INFORME EJECUTIVO 10: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

AMENAZAS CONTRA JUSTICIA Y PAZ

“Líbranos, señor, de los hombres malvados, defiéndenos de la gente violenta, de los que en su corazón maquinan males y que provocan riñas cada día; que cual serpiente afilan sus lenguas y veneno de víbora hay en sus labios”.  Salmo 140, 2-4

HECHOS

Nuestra Comisión tuvo conocimiento a través  de organismos humanitarios de altísima credibilidad e idoneidad, acerca de una llamada telefónica en la que se advierte sobre daños irreparables a la vida e integridad de personas de las comunidades que acompañamos y contra miembros de nuestra Comisión.

El miércoles 8 de septiembre aproximadamente a las 11:20 horas, en el municipio del Carmen del Darién, Bajo Atrato Chocoano,  se recibió la siguiente llamada:

“No hable, no tengo mucho tiempo, dígale a la gente de Justicia y Paz que los van a volver pedazos,  que van a acabar con  el pueblo”.

No es la primera vez que  se amenaza el legítimo  derecho de defender los derechos humanos en el Bajo Atrato chocoano. No es la primera vez que se conoce de llamadas anónimas o de advertencia. No es la primera vez que se intenta con amenazas acabar con el derecho a defender los derechos humanos.

Hacemos un recuento de algunas de las amenazas recibidas en  contra de nuestra Comisión

1. Señalamientos directos, seguimientos y llamadas telefónicas.

·         Marzo de 1999 uno de los miembros de la Policía Nacional que en la fecha prestaba  sus servicios en Bahía Cupica, en momentos que nuestra Comisión acompañaba a los repatriados de Panamá,  preguntó por el nombre de uno de los acompañantes de nuestra Comisión y expresó: "menos mal que ya no está, porque el día que yo lo vea ahogándose, lo ayudo a hundirse en el mar".

·         Viernes 9 de abril, 1.999, en el coliseo municipal de Turbo, a las 3:00 p.m. aproximadamente,  dos policías que se encontraban en servicio expresan a algunos integrantes de la comunidad desplazada "ese que esta ahí es un guerrillero", refiriéndose a uno de los integrantes del Equipo Misionero de nuestra Comisión de Justicia y Paz. 

·         Entre el jueves 9  y el 15 de abril de 1999, en el municipio de Turbo,  la casa misionera es merodeada en distintos momentos por hombres que se movilizaban con radios y armas cortas, pertenecientes a los paramilitares.

·         Desde el 1 de abril de 1999  y hasta el 21 de abril, se realizan llamadas en Bogotá, al lugar de residencia permanente de uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo que acompaña a las Comunidades del Cacarica y a nuestra sede de Justicia y Paz en Bogotá en las que se le amenaza de muerte.

·         Entre  junio y julio  de 2001 se recibieron 4 llamadas. En dichas comunicaciones, que coinciden con las llegadas de los viajes de un miembro de nuestra comisión    se afirma: "por guerrillero te vamos a matar" (...) "vamos a soplar, vamos a limpiar", “cuidado con sus viajes, guerrillero lo vamos a matar”.

·       El lunes 8 de julio de 2002 alrededor de las 9:00 hora local, llego a nuestras oficinas en Bogotá una comunicación en la que se expresa: “DANILO RUEDA RODRÍGUEZ USTED FUE DECLARADO OBJETIVO MILITAR POR NUESTRA ORGANIZACIÓN. ESTA DECISIÓN NO ESTA MODIFICADA. DE ACUERDO CON NUESTRAS NUEVAS DIRECTRICES ANTES DE ACTUAR LA DECISIÓN DEL ESTADO MAYOR ES REALIZAR UNA GESTIÓN HUMANITARIA PARA CONVOCARLO A UNA REUNIÓN ACLARATORIA SOBRE SU RELACIÓN CON LA NARCO GUERRILLA DE LAS FARC A TRAVÉS DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS ESTE ATENTO. AUC”

·       El lunes  22 de julio  de 2002 a eso de las 21:30 hora local, un integrante de nuestra Comisión fue seguido  cerca de 10 minutos cuando se dirigía al Terminal Puente Aéreo de Bogotá a la altura de la avenida Boyacá desde la calle 63 aproximadamente, por dos hombres que se movilizaban en un automóvil de color vino tinto, marca Renault 19,  uno de ellos con un arma al parecer una metralleta, quiénes intentaron cerrar en dos ocasiones el vehículo de servicio público en el que se transportaba el integrante de nuestra Comisión.

·       Nueve días después, el martes 30 de julio, aproximadamente a las 9:30 hora local llegó a nuestra sede en Bogotá, una carta dirigida al integrante de nuestra Comisión en la que se expresa:

“LE SOLISITAMOS RESPONDER A LA INVITACION DEL DIALOGO NO HUYA CUANDO LO VOLVAMOS A ABORDAR MANTENGA LA CALMA QUEREMOS ACLARAR SU SITUACION LE RECORDAMOS QUE USTED ES TODAVIA OBJETIVO MILITAR EL CARGO SER INTEGRANTE DE LA NARCO GUERRILLA DE LAS FARC O AUXILIAR LA PROXIMA VES NO PODEMOS RESPONDER NO SE ESCONDA ES PEOR O NOS VEREMOS OBLIGADOS A OTROS METODOS ESTE ATENTO RECUERDE A ALMARALES EVITEMOS MAS PROBLEMAS

·       El viernes 9 de agosto de 2002 a las 17:15, hora local se recibió en nuestras oficinas en Bogotá nuevamente una comunicación que dice: “SUFRAGIO:  LAMENTAMOS EL FALLECIMIENTO DE DANILO RUEDA....EN SEPTIEMBRE. MUERTE DEFENSOR DE GUERRILLEROS. NO MÁS. La nota va acompañada con una cruz y una virgen como la que normalmente llevan los sufragios.

·         Viernes 2 de abril de 2004. Hacia las 17:30 horas tres miembros de Justicia y Paz  y dos extranjeros  acompañantes que participaron en la rueda de presa  por la preclusión de las investigación contra el Gral ® RITO ALEJO DEL RIO, a la altura de la calle 16 con Cra 6ª  de Bogotá, fueron registrados por una cámara de video manejada por hombres desde un automóvil Daewoo color verde platinado con placas de Cali. Los hombres del vehículo al ser descubiertos se marcharon enseguida. 

2. Señalamientos a través de medios de información e Informes de Inteligencia.

·         Marzo de 1999 llega  a  la revista Semana, de circulación nacional, un escrito lleno de calumnias contra miembros de nuestra Comisión que trabajaban con las comunidades desplazadas en el Urabá en un lenguaje, según expertos, propio de inteligencia militar que  esgrime todo un cúmulo de falsedades que los involucran con  la insurgencia armada.

·         A mediados de abril de 1999, llega a nuestra Comisión un mensaje suscrito por las “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” que según expertos no corresponde ni a su lenguaje ni a su estilo (no hay logos), pero en cambio es muy similar en su estilo y vocabulario al que oficiales del Ejército han dejado en numerosas veredas, así como aquellos que reciben otras organizaciones perseguidas por el Ejército. En el escrito señalan a nuestra Comisión como “organización paraguerrillera” y a un arquitecto que asesoraba las comunidades del Cacarica, buscado por nuestra Comisión, se le señala como “peligroso sujeto enlace con grupos de bandoleros” y se le da un plazo de 20 días para salir del país señalando que ya lo había hecho nuestro anterior Secretario Ejecutivo.

·         En una reunión sostenida en el mes de julio  de 2000 en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño,  con la participación del Comandante de la Policía Urabá; el Defensor del Pueblo de Urabá, el Obispo de la Diócesis de Apartadó,  al parecer miembros de la Brigada XVII, gremios y comunidades, según editorial del periódico “Urabaense” (agosto 2000) y los Servicios Especiales de Seguridad Privada, la labor de nuestra Comisión fue profundamente cuestionada, puesta en duda nuestra rectitud y el sentido de nuestra misión. Conocimos que como preámbulo de dicho encuentro las expresiones contra nuestra Comisión fueron más críticas, fuertes y amenazantes. Partes de la reunión más amplia fueron conocidas a través del comentario editorial del periódico “Urabaense”.

·         En declaraciones al periódico El Heraldo de Urabá, Nro. 245 de Agosto de 2000, el comandante de la Brigada manifestó a raíz de la masacre ocurrida en la vereda La Unión, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó,  sin precisar a quien se aludía que “lo que han hecho esas personas anónimamente ha sido bastante negativo que afecta al ejército porque eso les ha hecho más daño de lo que puede hacer todo el frente del Bloque José María Córdoba” ”. Según dicha publicación, el General Vargas Informó  que “la única ONG que los ataca es la Comisión  de Justicia y Paz. Esto ha sido en forma permanente, abierta, indiscriminada, vil y cobarde” el General Vargas Forero afirmó  “que no ha ocurrido lo mismo con otros organismos” (...) Y continúa: “No se explica el comandante de las Fuerzas Militares acantonadas en Carepa los motivos por los cuales esta ONG los ataca. “No asisten a las reuniones, les hemos enviado diversos oficios por medios escritos, invitaciones muy cordiales y están sesgados buscando enlodar la imagen institucional de las Fuerzas Armadas”.

·          Abril de 2004.   En  la   revista la  “La Otra Verdad” de abril de 2004, editada por  PEDRO JUAN MORENO VILLA colaborador del presidente URIBE VELEZ,  en el aparte “Las Notas de Pedro Juan”, se refiere  al fallo  con el que el Fiscal General de la Nación precluyó la investigación contra el General (r) RITO ALEJO DEL RIO para descalificar el papel de nuestra Comisión de Justicia y Paz como parte civil de ese proceso  acusándola de presentar testigos falsos y de no sustentar las pruebas. Al final  de la “nota” anuncia las agresiones que vendrán: “Como este caso lo trataremos detalladamente en próxima edición, una vez alcancemos a digerir lo carnudo de este fallo, hasta la próxima. Pero mientras tanto: Así no padre Giraldo, aclare  es Justicia y Paz o Injusticia y Guerra!”

·         Miércoles 21  de abril de 2004.    nuestra Comisión conoció que se preparaba una nota  sobre Justicia y Paz en  NOTICIAS RCN de televisión, relacionada con nuestra  expulsión de  la comunidad del Cacarica.

·         Jueves  22  de abril de 2004  se envió una carta de nuestra Comisión que  explicaba lo sucedido en el Cacarica, junto con la  sentencia de la Corte Constitucional que obligaba a la empresa Maderas del Darién a suspender el corte de madera en los territorios titulados  y  ordenaba a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior resolver la doble representación legal;  la carta de  CAVIDA en la que explica las irregularidades que se cometieron en el proceso de resolución de la doble representación  legal y el comunicado de 65 organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos por la decisión del Fiscal General de la Nación de precluir la investigación contra el general RITO ALEJO DEL RIO, documentos que daban cuenta del contexto en el que se conocieron las declaraciones del Gral MORA RANGEL (21 08 03) y en que se entregaba a su noticiero nueva información en contra de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

·         Sábado 24 de abril de 2004.  En la emisión de las 12:30 horas  de NOTICIAS  RCN   se transmite una nota en la que se presentan como habitantes del Cacarica personas ajenas a las zonas humanitarias que ingresaron  por la convocatoria del Director de Etnias de Ministerio de Interior  JESUS RAMIREZ, para resolver la doble representación legal. Transcribimos apartes de  la nota: 

(PRESENTADOR)

"En un acto sin precedente, los habitantes de las Comunidades de Paz de Cacarica, Choco, expulsaron a la ONG Justicia y Paz"

"Los pobladores denunciaron que algunos de los representantes de la organización no gubernamental compraron tierras otorgadas por el Estado de desplazados del Chocó"

(…)Se presentan imágenes de ADÁN QUINTO en una reunión enseñando una hoja y expresando :

"Este documento está diciendo que la finca fue comprada en 4 millones, en 6 millones de pesos y se la entregaron y se la compró el señor  Naufal Quinto, quien es el representante legal de Justicia y Paz"

VOZ DE LA PERIODISTA

"Estas denuncias enardecieron los ánimos de 300 habitantes de la Comunidad de Paz Nueva Vida, ubicada en Cacarica, Chocó"

Se ve imágenes de la protesta en la Zona Humanitaria, con gente que tiene pancartas donde se puede leer : "Viva los derechos humanos! Fuera sus violadores! Adiós Justicia y Paz!"  

(Se ven imágenes de un hombre  gritando)

"Queremos nuestra libertad ! Fuera Justicia y Paz !"

Los demás manifestantes contestan : "Fuera Justicia y Paz!"

VOZ DE LA PERIODISTA

"En un acto sin precedente los habitantes del asentamiento exigieron la salida de los representantes de la ONG internacional"

Imágenes de un afrodescendiente, en medio de los manifestantes reunidos en un círculo, que expresa :

"A los extranjeros de otras naciones, impedirles montarse aquí, y implantar uno que si es de aquí"

Se puede observar hombres que tienen una pancarta que dice : "Fuera Justicia y Paz! Bienvenido Gobierno!"

VOZ DE LA PERIODISTA

"Los pobladores, con pancartas y arengas, expulsaron de la zona los delegados de la entidad"

Se ve imágenes de los manifestantes y se escucha :

"Queremos nuestra libertad! Fuera la malla!" "Fuera!"

VOZ DE LA PERIODISTA  "En esta carta la ONG aseguró que quienes asistieron a la marcha no son habitantes de Cacarica".

Se amplía una parte del informe de Justicia y Paz  y un periodista lee:

"La marcha de no más de 150 personas, la totalidad que no habitan o son ajenos al territorio colectivo de las comunidades, fue dirigida contra las comunidades afrodescendientes del Cacarica"

VOZ DE LA PERIODISTA

(En el fondo se proyecta imagen de una pancarta que está puesta en la malla al lado de la puerta de entrada de la zona humanitaria)

"Después de la manifestación, en la entrada del asentamiento de Nueva Vida, aún permanece este aviso con una bandera alemana en la que se advierte que el lugar sigue siendo zona de atención humanitaria"

3. Nuestra Comisión en dos ocasiones ha sido convocada por paramilitares a “sostener diálogo”.

·         A mediados del mes de octubre de 1999 nuestra Comisión recibió la sorpresiva visita de 3 altos funcionarios de la empresa Maderas del Darién quienes querían desmentir las denuncias formuladas por las comunidades de la Cacarica, que retomamos en nuestras constancias históricas, sobre la explotación ilegal, irracional y comercial de madera en los territorios titulados. Días después, las 4 personas de Justicia y Paz que los atendieron, fueron convocadas, a través de la iglesia local a hablar por parte de un jefe paramilitar de la región de Urabá. Nuestra comisión, por razones de orden jurídico, ético y práctico se negó a  dialogar.

·         El martes 17 de septiembre del 2001, a las 14:30, según información de una fuente de altísima credibilidad, de un organismo humanitario internacional,  somos convocados por los paramilitares a un “diálogo”, al parecer, por el contenido de nuestras constancias históricas y censuras morales en que dejamos de manifiesto la actuación militar-paramilitar contra las comunidades que venimos acompañando. Al ratificar nuestra postura de no diálogo con los paramilitares, el mensaje  deja entrever que nuestra Comisión se encuentra en la mira de los paramilitares y que las consecuencias de no acceder al diálogo pueden ser graves.

4. Demandas de la Brigada XVII, actuación del DAS e irregularidades en los procesos  penales contra miembros de CAVIDA y de nuestra Comisión.

·         Desde hace cinco años, integrantes de  nuestra Comisión han sido vinculados a procesos penales por injuria y calumnia en el que los demandantes son los Comandantes de la Brigada XVII. Todas estas acciones legales interpuestas se basan como pruebas en el desarrollo de las investigaciones que adelanta la Justicia Penal Militar, (01-06-00), (10-01-01), (24-10-01). El juzgado  Penal Militar  de la Brigada XVII no encuentra meritos para procesar a militares comprometidos con evidentes violaciones a derechos humanos y en cambio compulsa copias al Consejo Seccional de la  Judicatura para que se investigue disciplinariamente a un abogado de nuestra comisión de Justicia y Paz (14-06-02).

• Miércoles 25 de febrero de 2004.  Un hombre y una mujer  ingresaron al Cacarica y se presentaron como funcionarios de la vicepresidencia de la republica, acompañados por uno de los denunciantes  contra nuestra Comisión de justicia y Paz que  junto con el General ® JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, hizo  graves acusaciones contra nuestra Comisión de Justicia y Paz(21 08 04). Los supuestos funcionarios de la Vicepresidencia recorrieron el lugar humanitario “Esperanza en Dios” filmando las estructuras de casas abandonadas y de cambuches de varias familias. Integrantes de CAVIDA al preguntar el motivo de las grabaciones solicitaron la identificación de los funcionarios públicos. Las dos personas reiteraron ser delegados de Bogotá por parte de la Vicepresidencia de la República. Los funcionarios agregaron que: “nuestra visita obedece al seguimiento que estamos realizando al proyecto de vivienda... nosotros queremos ayudarlos porque esa ONG se ha cogido todos los recursos y no han hecho nada... queremos que se haga justicia”.
• El 29 de marzo de 2004  con el objeto de aclarar esta situación irregular,  nuestra Comisión  de JUSTICIA Y PAZ,  por medio  de derechos de petición, solicitó tanto a la Vicepresidencia, al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como a la Vicepresidencia, se nos informara si habían comisionado funcionarios de sus dependencias  para adelantar verificación de las viviendas del Cacarica. Como respuesta al requerimiento, la Vicepresidencia responde que ninguno de sus funcionarios han sido comisionados para tal fin.  Por su parte , el DAS informa que dos de sus agentes se desplazaron a la Zona Humanitaria de ESPERANZA EN DIOS para dar cumplimiento a una Misión de Trabajo expedida por la Fiscalía. 

En la “Misión de Trabajo” los funcionarios filmaron un video  que evidencia la imparcialidad del procedimiento,  en contra de nuestra Comisión de Justicia y Paz por parte de los funcionarios, del que transcribimos algunos apartes:

Denunciante contra JyP (Den): (…) Este es el proyecto de destaponamiento del caño esto lo pasaron como canalización  pero como se ve aquí no se hizo nada.(…). Todo esto lo pasaron como que había sido canalizado y  vea no se hizo nada miren que está sin canalizar el río está seco igual a como estaba antes del trabajo.

( DAS): Justicia y Paz…

(Den). Esto fue dirigido y manejado por Justicia y Paz  . Nosotros le dijimos al Ministerio  de transporte que la  palita que está en Turbo   que era la que iba a hacer el trabajo no servía.  Justicia y Paz insistió que tenía que ser esta  porque los de la Red el gerente de la Red dijo que Maderas del Darién  podía hacer este trabajo pero Justicia y Paz  no dejó y eso fue lo que ….. se perdió la plata 134 millones que había para esto que no se hizo nada porque Justicia y Paz no dejó hacer el trabajo con la gente que tiene conocimiento y podía hacerlo bien hecho.

(DAS). Qué sector es este?

(Den). Peranchito

(DAS). (…)Entonces esto fue lo que no…..

(Den). Esto fue lo que iban a canalizar pero no canalizaron nada

(DAS). No canalizaron nada

 (DAS).(…)  En estos momentos  nos disponemos a realizar la visita al asentamiento con los señores que tienen conocimiento de los hechos allí ocurridos … vemos una entrada aquí al asentamiento vemos la cerca la reja como les decía antes y vamos a mirar aquí pues lo sucedido y de las casas que no fueron entregadas en su totalidad.

 (Den)(…). Esta es la escuela donada por el municipio de Riosucio.

(DAS). ¿ ya estaba ahí?

(Den). Si

(DAS). Para que no vayan a decir que la construyeron ellos. ( refiriéndose a Justicia y Paz)

(DAS). (Pregunta a una mujer)  Y así se la entregaron los de Justicia y Paz? La casa Justicia y Paz se la entregó así?

Mujer (Muj) . si

(DAS). ¿Y qué le dijeron los de Justicia y Paz  cuando le entregaron  esto a usted?.

(Muj).  Justicia y Paz no nos entregó

(DAS) (…) (Filmando una embarcación de madera deteriorada. Como se puede apreciar en esta toma este es el barco que dice la comunidad que era utilizada por las personas desplazadas para comunicarse, mas bien para desplazarse de un sitio a otro. Nos encontramos con la desafortunada noticia  de que está abandonada ya después de invertir como 200 millones de pesos en esto. Fue donado por la embajada  de Holanda a Justicia y Paz para que hiciera lo pertinente según la comunidad. 

.(…)  Podemos observar aquí parte del trabajo que tenía que hacer Justicia y Paz de acuerdo a la dragada por decirlo así del río y en algunas partes como también mostramos anteriormente vemos que esto no se cumplió y que el río sigue el cauce, el caño está muy bajito y por aquí es imposible la comunicación  de la comunidad hacia el asentamiento por causas...el río no se presta para entrar embarcaciones por eso se necesitaba la dragada del río urgentemente”.

·         Viernes 12 de marzo de 2004, hacia las 10:00 horas en la Fiscalía 105 seccional de Turbo Antioquia, en presencia del Fiscal LUIS MIGUEL ALONSO ORTIZ  se inició una diligencia de ampliación de denuncia dentro del proceso 1274 adelantado por la fiscal 19 delegada ante la unidad nacional de delitos contra la Administración Pública. Por parte de la defensa se hizo presente uno de los abogados de nuestra Comisión de Justicia y Paz, acompañado por miembros de Peaces Brigades International, PBI, quienes permanecieron fuera del recinto.

Hacia las 10:12 horas hizo presencia la abogada JOHANA CABEZA ARIAS, la denunciante en la rueda de prensa del 21 de agosto convocada por el General MORA RANGEL, quien se presenta acompañada de un hombre armado. La abogada solicita la suspensión de la diligencia para hablar con el señor Adán Quinto. Posteriormente solicitó estar presente en la diligencia, abogándose la calidad de apoderada de la parte civil.

Ante la petición del abogado de nuestra Comisión, en concordancia con el Código de Procedimiento Penal colombiano, no se accedió a la solicitud de CABEZA ARIAS, y la diligencia continúa. La abogada se ubicó entonces en un lugar visible junto a un hombre armado. Las dos personas permanentemente observaron a nuestro defensor en actitud intimidante y riéndose mientras el hombre señala el lugar donde aparentemente guardaba su arma. 

Frente a esta actitud, el abogado de nuestra Comisión de Justicia y Paz solicitó al Fiscal requisar e identificar al acompañante de JOHANNA CABEZA. Luego de una corta conversación privada entre el Fiscal y el hombre, éste adujo ser miembro del DAS, aceptó tener un arma (pistola Prieto Baretta No.  D143142).  El sujeto se negó a informar el nombre de su superior.

A las 10:55 horas la abogada y el supuesto miembro del DAS se retiraron de forma apresurada de las instalaciones de la Fiscalía

A las 11:00 horas, el abogado de nuestra Comisión solicitó la suspensión de la diligencia por la ausencia de garantías para continuarla

• El 5 y 13 de mayo de 2004, la Unidad Nacional contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación profirió resolución inhibitoria a favor de los miembros de Justicia y paz, al no encontrar meritos para abrir investigación en  dos procesos penales con radicados  1348 y 1349 en los que el mismo denunciante, acusaba a Justicia y  Paz de haberse  apropiado de los recursos destinados para los proyectos productivos y la canalización de los ríos de la Cuenca.

Los hechos que se quisieron endilgar falsamente a los miembros de Justicia y paz no soportaron los análisis probatorios, como los expuestos por el DAS, (en el video del que transcribios apartes),  queriendo decir con esta decisión que no existe razones fácticas y de derecho para iniciar formalmente acción penal por considerar que los miembros  de Justicia y Paz no cometieron los comportamientos delictivos que falsamente pretendió adjudicar (peculado por apropiación). En bases similares se apoya el mismo denunciante, con la misma apoderada,  para acusar a  CAVIDA y a Justicia y Paz de los cargos de rebelión, asesinato, tráfico de drogas (Rad 1701) y de haberse apropiado de  los recursos destinados al proyecto de vivienda (Rad. 1274).

• Miércoles 9 de junio de 2004. Se hicieron presentes en nuestras oficinas  en Bogotá los agentes del DAS de extranjería,  HANS KARL RIVERA y JEYSON JOSE MORENO con la orden de trabajo No. 209 en la que se solicita toda la información referente a extranjeros vinculados con JUSTICIA y PAZ. Los agentes manifiestan “esto es algo de rutina, tenemos órdenes similares para otras empresas” “nos han informado que aquí viene mucho extranjero ¿Quiénes son, a qué vienen, por qué?” “ustedes por que se cambiaron de oficina? “¿Qué hace Justicia y Paz?” ¿“ustedes tienen otra oficina u otra sede”? “qué hacen negros aquí”,  aludiendo a la presencia de delegados de los consejos Comunitarios del Jiguamiandó y 9 comunidades del Curvaradó y de las Comunidades de Autodeterminación del Cacarica, CAVIDA.
• El jueves 24 de junio de 2004 tuvimos información de que el despacho que conoce el proceso 1701 ha sido objeto de presiones por parte funcionarios de la Presidencia y Vicepresidencial de la República, a través de llamadas telefónicas en las que solicitan resolución pronta del asunto, conminando a la funcionaria para que la decisión sea a favor de los intereses a los que sirven los denunciantes. 

5. Presión política de la Brigada XVII y de la Policía busca impedir el normal desarrollo del  acompañamiento de nuestra  Comisión de Justicia y Paz en  Cacarica y Jiguamiandó

• Domingo 18 de abril,  en la Zona Humanitaria "Nueva Vida" personas que no son del territorio y que llegaron  para participar en la asamblea convocada por el Ministerio del Interior Dirección de Etnias, para elegir Representante Legal del Cacarica, colgaron pancartas en el Kiosco, en la Escuela, en la Casa de Mujeres, en el Restaurante Escolar, en la Caseta del Encuentro Internacional  contra las zonas humanitarias, los integrantes de CAVIDA, el representante legal Naufal Quinto, los acompañantes internacionales  y nacionales de Justicia y Paz.
• Lunes 19 de abril entre las 12:30 y 14:30 horas dentro del lugar humanitario,  un grupo de cerca de 150  personas, entre las que se encontraban militares de la Brigada XVII, quienes minutos antes se cambiaron el camuflado y se vistieron de ropa civil fuera de la zona humanitaria,  organizaron una manifestación junto con "civiles" armados de la estrategia paramilitar, y tres declarantes dentro de los procesos judiciales montados y carentes de juicio y razón, contra CAVIDA y contra Justicia y Paz.

Los manifestantes  participaron en una  marcha dando la vuelta por la Zona Humanitaria, luego se concentraron junto al kiosco ubicado al centro de la zona Humanitaria   de " Nueva Vida". En la misma gritaron: “Fuera Justicia y Paz, queremos al Ejército”, “que tumben la malla”,  “fuera los gringos”, “viva Adán Quinto”, “ojo con los cilindros”, “Sí al gobierno colombiano, no a la ONG Justicia y Paz”.

Las consignas estuvieron  acompañadas con decenas de pancartas hechas en serigrafía  en las que se lee: “No más falsas Comunidades de Paz” “Adán Quinto por el futuro de un pueblo” “Sí Colombia no Justicia y Paz

Durante todo el día, hombres con cámaras de vídeo filmaron la Zona Humanitaria "Nueva Vida", las marchas,  el grupo de profesionales que prestan el servicio docente al Colegio Integral CAVIDA, el equipo misionero de nuestra Comisión Justicia y Paz, y los acompañantes internacionales.

·         4 de junio de 2004 el denunciante contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, dirige comunicación escrita al Dr. ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República, Dr. FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República, Dr. LUIS ALFONSO HOYOS, Director (e) Nacional Red de Solidaridad Social, Dr. SABAS PRETELT DE LA VEGA, Ministro de Interior y de Justicia, Dr. JORGE ALBERTO URIBE ECHAVARRIA, Ministro de Defensa. En  la carta, reproduce las  afirmaciones injuriosas que junto con su apoderada, lanzó contra CAVIDA y Justicia y Paz en la rueda de prensa convocada por el Gral JORGE ENRIQUE MORA RANGEL , el 21 de agosto del  año anterior, esta vez en el marco de la convocatoria para resolver la doble representación legal hecha por JESUS RAMIREZ, director de étnias del Ministerio del Interior. Transcribimos algunos apartes:

"La comunidad que no ha retornado (aproximadamente 600 personas), mediante una marcha pacífica, el día 19 de abril de 2004, haciendo uso de los derechos colectivos que establece la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios, solicitó con pancartas y arengas:

La salida de la ONG Comisión Intereclesial Justicia y Paz del Territorio Colectivo del Cacarica.

La no creación de más Zonas Humanitarias o Comunidades de Paz o Asentamientos dentro del Territorio Colectivo del Cacarica.

La entrada del Estado y de sus instituciones, como la Fuerza Pública, para garantizar el Retorno de las más de 1770 personas que quieren regresar a sus Tierras de Origen.

(...) la Organización CAVIDA, que representa a unos pocos, no menos de 400 personas, que viven dentro de los Asentamientos y la ONG JUSTICIA Y PAZ, no pueden poner letreros a la entrada y salida de los Asentamientos en los que se dice que es un Territorio Privado de CAVIDA, financiado por la embajada de Alemania, identificado con una bandera Alemana, a los cuales nadie puede entrar sin autorización.

Durante y después de la Asamblea la Organización CAVIDA junto con la ONG Justicia y Paz cometieron varios hechos atentatorios contra los derechos colectivos de las Comunidades Negras del Cacarica, por esta razón queremos denunciar lo siguiente:

La presencia constante de hombres civiles armados pertenecientes a las milicias de las FARC EP dentro del Asentamiento Nueva Vida, desde el domingo 18 hasta el martes 20 de abril de 2004. Nosotros los miembros de las comunidades sabemos muy bien quién es quien, porque vivimos con ellos y conocemos su pasado y presente e incluso uno de nuestros lideres se acercó a un miliciano alias “La muerte” para exigirle que saliera del Asentamiento y respetara el proceso democrático que se estaba realizando, logrando como respuesta un No rotundo, pues según el miliciano esas eran sus tierras.

La omisión por parte de la Organización CAVIDA y la ONG Justicia y Paz, en denunciar la presencia de estos milicianos.

La coerción ejercida por las milicias de las FARC contra los manifestantes, al momento de la marcha, para que no continuaran.

La falta de garantías de seguridad para realizar la Asamblea General.

El irrespeto por parte de la Organización CAVIDA, quienes intentaron destruir y quitar las pancartas que tenían los otros miembros de la comunidad.

Las manifestaciones de la ONG JUSTICIA Y PAZ y la Organización CAVIDA, al afirmar que nuestro retorno es paramilitar porque estamos trabajando con el Estado y porque exigimos la presencia de la fuerza pública para regresar a nuestras tierras.  Esta afirmación nos afecta profundamente porque pone en peligro la vida de las 1770 personas que van a retornar, pues nos convierten en objetivo militar de las FARC operantes en la Zona, además imposibilitan las ayudas internacionales para el retorno.

El desconocimiento que hace la ONG JUSTICIA Y PAZ y la Organización CAVIDA, sobre la decisión mayoritaria de los miembros de las comunidades negras en pedir la salida de Justicia y Paz del territorio colectivo del Cacarica.

El desconocimiento que hace la ONG JUSTICIA Y PAZ y la Organización CAVIDA a las leyes colombianas y a la Constitución Nacional al desconocer la soberanía del Estado Colombiano y prohibir la entrada de la Fuerza Pública a los Asentamientos, Zonas Humanitarias o Comunidades de Paz que ellos lideran.

La solicitud que hace la ONG JUSTICIA Y PAZ y la Organización CAVIDA a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que ellos resuelvan la representación legal del Consejo Mayor de la Cuenca porque no están de acuerdo con la elección y con la decisión de Justicia y Paz, cuando se trata de asuntos internos de nuestro País, donde estos Organismos no pueden ni deben intervenir.

La solicitud que hace la ONG JUSTICIA Y PAZ y la Organización CAVIDA a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que hagan presencia constante dentro de los Asentamientos y sean ellos los veedores de los Derechos Humanos, sin presencia del Estado pues lo acusan públicamente de ser paramilitar.

Ya estamos cansados de JUSTICIA Y PAZ y de algunos líderes de CAVIDA, no soportamos más su presencia en la Zona, porque nos están destruyendo, nos están llevando al estancamiento y al subdesarrollo, nos dividen, nos alejan, nos separan de nuestros hermanos y amigos, con quienes hemos compartido toda una vida, antes de que ellos llegaran a MERCADEAR CON NUESTRO DOLOR".

• Miércoles 23 de junio de 2004.  Misioneros de nuestra Comisión de Justicia y Paz que acompañan al Consejo Comunitario de Jiguamiandó y 9 comunidades de Curvaradó que  arribaron después del medio día al municipio del Carmen del Darién con miembros de los Consejos Comunitarios que adelantaban gestiones para inscribir los consejos, después de los controles rutinarios en esa localidad, fueron objeto  de seguimientos por parte  de miembros de la policía asentada en el lugar.  Ese día  los uniformados interrogaron   al grupo de desplazados, que de tiempo atrás habitan el municipio,  por el nombre de los misioneros, la organización a la que pertenecen, las razones de la presencia del lugar.
• Jueves 24, viernes 25, mientras los misioneros  y un miembro del equipo jurídico de nuestra comisión que se mantenían en el lugar  adelantando gestiones  en busca de la libertad de miembros de los consejos comunitarios detenidos arbitrariamente por la policía, eran seguidos por miembros de la policía nacional mientras se movilizaban al restaurante, cuando se desplazaban por el municipio en busca de combustible, en su desplazamiento hasta  la casa de una entidad humanitaria, donde se hospedaban, hasta el lugar en que se encontraba el teléfono público.
• Sábado 26 de junio, al llegar al puerto de Turbo hacia las 18:15 de  junto con miembros del Consejo Comunitario a quienes se les permitió movilizarse,  eran esperados en el embarcadero por miembros de la policía que al desembarcar de la panga de un organismo internacional, iniciaron el registro de cada uno de los pasajeros recogiendo datos que superan las rutinas normales de registro. La información fue consignada en hojas de tamaño carta sueltas, por fuera del cuaderno  de registro manejado por la policía nacional. Junto con los uniformados se encontraban  dos  civiles que al ser interrogados por el organismo internacional, sobre sus identidades, argumentaron pertenecer a la SIPOL. Preguntaron, por sus nombres y apellidos,  a dos miembros de las comunidades que aún no se  habían presentado para ser registrados y por 3 ocasiones pidieron los documentos, ya registrados, de una integrante de nuestra Comisión.

En el Anden del embarcadero se encontraba un vehículo blanco, tipo burbuja,  de vidrios polarizados con dos civiles que portaban radios de comunicación, que siguieron durante 300 metros los tres taxis que abordaron los miembros de los consejos comunitarios, miembros del organismo internacional y miembros de nuestra Comisión.

•  El lunes 28  de junio. Hacia las 20 :40   una misionera   del equipo acompañante de las comunidades del Jiguamiandó quien acababa de  salir de la estación de policía de Turbo, Antioquia, después de haber recogido a un campesino que había sido retenido arbitrariamente,  fue abordada por un   miembro de la policía que se encontraba fuera de la estación tomando cerveza. El oficial la interroga sobre su nombre, identificación, procedencia, de dónde es misionera.  Después de escuchar las respuestas, el agente   insiste  en que presente pruebas porque “no me convence de que sea misionera”  y la increpa diciendo “usted ni  siquiera es capaz de dar una pinche firma”, aludiendo a la negativa de nuestra comisión  de Justicia y Paz a firmar un documento en el que se afirmaba que el campesino retenido no había sido maltratado física ni psicológicamente y que nuestra comisión se haría responsable de todo lo que le sucediera de ese día en adelante.  Al final del interrogatorio, el policía llama la atención a los demás agentes que se encontraban en las afueras de la estación “si alguien llega diciendo que es el papa, entonces ustedes se le arrodillan”.

LÍNEAS DE INTERPRETACIÓN

Desde el año de 1996 que nuestra Comisión de Justicia y Paz inició el proceso de acompañamiento a las comunidades víctimas del desplazamiento forzado en el Urabá y en el Bajo Atrato Chocoano, graves violaciones a los Derechos Humanos  e infracciones al Derecho Humanitario en Cacarica, Turbo,  Cupica, Bocas del Atrato, San José de Apartadó, Dabeiba, Jiguamiandó y Curvaradó se han cometido  por civiles armados de la estrategia paramilitar con la complicidad por acción y omisión de la Brigada XVII del Ejército contra las comunidades, cuando no se ha realizado de manera directa por parte de esta unidad militar.

Desde este año, los gremios de la producción del Urabá interesados en avanzar en el control territorial para la expansión de la frontera agrícola, hacia el Bajo  y medio Atrato en el chocó, se empeñaron en mostrar al Gral. ®  RITO ALEJO DEL RIO, responsable de la Operación Génesis desde la comandancia  de la Brigada XVII, que generó el desplazamiento de las comunidades del Cacarica, Jiguamiandó, Salaquí y Curvaradó; como el pacificador de Urabá, y la misma zona como un remanso de paz  apto para la inversión.

Graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos  antes de la “pacificación de Urabá” y después de la “pacificación”, empezaron a salir a la luz pública a través de la voz directa de las víctimas y de los comunicados públicos de algunos organismos humanitarios  y de Derechos Humanos, incluida nuestra Comisión de Justicia y Paz, que evidenciaron los costos en víctimas civiles  de la pacificación, el control de territorios estratégicos para los proyectos agroindustriales y de infraestructura que estaba detrás de los desplazamientos forzados, la unidad de acción de militares y paramilitares,  la denegación del derecho a la justicia por parte de las autoridades judiciales, las nuevas formas de control social a través de los civiles armados de la estrategia paramilitar, la complicidad de las autoridades ambientales en el ecocidio y genocidio propiciado por empresas madereras y palmeras.     

Las agresiones verbales, militares, jurídicas, mediáticas, diplomáticas contra las comunidades que, vencido el miedo persisten en el ejercicio del derecho a la verdad,  y a las organizaciones acompañantes, no se han hecho esperar. Nuestra Comisión,  en particular, como se deduce de la relación de hechos ha sido y sigue  siendo objeto de señalamientos directos por parte de los comandantes de la Brigada XVII, de calumnias e injurias que reproducen algunos medios regionales y nacionales de información,  de seguimientos, amenazas telefónicas, amenazas escritas, intentos de “diálogos”  por parte de los paramilitares, procesos de judicialización fundados en falsas denuncias, presiones políticas y mediáticas. Variados son los métodos con los que se  nos quiere impedir el ejercicio de defensa de los Derechos Humanos.     

El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en este último año, interviene directamente como recolector de pruebas en nuestra contra, impidiendo a la  defensa a estar presente en los procedimientos. Participa,  intimidando con una arma,  a la defensa  impidiendo el trámite normal, en una diligencia de contra interrogatorio a uno de los  demandantes contra nuestra Comisión.  Ejerce posibles controles  sobre nuestra sede en Bogotá y  requiere documentación sobre la nómina de nuestra comisión de Justicia y Paz para determinar los extranjeros que laboran en nuestra organización. Cuatro actuaciones que dejan ver  papel que está jugando esta institución, dependiente del Ejecutivo, en contra del normal desarrollo de nuestro trabajo.

La Pretensión de continuar el desprestigio mediático se hace evidente con la entrega de material audiovisual al canal de televisión RCN, que, pretende dar seguimiento a la rueda de presa en la que el General ® JORGE ENRIQUE MORA RANGEL junto con demandantes en nuestra contra,  adelantó  el año anterior. El medio televisivo, a pesar de haber recibido información suficiente que le permitía ser objetiva en la información que transmite, dejó entrever, de manera falsa, que las comunidades del Cacarica habían expulsado  nuestra Comisión de las comunidades. En los medios,  la verdad   sigue estando supeditada  a los intereses de sectores con gran poder económico. Por su parte el Industrial PEDRO JUAN MORENO, cercano al General ®l RITO ALEJO DEL RIO no solo señala a nuestra Comisión sino que anuncia nuevos artículos en contra de la actividad de Justicia y Paz.

La Presión sobre los fiscales que llevan el caso contra miembros de CAVIDA y de Justicia y Paz, una actuación ya frecuente en nuestro aparato de Justicia, puede existir el riesgo de cambio de fiscal que conoce el caso, en un proceso que debió resolverse hace  mas de seis meses y que sigue en espera de que se tome una decisión de fondo.

Un hecho  que  reviste importancia es la inhibición de los procesos que se abrieron por corrupción en proyectos ejecutados en el Cacarica el   Proyecto  eco -productivo y el de canalización de los ríos , que evidencia la capacidad de mentir de los demandantes, lo burdo del  montaje, aún para una fiscalía que no busca la verdad ni la justicia, el peso de la desfachatez hace que se pronuncien, en nuestro favor,  pues los argumentos carecen de todo piso real. Esos mismos denunciantes son los que mienten diciendo que estamos vinculados con la guerrilla, son los que mienten diciendo que hemos hecho usos indebidos de recursos. 

Nuestra comisión  continúa en la mira.  Las razones de las nuevas amenazas saltan a la vista: el proceso contra el General ® RITO ALEJO DEL RIO, el acompañamiento a las comunidades en los procesos contra MADERAS DEL DARIEN, la búsqueda de esclarecimiento frente a la siembra ilegal de palma aceitera en los territorios adjudicados a las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó. Quienes pretenden seguir ocultándose  en el manto de impunidad con el que la institucionalidad jurídica, política y mediática, los reviste,  persisten en la utilización del denunciante que  en la rueda de prensa calumnió a Justicia y Paz de la mano del General ® MORA RANGEL,  que en las actuaciones judiciales interviene con una abogada cercana a la empresa MADERAS DEL DARIEN, que contó con el respaldo de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior para seguir figurando oficialmente como representante legal de la Cuenca del Cacarica a pesar de existir la oposición de los miembros de CAVIDA que continúan afirmando la defensa de ese territorio para sus familias y para la humanidad.

Bogotá, D.C, septiembre 21 de 2004 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ-volver-

INFORME 11: Dabeiba Antioquia- Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita

 NUEVAS PRESENCIAS PARAMILITARES

 “Su rostro descarado los denuncia, preparan su propia ruina” Isaias

RESUMEN

En la última semana de agosto y los primeros días de septiembre se han presentado nuevos ingreso de hombres vestidos de camuflado con armas largas y cortas a la Zona Humanitaria “El Paraíso” finca Caracolón La España, ubicada a pocos minutos del municipio de Dabeiba, Antioquia. Al tiempo, se desarrollan acciones armadas en el casco urbano que expresan la tolerancia de autoridades policiales y militares con la de “civiles” armados

De acuerdo con testimonios de pobladores de la región dentro de las acciones armadas en Dabeiba se ha constatado la presencia de miembros de la Fuerzas Militares, con  brazaletes del Batallón de Infantería Nro 32 Pedro J. Berrio.

Sigue evidenciándose la ausencia de voluntad política del Estado colombiano para dar cumplimiento a las recomendaciones de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de las Medidas Cautelares resueltas a favor de la Comunidad de Vida y de Trabajo. Las omisiones, la tolerancia y las acciones combinadas regulares e irregulares son pan de cada día en Dabeiba.

DETALLES

* Lunes 30 de agosto a las 14:15 horas, un grupo de niños y niñas de la Comunidad de Vida y de Trabajo divisaron un grupo de hombres armados que bajaban hacia la Zona Humanitaria por el camino que viene desde la vereda “La Estrella”.

A eso de las 16:00 horas habitantes de la zona que laboran entre el casco urbano de Dabeiba y el caserío de “La Estrella” se encontraban trabajando observaron un grupo bastante numeroso de hombres armados, algunos con identificación del ejercito y otros con brazaletes de AUC.

Al finalizar la tarde, miembros de la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita observaron la presencia de uniformados cocinando en  el Arbol de la Vida, lugar en el que se ha ido construyendo un monumento en memoria de los torturados, de los asesinados y los desaparecidos.

* Martes 31 de agosto, desde primeras horas de la mañana y hasta horas de la noche en la carretera que conduce de La Estrella al casco urbano de Dabeiba, campesinos observaron a unos 40 hombres armados, algunos vestidos de camuflado y otros de civil con armas cortas y radios de comunicación en un campamento allí instalados.

Una situación similar sucedió en el casco urbano de Dabeiba, una altísima presencia militar y policial, controles en la movilidad de carros y de las personas, simultáneamente circulaban hombres con armas cortas y radios de comunicación

* Sábado 4 de septiembre en desarrollo de actividades de control en la carretera y en el sitio conocido como Los Tanques se observaron hombres armados  vestidos de camuflados, algunos de ellos portando distintivos con las letras AUC y otros con el distintivo militar batallón de infantería Nº 32 Pedro J Berrio.

LINEAS DE INTERPRETACION

Lo observado, lo vivido, lo testimoniado por los pobladores en Dabeiba, lo visto por delegaciones y observadores internacionales es sintomático de las secuelas de la institucionalización del paramilitarismo.

La ausencia de voluntad política para depurar las fuerzas regulares de estructuras encubiertas sigue siendo manifiesta. Los avances cualitativos en el control poblacional, en los mecanismos de actuación conjunto expresan el cinismo institucional.

Las investigaciones inexistentes o ausentes de una sana crítica, de una lectura que comprenda los escenarios en que se actúa con una misma intencionalidad y mecanismos de destrucción de la dignidad humana han sido  el pivote desde el que se ha construido no solo la impunidad sino el monumento a las estructuras criminales. Persiste un proceso de desmovilización ausente de garantías para la población, y de condiciones para el ejercicio del Derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral.

El diseño de un plan Nacional de Derechos Humanos refleja sus absolutas falencias, incoherencias e inconsistencias pues cada vez más, los sistemas de actuación preventiva y de alerta temprana han ido quedando en desuso por efecto del control y mediación militar de las mismas, sino por un proceso de descentralización que permite al gobierno nacional justificar su inacción e inoperancia excusándose en las responsabilidades de las administraciones municipales.

A la luz de lo que sucede hoy en Dabeiba es claro que las Recomendaciones de Naciones Unidas siguen siendo desconocidas, y que las medidas cautelares a favor de la Comunidad de Vida y de Trabajo son desconocidas por el Gobierno e instituciones del Estado colombiano

Bogotá, D.C  14 de septiembre de 2004 - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz  -volver-

INFORME  42 CACARICA-CAVIDA - Riosucio –Chocó

NUEVAS FALSAS ACUSACIONES:

 Repoblamiento, Semilleros de Palma Aceitera – Búfalos en el Territorio Colectivo de los Afrodescendientes – Acusaciones frente a la Nueva Zona Humanitaria

“ Perversos de corazón, utilizan  la cabeza para destruir, y sus cuerpos para generar terror.” Isaías  1, 5

RESUMEN

Nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció el pasado 12 de septiembre un escrito sin fecha precisa  pero con un recibido del 1 de septiembre de 2004 en una institución gubernamental, en el que se expresa falsamente que milicias de las FARC han amenazado y han presionado a los afrodescendientes para irse de la región o ir a vivir a la nueva Zona Humanitaria.

El documento que se encuentra suscrito por el Consejo Mayor del Cacarica, elegido en abril pasado bajo presión psicológica e incluso armada, desconociendo los derechos de decenas de familias del Cacarica y el carácter de la Sentencia de la Corte Constitucional, además de mentir, cuestiona el nuevo lugar humanitario y la legitimidad de CAVIDA que  ha venido afirmando su derecho a la vida, a la justicia y a la reparación integral y al principio de distinción frente a las  actuaciones militares desplegadas por la Brigada XVII desde el 13 de mayo de 2003

La nueva actuación de desprestigio y de deslegitimación de las familias de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras asociadas en las Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA pretende justificar la militarización de las Zonas Humanitarias y las eventuales judicializaciones que se podrían desprender de las falsas acusaciones.

Simultáneamente dentro del Territorio Colectivo del Cacarica viene ocurriendo un repoblamiento por parte de “civiles” armados vestidos de camuflado de estructuras de tipo paramilitar en las comunidades de La Balsa y Balsagira. De acuerdo con las informaciones recibidas y que conocen las autoridades, testigos y víctimas que han interpuesto denuncias ante autoridades competentes, los paramilitares se han apropiado de las tierras de los propietarios iniciando las siembras de palma aceitera y la conformación de asociaciones de campesinos. Quiénes se han negado a vender sus tierras se han visto obligados a desplazarse.

El poblado de La Balsa lugar en el que ha existido una base paramilitar desde 1.997 se encuentra ubicado a menos de dos horas a pie de las Zonas Humanitarias en la que habitan los miembros de CAVIDA y a menos de 30 minutos en panga.

DETALLES

• Jueves 2 de septiembre, cinco integrantes de la Brigada XVII, luego de cambiar sus uniformes de camuflado cruzaron el río Peranchito con la finalidad de ingresar al lugar humanitario “Esperanza en Dios”, a lo que sus habitantes se opusieron pues es una forma de violar el lugar de habitación  exclusiva de la población civil.

 Los 5 militares que no tenían signos de identificación de sus en sus uniformes, argumentaron que eran enviados desde la Brigada XVII con sede en Carepa a solucionar problemas de orden público, “tenemos la orden de llevarnos a los que generen problemas “(…) Necesitamos hablar con el líder de la comunidad, con el mandón del pueblo”, .. necesitamos su nombre y hablar con él

Simultáneamente,  otros 5 militares intentaron ingresar a la nueva Zona Humanitaria que se encuentran construyendo los afrodescendientes en los mismos términos.

• Viernes 3 de septiembre en el eje bananero se conoció que a varios pobladores del Territorio Colectivo del Cacarica de los poblados de La Balsa y contiguos,  quienes  se vieron obligados a desplazarse por la operación “Génesis” de 1.997 se les han apropiado ilegalmente de sus propiedades familiares familias con las que los  “civiles” armados de la estrategia paramilitar han iniciado repoblamiento.  Los mismos campesinos indicaron que a pesar de haber presentado sus quejas y demandas, las mismas no han sido atendidas. Igualmente habitantes de La Balsa, Balsagira, entre otros, han salido de sus tierras debido a presiones paramilitares. De acuerdo con las fuentes se están instalando los semilleros de palma aceitera y se proyecta la implementación de ganadería extensiva –búfalos-.
• Sábado 11 de septiembre a eso de las 18:30 horas pobladores de la Zona Humanitaria “Nueva Vida” observaron a menos de 30 metros a varios hombres con armas largas y vestidos de camuflado que al ser descubiertos por los pobladores se ocultaron entre los árboles.
• Domingo 12 de septiembre en horas de la noche, se conoció una carta membreteada a nombre del Consejo Mayor del Cacarica en la que se afirma que: “60 familias de afrodescendientes ubicadas en la comunidad de el limón, Cacarica, Río Sucio, Chocó preparan desplazamiento forzado a las cabeceras municipales de Turbo y Río Sucio debido a presiones y amenazas que han estado sufriendo desde hace mas de un mes por parte de las milicias de las FARC quienes les ordenaron abandonar sus tierras, sus casas y sus cultivos inmediatamente y marcharse a otros municipios o irse a vivir al nuevo asentamiento que se está construyendo cerca de la frontera con Panamá denominado “Nueva Esperanza o Nuevo Espacio” porque según las FARC necesitan ese territorio”.

Líneas de Interpretación

Parece iniciarse una nueva etapa de deslegitimación y de falsas acusaciones contra las familias de los Consejos Comunitarios que forman parte de CAVIDA. Ahora, el desarrollo de la iniciativa de la construcción de la nueva Zona Humanitaria se usa como pretexto para la intervención militar en los asuntos de la población civil, en la eventual militarización de los lugares humanitarios.

Una inexistente presencia de la guerrilla en el poblado de El Limón donde habitan miembros de CAVIDA, conocida como Zona Humanitaria de “Esperanza en Dios” esta usándose como argumento para negar el derecho al principio de distinción y el Derecho a la afirmación de los Derechos a la Vida y al Territorio frente a los intereses de empresas madereras privadas sobre los cativales y los robles y frente a la dinámica de repoblamiento – desplazamiento e implementación de proyectos agroindustriales que se está desarrollando dentro del Territorio Colectivo de las Comunidades Negras del Cacarica.

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ - Bogotá DC. ,  septiembre 14 de 2004 - -volver-

Informe Ejecutivo 42: Consejo Comunitario del Jiguamiandó y Familias de Curvaradó

ACCIÓN ARMADA CONTRA AFRODESCENDIENTES

RESUMEN

A las 14:20 horas  del 4 de septiembre, civiles armados de la estrategia paramilitar dispararon en varias ocasiones con sus fusiles contra tres miembros de los Consejos Comunitarios.

La acción armada contra los afrodescendientes se produjo desde la margen derecha aguas abajo del río Jiguamiandó, a 10 minutos de la  zona Humanitaria de Nueva Esperanza cuando éstos se encontraban aserrando,  medio de subsistencia tradicional, en la  orilla izquierda del río.  Después de la acción armada los agresores  se reían desde el otro lado .

La agresión armada contra la población civil ocurrió tres días después de que el Gobierno Nacional  canceló de manera unilateral la Comisión de Verificación de la siembra de palma aceitera dentro del territorio colectivo.

Al tiempo se ha conocido del avance de la siembra de palma aceitera dentro del territorio colectivo del Jiguamiandó, asegurado y protegido por acciones armadas de tipo encubierto.

En las tres Zona Humanitarias del Jiguamiandó en este momento se encuentran delegados  internacionales del Canadá, Observadores internacionales e integrantes de organismos nacionales de Derechos Humanos entre ellos misioneros de nuestra comisión de Justicia y Paz.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Bogotá DC septiembre 5 de 2004-volver-

Informe Ejecutivo 11: Comunidad de Vida y de Trabajo, “La Balsita”

 PRESENCIA ARMADA EN ZONA HUMANITARIA

RESUMEN

Un nuevo ingreso de hombres armados, vestidos de camuflado se presentó a la Zona Humanitaria de la Comunidad de Vida y de Trabajo, experiencia de paz en medio de la guerra.

Los armados cerca de 62, nuevamente usaron las casas de vivienda y los lugares del entorno y las familias como escudo humano, ingresaron irrespetado el espacio humanitario, a pesar de todos los símbolos y los signos que lo distinguen como propiedad privad y lugar exclusivo de la Comunidad de Vida y de Trabajo.

Esta es la cuarta ocasión , en menos de dos meses que la Comunidad de Vida y de Trabajo es afectada por la presencia armada. Desde su regreso al lugar humanitario, el Gobierno Colombiano ha desatendido los permanentes llamados de la solidaridad y de las instancias intergubernamentales para adoptar las medidas preventivas de tipo civil y de investigación que eviten nuevos desplazamientos y daños irreparables a la vida y a la integridad personal de los integrantes de esta experiencia de resistencia civil. Existe una ausencia de voluntad política para el cumplimiento de las medidas Cautelares resueltas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Los responsables de la atención en la región  por parte del Ministerio del Interior – Derechos Humanos- nunca respondieron en la activación de la alerta temprana a pesar de su compromiso de estar en disposición 24 horas de atender los llamados de urgencia.

DETALLES

Sábado 28 de agosto,  a las 21 horas, ingresaron cerca de 62 hombres armados, vestidos de camuflado con armas cortas y largas, a la Zona Humanitaria “El Paraíso”, lugar perfectamente visibilizado de 100 hectáreas, como espacio exclusivo de la población civil de la Comunidad de Vida y de Trabajo, La Balsita

Los armados se repartieron en distintos grupos, uno de ellos se dirigió a la Casa Hacienda. Otros se colocaron en torno al lugar de las viviendas donde a esa hora se encontraban la totalidad de los 110 miembros de la Comunidad.

Media hora después del ingreso al lugar humanitario, algunos de los pobladores fueron abordados por los armados, quién exigieron a los pobladores conocer su identidad y la razón del lugar, a lo que estos respondieron desde su propuesta como población civil.

Por cerca de una hora, los uniformados se movieron dentro del lugar humanitario y se dirigieron a la Casa Hacienda

LINEAS DE INTERPRETACIÓN

La ausencia de garantías de protección y de respuesta a la atención humanitaria a la Comunidad de Vida y de Trabajo, expresa la inexistente voluntad política del actual gobierno con sus políticas para dar respuesta integral a los desarraigados respetando su identidad como pobladores civiles y el derecho que les asiste a no ser involucrados en el conflicto armado.

El Gobierno colombiano ha dilatado el cumplimiento eficaz de las medidas cautelares  solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para este grupo humano, de campesinos que han sido afectados por dos desplazamientos, la presión de la IV Brigada, las actuaciones paramilitares, y la impunidad en estos hechos, y en más de 300 crímenes y violaciones de derechos humanos, muchos de ellos, crímenes de Lesa Humanidad

Se sigue sobreponiendo al Derecho a la Paz, a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación Integral, las decisiones políticas de tipo militar

 Bogotá, Agosto 30 de 2004 - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz -volver-

INFORME EJECUTIVO 31: ARIARI - META

DETENIDOS ARBITRARIAMENTE POR EL EJERCITO

   “lo pequeño, desnuda la perversión  del poder”

RESUMEN

Durante cerca de 24 horas fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a abusos de autoridad, el niño de 13 años de edad EDWIN PERDOMO MARROQUIN, su prima, la joven MAIDA RODRÍGUEZ PERDOMO, 19 de años,  y el adulto GUSTAVO MEDINA.

Los pobladores miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz, cobijados con medidas cautelares, desde el 17 de agosto pasado, quiénes se encuentran en condición de desplazados en Villavicencio, se trasladaron el pasado martes en búsqueda de unas semillas de café hacia el perímetro de Cumaral.

El miércoles  25 de agosto hacia el medio día fueron detenidos por cerca de 90 unidades militares adscritos a la VII Brigada, quienes les manifestaron que estaban en una operación de recepción de una guerrillera, luego los acusaron de ser  colaboradores de la guerrilla. Las mismas unidades militares les ofrecieron dinero por colaborar con el ejército, algunos de ellos, les plantearon asumirse como guerrilleros para recibir un “dinerito”.

En el día de hoy, a eso del medio día recobraron su libertad luego de ser fotografiados, registrar sus huellas digitales y firmar un documento en el que afirmaron haber recibido un buen trato.

Los campesinos son parte de las 700 familias que fueron desplazadas del Ariari, son integrantes de la Comunidad Civil de Vida y Paz, organización comunitaria conformada por campesinas y campesinos que han construido una serie de exigencias al Estado Colombiano para su retorno, han desarrollado un Proyecto de Vida en la que afirman su Derecho a no ser involucrados en el conflicto armado interno y ejercer su derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

Los detenidos arbitrariamente son familiares de REYNALDO PERDOMO, defensor de Derechos Humanos y líder del Ariari asesinado en agosto de 2003, son desplazados del Ariari desde la operación  desplegada por la VII Brigada en enero del 2002, los que han generado simultáneamente la consolidación de estructuras paramilitares y combates regulares con la guerrilla de las FARC EP

DETALLES

·                     Martes  24  de agosto, luego de salir a primera hora de la mañana en dirección al municipio de Cumaral para comprar  semillas de café, a  las  9:00 horas aproximadamente,  en el punto conocido como El Caney Medio, en la carretera principal, el vehículo de servicio público en el que se transportaban varios campesinos recibió la orden de parar su marcha por las autoridades militares que mantienen un retén en el lugar.

Los campesinos entre ellos  MAIDA RODRÍGUEZ PERDOMO, 19 años  de edad, su primo EDWIN PERDOMO MARROQUIN, niño de 13 años de edad,  y GUSTAVOMEDINA, luego de presentar sus documentos de identidad, de ser registradas sus pertenencias, fueron fotografiados de espalda. Minutos después se les autorizó seguir su recorrido en dirección a Caney Alto donde comprarían las semillas de café

·                     Miércoles 25 de agosto,  a eso del mediodía, en el punto conocido como La Playa entre Caney  Medio y Alto, cuando los tres campesinos y uno de nombre MARTÍN, iban en dirección a la carretera principal que conduce  a Villavicencio , fueron detenidos por cerca de 100 unidades militares adscritas a la VII Brigada.

Los militares expresaron que estaban a la espera de tres personas, entre ellas una guerrillera que había decidido vincularse al programa de reinserción del gobierno. Los efectivos regulares dividieron  a los varones de la mujer, luego de interrogarlos sobre la razón de su presencia en el lugar, de reiterar que era una zona de orden público, les manifestaron que debían andar con ellos para llegar a una propiedad de un señor de apellido RAMOS. El poblador nombre MARTÍN decidió regresar con las unidades militares al lugar indicado , mientras que los otros campesinos permanecieron detenidos en el lugar.

Desde ese momento, uno de los  militares, al parecer de grado Sargento, les manifestó a los tres campesinos que colaboraran con el gobierno, “pueden ganarse un dinerito”, “se pueden ganar una comisión”, “hablen de lo qué saben”. En otros momentos otros expresaron: “declárense como guerrilleros, y les va bien”

Los habitantes insistieron en que solo estaban adquiriendo unas semillas de café en la región para sus propuestas de pan coger como desplazados. Horas más tarde los regulares expresaron que el hombre llamado MARTÍN había escapado, que este los había acusado de ser auxiliadores de la guerrilla. Después afirmaron que el campesino  informó que habían visto 15 campesinos y no habían informado a las autoridades

Las unidades regulares los mantuvieron separados durante todo el tiempo en una escuela y una casa campesina del punto conocido como La Playa.

Durante la noche a través de los radios de comunicación fueron intimidados con mensajes amenazantes “ a los tres hay que matarlos” (...) “esos son auxiliadores de la guerrilla” (...) “no hay nada más que hacer”. Algunos insistieron en decirles “colaboren, no se van a quejar del trato”(...) “colabore, se ganan una platica y les va bien, viven tranquilos”

* Miércoles  25 de agosto, a las 5:30 horas, cuando fueron al baño varios encapuchados con prendas militares los siguieron diciendo: “no se pueden dejar solos, de pronto se escapan” (...) “estos no colaboran”.

Minutos después  un militar les informó  que serían trasladados al sitio conocido como Caney Medio hasta su traslado los uniformados insistieron que deben decir que los hemos tratado bien, les reiteraron que podían ganarse un dinero si colaboraban  con  ellos.

A las 9:00 horas  aproximadamente fueron trasladados a Caney Medio en la carretera principal que conduce a Villavicencio, donde son interrogados y presionados para colaborar ganándose un dinero y reiterando que debían expresar que habían sido bien tratados.

A las 11:00 horas son transportados por vía terrestre hacia una sede militar en Cumaral. Allí los recibió un alto oficial quién les expresó  que  ellos estaban en un zona de orden público, que era importante saber que habían sido bien tratados.

Posteriormente dos militares, los sometieron a un nuevo interrogatorio, les tomaron nuevamente sus documentos de identidad, registraron los números del celular  de MAIDA, anotaron los nombres, los números registrados de llamadas,  les tomaron las huellas digitales, y fotografías del rostro.

Les preguntaron por el lugar de residencia como desplazados, agregaron que el barrio Porfía era el de “los paracos”, sobre su desplazamiento, posteriormente les hicieron firmar un documento de buen trato.

Hacia el medio día, los dejaron en libertad.

LINEAS DE INTERPRETACION

Los pobladores del Ariari se han visto obligados al desplazamiento forzoso a diversas regiones del país y a Villavicencio desde enero del 2002, período en el cual se ha producido el desplazamiento de por lo menos 700 familias. En el municipio de Villavicencio, capital del departamento del Meta, se han visto obligados a vivir en barrios de control y de presencia paramilitar donde además de verse obligados al silencio, viven  en condiciones infrahumanas.

Desde hace unos meses, en medio de estas condiciones, familias del Ariari se constituyeron en Comunidad Civil de Vida y Paz con una propuesta de retorno en distintas etapas, con una propuesta de afirmación integral de sus derechos a la vida y a sus tierras, muchas de ellas, de interés estratégico de los paramilitares que se encuentran en la región bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia”, Bloque Centauros, quiénes participan en el proceso de institucionalización paramilitar de Santafé de Ralito.

Estas estructuras armadas encubiertas se extendieron y se consolidaron en la región del Ariari en las zonas bajas, y medias, cascos urbanos, en coincidencia con la presencia institucional de unidades militares del Batallón 21 Vargas y de unidades policiales. En desarrollo de las operaciones supuestamente dirigidas contra la guerrilla de las FARC EP, desde el 2002,  se han producido más de 200 asesinatos, y desapariciones forzosas que se encuentran en absoluta impunidad.

Los abusos de autoridad, y la detención sufrida por los tres campesinos, entre ellos, de un menor de edad ha sido una actuación ilegal. La situación preconiza los abusos que se presentaran contra la población civil que transita o habita en zonas de conflicto armado y donde, sin que exista la aprobación del Estatuto Antiterrorista, se presentan este tipo de vulneración a los derechos fundamentales.

Bogotá, D.C  agosto 26 de 2004 - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz -volver-

INFORME EJECUTIVO 10: Dabeiba: Comunidad de Vida y de Trabajo

RETORNO SIN GARANTÍAS

PRESENCIA MILITAR EN  LUGAR HUMANITARIO DE LA COMUNIDAD DE VIDA Y DE TRABAJO EN LA VERIFICACIÓN.  DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. INCUMPLIMENTO DE COMPROMISOS ESTATALES

“En mi tierra, hay malhechores que colocan trampas como para pillar pájaros, pero cazan hombres y mujeres. Sus casas están repletas con el botín de sus saqueos, incluso han sobrepasado la medida del mal puesto que han obrado injustamente, y no defienden la causa de los pobres” Jer. 5 27-28

RESUMEN

Sin garantías para un retorno con garantías y con dignidad, conforme a la Ley 387, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho Humanitario, a los principios Rectores Deng, a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,  y a las medidas cautelares resueltas por la CIDH, el pasado  sábado 24 de julio retornaron a su lugar humanitario de reubicación los 110 integrantes de la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, desplazados forzosamente por la actuación de tipo paramilitar.

Dos días ante, el jueves 22 de julio, en el marco de una visita de seguimiento acordada en el marco de las medidas cautelares se desarrolló una verificación en la que participaron como observadores intergubernamentales: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el Mundo,  ACNUR; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH; como observadores internacionales Suppcol y Peace Brigades International, PBI; como entidades de gobierno y de Estado:; Vicepresidencia de la República; Ministerio de Interior y  Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Red de Solidaridad Social de Antioquia, Secretaría de Planeación del Municipio, Secretaría de Agricultura, UMATA, Defensoría del Pueblo – Antioquia -, Defensoría Comunitaria, Personería muniicipal y por entidades nacionales, Comisión Colombiana de Juristas, Semillero de Paz, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

La verificación se realizó parcialmente en la propiedad privada de las familias de la Comunidad de Vida y de Trabajo,  desde las 8:00 horas y hasta las 4:00 p.m.  En desarrollo de la misma no existió la posibilidad de un diálogo en condiciones de  respeto a la palabra acordada y de transparencia por parte del Gobierno Nacional. Un funcionario del Gobierno Nacional responsable del seguimiento de las medidas cautelares sin concertación alguna con los integrantes de la Comisión de Verificación acordó la presencia militar en el lugar humanitario de la población civil.

Durante el  tiempo de la verificación, esta se vio obstaculizada debido a que la presencia militar  imposibilitó la observación de varias áreas de la propiedad familiar, los militares grabaron en video a varios de los participantes no gubernamentales, y los funcionarios oficiales se negaron a actuar solicitando el retiro de la fuerza pública sin argumentación coherente.

A pesar de lo mismo se recogieron algunos indicios de la presencia paramilitar en el lugar con brazaletes de las ACCU,  BEC.

Simultáneamente se constató la presencia paramilitar a menos de 15 minutos del casco urbano de Dabeiba y dentro del mismo municipio donde existe una presencia institucional de la policía y de las fuerzas militares.

DETALLES

° Jueves 22 de julio, a eso de las 7:00 horas, aproximadamente, a la Casa Indígena, lugar de albergue de los desplazados de la Comunidad de Vida y de Trabajo, GERMAN SANCHEZ  designado para el seguimiento de las Medidas Cautelares por parte del Gobierno Nacional, expresó respecto a la reunión sostenida la tarde anterior, en la que participaron además de los funcionarios municipales de la alcaldía de Dabeiba, los oficiales de la Policía y Comandante de las Unidades de la IV Brigada, que la administración municipal respondería con una  atención integral en el momento del retorno.

Ante la inquietud de la Comunidad de Vida y de Trabajo por el  papel de la fuerza pública el funcionario expresó que, la movilidad del ejército nacional es una práctica de la política de “Seguridad Democrática” del actual gobierno sin que diera respuesta a la necesidad de aplicación del principio de distinción.

Agregó que no se iba a entregar el teléfono para la activación del sistema de alerta temprana debido a problemas administrativo