiles, en los cascos urbanos de El Castillo, Medellín del Ariari había una fuerte presencia militar y-o de policía.

Hoy un mismo patrón de actuación, una intencionalidad similar caracteriza los crímenes y las persecuciones cometidas contra los pobladores del Ariari. Nada de los daños irreparables a la vida, a la integridad personal, el derecho a la existencia y al territorio se hubiesen producido si las investigaciones se hubiesen adelantado con celeridad, todo está en la impunidad. Ningún  crimen bajo la estrategia paramilitar se hubiese producido si no existiese el desarrollo de estructuras criminales paramilitares que han nacido, que han crecido debido a la actuación del batallón 21 Vargas.

DETALLES

º La Señora CARMEN PARADA GONZALEZ, de 31 años de edad fue asesinada el domingo 10 de agosto. En horas de la mañana, varios integrantes de la estrategia militar encubierta, en el casco urbano de Medellín del Ariari, se le acercaron para acusarla de ser colaboradora de la guerrilla. A eso de las 15:00 horas CARMEN abordó con su hija menor de edad, un vehículo de servicio público en dirección al caserío de Puerto Esperanza, siendo seguida por varios paramilitares.

Minutos antes de llegar al poblado de Puerto Esperanza, los paramilitares la hicieron bajar del vehículo, la retuvieron trasladándola a una casa en donde la mantuvieron en vigilancia permanente.

Entre tanto, otros "civiles" armados de la estrategia paramilitar informaron a su marido que debía presentarse en el caserío de Puerto Esperanza para recoger a su hija.

Dos días después, el martes 12 de agosto, el esposo de CARMEN llegó al caserío, los paramilitares le expresaron que "ella no tiene salvación". Hacia las 14:30 horas, luego de entregarle la hija, aproximadamente 10 paramilitares se llevaron a la campesina en dirección a la vereda La Cima. Quince minutos después, hacia las 14:45 hora local, se escucharon varios disparos.

Al conocer que su mujer había sido asesinada, su marido realizó el levantamiento del cadáver, intimidado y amenazado por los paramilitares. Después de realizar el levantamiento del cuerpo sin vida de CARMEN, los "civiles" armados, lo obligaron a abandonar la región o correría la misma suerte de su mujer.

Este asesinato se produjo, luego de una serie de confrontaciones armadas entre unidades militares y paramilitares con la guerrilla de las FARC EP en el entorno de Puerto Esperanza.

º Miércoles 24 de Septiembre hacia las 11:00 horas, un grupo de seis "civiles" armados dentro de la estrategia paramilitar llegaron hasta la casa del poblador DAVID HUMBERTO VALLEZ, ubicada en Puerto Esperanza.

Al no encontrarlo, obligaron a su esposa a traerlo del lugar de trabajo. Minutos después, DAVID llegó con su esposa. Los paramilitares se lo llevaron en dirección a la vereda Campoalegre. Aproximadamente, cinco minutos después, se escucharon tres tiros.

Los paramilitares regresaron a la casa de DAVID, y ordenaron a su esposa a recoger su cadáver "vaya por él, no lo queremos ver más". Luego de levantar su cadáver, su esposa y el resto de su familia fueron obligados a abandonar la región.

A las 20:00 horas, integrantes de la estrategia armada encubierta de tipo paramilitar, a algunos vestidos de civil, otros con camuflado, con armas cortas y largas, irrumpieron en el lugar de habitación del campesino PIOQUINTO HERNÁNDEZ, en la vereda Malabar corregimiento de Medellín del Ariari.

Los paramilitares amenazaron a los pobladores de hacer explotar unas granadas de fragmentación, los insultaron, luego golpearon violentamente hasta derribarla. Posteriormente, ingresaron a la habitación donde habitaban los campesinos PIOQUINTO HERNÁNDEZ de 52 años y HUMBERTO HERNANDEZ de 48 años.

Luego de sacarlos a la fuerza, los amarraron y los obligaron a subirse a una camioneta tipo Luv, marca Chevrolet, en donde fueron conducidos por la vía que se dirige al perímetro urbano de Medellín del Ariari. En el camino que lleva a la vereda río Viejo, en el paso del rió Caño Claro los asesinaron.

Entre los civiles armados que perpetraron los crímenes se encuentra un reconocido paramilitar apodado "CAMILO", quien ha participado en varias actuaciones que se han realizado en connivencia, con la tolerancia de unidades militares del Batallón 21 Vargas y de la Policía Nacional. Unidades militares continuaron patrullando en los alrededores de la vereda Malabar, en las inmediaciones de la vivienda de PIOQUINTO.

El levantamiento de los cadáveres se produjo al siguiente día, con la presencia de miembros de la Policía Nacional, mientras los "civiles" armados, algunos de los cuáles cometieron los asesinatos, se paseaban en las calles del casco urbano de Medellín del Ariari.

LINEAS DE INTERPRETACION

Estos nuevos asesinatos evidencian, nuevamente, la connivencia, la tolerancia, la complicidad entre unidades militares-paramilitares como parte de una misma estrategia. Todos los crímenes y atentados que se han cometido, luego de los anuncios en enero del 2002, de la llegada de los paramilitares a la región por parte de las unidades militares.

En el nuevo escenarios, las unidades policiales, están cumpliendo el mismo papel y labor de protección, de omisión frente a las estructuras paramilitares que se visibilizan entre los municipios de Granada y El Castillo, en medio de una gran militarización.

En desarrollo de la operación "Reconquista" del Alto Ariari que ya cumple 21 meses, unidades del Batallón 21 Vargas y fuerzas irregulares de la estrategia paramilitar han copado y sometido a los pobladores de esta región bajo el terror, a desplazarse o a aceptar el control de tipo paramilitar.

Las violaciones a los derechos humanos se siguen presentando a pesar de que las autoridades civiles y militares han afirmado Públicamente que la zona esta pacificada. Los Bloqueos Económicos, establecidos en los retenes paramilitares, visibles para las fuerzas militares y o policiales, donde a los campesinos de las veredas de la cordillera se les controla el paso de alimentos; donde se les amenazas y se les sindica de guerrilleros, son parte de los mecanismos de control y de represión, pues también se les asesina selectivamente, se les obliga al desplazamiento familiar, y luego, se apropian de sus bienes.

Estamos asistiendo a un tipo de genocidio, unos mismos criminales, en estructuras abiertas y encubiertas, un mismo patrón de actuación, una misma intencionalidad, y un supuesto de justificación.

Los pobladores civiles son percibidos como guerrilleros, no se les distingue, la masacre colectiva ha sido modificada por los atentados irreparables selectivos.

Ninguna investigación seria se ha logrado desarrollar. Todo sigue y seguirá en la impunidad. Todo está asegurado, el silencio, la "falta de testigos" justifica la inacción judicial. Pretextos cuando todas las pruebas hoy están en evidencia clara, en flagrancia, es solo ir, ver y todo es cristalino, a pesar que la estrategia pretende ser encubierta.

Bogotá, D.C Noviembre 23 de 2003 - COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ- -volver-  

INFORME EJECUTIVO 33: CACARICA - CAVIDA

Militares del Batallón Voltígeros anuncian: LAS ORDENES DE CAPTURA SE PRODUCIRAN DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE

Persisten intimidaciones, montajes fotográficos, daños de bienes. Nuevo Proceso Judicial contra CAVIDA y Justicia y Paz. Anuncios de operación paramilitar contra CAVIDA 

 "Recuerden su perversa conducta y sus malas acciones, sentirán asco de sus iniquidades y de sus abominaciones. Experimentemos, verguenza y bochorno de esas conductas. La tierra que está siendo desvastada es un jardín fundado en la verdad, en la justicia, en la solidaridad" Ezequiel 36.

RESUMEN

El 4 y  9 de noviembre unidades militares del Batallón Voltígeros han reiterado a la población que desde el 15 de noviembre iniciarán las operaciones de detenciones de integrantes de CAVIDA pues ya conocen las órdenes de captura proferidas por una unidad fiscal de Antioquia.

Desde el viernes 3 de octubre y hasta el 11 de noviembre, se  presentaron movilizaciones de las unidades militares entre "Esperanza en Dios" y "Nueva Vida", movilizaciones de "civiles" armados dentro de la estrategia armada encubierta y la presencia nuevamente en el sitio conocido como La Balsa, distante a dos horas y media de la Zona Humanitaria "Nueva Vida", así como el anuncio del desarrollo de la operación militar para capturar a los miembros de CAVIDA desde el próximo 15 de noviembre por disposición de una unidad de la Fiscalía de Antioquia.

Durante este último mes y medio, se han producido registros fotográficos y videos sin consulta por parte de los militares de la Brigada XVII de pobladores civiles, de bienes comunitarios. Se teme que sean usados, como los presentados en agosto pasado, dentro de montajes de inteligencia militar o presentaciones a través de medios de infomación dentro de una intencionalidad de desprestigio  (3 de octubre y 9 de noviembre) y de posibles montajes para sustentar la  falsedad en los que se pretende vincular a los miembros de CAVIDA como guerrilleros con fotografías (7 de noviembre); amenazas e intimidaciones por parte de unidades militares de muerte(3, 7, 8, 12, 31 de octubre y 3, 7 y 9 de noviembre); señalamientos, falsas acusaciones, estigmatización asociando a CAVIDA o sus acompañantes con la guerrilla o actuaciones ilegales como el uso de minas antipersonales para su protección (7, 8,12, 13, 31 de octubre); impedimento a la libre movilización (16 y 17 de octubre); movilización y presencia de paramilitares (6, 9, 13, 22 de octubre);  señalamientos y acusaciones contra acompañantes y organizaciones de derechos humanos (12 de octubre y 9 de noviembre); destrucción de bienes de supervivencia (31 de octubre); amenaza de operativo militar para capturar a integrantes de CAVIDA  (9 y 11 de noviembre); proceso de judicialización contra CAVIDA y Justicia y Paz (octubre 22).

Han sido seis meses de una persecución sistemática contra la propuesta alternativa de defensa de la vida y del territorio a través de los medios de información locales y nacionales, con daños y destrucción de bienes de supervivencia, con intimidaciones y hostigamientos, con señalamientos y amenazas de muerte, con el desplazamiento forzoso y las quemas de signos de distinción de la población, con anuncios permanentes de una operación militar con órdenes de captura, con el  control y la limitación a la libre movilización de los afrodescendientes, con el ofrecimiento de dinero a jóvenes y niñas para reunir información de "inteligencia" militar sobre la organización comunitaria, el ofrecimiento a ser integrantes de la red de Informantes, o soldados campesinos.

Simultáneamente se inició el desarrollo de una estrategia jurídica basada en testigos motivados por recursos económicos, en presiones para conseguir testigos, en libretos que reproducen con la intención de desestructurar la organización comunitaria, deslegitimarla nacional e internacional y desterrar a Justicia y Paz de la región, pues son una amenaza a las propuestas de privatización del territorio, de la impunidad jurídica y social,  de la reconciliación sin verdad, sin justicia y sin reparación integral, y de los proyectos agroindustriales como la propuesta de integración entre victimarios y víctimas.

Solicitudes Urgentes

ª Al Presidente ALVARO URIBE VELEZ , como máximo comandante de las Fuerzas Armadas, y al Vice Presidente de la República FRANCISCO SANTOS, como un DERECHO DE PETICION ETICO :

- Por qué las operaciones militares del Batallón Voltígeros se han orientado contra los pobladores de CAVIDA y no contra blancos militares legítimos?

-Qué medidas administrativas va a tomar frente a los abusos cometidos por las unidades militares desde el 13 de mayo?

-Por qué la fácil movilización de unidades de paramilitares entre Riosucio, Turbo, Carmen del Darién en medio de autoridades civiles y militares?

-Qué garantías existen para la presencia de organizaciones humanitarias para seguir acompañando a las comunidades de Cacarica?

ªAl Fiscal General de la Nación LUIS CAMILO  OSORIO, que se unifique el proceso 7994 con el 1701, en tanto las denuncias penales contra CAVIDA son de la misma naturaleza, de modo que se posibilite el derecho de defensa y el debido proceso

ª Al Director de la Vice Presidencia de Derechos Humanos y DIH  CARLOS FRANCO, comunicarse telefónicamente para convocar con urgencia una nueva sesión de la Comisión Mixta de Verificación, CMV, para responder con urgencia a la situación presente de vulnerabilidad de CAVIDA y se estudien las propuestas planteadas en el último período de sesiones de la Comisión Interamericana de derechos Humanos, respecto a las medidas cautelares de los afrodescendientes del Cacarica

ª Al Procurador General de la Nación, EDGARDO MAYA VILLAZON se investigue con prontitud las razones por las cuáles las unidades militares de la Brigada XVII han anunciado con insistencia, y certeza, el desarrollo de operaciones militares desde mayo tendientes a dar captura a integrantes de CAVIDA y de Justicia y Paz, sin que al comienzo se conociese de la existencia de procesos judiciales o cuando iniciados los procesos penales anuncian las eventuales decisiones judiciales.

ª Al Defensor Nacional del Pueblo, VOLMAR PEREZ, el nombramiento y la presencia inmediata del Defensor Comunitario en el Cacarica, ausente desde hace dos semanas de la Zona Humanitaria

DETALLES

º Viernes 3 de octubre, hacia las 10:00 horas aproximadamente, un grupo de unas siete unidades militares de la Brigada XVII, hicieron presencia en la zona humanitaria "Nueva Vida", recorriendo los alrededores del lugar humanitario delimitado por la Malla de la Vida. Las unidades regulares realizaron un  registro fotográfico y de video de la emisora comunitaria, las unidades de vivienda familiar, la casa del equipo misionero de Justicia y Paz .

Los militares solicitaron a través de algunos pobladores dialogar con  integrantes del Equipo Misionero de nuestra Comisión Justicia y Paz, que se encontraban acompañando el Encuentro Internacional de niñ@s y jóvenes "Nosotros También Decimos.  Nuestros Derechos en la Guerra",quiènes cuando atendieron la solicitud de los miembros de la fuerza pùblica no fueron atendidos

Hacia las 13:00 horas, antes  de alejarse del lugar humanitario los militares expresaron que vinieron a ofrecer protección,  "vinimos por las buenas, después que no se quejen"

 º Lunes 6 de octubre, hacia las 10:00 horas aproximadamente, más de siete unidades militares, en el sitio conocido como La Tapa, durante la salida las 15 delegaciones internacionales participantes en el Encuentro de Niañas y Jóvenes, un militar expresó: "estamos acá para brindar seguridad a los internacionales en su salida...". Poco después se escuchó una conversación por radio de comunicación de las unidades militares: "ya están saliendo, queda el camino despejado, estamos en el sitio ... tenemos algunos extraños, esperamos el motor y el paquete."

Hacia las 11.45 horas, a unos 100 metros del sitio conocido como La Tapa, la chalupa comunitaria de CAVIDA, se encontró con una panga rápida, color blanco y franja azul, con motor 200 en la que se movilizaron siete hombres, dos de ellos con camisetas negras y pantalones camuflados.

Esta embarcación, según versiones extraoficiales ha sido utilizada en ocasiones anteriores para movilizar "civiles" armados de la estrategia paramilitar.

º Martes 7 de octubre, en horas de la mañana en la antigua zona humanitaria de "Esperanza en Dios", tres militares se dirigieron a un miembro de CAVIDA que se transportaba en un casco /embarcación de madera sin motor/, exigiendo que se las entregara para su servicio.

 El afrodescendiente se negó, agregando que ellos son pobladores civiles con unos principios que asumen para distinguirse de los actores armados. Los militares se disgustaron afirmando "vamos a conseguir una embarcacion, como sea, esos cuentos que les meten en la cabaza se van a terminar, a la guerrilla si le colaboran"

º Miércoles 8 de octubre, hacia las 10:00 horas, cerca de 50 unidades militares se ubicaron en la salida hacia las zonas de cultivo de pan coger de la zona humanitaria de "Nueva Vida", otro grupo se dirigió hacia la orilla del río donde levantaron carpas, y otro enfrente de la Malla de Vida.

Durante el día las unidades militares adelantaron patrullajes alrededor de la Malla de Vida, uno de ellos expresó: "aquí la gente tiene mucha desconfianza, vamos a estar pendientes, vigilándolos".  Otro grupo de militares, rozaron, tumbaron algunos árboles adecuando una pista de aterrizaje.

Un capitán de apellido DUARTE, comandante del operativo, solicitó a varios pobladores informar a nuestra Comisión de Justicia y Paz que necesitaban hablar. Al conocer la petición, nuestra Comisión de Justicia y Paz solicitó la presencia de las Autoridades Morales de la comunidad, patriarcas y matriarcas, para ser testigos del diálogo. Minutos después de salir de la Zona Humanitaria, demarcada por la Malla de Vida, no fue posible dialogar, los militares expresaron que el Capitán DUARTE no estaba disponible.

 Algunos de los militares agregaron "hay muchas minas alrededor de la Zona Humanitaria, esa es la protección, se las colocó la guerrilla, después no digan nada. Esa es la proteccion de esta comunidad.

Los militares se retiraron del lugar.

º Jueves 9 de octubre, en el municipio de Turbo, en horas de la mañana nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció del ofrecimiento de recursos, de "protección" y de presiones a eventuales nuevos falsos testimonios contra nuestra organización de derechos humanos para que se afirme que hemos amenazado de muerte, que somos miembros de las FARC, pues es necesario "acabar con esas piltrafas humanas de Justicia y Paz, que impiden el progreso de la región y tienen mucho apoyo internacional".

Jueves 9 en horas de la tarde en el río Perancho se presentaron movilizaciones de unidades de los "civiles" armados dentro de la estrategia paramilitar entre La Balsa y Puente Amèrica y La Tapa en embarcaciones de alta potencia. A algunos pobladores les manifestaron que estaban en acciones de reconocimiento .

º Domingo 12 de octubre, hacia las 8:00 horas se acercaron 4 unidades militares a dos miembros de CAVIDA a orillas del río Peranchito, a pocos metros de la antigua Zona Humanitaria "Esperanza en Dios", exigiéndoles la entrega de cuatro mulas.

Los integrantes de CAVIDA respondieron que eran de propiedad comunitaria, y desde sus normas de vida no prestan servicios a ningunas de las partes de la guerra.

Uno de los militares manifestó airado: "a ustedes les impide colaborar es esa ONG que no gusta de nosotros" (...) " esa ONG les impide cosas y los manda, van a ver que va a pasar con esas ONGs " .

 Los afrodescendientes le respondieron: "¿Ustedes ven acaso a alguno de los acompañantes? Nosotros somos los que hacemos nuestras normas, somos los habitantes del Territorio, ellos solamente nos acompañan. A nosotros nadie nos manda, nosotros somos comunidad con Autodeterminación". .

º Lunes 13 de octubre en horas de la mañana arribó a la antigua Zona Humanitaria de "Esperanza en Dios" una embarcación pequeña en la que se movilizaba un reconocido paramilitar que opera en Turbo apodado "El Curvo". El integrante de la estrategia armada encubierta se trasladó desde el punto conocido como La Tapa cruzó enfrente de las unidades militares, y de acuerdo con los testigos, allí se ubicó. El paramilitar a los integrantes de CAVIDA les expresó: "estoy observando como está la situación, ya nos veremos más".

º Jueves 16 de octubre, hacia las 6:30 horas un miembro de CAVIDA, que se dirigía a su cultivo de arroz, distante a 10 minutos de la antigua Zona Humanitaria de "Esperanza en Dios" fue sorprendido por varios militares que le manifiestaron: "usted no puede pasar por este sitio, este lugar es nuestro, y acá tenemos nuestras reglas, así como ustedes las tienen allá en esa comunidad, así como nosotros no podemos entrar por allá, ustedes no pueden pasar por acá... desde ahora queda prohibido el paso de civiles de esa comunidad por este sitio".

El afrodescendiente respondió  "ustedes no pueden impedir nuestro derecho a la movilización en un Territorio Colectivo que es nuestro, ustedes se encuentran destruyendo un territorio colectivo, motivando la destrucción de los procesos comunitarios, dejando de enfrentar a los paramilitares, y ni han combatido con la guerrilla porque no hay y ustedes nos acusan a nosotros, haciendo daños en las siembras familiares y comunitarias e impidiendo la vida normal de la gente, ataquen a armados, no a los desarmados, aqui no hay, busquénlos".

En respuesta el militar tomó su arma y la empuñó en actitud amenazante y volvió a repetir al afrodescendiente: "