INFORME 32

ARIARI – VILLAVICENCIO- META

HOSTIGAMIENTOS Y AMENAZAS PARAMILITARES - APROPIACIÓN DE PROPIEDADES POR TERROR Y PRESIÓN

“Si no hablas, otro hablará por ti, contra ti.

Si no te mueves, otros (pocos) se moverán por ti.

Si no te unes a otros, otros se unirán contra ti.

Si no estas dispuesto a perder algo, al final lo perderás todo.

 Martin Luther King

RESUMEN

Hostigamientos, amenazas de muertes en desarrollo de estrategias de control de tipo paramilitar contra los desplazados del Ariari que habitan en los barrios La Nohora y La Reliquia de Villavicencio, en particular contra los integrantes de la Comunidad Civil de Vida y Paz, sus líderes como DAVID MARTINEZ, cobijados con medidas cautelares, se mantienen en medio de una presencia institucional tolerante con estas estructuras criminales.

Entre tanto, el Estado colombiano continúa brindando respuestas incoherentes e inconsistentes en materia de protección de la vida y de las tierras, y en atención humanitaria integral a la luz de la relación con las solicitudes resueltas en el sistema interamericano, los principios Rectores Deng y la ley 387, los “civiles” armados de la estrategia paramilitar que se mantienen incólumes en Granada, El Castillo, Medellín del Ariari, propiciando una concentración inusitada de la tierra en el último semestre.

Las 36 familias desplazadas del Ariari que son hoy parte de la Comunidad Civil de Vida y Paz,  de un total de 700, que desde el 2002 han sido obligadas a salir debido a operativos militares del Batallón 21 Vargas en estrategia regulares e irregulares de complicidad con el Bloque Centauros,  son testigos desde su exilio forzoso en la capital del Meta, de una apropiación forzosa de sus tierras, las que vienen siendo utilizadas en la extensión ganadera, en bases y centros de operación paramilitar. Propiedades que fueron abandonadas después de asesinatos y desapariciones forzosas o por el desplazamiento en el Ariari están siendo ocupadas por nuevos propietarios ficticios o reales, que cuentan de modo indirecto o directo con el aval, la seguridad y la protección de tipo paramilitar.

El cese de hostilidades evidentemente se ha venido incumpliendo con los hostigamientos y amenazas contra los pobladores del Ariari desde octubre hasta la fecha, quiénes afirman sus derechos a la vida, a la tierra, a pesar de la negativa del gobierno nacional de crear las condiciones para un retorno con dignidad.

DETALLES DE LOS HECHOS

* Lunes 20 de septiembre, dos miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz, entre ellos GLORIA JARAMILLO, fueron citados en las oficinas de la Red de Solidaridad Social, RSS en Villavicencio, donde se les preguntó por la dirección precisa donde habitan en el barrio La Nohora – desconociendo que los barrios marginales carecen de dirección precisas – y en particular insistiendo conocer el sitio de habitación de DAVID MARTINEZ, uno de los coordinadores de esta experiencia comunitaria

Miércoles 22 de septiembre,  en horas de la mañana en el Centro Benposta, ubicado enfrente del barrio La Nohora, una mujer apodada “La Caleña”,  vinculada de acuerdo con testimonios a los paramilitares, abordó a uno de los jóvenes que allí se capacita, intimidándolo y preguntando por DAVID MARTINEZ. La mujer amenazó al estudiante expresándole: “dígame dónde es que vive el tipo que estaba contigo en el billar el otro día... hable o no respondo por su vida también...”

Este mismo día en la noche ingresaron al barrio La Nohora, municipio de Villavicencio,  tres “civiles” armados de la estrategia militar encubierta en un vehículo con vidrios polarizados, entre ellas la apodada “La Caleña”. Dos de los paramilitares preguntaron a varios pobladores por DAVID MARTINEZ uno de los líderes de la Comunidad Civil de Vida y Paz: “¿Dónde es que vive DAVID?... Necesitamos hablar con él”. 

Aproximadamente una hora más tarde, al ver que nadie les daba información sobre el lugar de habitación de DAVID y su familia, expresaron antes de salir del barrio: “Nosotros lo vamos a encontrar. Dígale que no se esconda, necesitamos hablar con él” (…) “no importa quienes somos, lo que tenemos que hablar con él es algo personal”.

La Caleña” de aproximadamente 35 años, cabello rubio tinturado, portaba un arma de fuego en su bolso.

Semanas atrás, la mujer en actividades de control en el barrio La Nohora se identificó como integrante de las “Autodefensas” y sindicó a DAVID como guerrillero ante varios de los habitantes que departían en una tienda del lugar. “La Caleña” expresó “ese tipo – señalando a DAVID – me parece como sospechoso, no me cae bien,  tiene pinta de guerrillo, vamos a investigarlo”.

* Jueves 23 de septiembre,  en horas de la mañana  en el barrio La Nohora de la ciudad de Villavicencio, nuevamente ingresaron  los mismos tres paramilitares de la noche anterior preguntando por el paradero de  DAVID MARTINEZ, varios pobladores fueron presionados verbalmente para entregar información sobre este líder comunitario.

Luego de más de 45 minutos de permanecer en el lugar, los paramilitares abandonaron el barrio.

* Lunes 27 de septiembre, a eso de las 5:30 p.m. DAVID MARTINEZ se presentó a las oficinas de la Red de Solidaridad Social en Villavicencio, donde una de las funcionaria negó que se le estuviera requiriendo.

* Miércoles 6 de octubre, en horas de la noche, los mismos tres “civiles” armados de la estrategia militar encubierta ingresaron al barrio La Nohora en una camioneta de vidrios polarizados. Allí se dirigieron a la Tienda – Billar  al que ingresaron con armas cortas haciéndolas  visibles en la pretina del pantalón, recorrieron en el interior del lugar observando a los presentes y volvieron a salir..

·                    Jueves 7 de octubre, hacia las 9:00 a.m.  un funcionario de la Defensoría del Pueblo Villavicencio  llegó al barrio La Nohora buscando en varias casas a miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz. Luego de ubicarlos, se reunió con cuatro de ellos en la calle expresando: “somos de la Defensoría y estamos acá para conseguir algunas informaciones relacionadas con las familias desplazadas de El Castillo (…). Necesito saber si la RSS les ha dado ayuda... también si hay hechos que se hayan presentado después de que les dieron medidas cautelares que les impida estar tranquilos...”.

Integrantes de la Comunidad  Civil de Vida y Paz  se negaron a dar respuesta a las inquietudes por las condiciones de inseguridad en el barrio, y la necesidad de fortalecer el espacio de interlocución creado con la Cancillería para una respuesta coherente estatal en relación con las medidas cautelares.

Este mismo día, la Defensoría de Villavicencio se dirigió  al barrio Ciudad Porfía llegando al lugar de habitación como desplazada de una integrante de la Comunidad Civil de Vida y Paz. El Defensor expresó “que ella, junto con otras ocho familias no son desplazadas”  Y agregó, lo otro es que necesito saber que le ha dicho la fiscalía sobre la muerte de su esposo REINALDO PERDOMO”.

* Domingo 10 de octubre, durante el día “civiles” de la estrategia militar encubierta recorrieron a pie el barrio “La Nohora”, mientras en una camioneta de vidrios polarizados esperaba en la entrada del barrio..

Durante el mes de octubre pobladores del barrio La Nohora expresaron que los “civiles” armados de la estrategia militar encubierta se mantuvieron realizando rondas indagando por el lugar de residencia de miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz.

En desarrollo de una de las rondas paramilitar se acercaron a una joven desplazada de el municipio de El Castillo, CRISTINA RODRIGUEZ, amenazándola: “Tus hermanitos si nos defraudaron, son unos torcidos… diles que ya sabemos que andan con la guerrilla. Y  tú también tienes que cuidarte, no sea que te toque pagar por ellos Cuídate”.

·                    Sábado 6 de noviembre, “civiles” armados de la estrategia paramilitar llegaron en horas de la mañana al barrio “La Nohora” movilizándose en tres automóviles tipo campero. La mujer que iba dentro del grupo de paramilitares conocida como “La Caleña” señaló a una joven de 16 años, CRISTINA  RODRIGUEZ, desplazada de El Castillo afirmando: “es ella, échenle mano”.

La joven al darse cuenta de la orden  salió a correr logrando ocultarse de sus captores.

* Viernes 19 de noviembre, a varios habitantes del barrio La Nohora, un paramilitar de apellido TORO conocido como “Picudo”, preguntó por DAVID MARTINEZ y LUIS coordinadores de la Comunidad Civil de Vida y Paz, manifestando: “necesito a esos señores, tenemos información que es gente rara anda molestando con denuncias, se mantienen reuniendo en una iglesia de Ciudad Porfía y el cura de esa iglesia se presta para esa reuniones, estos dos que busco son los que manejan esas reuniones”.

* Sábado 20 de noviembre, JOSÉ GILBERTO ROJAS CASAS de 19 años, miembro de la Comunidad Civil de Vida y Paz, aproximadamente a las 8:45 a.m. fue retenido en un control militar de la Brigada VII en el sitio conocido como Termo Eléctrica en la vía Acacías.

JOSE GILBERTO, integrante de la Comunidad de Vida y de Trabajo, desplazado de El Castillo y responsable de la sobrevivencia de su familia, luego de ser requisado fue conducido a la sede del Batallón para prestar el servicio militar. El joven campesino expresó que era  desplazado y era  el responsable del sustento económico de la familia, ningún tipo de argumento fue escuchado por los integrantes del ejército quiénes expresaron que se iba a ser en listado desde ese día para prestar el servicio militar.

Hacia el medio día, JOSE GILBERTO fue dejado en libertad debido a la actuación humanitaria de un sacerdote de la iglesia católica.

·                    Viernes 03 de diciembre, hacia las 7:00 a.m. se inicio un operativo de registro y control en el Barrio La Nohora con la participación de unidades militares, policiales, DAS, Fiscalía y Cuerpo Técnico de Investigaciones

Los agentes del Estado ingresaron a varios cambuches de los pobladores desplazados, entre los que habitan miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz., requisando el interior de las viviendas, tomando registros fotográficos de lugares y personas e interrogando sobre las actividades que la gente realiza. Todas estas acciones las realizaron sin presentar una orden judicial y agregando que ellos estaban en esta actividad para evitar actos contra la ciudadanía de Villavicencio

En uno de las casas de los integrantes de la Comunidad Civil de Vida y Paz encontraron unos libros y cartillas relacionados con temas de desplazamiento forzado y derechos humanos. Los funcionarios  expresaron que este era un material “sospechoso” se detuvieron a mirar los mismos, preguntaron por su origen, y antes de salir, al conocer que DAVID MARTINEZ era el poseedor de los libros no se encontraba,  tomaron registros a las fotografías del rostro de este desplazado. Lo mismo hicieron en varias de las casuchas de los hombres que no se encontraban en el barrio en el momento del operativo institucional

* Domingo 26 de diciembre, nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió  testimonios de varios habitantes desplazados del Ariari, quienes expresaron con precisión que durante el segundo semestre del 2004, en la región de Medellín del Ariari se viene presentando un incremento en la posesión ilegal y compra bajo presión de fincas de pobladores en situación de desplazamiento por acción paramilitar.

En el Ariari se está obligando a pobladores a vender sus fincas a un costo de $1.000.000 (  U.S $ 400)  a $3.000.000 a ( U.S $ 1.200 dólares) la hectárea, cuando el valor oficial de hectárea es de $ 7.500.000 ( U.S $ 3.000 dólares).

Los caseríos donde se vienen comprando las propiedades son Playa Rica, Puerto Esperanza, La Macarena, Campo Alegre, La Cumbre, lugares de los cuales las familias fueron desplazados por acciones de tipo paramilitar y donde en la actualidad poseen un control militar este tipo de estructuras armadas

En el poblado La Cumbre, la finca de HERMOGENES MORRAS, propietario de de 200 hectáreas de tierra, asesinado en junio del 2003 por “civiles” armados de la estrategia paramilitar en Villavicencio. Los integrantes de la estrategia posteriormente y hasta la fecha tomaron posesión de la propiedad. Primero , sembraron pasto e ingresando desde enero de este año varias cabezas de ganado, muchas de las cuales hacen parte de las hurtadas a campesinos de la región..

La compra de tierras, en apariencia se realiza de manera legal, pero están antecedidas por el desplazamiento y el posterior ofrecimiento de compra bajo amenazas de muerte. En otros casos, no existe compra de tierras sino posesión de hecho de manera arbitraria en propiedades de familias desplazadas. Allí vienen  sembrando pastos y convirtiendo las fincas en potreros, tumbando cercas y uniendo una finca con otra.

En el  caserío La Macarena, en desarrollo de la estrategia paramilitar hace más de 8 meses, se produjo una última oleada de desplazamiento. Posteriormente, un foráneo compró tres fincas, obligando a los dueños de las tierras, que fueron desplazados forzosamente   a vender a $1.000.000 de pesos la hectárea. Durante varios meses explotaron las fincas en extracción de madera. Posteriormente les vendió a otro foráneo a un precio de $5.000.000 de pesos la hectárea de tierra.

La mayoría de estos negocios se están impulsando desde el municipio de Acacias, La legalización de las propiedades se realiza en municipios donde hoy persisten estructuras de tipo paramilitar en connivencia, tolerancia, aquiescencia de las fuerzas militares, policiales y civiles.

LINEAS DE INTERPRETACION

La región del Ariari hoy refleja la simultaneidad de tácticas de tipo paramilitar. El paso del escenario militar al social, el del terror con fuego al de la apropiación de propiedades o la legalización de propiedades, el de la lógicas productivas asociativas a formas privadas  de productividad.

Las estrategias de terror que contaron con la complicidad del Batallón 21 Vargas en una nueva etapa de arrasamiento desde el 2002, período del presidente URIBE, hoy saltan al escenario del control social en el marco de la institucionalización paramilitar. Se pasa del amenaza, del asesinato, de la desaparición forzosa al aseguramiento de nuevas formas de producción en lo rural imponiendo modelos de seguridad y de sociedad, de participación y de decisión política.

A lo urbano se traslada la persecución, el hostigamiento a pobladores civiles que en condición de absoluta miseria a raíz del desplazamiento forzoso se niegan a aceptar el sino trágico de estructuras criminales de poder enquistadas en el Estado  y afirman su derecho al retorno con dignidad en esquemas alternativos de protección y en formas novedosas de construcción de su identidad como sujetos sociales a través de la Comunidad Civil de Vida y Paz.

Evidentemente, la inconsistente, la incoherente respuesta del Estado colombiano a la propuesta de retorno de las familias del Ariari que se encuentran desplazadas en Villavicencio reflejan la ausencia de una voluntad política de dar respuesta a los derechos de los desterritorializados. Esa actitud dilatoria y deshilvanada de atender las exigencias de los desarraigados ha posibilitado la apropiación de las tierras por presión o en condiciones de total desigualdad por foráneos.

La dinámica de concentración de tierras en el Ariari es la consecuencia lógica del arrasamiento paramilitar, de la impunidad en que se encuentran sus más de 200 crímenes en el último período, de la tolerancia y de la convivencia institucional con estructuras armadas que combatieron y combaten a pobladores civiles, que cuentan con el estigma de ser “guerrilleros” o ahora desplazados, por eso es posible entender la actitud negativa del Estado colombiano frente a la exigencia de retorno de las familias del Ariari.

La política de seguridad “democrática” no comprende sino que impone a las víctimas de desplazamiento una mirada unipolar y una práctica totalizante del ejercicio de derechos. El silencio y el hermetismo absoluto del Gobierno ante la propuesta de retorno de las familias del Ariari constatan que no es posible un retorno con dignidad en Colombia, que las decisiones sobre la institucionalización paramilitar son lo definitorio ante la exigencia de las víctimas sobre la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral.

Bogotá, 29 de diciembre de 2004 - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz-volver-

INFORME  43

 CACARICA-CAVIDA. Riosucio –Chocó 

HOSTIGAMIENTOS MILITARES CONTRA INTEGRANTES DE CAVIDA

Siembra de coca, compra ilegal de tierras, desarraigo y suplantación de pobladores

 

“Sus príncipes eran león que ruge al desgarrar la presa; devoraban a la gente, arrebataban riquezas y objetos precisos. Los nobles eran lobos que desgarraban la presa, derramando sangre y eliminando gente para enriquecerse. Sus profetas eran embaucadores, que ofrecían falsas promesas y anunciaban mentiras. Diciendo: este es el futuro, cuando vida no había. Los terratenientes cometían atropellos y robos, explotaban al verdadero dueño y hacían empobrecidos”  Ezequiel 22, 27 -29

 

RESUMEN

Mientras militares de la Brigada XVII continúan desarrollando sus estrategias de control y  seguridad en Bocas de El Limón y la Nueva Zona Humanitaria en el Cacarica violando los derechos de los afrodescendientes y mestizos, los paramilitares desde La Balsa a su vez, desarrollan la estrategia de control militar, social , dentro del mismo Territorio Colectivo del Cacarica.

Tres  habitantes del Cacarica, entre ellos un menor de edad y dos jóvenes, fueron retenidos por militares de la Brigada XVII, luego de acusarlos como milicianos. Durante las más de 24 horas que permanecieron privados de la libertad, custodiados por unidades militares y de ser permanentemente interrogados, los tres personas fueron dejadas en libertad, luego de firmar un documento de buen trato.

El hostigamiento a los habitantes de las Zonas Humanitarias continúan desarrollándose por parte de unidades militares de la Brigada XVII que continúan desconociendo la propuesta humanitaria de pobladores civiles asociados en CAVIDA. La actuación militar se focalizó de tiempo atrás contra los habitantes de Bocas de El Limón y de la Nueva Zona Humanitaria.

Mientras tanto, en el sur del Territorio del Cacarica se ha ido configurando una especie de tenaza o de encierro perimetral de los pobladores. Los “civiles” armados de la estrategia paramilitar continúan imponiendo la sustitución de habitantes, se desplaza a los moradores tradicionales de La Balsa, muchos de los cuales vivieron sometidos a los paramilitares desde 1.996 y se entrega las tierras en los últimos meses a nuevos habitantes provenientes de Córdoba y del Urabá Antioqueño. Los “nuevos pobladores” han expresado a sus legítimos dueños que las tierras nos las entregarán porque fueron donadas por Comandantes de las AUC y tienen que entenderse con ellos. Igualmente, se conoció que además de la deforestación de los pocos recursos forestales que aún quedan en esta zona del Cacarica, se inician procesos de canalización para la siembra de palma aceitera, proyecto de reconciliación con olvido y con impunidad.

Las amenazas territoriales están ligadas con los ejercicios de control y de pretensión de desestructuración de las comunidades, entre otros con la construcción de la carretera panamericana entre Colombia y Panamá, cuatro de cuyas propuestas atraviesan por el Cacarica. Se teme igualmente, que la siembra de coca que se ha implementado en el último período a espaldas de los Consejos Comunitarios, conocida por los militares de la Brigada XVII, la que se encuentra, en La Balsa y entre las Zonas Humanitarias, se convierta en un pretexto para la extinción de tierras.

A pesar de estas  estructurales amenazas construidas con mentira, con impunidad, con fuerza y fuego, con judicializaciones y aislamientos, con la desestructuración de la Comisión Mixta de Verificación, el Derecho a la Vida y  al Territorio continúa siendo afirmado por los integrantes de CAVIDA.

SOLICITUDES

Dirigir sus comunicaciones al Vicepresidente de la República, FRANCISCO SANTOS, convocar con carácter urgente la subcomisión de protección de la Comisión Mixta de Verificación, actuar administrativamente a fin de que cese el despojo de tierras colectivas en el Territorio Colectivo del Cacarica y exigir a la Fuerza Pública respuesta frente a su actitud omisiva desde el 13 de mayo para actuar frente a las estructuras paramilitares de La Balsa y Río Sucio

Tel:   57-1-4442123  Fax 57-1-444 21 58  y 57-1- 565 76 82

E-mail: fsantos@presidencia.gov.co

            cefranco@presidencia.gov.co

            fibarra@presidencia.gov.co 

Al Ministro de Agricultura CARLOS GUSTAVO CANO, intervenir inmediatamente a fin de evitar la continuidad de la expulsión de afrodescendientes y mestizos de sus territorios para la implementación de proyectos agroindustriales de modo ilegal

Tel  571-3341199 Ext 301 a 303 

E-Mail ministro@minagricultura.gov.co

Al Procurador General de la Nación EDGARDO MAYA VILLAZON, actuar inmediatamente a fin de verificar, de constatar las actuaciones omisivas, cómplices de agentes estatales y en general servidores públicos con la situación de La Balsa, San José La Balsa, Bocachica.

Tel 57-1-3520066 ext 12502  Fax 57-1-352 00 66 ext 12504  (+57 1)342.97.23

E-Mail emaya @procuraduria.gov.co

            reygon@procuraduria.gov.co 

A la Defensor Nacional del Pueblo, VOLMAR PEREZ, actuar desde su mandato constitucional y en nombre del bien común y de los derechos de las minorías étnicas a fin de evitar la destrucción de los Territorios, y de las vidas de afrodescendientes, indígenas y mestizos que habitan en el Cacarica

Tel:  571- 640 04 91

E-mail:  secretaria_privada@hotmail.com

Adjunto  Hechos detallados y líneas de Interpretación.

HECHOS

* Miércoles 29 de septiembre hacia las 15:00 horas aproximadamente tres jóvenes del Cacarica, JOSE MANUEL MORENO de 21 años de edad, JOSE LUIS GASPAR, 20 años y FRANCISCO GASPAR, 11 años de edad que regresaban del poblado de Quebrada del Medio luego de cazar con escopeta fueron detenidos por los militares a pocos metros de Bocas de El Limón, lugar humanitario de CAVIDA.

Allí los militares, los requisaron, los acusaron de ser milicianos. Alguno de ellos  se comunicó por el radio de comunicación, diciendo: “reseñe los nombres” (...)  “uno de estos tiene cara de gonorrea”... (...) “estos son milicianos”. Los sometieron a un interrogatorio sobre la guerrilla: “díganos donde está la guerrilla? “ (...) “Trabajen con nosotros”(...) Ustedes debe ser del mismo grupo de milicianos que matamos en el Resguardo indígena”(...) Qué planes tiene la guerrilla” (...) “Nosotros sabemos que en esos Asentamientos hay milicianos de la guerrilla, Díganos sus nombres. Apoyen, colaboren, se recibe una platica y les va bien. Hablen”. (...) Nosotros sabemos que hay milicianos de esos terroristas, ya sabemos quiénes son. Ayuden y no pasa nada”.

En medio de las presiones, los jóvenes afirmaron su identidad como civiles, negaron las falsas acusaciones proferidas por los miembros de la Brigada XVII contra ellos y contra los integrantes de CAVIDA.

Luego de tres horas permanentes de interrogatorio, los dejaron allí, les dieron de comer y los mantuvieron bajo vigilancia permanente por unidades regulares que se les hicieron a lado y lado. Los militares les advirtieron: “Si se llegan a volar, saben lo qué pasa” (...) “ya tenemos sus datos” (...) No intenten nada que les va mal”

* Jueves 30 de septiembre, en medio de intimidaciones, de amenazas, de ofrecimientos y las falsas imputaciones, los jóvenes se negaron nuevamente a aceptar los ofrecimientos y los cargos

A las 17:30 horas aproximadamente, cuando decidieron dejarlos en libertad, los hicieron firmar una hoja con huella digital, donde se consigna que recibieron buen trato

Durante este mes, los militares han abordado a varios afrodescendientes del Cacarica expresándoles que existe una lista de más de 12 milicianos, que los van a coger, que todos ellos están en esas Zonas Humanitarias y ahí si se las van a ver, que las cosas no se han terminado y la región hay que asegurarla.

* Sábado 2 de octubre, promediando el medio día  aterrizó un helicóptero en la cancha de fútbol en  el interior del poblado del Limón, donde habitan miembros de las Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA.

Con el aterrizaje ingresaron al lugar humanitario decenas de soldados adscritos a la Brigada XVII, los que contaron con autorización para su acceso de dos profesores del municipio de Río Sucio, que no pertenecen a la Comunidad del Cacarica ni son miembros de los Consejos Comunitarios.

En horas de la tarde,  tres jóvenes que se dirigían del lugar de la nueva “Zona Humanitaria” a Bocas del Limón, antigua Zona Humanitaria de “Esperanza en Dios”, los militares les expresaron:  “ allí están los sapos que vienen a informarse son sapos de la Coordinación y los sapos de Justicia y Paz”.

A pesar de la exigencia de los integrantes de CAVIDA de respetar el lugar humanitario y de exigir las órdenes  judiciales para ingresar a  la zona Humanitaria, lugar  exclusivo de la población civil propiedad de las familias asociadas en CAVIDA, los militares permanecieron durante tres horas.

Por lo menos 5 viviendas fueron afectadas por el aterrizaje del helicóptero.

* Domingo 3 de octubre, efectivos regulares de la Brigada XVII vestidos de civil ingresaron a lugar de habitación de los pobladores del Cacarica en El Limón, verificando los daños causados.

* Lunes 18 de octubre, entre las 11:15 horas y las 11:45 un grupo de seis militares ingresaron a la nueva Zona Humanitaria, saltando por la Malla de la Vida, cerca que visibiliza el lugar como propiedad comunitaria dentro del Territorio Colectivo, lugar exclusivo de la población civil, sin presentar ningún tipo de orden judicial. Los afrodescendientes de CAVIDA exigieron a los militares abandonar el lugar humanitario, explicando los principios de la Comunidad de CAVIDA, el Derecho Internacional en el que se sustenta su experiencia.

Los militares se vieron obligados a salir del lugar.

* Martes 19 de Octubre en horas de la mañana un grupo de los miembros de los Consejos Comunitarios asociados en CAVIDA que se dirigen hacia Bocas del Limón encontraron un letrero en la finca de propiedad de un afrodescendiente del Cacarica, en donde los militares acampan en el que se lee: “ Combatimos por la libertad de la patria. Muerte a guerrilla. Atentamente Delfos” con una calavera pintada y los números 3-3_3  y otro con la expresión: “Entréguese Milicia. Contraguerrilla DELFOS. 04/10/18”

* Miércoles noviembre 3 habitantes de la Zona Humanitaria “Nueva Vida” observaron la presencia de un grupo de militares de la Brigada XVII. Cuando las personas se dirigían hacia las fincas de trabajo familiar, algunos militares se molestaron con los integrantes de CAVIDA.

* Jueves 4 de Noviembre, alrededor de las 14:00 horas varios grupos de militares adscritos a la Brigada XVII se dispersaron en el entorno de la Zona Humanitaria “Nueva Vida”. Dos de ellos expresaron a una religiosa de la iglesia católica que se encontraban perdidos, solicitaron la venta de alimentos

La acompañante les explicó las razones por las cuales no podían estar en la Zona Humanitaria, los principios de la comunidad y  la razón de ser de  estos lugares.

Aproximadamente, cinco minutos después se acercaron otros dos militares, uno de ellos sin armamento quien se identificó como el Teniente JIMÉNEZ, quién solicitó comida, “no venimos a hacer ningún daño” expresó, y agregó: “ Si no podemos entrar a la Zona Humanitaria, háganos llegar algo de comida”.

Nuevamente se les explicó los principios de la Comunidad de CAVIDA, en ese momento se acercó un grupo de nueve soldados y uno de ellos  expresó que ya  sabían cual era el camino hacia Bocas de El Limón. Entonces el Teniente expresó: “vámonos, y ojalá no tengamos que prestarles ningún servicio a ustedes”.

Simultáneamente, otros tres militares se encontraron con integrantes de CAVIDA y acompañantes de nuestra Comisión Justicia y Paz, quiénes expresaron que estaban buscando camino hacia Bocas de El Limón.

A menos de dos horas a pie de la Zona Humanitaria “Nueva Vida” se encuentra la Base paramilitar de La Balsa, lugar al que desde hace 7 años no ha accedido la Brigada XVII.

* Lunes 15 de noviembre, pobladores del Cacarica informaron que en el territorio colectivo , aproximadamente a unos dos kilómetros y medio de las zonas humanitarias,  se han iniciado siembras de hoja de coca, hasta el lugar ha llegado integrantes de las Fuerzas Militares.

* Lunes 6 de diciembre, nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió la información según la cual en el punto conocido como La Balsa y San José La Balsa  se encuentran fosas comunes, en los antiguos campamentos de la empresa Maderas del Darién, otra en San José de Balsa y una tercera en el punto conocido como La Coquera.

En uno de los tres lugares, se encuentran los restos de EDWIN SALAZAR, integrante de CAVIDA, desaparecido, el 21 de abril del 2001 en el sitio conocido como Tumaradó donde se encuentra un retén paramilitar sobre el río Atrato. De allí fue trasladado hacia La Balsa, donde de acuerdo con la versión fue torturado por “civiles” armados de la estrategia paramilitar.

Uno de las víctimas de los paramilitares expresó que en La Balsa continúan las amenazas de muerte, las intimidaciones y la tortura. Muchas familias se han visto obligadas a abandonar el caserío pues se ha hecho insostenible seguir soportando la presión paramilitar, entre ellos el caso de CARLOS MARTINEZ, asesinado. Muchos de estos casos fueron denunciados ante instancias de control del Estado en Apartadó

Las tierras que han sido abandonadas en el último trimestre han sido entregadas por los paramilitares a nuevas familias que son traídas de Córdoba y Urabá Antioqueño, las que afirman a sus legítimos propietarios integrantes de los Consejos Comunitarios que “no las van a devolver, por que fueron entregadas para el progreso, por el Comando de la Autodefensa Unidas de Colombia. Si hay algún problema, entiéndase con el Mando”. A quiénes exigen sus tierras, los paramilitares los han amenazado o les han ofrecido 200 mil pesos por hectárea, ( U.S $ 87 ), aunque la venta es ilegal porque pertenecen al Territorio Colectivo del Cacarica.

Víctimas de desplazamiento forzado reciente y de amenazas de los paramilitares en esta zona del Territorio Colectivo del Cacarica, expresaron que “quien no está en la zona es porque no le interesa la tierra, la tierra no es de quién la abandona”

Al tiempo, el proceso de explotación forestal de la poca reserva que existe está por finalizar, de modo ilegal, logrando acabar con la flora, la fauna de La Balsa, San José La Balsa. Simultáneamente se fortalece la extensión ganadera y la siembra de coca, y se implementa proyectos asociativos con los “nuevos habitantes” del Territorio Colectivo del Cacarica

 Los paramilitares expresaron que: "esta tierra es de nosotros porque los demás salieron dándole espacio a la guerrilla. Nosotros merecemos esta tierra porque si sabemos como afrontar la guerra" (...) "no vamos a devolver las tierras, vamos a dar bonificaciones a quienes eran los dueños" (...) "nosotros hemos liberado estas tierras y son nuestras" (...) "el que no quiera vender, nosotros cuadramos con él" (...) Estamos más de 1.000 hombres, las tierras son del progreso, de la paz y las tierras van a ser sembradas con palma.  Las empresas van a canalizar,  la tierra queda apta para que no haya tanta humedad y queda lista para el mejor negocio, la mejor alternativa”

LINEAS DE INTERPRETACIÓN

Las operaciones psicológicas, de control y de represión continúan dirigidas contra los pobladores de los Consejos Comunitarios asociados en CAVIDA. Desde el 13 de mayo de 2003 hasta el día de hoy han sido evidentes los objetivos de la estrategia militar debilitar, bloquear, perseguir el proceso de los afrodescendientes que afirman integralmente sus derechos a la Vida y al Territorio.

El temor a un ejercicio democrático de los Derechos  como lo han afirmado en los últimos 7 años, los Consejos Comunitarios del Cacarica asociados en CAVIDA, con propuestas alternativas frente a los Planes de Ordenamiento Territorial excluyentes, a las deforestaciones ilegales y extractivas industriales como las de Maderas del Darién, a la paramilitarización social y la militarización del Territorio, a las ideas de un progreso sustentado en la mentira, en la imposición armada  de la Palma, a la impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad ha planteado profundos cuestionamientos a un ejercicio del poder que destruye Territorios, que destruye identidades culturales y que destruye vidas humanas. Sus victimarios, los de la guerra militar y los de la guerra judicial, la guerra económica y la guerra mediática, carecen de cualquier postulado  ético como especie humana en su acción, cuentan con el poder para pervertir  para destruir nunca con la dignidad de los afrodescendientes, de los mestizos que cuentan con ella, como su único bastión.

Los hostigamientos, las amenazas, los señalamientos, los hostigamientos, los ofrecimientos permanentes de recursos económicos, el engaño continúan siendo los mecanismos que pretenden confundir y resquebrajar la postura de las familias que se niegan a ser parte de estrategias de seguridad antidemocráticas, que niegan el principio de identidad como población civil, el derecho a asociarse para defender los Territorios ancestrales ante intereses privados. Las operaciones militares continúan concentrándose en el Norte contra los habitantes de CAVIDA que habitan en Bocas de El Limón y la “Nueva Zona Humanitaria” , y muy esporádicamente frente a los afrodescendientes de “Nueva Vida”.  Desde ellas se anuncian nuevas judicializaciones, el mecanismo del control y del desprestigio y de la destrucción moral con asociaciones falsas a la siembra de coca o el tráfico de drogas, que  justificarán extinciones.

Simultáneamente, las omisiones de la Brigada XVII, eso sí contra estructuras armadas encubiertas son evidentes, como ocurre con el desarrollo de la estrategia paramilitar en La Balsa, dentro del Territorio Colectivo del Cacarica. Allí a menos de dos horas a pie de la Zona Humanitaria de “Nueva Vida”,donde se continúan violando los derechos de la población. Punta de lanza de la nueva etapa de desmovilización que posibilitará la imposición de un modelo de sociedad, de asociación y de inserción productiva dentro de la palma aceitera.

Las estructuras encubiertas de tipo paramilitar están asegurando el encerramiento de los pobladores de los Consejos Comunitarios del Cacarica en lo militar, en lo político y lo social desde el sur del Territorio Colectivo. No simplemente es el copamiento de los territorios o el intento de cooptación de los Consejos Comunitarios se trata de la sustitución de pobladores, de legítimos habitantes de Territorios Colectivos por pobladores que individualizan la propiedad. Se trata de controlar progresando. En el mediano plazo, se legitimarán y legalizarán las tierras que declararan baldías. Sus legítimos dueños las abandonaron y gracias a las reformas que se encuentran en estudio en el INCODER, en los que se limitaran los derechos consagrados en la Ley 70, se avalarán nuevos mecanismos de posesión, de asociación, de usufructo.  

Avanza la deforestación ilegal que se ha propiciado con canales artificiales los que han causado un gran impacto ambiental, y la planeación de la extensión de la siembra de palma aceitera y de coca. Mojones de esta siembra ya se encuentran ubicados en el interior del Cacarica entre las dos Zonas Humanitarias, allí han llegado efectivos de la Brigada XVII sin que hayan actuado. La actitud de ceguera institucional es signo de una voluntad, de una decisión política que propiciará nuevos mecanismos de expropiación de los derechos de los afrodescendientes.

Mucho se sigue comprendiendo hoy del Plan Puebla Panamá, del obsesivo interés por abrir el Tapón del Darién. De los seis proyectos de carretera Panamericana entre Colombia y Panamá, cuatro atraviesan el Territorio Colectivo del Cacarica, ellas y ellos, ni las comunidades indígenas han sido consultados, porque ellos no son nada en la lógica del mercado, del progreso, de la ganancia. Se comprende mucho más, el porque es necesario secar la tierra, porque la Palma es parte del circuito de la viabilidad del progreso, teñido de mentira, de sangre, de fuego en los cimientos de la impunidad y del silencio. El Estado existente es de Hecho, no existe el Derecho. 

Bogotá, D.C  diciembre 7 de 2004 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ-volver-

INFORME

Consejo Mayor del Jiguamiandó y Familias de Curvaradó

AVANZA LA PALMA, LAS RESTRICCIONES A LA POBLACIÓN SE MANTIENEN

Cuando cambie la   suerte de mi  pueblo, se descubrirá el profundo mal de Efraín  y las maldad de Samaria: obraron de mala fe, ladrones que se meten en las casas o bandoleros que asaltan en despoblado.   Oseas 7, 1

RESUMEN

Los afrodescendientes del Jiguamiandó y las familias desplazadas de Curvaradó ubicadas en las Zonas Humanitarias, continúan siendo sometidos a excesivos controles y restricción en su  movilización por parte de los agentes policiales que se encuentran en Murindó.

Nuevamente, el  delegados de las comunidades fueron sometidos a absurdos controles con señalamientos por parte de las autoridades policiales en los que se les pretende vincular con la guerrilla de las FARC EP.

Días antes el viernes 12 de noviembre, tres campesinos afrodescendientes de Murindó fueron detenidos por unidades policiales, a quiénes sindicaron de pertenecer a la guerrilla. Los tres habitantes de la zona rural de Murindó  fueron llevados posteriormente por unidades del Batallón Fluvial 20 hacia el municipio de Turbo. Dos días después dejados en libertad. De acuerdo con afirmaciones de unidades policiales, algunos de ellos estaban acusados de asesinar a un habitante de la zona y aparecían en informes de batalla en los que se les vinculaba con la guerrilla de las FARC EP. Los campesinos días después fueron dejados en libertad.

Hace cerca de tres semanas, el 12 de noviembre en este municipio se llevó a cabo una reunión con presencia del Coronel LUIS ALFONSO NOVOA y el comandante de las unidades policiales de Murindó, el Oficial LOSADA, donde las organizaciones indígenas, las comunidades afrodescendientes y mestizas dejaron constancia de los atropellos, de los señalamientos, de la restricción a personas y a bienes, y abusos de autoridad que se vienen cometiendo por estos agentes estatales. Las comunidades  afirmaron su posición de autonomía y de autodeterminación ante el conflicto armado, la afirmación del principio de distinción.

Entre tanto, a pocos kilómetros de la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza” en el Jiguamiandó, desde el miércoles 1 de diciembre hasta las horas de este escrito, los pobladores continuaron constatando indicios del avance del corte de madera paso previo a la siembra de palma aceitera en la comunidad de Buena Vista en el Curvaradó y los límites de la comunidad de Nueva Esperanza. La ampliación de la siembra ilegal continúa desarrollándose con presencia de hombres con armas cortas y largas, mientras persiste una presencia perimentral de agentes de la Brigada XVII y de la Policía de Urabá.

En las comunidades del Jiguamiandó, observadores internacionales del Canadá que acompañan al lado de equipos de acompañantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz han sido testigos de la grave situación que se viene presentando en la última semana de la ampliación del proyecto agroindustrial de la palma aceitera de manera ilegal en los Territorios Colectivos.

SOLICITUDES

Dirigir sus comunicaciones o llamadas telefónicas a

FRANCISCO SANTOS Vicepresidente de la República solicitando una actuación administrativa del Gobierno Nacional sobre la Policía Nacional de Carmen del Darién y Murindó y su intervención directa para que cese la explotación maderera y la siembra ilegal de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó; de respuesta integral a las medidas provisionales a las medidas resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de adoptar las medidas preventivas ante las amenazas de incursión de tipo paramilitar a las Zonas Humanitaria.

Tel:   57-1-4442123  Fax 57-1-444 21 58  y 57-1- 565 76 82

E-mail:fsantos@presidencia.gov.co

            cefranco@presidencia.gov.co

 fibarra@presidencia.gov.co

CARLOS GUSTAVO CANO Ministro de Agricultura solicitando la intervención inmediata de tipo administrativo a fin de que cese el aprovechamiento forestal indiscriminado y la siembra ilegal de Palma Aceitera dentro del territorio Colectivo del Curvaradó y oficie de modo inmediato al INCODER para que sea entregado a la mayor brevedad el Informe Técnico de la Verificación de la siembra de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó realizada del 26 de octubre al 1 de noviembre.

CARLOS GUSTAVO CANO Tel  571-3341199 Ext 301 a 303 

E-Mail ministro@minagricultura.gov.co

SANDRA SUAREZ PEREZ, Ministra del Medio Ambiente solicitando su intervención inmediata ante los efectos ecológicos que están produciendo la deforestación y la siembra ilegal de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo

Tel. 571- 2806010 Ext. 100  Fax 571 -288 98 92 

Email : dministro@minambiente.gov.co

Al Procurador General de la Nación

EDGARDO MAYA VILLAZON, Procurador General de la Nación, investigar disciplinaria e integralmente a los agentes estatales comprometidos por acción u omisión en la restricción de los derechos de la población, el abuso de autoridad en las detenciones y la siembra ilegal de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó.

Tel 57-1-3520066 ext 12502  Fax 57-1-352 00 66 ext 12504  (+57 1)342.97.23

E-Mail emaya @procuraduria.gov.co

             reygon@procuraduria.gov.co

VOLMAR PEREZ Defensor Nacional del Pueblo actuar inmediatamente de acuerdo con su misión institucional a fin de evitar daños irreparables y ambientales de las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó

Tel:  571- 640 04 91

E-mail: secretaria_privada@hotmail.com

HECHOS EN DETALLE

* Domingo  28  de noviembre,  a la 1.00 p.m aproximadamente, dos integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó JUAN DIAZ y JOSE DEL CARMEN  VILLALBA  al llegar a la pista del aeropuerto de Murindó pasaron por el control de la policía.

En el lugar les revisaron el bolso. Luego  le quitaron la agenda a JUAN DIAZ, le revisaron sus anotaciones y los números telefónicos y nombres que allí tenía. Luego lo sometieron a una serie de preguntas acerca del motivo de su viaje, de que parte del Jiguamiandó venía,  ¿A qué va a Medellín?. Le exigieron un número telefónico para su ubicación en la capital de Antioquia, y con quién se iba a encontrar.

Unidades de la policía tomaron nota de los números telefónicos de la agenda del integrante del Consejo Comunitario  . Minutos después, los agentes policiales afirmaron que él había estado en San Vicente de Caguán, cuando el proceso de diálogos con la guerrilla de las FARC, hecho sin ninguna sustentación, y por eso había conocido a un persona apodada “Cachaco Negro”.

En tono acusatorio le preguntaron por la guerrilla y por el apodado “Cachacho Negro”, persona igualmente desconocida por los dos miembros de los Consejos Comunitarios.

Agentes de la policía expresaron: “no se hagan, ustedes saben muy bien lo que hay en Nueva Esperanza” (...) “Ustedes conocen a “Cachaco Negro”, él es de la misma comunidad “Nueva Esperanza”, trabajaba por allá cómo no lo van a conocer”  . Al campesino JOSE DEL CARMEN lo sometieron a las mismas preguntas.

Los integrantes de los Consejos Comunitarios exigieron permanentemente respeto a sus derechos a la movilidad, y al cese de interrogatorios intimidatorios y acusatorios.

A eso de la 1:25 p.m. cuando la avioneta se encontraba aún sin decolar ante la insistencia de los campesinos de que iban a perder el vuelo, los dejaron marchar.

* Miércoles 1 de diciembre desde las 9:00 a.m. afrodescendientes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y del Curvaradó escucharon hasta las 3.00 p.m el sonido de motosierras a unos 6 kilómetros de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza” en dirección a Buena Vista, poblado deshabitado por el desplazamiento del 2001, del Territorio Colectivo del Curvaradó.

Este mismo día se produjeron sobrevuelos de helicópteros de la Brigada XVII sobre el sitio conocido como La Pemada

* Jueves 2 de diciembre desde las 9:30 a.m. integrantes de los Consejos Comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias de Remacho  escucharon aproximadamente a 10 kilómetros  motosierras en el corte de árboles en los límites entre el antiguo poblado de Nueva Esperanza, abandonado por el desplazamiento de 2001 y Buena Vista.

En horas de la noche pobladores de la región constataron que se está llevando a cabo una deforestación de selva primaria en la zona, como un avance a la siembra de palma aceitera. La misma fuente indicó que próximamente se iniciarían la canalización de algunos afluentes.

* Viernes 3 y  Sábado 4 de diciembre desde las 10:00 a.m. pobladores de las Zonas Humanitarias de “Nueva Esperanza” y “Bella Flor Remacho”, junto con observadores y acompañantes internacionales del Canadá  e integrantes de nuestra Comisión Justicia y Paz, escucharon el sonido casi ininterrumpido de motosierras en cercanías de los antiguos lugares de los poblados de Nueva Esperanza y Bella Flor Remacho, Territorio Colectivo del Jiguamiandó.

El fuerte sonido el día viernes se mantuvo hasta las 3.00 p.m. y el sábado hasta la 1.00 p.m.

* Lunes 6 de diciembre desde las 9:15 a.m. hasta las 3.00 p.m. se escucharon varias motosierras durante este lapso de tiempo en dirección a Buena Vista, en el Territorio Colectivo del Curvaradó.

Los acompañantes internacionales del Canadá e integrantes del equipo misionero de nuestra Comisión de Justicia y Paz conocieron que el avance de la deforestación dentro del Territorio Colectivo del  Curvaradó es rápido. Las hectáreas que vienen siendo arrasadas de modo ilegal son bastantes.  En desarrollo de la deforestación personas de Belén de Bajirá y Brisas han observado la presencia de personas vestidas de civil con armas cortas.

LINEAS DE INTERPRETACION

Las operaciones de registro y de control sobre los habitantes del municipio de Murindó por parte de los agentes policiales que se encuentran en la cabecera municipal se realizan con la extralimitación de sus funciones, con el abuso permanente de autoridad. Se concibe a los civiles como aliados de la guerrilla, como sus informantes o sus auxiliares. De modo arbitrario se desarrollan acciones de inteligencia que sustentadas en testigos falsos, presionados o pagos, pretenden construir versiones verosímiles de hechos imputables a cualquiera que sea concebido como guerrillero.

La frontera entre el justiciero y el armado, entre el civil y el militar se borran permanentemente. Los papeles constitucionales de uno y otro se borran frecuentemente. La Fuerza Pública oficia en dos papeles. La traspolación de lo militar a lo civil suele suceder cotidianamente. Es imposible en la lógica de la seguridad dominante comprender la distinción, la diferencia de papeles.

Ese ejercicio de seguridad pretendidamente contra insurgente, dirigido contra la población civil,  no es restrictivo ni intolerante con la estructuras confusas, difusas y evidentemente cualificadamente clandestinas de lo paramilitar. En Belén de Bajirá, en Brisas, en Mutatá, en Barranquillita, en Río Sucio, en Turbo, en La Balsa –Cacarica- los retenes, los ejercicios de control poblacional de bienes y de servicios coinciden con presencias institucionales de la Brigada XVII y de la Policía de Urabá .

Al tiempo en el caso del Territorio Colectivo del Curvaradó los avances de la agroindustria de la palma aceitera se abre caminos en condiciones de “seguridad” privada o perimentral institucional, mientras los indígenas, los afrodescendientes y los mestizos soportan los efectos directos de la destrucción de sus territorios, la aniquilación de su derecho a la existencia, la inseguridad absoluta.

Evidentemente el Estado Colombiano desconoce la resolución de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Hecho es el de Derecho.

La impunidad de los Crímenes, atentados, atropellos, desplazamientos desde octubre de 1.996 hasta hoy  ha sido el pilar de una experiencia de desterritorialización, de destrucción y de aniquilación de los Derechos a la Vida y al Territorio de las comunidades.

Bogotá, D.C. Diciembre 7 de 2004 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ-volver-

INFORME 44: Consejo Comunitario del Jiguamiandó y familias de Curvaradó

AMENAZAS DE INCURSION PARAMILITAR: PERSISTEN ABUSOS DE AUTORIDAD

“Maldigo el país donde se derrama sangre; el país donde los humanos se traicionan unos a otros; donde las riquezas se construyen mediante la rapiña y donde unos despojan a otros de lo poco que tienen” (Nahum, 3, 1ss)

RESUMEN

Una nueva amenaza de incursión de tipo paramilitar contra los afrodescendientes que habitan en el Jiguamiandó y sus Zonas Humanitarias fue conocida el pasado Domingo por nuestra Comisión de Justicia y Paz.

De acuerdo con la fuente, esta actuación se realizaría entre el 11 y 14 de noviembre pretendiendo sacar habitantes de las tres zonas humanitarias. Las amenazas de incursión paramilitar se han producido luego de la realización de la verificación de siembra de palma aceitera en el Curvaradó.

Las amenazas, los señalamientos, los abusos de autoridad contra los afrodescendientes por parte de la Brigada XVII han persistido deslegitimando el carácter de autoridad. Las presiones policiales o militares contra los afrodescendientes para que acusen a los miembros de los consejos comunitarios como miembros de la guerrilla ha sido un método de control y deslegitimación.

Durante la reciente visita de verificación la tensión, los señalamientos a las comunidades participantes, los organismos humanitarios nacionales e internacionales y los mismos entes civiles de gobierno y de Estado fueron evidentes.  Y las persistentes  amenazas de muerte y advertencias contra nuestra Comisión de Justicia y Paz se mantuvieron.

Solicitamos a la comunidad internacional y nacional comunicarse con

Doctora CAROLINA BARCO, Ministerio de Relaciones Exteriores, (571 5667701- 571 5662008) a fin de dar cumplimiento a las medidas provisionales resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Doctor  FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República, (57 3152100467-57 3102389120 – 57 3107720130 – 571 3345077  adoptar las medidas de carácter civil preventivas y el respeto a las tres Zonas Humanitarias a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó

HECHOS

·                    Domingo 7 de noviembre,  nuestra Comisión de Justicia y Paz  recibió  a las 20:00 horas, una comunicación desde Belén de Bajirá en la que se nos informó por parte de una fuente confiable que luego de la verificación de siembra de palma en el territorio colectivo del Curvaradó, existe mucho malestar por parte de los grupos paramilitares que tienen asiento y presencia en Barranquillita, Belén de Bajirá, Mutatá, Pavarandó y Brisas.

Según esta información, del 11 y el 14 de noviembre se estaría adelantando un operativo  de la estrategia paramilitar contra los  campesinos que habitan en el Jiguamiandó  atacando en el entorno y en las tres Zonas Humanitarias.

La misma fuente indicó,  que los paramilitares irían por algunos integrantes de los Consejos Comunitarios sin importar que estén los acompañantes nacionales e internacionales, y si es necesario pasar por encima de ellos o de una vez llevarse a alguno de ellos.

* Martes 26 de octubre, En las plantaciones de palma aceitera en territorios colectivos del Consejo Comunitario de la cuenca del Curvaradó,  Unidades militares de la Brigada XVII, en el puente en dirección hacia el poblado de Caño Claro, impidieron el  paso de la comisión de verificación más allá de este puente, argumentando que había otra tropa “no hay seguridad. En cada finca hay tropas y no se como cuadran las cosas, pero los de allá no están avisados”.

* Miércoles 27 de octubre, A las 9:30 horas, en Belén de Bajirá, a la salida en el Templo Parroquial, personas vinculadas con el proyecto agroindustrial de Palma Aceitera, expresaron a los participantes en la verificación: “además sobre las filmaciones tengo mis reservas con las ONG internacionales, a que manos en última instancia van a llegar estas filmaciones, entonces filman a los empresarios, los filman en sus empresas y a los 7, 10 kilómetros tenemos un centro de las FARC y mañana comienzan los secuestros en la zona, cosa que hemos  erradicado en este tiempo. A los amigos de las FARC, esto no les gusta, por supuesto”. Uno de los presentes agregó: “a mi no me filman, si no quieren que tire una de esas cámaras al río” y dirigiéndose a un funcionario de la Defensoría del Pueblo quien sostenía que se trataba de una diligencia pública, le reitera que si lo filman “tira una cámara al río y el verá como arregla el problemita”.

En horas de la tarde, en el puente que conduce de Andalucía a Caño Claro en el Territorio Colectivo del Curvaradó, unidades militares que se encontraban en los lugares de siembra de palma gritaron a funcionarios estatales y gubernamentales, observadores internacionales, acompañantes nacionales de derechos humanos, “allá va una cuadrilla de las FARC”.

Hechos antecedentes a estas nuevos señalamientos y amenazas han sido los abusos de autoridad entre los que registramos los siguientes:

* Miércoles 29 de septiembre, en horas de la noche en el sitio conocido como La Grande, integrantes del Consejo Comunitario que llegaron a este lugar  para la compra y venta de productos en horas de lo noche, cuando dormían fueron abordados por unidades militares del Batallón Fluvial, quienes los hicieron levantarse, a uno de ellos lo condujeron a un paraje cercano.

Allí un hombre  encapuchado acusó al afrodescendiente de ser un vendedor de madera, los militares que lo acompañaban presionaron al integrante del Consejo Comunitario para que aceptara la falsa aseveración del encapuchado. Luego de interrogarlo, lo dejaron regresar al lugar de dormida.

Los militares desde las 21:30 horas hasta  la madrugada del día siguiente, rodearon la casa de los pobladores afirmando que eran guerrilleros.

Debido al acoso militar los pobladores se vieron obligados a regresar a primeras horas de la madrugada a las Zonas Humanitarias.

·                     Martes 12 de octubre, hacia las 16:00 horas un grupo de  afrodescendientes del Consejo Comunitario del Jiguamiandó que se movilizaba en una embarcación, fue abordado por unidades de la Infantería de Marina, en el sitio conocido como La Grande.

Las unidades se dirigieron al motorista de la embarcación, integrante del Consejo Comunitario RICHARD ANTONIO GUARAONA, a quien luego de solicitarle su documento de identidad, lo interrogaron preguntándole por la guerrilla, “en este momento yo no he visto, como civil no debo estar dando información a actores armados. Yo trabajo en  las labores del campo, siembro plátano, yuca”.

Uno de los militares lo acusaron de ser guerrillero: “Usted es un guerrillero... nosotros lo vimos en Dabeiba, en la vía entre Apartadó y Medellín... ahí estabas uniformado, guerrillero HP... allí cogiste a un soldado y lo requisaste bolsillo por bolsillo... trabaje para nosotros, entréguese... dénos informes claros de dónde está la guerrilla y le va bien...” 

El poblador afirmó, “yo  nunca he estado por allá donde usted dice... yo como población civil no puedo hacer lo que usted dice”.

Una hora después de requisas, interrogatorios, intimidaciones, chantajes y falsas acusaciones, dejan seguir la embarcación hacia Murindó.

·                     Miércoles 13 de octubre, hacia las 7:00 horas, RICHARD salió en la embarcación con dirección al Jiguamiandó. Al pasar por  el sitio conocido como La Grande, un militar le gritó: “Usted, blanco,  RICHARD ANTONIO GUARAONA... deténgase”.

A este miembro del Consejo Comunitario lo hicieron bajar de la embarcación, y lo trasladan a la cancha de fútbol de La Grande. Allí los militares lo sometieron a un nuevo interrogatorio, diciéndole: “Nosotros sabemos que la guerrilla anda por Nueva Esperanza... nosotros sabemos que usted es un guerrillero y que el día que saliste a Curvaradó cogiste una niña y la amenazaste con matarla... donde dejaste la pistola guerrillero HP...”

RICHARD negando todas las falsas acusaciones, fue luego conducido por el Cabo DIAZ y otro militar hasta la escuela de La Grande. Allí los militares lo siguieron presionando: “entréguese... diga que es guerrillero... en La Nodriza tenemos a dos desertores del Jiguamiandó y lo reconocieron a usted, ya nos confesaron que usted es guerrillero. Si se entrega lo sacamos a cualquier ciudad, le damos casa, estudio, no tiene que seguir sembrando plátano y yuca... confiese, dénos información y recibe buena platica, qué dice... hágale...”. RICHARD se negó a aceptar las ofertas, pero los militares mantuvieron la presión por muchas más horas.

Hacia las 11:30 horas a La Grande llegaron tres pobladores del Jiguamiandó en búsqueda de un motor para bajar  madera que transportaban tres pobladores afrodescendientes del Consejo Comunitario.

Uno de ellos CRISTÓBAL CUADRADO  fue abordado por los militares y sometido a un interrogatorio: “¿De dónde viene?”, ¿Cuál es el motivo de su visita?  “¿Por allá hay guerrilla?”(…) “Deje de decir mentiras”. Al interrogatorio el afrodescendiente respondió: “yo lo que he visto son paramilitares, ametrallan a la gente, se quedan con las tierras, por allá lo que hace presencia es la AUC”.

El sargento SÁNCHEZ, expresó: “dígale a sus compañeros que tienen que venir a acá a reportarse... necesitamos hablar con ellos”.

Hacia las 12:30 los pobladores del Jiguamiandó ERASMO CUADRADO y LUIS SIERRA, quienes bajaban la madera junto con CRISTÓBAL, fueron obligados a detenerse, les exigieron los documentos de identidad y las billeteras, las que son esculcadas minuciosamente.

Los militares del Batallón Fluvial 20 separaron a ERASMO y a LUIS, a quienes les dijeron: “Se acaba de entregar un guerrillero de los lados de Jiguamiandó. Ustedes lo conocen, se llama RICHARD GUARAONA alias El Blanco. Ahí lo tenemos, y se los mostraron a la distancia,  ustedes no serán también guerrilleros, quítese la camisa y las botas.” A pesar que los pobladores les exigieron respeto a sus derechos como población civil y les exigieron el cese de falsas acusaciones a la comunidad, los campesinos fueron obligados a quitarse las camisas.

Los militares intimidaron y presionaron a los integrantes del Consejo Comunitario. “Ayer el avión sobrevoló por el Jiguamiandó y vio guerrilla. Dénos información precisa de dónde están y les pagamos. Sino, pues ustedes saben cómo les va... díganos algo concreto... confiesen que ese Richard es un guerrillero, ustedes lo conocen o no?”.

Los pobladores respondieron: “así  nosotros conocemos a RICHARD y él no es lo que ustedes dicen, él es un campesino de la comunidad, es población civil... lo único concreto es que somos campesinos”.

Mientras las  unidades militares presionaron a  ERASMO y LUIS para acusar a RICHARD GUARAONA como guerrillero, les ofrecieron dinero, otros militares continuaron con las mismas técnicas contra RICHARD diciéndoles: “es mejor es que se entregue, dos compañeros suyos nos acaban de decir que usted si es guerrillero, entréguese y le va bien con nosotros...”

Por otra parte, el Cabo DIAZ,  presionó a CRISTÓBAL: “usted tiene cara como de guerrillero. Usted conoce al que le dicen El Blanco, ese que se llama Richard, dígame que es guerrillero, y hay recompensa. Usted conoce el camino que va de Murindó a Nueva Esperanza, dígame...”

Hacia las 13:15 horas aproximadamente, dejaron ir a CRISTÓBAL, a ERASMO y a LUIS, quienes antes de marcharse solicitaron a  los militares dejar en libertad a RICHARD. Los uniformados respondieron: “el no está detenido sino retenido. Lo vimos en Dabeiba haciendo retenes y robando carros con la guerrilla”.

Horas más tarde, cansados de tanta presión, hacia las 16:00 horas, el Cabo DIAZ se dirigió a RICHARD, expresándole: “se puede ir. La Nodriza se detuvo y desde allí nos confirmaron que usted no debe nada, le vamos a leer unas hojas que tiene que firmar”, un acta en el que se dice que RICHARD había recibido buen trato. Luego de firmarlo lo dejaron en libertad.

·                     Viernes 15 de octubre, hacia las 15:30, pobladores de la Zona Humanitaria de Bella Flor Remacho mientras se encontraban en el día de trabajo comunitario en la cancha de fútbol, escucharon una explosión fuerte por la quema de monte con la cual se generó una estampida general.

Posteriormente se pudo comprobar por esquirlas encontradas, que se trataba de una granada de mortero dejada por el ejército en desarrollo de sus operaciones militares del primer semestre del año.

LINEAS DE INTERPRETACION

La amenaza de incursión armada de tipo paramilitar no es de extrañar, se ha ido escudriñando en lo profundo las causas y las razones de una estrategia que no ha sido combatida, que debido a la omisión, a la tolerancia, y a la anuencia de las autoridades ha desarrollado mecanismos no solo militares sino técnicas sociales y de impulso de proyectos de gran inversión privada desde bases paramilitares en Mutatá, Pavarandó, Belén de Bajirá, Brisas, sin que exista actuación alguna de tipo institucional por parte de la Policía de Urabá o de la Brigada XVII

Lo que sigue siendo evidente es que las actuales políticas de seguridad no están evitando daños irreparables a la vida e integridad personal de las Comunidades afrodescendientes , ni respetando su derecho a ser pobladores civiles en el conflicto armado, ni vigilando el comportamiento de la fuerza pública omisivo frente a las estructuras armadas paramilitares que actúan en la región ni  combatiendo con decisión estructuras armadas ilegales.

Es evidente la vulneración de los derechos de los afrodescendientes por la implementación de la Política de Seguridad que no ha propiciado garantías para la vida de los afrodescendientes del Jiguamiandó y Curvaradó. Nuevos mecanismos y técnicas de persecución, de hostigamiento se han implementado frente a estas comunidades por parte de las autoridades.

La presión psicológica,  la instrumentalización de las necesidades de la población, el ofrecimiento de recursos con los cuales se puedan sostener las falsas acusaciones y los montajes castrenses o la facilitación de canales para que los afrodescendientes se vinculen a la siembra de palma aceitera, han deslegitimado la naturaleza de la autoridad.

Los permanentes procedimientos arbitrarios e ilegales utilizados por las autoridades con pretensiones de judicialización, confunden los papeles del justiciero y del guerrero. El blanco de las acusaciones son los miembros  de los consejos comunitarios  de las cuencas del  Jiguamiandó y Curvaradó que han afirmado en diversos escenarios gubernamentales, en algunos de los cuales ha participado la Fuerza Pública, su decisión de defender la Vida y el Territorio ante las constantes violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al derecho Humanitario y la siembra de palma aceitera de modo ilegal e inconsulto.

La perversión de la estrategia contrainsurgente se evidencia pues nuevamente se ha erigido como blanco a los pobladores que  han denunciado el avance de la compra ilegal de las tierras tituladas colectivas, ellas y ellos  son las víctimas de permanentes  abusos de autoridad de las fuerzas militares y policiales.

La presión que se mantiene frente a los pobladores es la posibilidad de que se inicien procesos judiciales en contra de los miembros de los Consejos Comunitarios basados   en falsos testigos que repiten falsos libretos dentro de un proceso difamatorio y carente de toda coherencia; que los mismos señalamientos proferidos por la autoridad pretenden deslegitimar las iniciativas de la población civil para mantenerse al margen del conflicto y que las amenazas de incursiones de tipo paramilitar se encuentran ambientadas con este tipo de expresiones y de procedimientos de actuación de agentes estatales.

Se mantienen ejercicios de control y recorte de los Derechos y de las garantías de los afrodescendientes que afirman su derecho a la Vida y al Territorio, avanzan los procesos de apropiación de sus  tierras  para  la ampliación del  cultivo  agroindustrial de palma aceitera, con la actuación de civiles armados de la estrategia paramilitar, sin que  exista un actuación clara y diáfana militar o policial.

Existe un absoluto desconocimiento  de las medidas provisionales  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Gobierno Nacional en materia preventiva y del derecho a la justicia.

 Bogotá, D.C Noviembre 9 de 2004 - COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ-volver-

INFORME EJECUTIVO 11:  JUSTICIA Y PAZ

 Advertencia contra Justicia y Paz

“VA A SER MUY FUERTE”

 Luego de las amenazas de muerte contra integrantes de Justicia y Paz, vía telefónica, realizadas el pasado miércoles 8 de septiembre en horas de la mañana en el casco urbano del Carmen del Darién, en el Bajo Atrato, Departamento del Chocó.

Casi un mes después, el pasado  sábado 9 de octubre, en horas de la tarde, una fuente de alta credibilidad informó a integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz que se estaba preparando un golpe contundente contra nuestra organización pues nuestra labor de defensa de derechos humanos era “incómoda para muchos”, “tanta denunciadera es muy dañina”. La fuente expresó que en las próximas semanas o meses se pretendía desmoronar a Justicia y Paz, “va a ser muy fuerte”, advirtió “cuídense de lo que escriben”.

No son nuevas las advertencias. Por diversos caminos, por diversos medios en el pasado se ha hecho llegar a Justicia y Paz informaciones acerca de actuaciones que se preparan para atentar contra la vida, la integridad personal, el buen nombre o la privación de la libertad a nuestros defensores de derechos humanos.

Las amenazas de muerte, el allanamiento ilegal, los hostigamientos, los seguimientos, los señalamientos, los montajes judiciales que aún permanecen sin ninguna definición judicial de fondo, las actuaciones mediáticas de desprestigio, han sido mecanismos usados para  la destrucción integral de nuestra misión como organismo de derechos humanos.

La intencionalidad de erosionar nuestro legado moral y nuestra responsabilidad ética con las víctimas de crímenes de lesa humanidad y las víctimas de prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos que afirman su derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y afirman sus derechos como población en medio del conflicto y en defensa del territorio, pretende ocultar la verdad de la que hemos sido testigos, minar la credibilidad y limitar las posibilidades de  defensa de los derechos humanos y del derecho humanitario.

Una información más que se suma, a las que se han venido acumulando desde hace más de 12 años.

Bogotá, D.C octubre 12 de 2004 - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - -volver-

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