INFORME 35: ARIARI - META

ASESINADO RODRIGO RIVAS.

CONTINÚA DESAPARECIDO MIGUEL CARO.

 Sus obras son obras inicuas y acciones violentas hay en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran a verter sangre inocente. Sus proyectos son proyectos inicuos, destrucción y quebranto en sus caminos. Camino de paz no conocen, y derecho no hay en sus pasos.

Isaías 59, 6b-8

  RESUMEN
Rompiendo el temor en medio de la desaparición de MIGUEL CARO, el pasado 11 de febrero, se ha conocido un nuevo asesinato que se encontraba oculto y que se ha perpetrado por las estructuras de la estrategia paramilitar, el del campesino RODRIGO RIVAS quien fue bajado de bus en que se dirigía hacia San José del Guaviare el pasado 14 de enero.

A pesar de la activación del sistema de  búsqueda de personas desaparecidas por  el caso de MIGUEL CARO, las acciones policiales no se han dirigido sobre los responsables directos, que se les ha visto, como es cotidiano en connivencia, convivencia con las unidades policiales. Simultáneamente en operaciones de tipo psicológico las mismas autoridades policiales han afirmado que la guerrilla se va a tomar la población, al parecer como una excusa para atribuir la posible desaparición de MIGUEL a la guerrilla de las FARC.

Pero más allá de las interpretaciones lo que continúa siendo cierto es el control urbano policial con presencia de “civiles” armados de la estrategia paramilitar y en las carreteras y las zonas bajas y media rural de efectivos militares con los paramilitares.

Hoy tres años después de las operaciones militares del FUDRA y de la VII Brigada  del ejército, la estrategia paramilitar a través del Bloque Centauros se ha consolidado militar y políticamente a merced de torturas, de asesinatos, de desapariciones, bloqueos económicos y a través de un proceso de institucionalización que está posibilitando asegurar el poder político y la legalización de tierras poseídas luego del desplazamiento de más de 700 familias del Ariari.

HECHOS EN DETALLE

* Viernes 14 de enero, a las 5:00 p.m fue encontrado el cuerpo sin vida del señor RODRIGO RIVAS de 52 años de edad, en el paraje conocido como Puente Caído, en la vía que del  casco urbano del municipio de El Castillo conduce al  casco urbano del municipio de Granada con dos impactos de bala. RODRIGO viajaba en dirección hacia San José del Guaviare en transporte público, en el perímetro de Granada, el vehículo en que se movilizaba fue interceptado por paramilitares, quienes lo obligaron a bajarse del bus.

El campesino  RODRIGO RIVAS  habitante del caserío Playa Rica, municipio de El Castillo, se desplazó en octubre pasado en desarrollo de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar. Debido a las amenazas de muerte RODRIGO fue obligando a su desplazamiento forzado, junto con su familia buscando refugio en el  municipio de Acacias.

* Lunes 14 de febrero, debido  a la activación del sistema de búsqueda de personas desaparecidas por el caso de MIGUEL CARO, ocurrida en el corregimiento de Medellín del Ariari,  la policía del municipio  El castillo,  realizó algunas rondas  por el lugar, visitando algunas casa de los habitantes, preguntando por el paradero de MIGUEL, mientras los “civiles” armados de la estrategia paramilitar se pasearon enfrente de las autoridades policiales y por todo el pueblo.

* Domingo 19 de Febrero, en horas de la mañana en desarrollo del partido de fútbol en el casco urbano de Medellín del Ariari concurrieron en  el mismo escenario deportivo, el  Alcalde del municipio de El Castillo, ARBEY MARTINEZ, miembros del Ejército Nacional,  4 policías de El Castillo, los escoltas del Alcalde y “civiles” con armas corta de la estrategia paramilitar del municipio de El Castillo, San Isidro, El Dorado, San Martín, Granada y los del corregimiento de Medellín del Ariari.

El Ejército no se ha desplazado por la zona para iniciar la búsqueda de MIGUEL CARO.

Se ha conocido que le han exigido a la esposa de MIGUEL una carta donde ella autorizaba la búsqueda y que si pasaba algo con él no era responsabilidad del ejercito. La esposa no les dio la carta porque les explico que ella había interpuesto el mecanismo de búsqueda urgente.

* Miércoles 23 de febrero, a las 11:00 en el casco urbano del  Municipio de El Castillo se escucharon varios disparos, la policía empezó a afirmar a  la gente diciendo: “la guerrilla se va a meter al pueblo”  se escucharon tres disparos y una ráfaga de metralla. Luego  no se escuchó nada más.

Diez minutos después, un policía llegó hasta las instalaciones del internado escolar que esta ubicado detrás de la estación de policía y expresó a los que allí se encontraban por qué no se habían ido, ya que la guerrilla se iba a tomar el pueblo y le manifestaron a la población estar alerta.

LINEAS DE INTERPRETACION

Es el mismo diagnóstico, la misma radiografía. Distintos nombres el mismo propósito, el mismo proyecto militar, la nueva fase de institucionalización a través del mal llamado diálogo en SantaFe de Ralito o de la imposición institucional de facto en lo político local.

Dinámica de institucionalización en que la política de seguridad no ha afectado ni las estructuras paramilitares ni el enquistamiento en la estructuras políticas locales, por el contrario entre la presencia de la Fuerza Pública /policía / militares se han conformado en dominios de fuerza en lo urbano y lo rural que saltan al escenario político. Somos testigos de la consolidación del paraestado en el Ariari.

La desaparición de MIGUEL CARO, el asesinato de RODRIGO RIVAS, confirman la regla no solo de que el cese de hostilidades es una mentira sino que la política de seguridad es una formalidad que posibilita la violación de los derechos humanos y la imposición de un Estado de Hecho.

La tolerancia, la convivencia, la unidad de acción es evidente en lo local y lo regional. Pero nada seria posible sin la impunidad y sin la OMISION, la COMISION POR OMISION desde el Estado central. Tragedia eterna de una región de un país pacificado con silencio, con sangre, con terror y con mentira

Bogotá, D.C., 27 de febrero de 2005 - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

INFORME  50: Consejo Comunitario de Jiguamiandó y familias del Curvaradó

ACTUACION  PARAMILITAR EN JIGUAMIANDO

RESUMEN

Hoy 26 de febrero las 1:00 pm. civiles armados de la estrategia paramilitar retienen a un grupo de 10 niños y jóvenes  afrodescendientes que adelantaban labores de caza y los obligaron a acompañarlos hasta el lugar en que se encuentra la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo.  A las 1: 25  am. Un grupo de 10 armados que algunos con insignias de la AUC, otros del los batallones Botijeros y Bejarano de la brigada XVII rodearon la casa de MANUEL DENIS BLANDON, representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del Jiguamiandó, y al recibir señas de un grupo de 37 de los armados que, se encontraba a corta  distancia cerca de una platanera, se retiraron del lugar, después que  miembros del equipo misionero les solicitaran respeto por la zona humanitaria. A los pocos minutos ingresan por la calle principal del caserío el grupo de 47 armados y  cruzan el río Jiguamiandó donde se instalan y vigilan la zona humanitaria hasta las  5:45 que se retiran del lugar en dirección, aguas abajo, de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza.

A las 1:55 pm antes de cruzar el río uno de los armados se acerca a los miembros del equipo misionero y se  presenta como el comandante RAMIRO 77 de las AUC y expresa que son ilegales y pueden estar donde quieran.

A las 4:15 pm. retienen una embarcación con pobladores de la zona humanitaria, les interrogan, y les permiten continuar hasta el caserío.

DETALLES

*Hoy  sábado 26 de febrero 1:00 a.m civiles armados de la estrategia paramilitar retienen a un grupo de 10 niños y jóvenes  afrodescendientes que adelantaban labores de caza, los interrogaron por la presencia de la guerrilla y los obligaron a caminar con ellos  hasta el lugar en que se encuentra la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo. 

*1:25 Un grupo de 10 hombres ingresaron a la zona humanitaria de Pueblo Nuevo,  rodearon la casa de MANUEL DENIS BLANDON, representante legal del Consejo Comunitario del Jiguamiandó, descargaron los morrales,  mientras otro grupo de 37 armados  los esperaba desde una platanera en la parte baja de la zona. Los armados portaban 4 equipos de comunicación, mercado, ollas 2 portaban insignias del Batallón Voltígeros de la B. XVII, 2 con escudos y la bandera de Colombia en el hombro, uno portaba brazalete de las AUC y otro portaba insignias del batallón  Bejarano de la B. XVII.

Cuando los misioneros acompañantes se acercan a pedir respeto al lugar humanitario y les solicitan que se retiren del lugar manifiestan ¿“cuál zona?, nosotros estamos de paso”. En ese momento  hombres del grupo que les esperaba  hace señales y se movilizan hasta encontrarse. A los pocos minutos, todo el grupo se dirige hacia el caserío, lo caminan y se dirigen luego al río utilizando una pequeña embarcación tipo champa, propiedad de los afrodescendientes.

Uno de los armados, antes de salir del lugar humanitario se acerca a los miembros del equipo misionero  y se presenta  como el comandante “RAMIRO 77 de las AUC  yo soy ilegal, puedo pasar por donde quiera. Yo soy conocedor de la zona.”

*1:55 Cuando todos terminan de cruzar el río se ubican  al frente de la zona humanitaria desde donde la vigilan mientras cocinan, lavan ropa y recogen agua.

*4:15 retienen e interrogan sobre el destino del mercado que traen  a miembros de la comunidad que arriban a la zona humanitaria en una embarcación con motor y les permiten arribar hasta el caserío.

*5:30 pm., hora de elaboración de este informe, continua la presencia paramilitar frente al lugar humanitario. 

LINEAS DE INTERPRETACION

Una vez más se evidencia que el paramilitarismo es un tipo de actuación dentro de  la única estrategia de estado. En unas actuaciones se presentan como regulares, en otras como irregulares, pero tanto en unas como en otras se mantiene un mismo grupo de hombres perfectamente identificable por parte de las víctimas de esta actuación.  En presencias como la de hoy,  como “AUC”,   no se cuidaron  de ocultar los distintivos dos batallones de la Brigada XVII, ni de explicar por qué la “Fuerza Pública” no los enfrentó, cuando coincide  con el operativo militar regular que se adelanta desde finales del mes de enero   en la zona y   con  el avance, protegido militarmente,  de la  destrucción de los  bosques nativos de la cuenca del Jiguamiandó para la ampliación de la siembra de palma aceitera.

Los discursos de la desmovilización, los aparentes desacuerdos entre los paramilitares y el gobierno frente al marco legal,  ante estas y decenas mas de actuaciones  de tipo militar- paramilitar para favorecer el control de territorios apropiados de manera ilegal a las comunidades, no son mas que eso, apariencias de diferencias, de contradicciones, para intentar dar legitimidad a lo que de suyo es ilegitimo. Las estructuras paramilitares siguen mas fuertes que antes, enquistadas en el control de los territorios, en las actuaciones de Brigadas como la XVII.

Bogotá, D.C 26 de febrero de 2005 - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz   

INFORME G 4: BARRANQUILLA

 HOSTIGAMIENTOS  Y AMENAZAS DE MUERTE CONTRA EX DIRIGENTES SINDICALES Y ORGANIZACIONES DE DESPLAZADOS

RESUMEN

Una nueva oleada de intimidaciones, de amenazas contra líderes y organizaciones sociales en acciones de tipo paramilitar se han producido en el ciudad de Barranquilla contra integrantes de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia, ANDESCOL y contra quiénes fueron integrantes del Sindicato de Trabajadores de Bavaria.

El pasado 15 martes de febrero,  a las 11:00 .a.m. LEYDI ARIZA MEDINA, tesorera de ANDESCOL Atlántico fue abordada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes la amenazaron, la intimidaron y señalaron a ANDESCOL como organización guerrillera. Los hombres que se identificaron como agentes de la SIJIN preguntaron permanentemente, por ISMAEL MESTRE y MAURICIO AVILEZ, el primero de ellos integrante de ANDESCOL y hoy desplazados, y el Segundo defensor de Derechos Humanos, detenido arbitrariamente, en Junio del año pasado, quien recobró la libertad luego de varios meses de cárcel. A estas dos personas las sindicaron de ser de la guerrilla.

En esta misma dinámica de la estrategia paramilitar y, tres ex-sindicalistas del Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria, SINALTRABAVARIA, de esta ciudad, fueron amenazados de muerte. Los antiguos miembros de la junta directiva del mencionado sindicato: ANTONIO ANDRADE SIERRA, ALBERTO VARGAS CERA y MANUEL GUILLERMO POLO CABARCAS recibieron fuertes amenazas por teléfono, al igual que han padecido constantes hostigamientos, persecuciones e intimidaciones por personas sin identificar.

SOLICITUDES

Enviar comunicaciones al vicepresidente de la República, FRANCISCO SANTOS, adoptar las medidas preventivas de tipo administrativo y ejecutivo con las autoridades locales a fin de que informen de los resultados operacionales respecto del desmonte de estructuras paramilitares urbana, destituya agentes estatales comprometidos por ACCION y COMISION POR OMISION en la grave situación de amenazas de muerte contra las organizaciones sociales, comunitarias, de desplazados, de intelectuales, de estudiantes y de iglesias cristianas.

Se adopten las medidas urgentes que eviten daños irreparables a la vida e integridad personal  de ANTONIO ANDRADE, ALBERTO VARGAS, MANUEL GUILLERMO POLO, LAIDY ARIZA MEDINA con el respeto a la vida, a la libertad de opinión y política, al derecho de asociación, y a las actividades legales y constitucionales realizadas por las organizaciones sociales, desplazados, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos.

Al Fiscal General de la Nación, LUIS CAMILO OSORIO, informar acerca del estado del proceso judicial en que se encuentran vinculados los mandos Paramilitares que se encuentran en Santafé de Ralito, comandantes de los frentes que operan en Barranquilla, de la vinculación o no de agentes estatales en estas investigaciones.

DETALLES DE LOS HECHOS

* Martes 15 de febrero, aproximadamente a las 11: 00 a.m, LEYDI ARIZA MEDINA, tesorera de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia, ANDESCOL, seccional Atlántico, fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una moto sin placas a la altura de la calle 44 con Carrera 35 en inmediaciones de la antigua sede de transportes Brasilia, en la ciudad de Barranquilla.

 Los hombres altos, delgados y con acento antioqueño, se identificaron como miembros de la SIJIN mostrando un carné tipo escarapela sin ningún nombre, uno de ellos llevaba consigo una mochila.

Luego de llamarla por su nombre a LEYDI y de impedirle seguir su camino agarrándola, le preguntaron por los miembros de la Junta Directiva de ANDESCOL y por ISMAEL MAESTRE, Presidente de ANDESCOL Seccional Atlántico y vicepresidente a nivel nacional, quien fue amenazado y  se encuentra desplazado de la ciudad desde el año pasado. “Si, ISMAEL no es de las FARC y no debe nada porque anda huyendo” (…) “tu eres la persona clave que nos puede informar” (…)“La sede de ANDESCOL es una olla de las FARC...” “...ellos (las FARC) los asesoran...”. (…)  “Si, no tienen vínculos con las FARC, porque MAURICIO trabajaba con ustedes y los asesoraba...”. Refiriéndose a MAURICIO AVILEZ, defensor de Derechos Humanos.. Agregaron los dos hombres> “Si ellos no deben nada porque andan huyendo? Tu si sabes donde están? ¿Tu sabes que están en Bogotá?”.

Antes de dejarla continuar amenazaron a LEYDI, “.cuídense, la única entidad que tenemos identificada es la de ustedes, hay una investigación a ANDESCOL, se les va abrir un proceso”.

Segundos después los hombres se fueron en la motocicleta.

Minutos antes del hostigamiento LEYDI estuvo en la Red de Solidaridad Social, entidad del gobierno nacional, en donde había exigido respuesta a una Reposición impetrada por ella ante la negativa de incluir a su señora madre en el Sistema  Único de Registro.  

^* En los últimos meses de 2004, en el municipio de Chibolo, departamento del Magdalena, familiares del   ex-sindicalista ANTONIO ANDRADE SIERRA, residentes en este pueblo, le advirtieron que no los podía visitar  más, porque existían amenazas de muerte contra él, al aparecer su nombre en una lista que los paramilitares distribuyeron en el municipio señalándolo como objetivo militar de “civiles” armados de la estrategia paramilitares que dominan el municipio. 

* Viernes 21 de enero y el domingo 30 de enero de 2005, ANTONIO,  recibió dos llamadas a su teléfono celular con amenazas de muerte, en una de ellas le dijeron textualmente: “...te vamos a matar HP, por  sindicalista y por izquierdoso (sic)…”

* Martes 8 de febrero, a las 9:30 p.m aproximadamente, dos hombres sin identificar llegaron hasta la residencia de ANTONIO ANDRADE, a bordo de una moto 125 Los hombres, uno de ellos al parecer con un revólver, preguntaron por ANTONIO a la esposa, quien se encontraba sentada en la terraza, al no encontrarlo se marcharon.

* Viernes 11 de febrero,  el ex-dirigente sindical ANTONIO ANDRADE, denunció los hostigamientos y amenazas ante la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico, sin que se haya conocido una acción por parte del Estado a fin de prevenir daños irreparables.

* Sábado 12 de febrero, ANTONIO ANDRADE, recibió a eso de las 9:23 a.m. una llamada a su teléfono celular en donde le dijeron:     “Andrade te tenemos ubicado, te vamos a matar malparido”.  Ese mismo día, el ex-dirigente sindical ALBERTO VARGAS CERA, fue perseguido en inmediaciones a su residencia, en el barrio Ciudadela 20 de julio, por dos hombres que se movilizaron en moto.  Hacia las 10:15 p.m. aproximadamente ALBERTO recibió una llamada en donde lo amenazaron de muerte: “h.p.  te vamos a matar."

MANUEL GUILLERMO POLO CABARCAS, otro ex trabajador de Bavaria relató que en inmediaciones a su residencia ha notado la presencia de motorizados, con posterioridad a las amenazas de muerte que recibió en su residencia y al conocerse un listado de blancos militares de los paramilitares en el 2004.

LINEAS DE INTERPRETACION

Las recientes amenazas y hostigamientos en contra de ex-dirigentes sindicales de Bavaria ANTONIO ANDRADE SIERRA, ALBERTO VARGAS CERA y MANUEL GUILLERMO POLO CABARCAS  y de las organizaciones de desplazados LEYDI ARIZA MEDINA, ISMAEL MESTRE, son el reflejo de la grave situación en derechos humanos que está viviendo la ciudad de Barranquilla, agudizada desde septiembre de 2001 a través  del desarrollo de la estrategia armada encubierta de tipo paramilitar a través de dos frentes Tomas Felipe Guillén y José Pablo Díaz, de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Este tipo de actuaciones durante el año pasado  se concentró contra sectores académicos relacionados con los desplazados, organizaciones e iglesias cristianas, organizaciones de derechos humanos.

Las actuaciones de tipo  paramilitar han  coincidido con el desarrollo de estrategias de judicialización a través de montajes contra líderes comunitarios y sociales, defensores de derechos humanos, acompañantes de las iglesias cristianas y el hostigamiento como Técnicas de control y de terror, donde los acusadores son falsos denunciantes o testigos.

En desarrollo de la estrategia de control social y político las estructuras encubiertas de tipo paramilitar pretenden ejercer el poder local en todas sus instancias, imponiendo un modelo de sociedad excluyente y mecanismos de ejercicios de decisión política por el terror, fuerza y unanimismo

En el mes de septiembre el Secretario de Derechos Humanos de la CUT, JESUS TOVAR, denunció la presencia de un escuadrón paramilitar en esta ciudad para asesinar líderes sociales, estudiantiles y sindicales. El comandante paramilitar alias “Jorge 40” desde Santafé de Ralito, confirmó la denuncia hecha por Jesús Tovar y la justificó aduciendo que “en esta ciudad las organizaciones comunales, sindicales, estudiantiles y las ong´s se encontraban llenas de guerrilleros”.

El primero de diciembre de 2.004 en la Universidad del Atlántico fueron amenazados 19 personas entre estudiantes de diferentes facultades, profesores y trabajadores. En la ciudad de Barranquilla las organizaciones sociales y políticas de oposición ha sido blanco de acciones paramilitares como es el caso de integrantes del Polo Democrático, el Movimiento Ciudadano y el Partido Comunista,  HERNAN DURANGO quien se vio forzado a abandonar Barranquilla.

Las organizaciones de derechos humanos han sufrido una arremetida por parte de los “civiles” armadas de la estrategia paramilitar y por parte de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, como ha sido el caso de ALFREDO CORREA ANDRES judicializado, encarcelado y asesinado; MAURICIO AVILEZ, judicializado, encarcelado y amenazado,  quien se desempeñaba como representante de la Coordinación de Derechos Humanos de Barranquilla y Coordinador general de la Corporación Centro de Estudios y Desarrollo de los Derechos Humanos, CEDERHNOS; de GUILLERMO LARIOS, acompañante de comunidades desplazadas.

También se han visto obligados a abandonar la ciudad otros defensores de derechos humanos y promotores de la democracia como LUCIA ROCA, de la Fundación Foro Costa Atlántica, al igual que JOSÉ HUMBERTO TORRES y DOLORES VILLACOB, pertenecientes a la fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos Seccional Atlántico.

YAMIL CURE, antropólogo y folclorista, representante legal de la Asociación de Músicos del caribe, director de la comparsa Rey del Río y organizador del Carnaval del Recuerdo, es otro caso más al haber sido judicializado y amenazado por lo que se vio obligado con su familia a abandonar la ciudad.

La grave situación de Barranquilla solo puede comprenderse por las imposición de un modelo de sociedad y de imposición de vida política en la que la defensa de los derechos humanos es interpretada como “terrorista”, a las organizaciones de desplazados como “terroristas”, a los investigadores sociales y sectores de iglesias cristianas como “terrorista”. Militarmente nada de lo que hoy sucede podría entenderse sin el silencio, la complicidad, la tolerancia de estructuras estatales, responsables por ACCION, OMISION y COMISION POR OMISION de la crisis de derechos humanos.

Un ciudad sitiada, una sociedad controlada, una sociedad unanismista es la que se está construyendo en Barranquilla, sus cimientos son el terror, el poder de la fuerza, la impunidad. El silencio institucional ha gestado la creación del paraestado en la región, refrendando en un proceso de removilización.

Bogotá, D.C Febrero 25 de 2005 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

INFORME 3: Magangué

ASESINADO RAFAEL ENRIQUE PRINS VELASQUEZ

EDIL DE LA COMUNA No. 1 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR

“No les tengan miedo. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de saberse, Y no teman  a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma”

Mt 10, 26-28

 DETALLES

* Sábado 19 de febrero, hacia las 19:30 horas fue asesinado RAFAEL ENRIQUE PRINS VELASQUEZ, Edil de la Comuna No. 1 de la ciudad de Magangue, por un “civil” armado encapuchado de la estrategia paramilitar, quien se movilizaba en una motocicleta. RAFAEL ENRIQUE, se encontraba conversando con varios pobladores en cercanías al “Parque de Energía”, en el centro de Magangue, cuando el encapuchado se acercó y disparó en seis ocasiones contra él dejándolo mal herido. RAFAEL ENRIQUE fue llevado inmediatamente por los compañeros con quien se encontraba en el parque, al hospital San Juan de Dios y luego de varias intervenciones quirúrgicas falleció.

El hecho se presentó a menos de 150 metros de la Estación Central de Policía y a unos 50 metros de un CAI, sin que sus agentes hubieran reaccionado.

RAFAEL ENRIQUE había sido militante del partido Foro Democrático y en las pasadas elecciones había ganado a nombre del Partido Liberal.

Días antes, el lunes 14 de febrero había publicado en su periódico “APOCALISIS” fuertes criticas contra en mal manejo administrativo que se viene desarrollando en el Fondo Municipal de Tránsito y Transporte de la ciudad de Magangué.

El viernes 18 del mismo mes publicó una hoja volante donde denunciaba las irregularidades que se presentan en las contrataciones y ejecución del Plan de Atención Básica en Salud – PAB, que dirige la Secretaria de Salud. Al mismo tiempo puso en cuestión las políticas administrativa que desarrolla el gobierno Municipal.

La Sociedad civil de Magangue entre ellos el Movimiento Comunal y  Comunitario  se encuentran profundamente consternados por el crimen perpetrado contra RAFAEL ENRIQUE PRINS VELÁSQUEZ por parte de las estructuras paramilitares que operan en Magangue.

Este nuevo daño irreparable contra la vida e integridad personal de líderes y animadores comunitarios que ejercen el derecho a la libertad de expresión, a la veeduría ciudadana, a la fiscalización de los recursos públicos, el derecho a la asociación, expresa la ausencia de una real voluntad política del Gobierno colombiano para enfrentar las estructuras de tipo paramilitar que operan en el país y la ausencia de garantías para el derecho a la oposición.

SOLICITUD

A la comunidad internacional que ante los evidentes signos de erosión del Estado de Derecho, el Movimiento comunal y comunitario de Magangue requieren que se exija al Estado colombiano las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos, a la libertad de expresión y de asociación, el derecho a la vida, como del derecho a pensar diferente, el derecho de ser oposición.

Bogotá, D.C., 22 de Febrero de 2005

Movimiento Comunal y Comunitario de Magangué - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

INFORME 13: Comisión Intereclesial Justicia y Paz

PRESIONES MILITARES Y AMENAZAS

NUEVO PROCESO JUDICIAL CONTRA JUSTICIA Y PAZ.

“…Sobornaron a algunos para que dijeran: le hemos oído pronunciar blasfemias. Alborotaron al pueblo, a los senadores y a los letrados, agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al tribunal, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de blasfemar” 

Hechos 6, 6-14

RESUMEN

En medio del operativo militar adelantado por la Fuerza Pública desde el 26 de enero hasta hoy, los controles excesivos, las intimidaciones, las amenazas, y falsas acusaciones  se han proferido contra los organismos humanitarios que acompañan a las comunidades y familias que aún habitan en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó.

Intimidaciones en los controles de la Fuerza Pública bajo una percepción de la presencia humanitaria como sospechosa. Acusaciones de narcoterroristas a las organizaciones no gubernamentales frente a las comunidades acompañadas. Amenazas generalizadas a las ONG y desestimación de las medidas provisionales son parte de las expresiones utilizadas por los militares en los procesos de interrogatorio intimidatorios o en los se han infringido tratos crueles contra los habitantes del Jiguamiandó.

En septiembre  y  octubre del año pasado se  profirieron amenazas de muerte y advertencias contra nuestra Comisión de Justicia y Paz por su acompañamiento en el bajo Atrato. Ahora en una nueva cadena de manifestaciones de los miembros de las Fuerzas Militares, Brigada XVII, con falsas acusaciones y temerarias afirmaciones, en desarrollo de la operación militar en el Jiguamiandó coincide con los cargos sin asidero, sin coherencia y sin sustentación verdadera en un nuevo proceso que se encuentra en etapa preeliminar, Nro 987.

En el proceso judicial se encuentran mencionadas 10 personas, entre ellas las Hna. ALETTE LA TORRE, JOHANA LOPEZ, WILSON GOMEZ, OSCAR ALBARRACIN, ENRIQUE CHIMONJA, MARIA EUGENIA MOSQUERA, SANTIAGO MERA, LEONARDO JAIMES, ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA y acompañantes internacionales, entre ellas, TANIA HALLE, de la organización canadienses Proyecto Acompañamiento y Solidaridad con Colombia, PASC y se hace alusión a la organización Peace Brigadas Internacional, PBI.

Dentro de los acusadores se encuentran ADAN QUINTO,  DEOFANOR CUESTA, DIANA PATRICIA MOSQUERA, PEDRO MANUEL CORDERO, LUCELYS AVILA, ADAN QUINTO, y MANUEL MOYA.

Las acusaciones de los falsos testigos, que hablan de lugares en los que Justicia y Paz nunca ha estado, o de circunstancias y de contextos falseados, en los que se nos quiere asociar con la guerrilla de las FARC-EP, o como apoyos o auxiliares o protectores de guerrilleros o milicianos que se encuentran como coordinadores que habitan en las Zonas Humanitarias del Cacarica y del Jiguamiandó o como instructores” a los campesinos para que no acepten el proyecto agroindustrial de palma aceitera.

Toda la conjugación de la serie declaraciones muestra la fragilidad de afirmaciones que solo intentan sostenerse en un burdo e inconsistente montaje judicial mirado a la luz de la verdad y de la sana crítica. Montaje judicial que de lo absurdo raya en lo ridículo, de lo obsesivo se hace cómico. Las inconsistencias, las incoherencias, lo insostenible pretende hacerse “verdad”, a fuerza de la repetición se quiere hacer verosímil la mentira. Detrás de  lo sórdido se devela las pretensiones privadas de imponer a fuerza de mentira, de presión, de amenazas, y de toda clase de artificios un modelo de apropiación y de producción territorial, un modelo de sociedad excluyente, destructor de la vida humana, destructor de la biodiversidad, negador del derecho a la supervivencia, a la existencia y al derecho que le asiste a la población de no ser parte en el conflicto armado.

SOLICITUDES

Dirigir sus comunicaciones al

Fiscal General de la Nación, LUIS CAMILO OSORIO a fin de que el proceso 987 sea trasladado a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá y exigir respuesta sobre el estado de las investigaciones sobre la responsabilidad estatal en la operación “Génesis” perpetrada desde el 24 hasta el 27 de febrero de 1.997 en el bajo Atrato y  la responsabilidad estatal en los Crímenes cometidos desde 1.996 hasta hoy.

Vicepresidente de la República, FRANCISCO SANTOS a fin de garantizar la presencia humanitaria de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales en el acompañamiento a los habitantes de las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó y del  Cacarica

Actuar administrativamente sobre la Brigada XVII y el Batallón Fluvial 20 a fin de que todos sus integrantes ejerzan sus funciones constitucionales conforme a los principios que distinguen el Estado de Derecho del de la barbarie

 DETALLES

* Viernes 28 enero, a las 6.10 de la tarde, dos integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, PABLO CALA y JAVIER CASTELLANOS, cobijados con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  fueron abordados por unidades militares que se encontraban en el sitio conocido como La Grande, lugar de paso hacia el río Jiguamiandó. 

Los Defensores de Derechos Humanos, respaldados por diversas iglesias,  se encontraban acompañando a integrantes del Consejo Comunitario del Jiguamiandó preparando las actividades pedagógicas del Colegio.

Dos militares entre ellos un Teniente, vestido de civil, y un Sub oficial de apellido ACEVEDO los abordaron, preguntando la razón de su llegada a La Grande, de su lugar de origen, de la organización a la que pertenecían. Los integrantes de Justicia y Paz, se negaron a dar respuesta a las preguntas, hasta tanto no conocer la identidad del vestido de civil, por lo que los militares decidieron que el vestido con uniforme militar, asumiera el interrogatorio.

Luego de repetir las mismas preguntas, y de conocer que los integrantes del equipo misionero se dirigían hacia las Zonas Humanitarias, los efectivos de la fuerza pública expresaron, luego de tomar las cédulas de ciudadanía y registrar sus nombres y números en folios: “Ustedes vienen es de Bogotá (…) “Voy a hacerles un seguimiento. Me parece muy curioso que ustedes estén acá” (…) “Me parece curioso, que vengan así, a dar clases, los estudiantes ya se han ido, ya se salieron” (…) “Voy a hacerles seguimiento, es muy curioso, van es a esa zona de guerrilla. Allá entran esas mal llamadas ONG donde esconden a la guerrilla en esas Zonas Humanitarias, son izquierdistas y van a indisponer a la gente contra el gobierno” (…) “Vamos a hacerles seguimiento a ustedes” (…) El orden público es muy complicado y vamos a sacar a toda esa gente” (…) “Nosotros tenemos gente allá dentro, tenemos ubicados a los que viven en SantaFé de Churima y más cosas” (…) “Cuídense están bajo nuestra responsabilidad.   Ah van a las Zonas Humanitarias.  Me parece muy raro, les voy a hacer seguimiento, ustedes saben que hay allá”

Cuando los integrantes del Equipo Misionero les expresaron que son las Zonas Humanitarias, el reglamento interno que rige a los pobladores que allí habitan, los militares se echan a reír y agregaron: “muy raro, es  muy raro vamos a hacerles seguimiento y nosotros no asumimos responsabilidades por los que les pase” (…) “Eso allá está lleno de guerrilla, ah si van a las Zonas Humanitarias, con razón!” .

15 minutos después los militares se retiraron del lugar.

* Domingo 30 de enero, a las 7:00.a.m. aproximadamente a unos 30 minutos a pie de la Zona humanitaria “Nueva Esperanza”, el integrante del Consejo Comunitario, LUIS SIMON PEREZ, fue detenido por más de 100 militares del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII, en el punto conocido como La Pemada, cuando este se dirigía a la Zona Humanitaria “Bella Flor Remacho”.  En medio de las presiones armadas, psicológicas, maltratos físicos y verbales, los agentes estatales de la Brigada XVII entraron a su casa y le enseñaban a la mujer el machete de LUIS SIMON, insinuando que su marido había sido asesinado. Registraron toda la casa, tiraban las cosas al piso y le gritaban a la mujer que se callara la boca, que dejara de gritar. En la casa encontraron una foto, la cual se la llevaron a LUIS SIMON. Los militares le enseñaron la fotografía a LUIS SIMON y le dijeron: “Díganos quién es esta guerrillera o ahora lo vas a negar”.

LUIS SIMON viendo la foto les dijo: ella no es ninguna guerrillera, ella es una acompañante internacional”. Lo interrumpieron afirmando: “que acompañante ni que hijueputa, todos esos de las ONG son es unos hijueputas malparidos”. LUIS SIMON prosigue diciendo: “ella es una acompañante extranjera, se llama TANIA y es de Canadá y los militares respondieron: “que Canadá ni que hijueputa”. La foto es de TANIA HALLE, integrante del PASC quién hasta hace pocas semanas acompañó en las Zonas Humanitarias.

Los militares llevaron a LUIS SIMON hacia una palma de coco donde lo obligaron a arrodillarse. Con su propia gorra le taparon el rostro y le colocaron dos cañones de fusil en la espalda y uno más en la cabeza con el que lo obligaron a posar la cabeza al piso, mientras otro decía: “ve a buscar la pala que a este hijueputa guerrillero lo vamos a enterrar aquí”. LUIS SIMON rogó por su vida: “a mi no me duele que me vayan a matar, a mi me duele son mis hijitos y mi mujer que está pariendo,además, a nosotros nos cobijan las medidas provisionales y los derechos humanos.” Y los militares expresaron: “ahí si te acuerdas de eso, gran hijueputa, a nosotros eso no nos vale (…) “Sabe que, a usted no lo vamos a matar aquí, lo vamos a llevar al río y le amarramos dos piedras en el cuello y lo tiramos al río para que las sardinas engorden con usted”.

* Domingo 30 de enero,  hacia las 3:15 p.m. tres pobladores de los Consejos Comunitarios habitantes de las Zonas Humanitaria llegaron al caserío de La Grande, provenientes de la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza”. Al lugar se les acercó un militar de apellido ACEVEDO, quien dijo ser Cabo, expresando sus sospechas por las presencia de los campesinos en el lugar, pues se estaba llevando a cabo un operativo militar.

Dentro de la serie de aseveraciones en los que se tildó y acusó a las Zonas Humanitarias como guarida de guerrilleros y a las comunidades cobijadas con las medidas provisionales como guerrilleras, el militar expresó sobre las ONG:  “Y ustedes saben si allá están unos acompañantes, unos tales misioneros que entraron ayer? Ellos qué es lo que hacen allá adentro?” Luego de responder a la pregunta indicando las labores educativas de nuestra Comisión de Justicia y Paz, el militar expresó: “esos son es de una ONG, Justicia y Paz, y esas otras ONGs son unos narcoterroristas, unos guerrilleros, igual que ustedes” (…) “ustedes tienen el cerebro lavado de esa ONG narcoterrorista… ustedes son unos guerrilleros… para decirles en plata blanca ustedes son unos guerrilleros igual que los de esa ONG que están allá, las tales ONG esas” (…) “yo he trabajado en Cacarica y allá la gente a uno ni lo saluda y ustedes son lo mismo”(…)

Los integrantes del Consejo Comunitario exigieron respeto y le solicitaron al militar las pruebas de las falsas acusaciones, sindicaciones y señalamientos. Entonces el militar expresó: “A ustedes no les creo ni mierda ni a ustedes ni a esas ONGs” (…) “Ustedes ya se acostumbraron a que esas ONGs vayan a reclamar sus derechos y ustedes se conforman con un tanque de agua o una pastilla y el resto ellos se los roban… esas ONGs vienen a hablar en contra del Estado, nunca hablan en contra de los paramilitares o de la guerrilla” (…) “ustedes por qué no trabajan con nosotros como informantes, trabajen con nosotros no hay mucha plata pero algo de dinero les damos”(…)

El militar aseveró: “ustedes tienen el cerebro lavado de la guerrilla de esos narcoterroristas de las ONGs… mientras las ONGs estén allá, el Estado nunca a ustedes les va a prestar ayuda, porque esas ONGs son guerrilleras… pídanle a esas ONGs que destapen el río”.

El uniformado ACEVEDO reiteró: “lo que pasa es que ustedes tienen esa mente lavada de la guerrilla… y nosotros vamos a estar haciéndole seguimiento a esa ONG y a ustedes y sepan que un día tienen que caer en mano de nosotros como guerrilleros… yo voy para Nueva Esperanza”. (…) “Mientras estén allá esas ONGs esos gringos allá, nosotros, el Estado no puede estar allá”.

* Martes 01 de febrero,  en horas de la mañana de acuerdo con afrodescendientes que habitan el caserío de La Grande sobre el río Atrato, escucharon un diálogo entre agentes estatales del Batallón Fluvial 20 y algunos pobladores en los que expresaron que estaban realizando un operativo grande en el Jiguamiandó. “Estamos allá, porque allá están los que no quieren el progreso y el desarrollo de las comunidades” (…) “Allá están los que obligan a las comunidades a impedir la siembra de palma. Esa gente es el obstáculo, esos son los guerrilleros, y no hay más que hacer, hay que acabar con esos que frenan el desarrollo”(…) “vamos a desmembrar esa organización en el Jiguamiandó…. A MANUEL y a WILLINTON los estamos dejando es comer carnada, que cojan confianza, porque sabemos que ellos son los que le impiden a la gente ir a trabajar con la empresa y están impidiendo la venta de tierras… vamos a darles por la cabeza… igual a esas ONGs… así la gente ya no tiene quién los manipule ni se oponga”.

·                    Lunes 14 de febrero, a las 10: 20 a.m. ingresaron a la Zona Humanitaria de “Pueblo Nuevo” de la Cuenca del Jiguamiandó, 2 hombres armados con fusiles AK y uniforme camuflado sin distintivos, se presentaron como los comandantes “SIERRA” y “BAJIRA”. Luego de preguntar por la presencia de la guerrilla y de milicianos en el lugar, en medio de la confusa presencia militar, uno de los armados se aproximó al misionero acompañante en la parte educativa, integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz,  preguntando por la razón de su presencia en la Zona Humanitaria, lo insultaron “usted es marica”, a pesar de la exigencia de retirarse del lugar, los armados allí se mantuvieron. 

Posteriormente, se acercó al joven afrodescendiente del Consejo Comunitario de 17 años JADER BORJA, le solicitaron el número de cédula, preguntaron por  los lugares de trabajo y su lugar de nacimiento. Luego de hacer el registro, se dirigió nuevamente al integrante de Justicia y Paz, quién le solicitó a los armados su identificación estos respondieron: “somos soldados del Ejército”, al solicitarles su nombre y rango, omitieron la respuesta y se alejaron del lugar.

Enseguida uno de los armados expresó,  “este es muy sospechoso” y volvió a interrogar al integrante de Justicia y Paz “¿Por qué está aquí?” “¿Quién es usted?” “¿Es gringo?”. El otro armado increpó de nuevo a los miembros de la comunidad reunidos: “si nos ven  no se asusten que vamos a estar por aquí, ya saben lo que les pasa si se relacionan con la guerrilla”.

A las 10:50 a.m. se retiraron de la  Zona Humanitaria y se unieron al otro grupo de militares que se encontraba aguas arriba del lado izquierdo.

* Viernes 11 de febrero, en horas de la tarde tuvimos conocimiento de una nueva denuncia penal Previas 987 contra nuestra organización en las que se acusa falsamente a todos los integrantes de nuestra Comisión Justicia y Paz que forman parte de los equipos misioneros acompañantes, entre ellas religiosas, abogados, pedagogos, sociólogos, antropólogos , psicológicos de acompañar a miembros de las FARC de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica, y entregar ayuda humanitaria en Costa de Oro destinada a la guerrilla

Aunque parece que inicialmente  una de las denuncias fue instaurada en La Fiscalía Especializada de Urabá, al ser trasladas al municipio de Río Sucio fueron unificadas en un mismo proceso.

Contra Hna. ALETTE LA TORRE, OSCAR ALBARRACIN, WILSON GOMEZ, JOHANA LOPEZ, SANTIAGO MERA, MARIA EUGENIA MOSQUERA, ENRIQUE CHIMONJA, LEONARDO JAIMES,  ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA, la totalidad de los acompañantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en el bajo Atrato, que han acompañado a las Zonas Humanitarias en el 2004 “Pueblo Nuevo”, “Nueva Esperanza” y “Bella Flor Remacho” del Jiguamiandó y familias de Curvaradó, y en el Cacarica las Zona Humanitaria “Nueva Vida” y “La Nueva Esperanza”, se hacen falsas acusaciones e imputaciones de acompañar y apoyar guerrilleros, por esta razón la conducta se ha tipificado como rebelión.

En la misma denuncia se pretende vincular a TANIA HALLE de la organización PASC de Canadá, y a organismos humanitarios como PBI en actuaciones de apoyo a las guerrillas de las FARC.

Como denunciantes en el proceso 987 se conoce que se encuentra DEOFANOR CUESTA, DIANA PATRICIA MOSQUERA, PEDRO MANUEL CORDERO, LUCELYS AVILA, ADAN QUINTO, y en el mismo ha declarado MANUEL MOYA.

LINEAS DE INTERPRETACION

Vuelve y se repite. No cesa ni va a cesar. Se usa del aparato judicial para enturbiar, ocultar, negar, transferir, desprestigiar. La perversidad es inocultable, se pretenden defender los intereses del poder a costa de la vida de los empobrecidos. Se pretende negar las posibilidades de sobrevivencia de una identidad socio cultural solo para imponer un modelo de sociedad y de “desarrollo”. Se pretende destruir la biodiversidad para la productividad del mercado. Se pretende negar la posibilidad de acompañar a las experiencias comunitarias afrodescendientes y mestizas en el Bajo Atrato que afirman integralmente sus derechos a la Vida y al Territorio desde la autonomía, autodeterminación en medio de los modelos de guerra estatal y guerrillero.

Algunos de los denunciantes son desconocidos por nuestra Comisión de Justicia y Paz.  Sus afirmaciones parecen ser un libreto de las mismas acusaciones realizadas por los “testigos” de cargo en el Proceso 1701 (en el cual se profirió fallo inhibitorio).  Los denunciantes acusan de  actuaciones de nuestra Comisión Justicia y Paz en lugares que no hacemos presencia. Se nos vincula en acciones humanitarias que no corresponden a nuestra misión –entrega de medicamentos y mercados-.  Se nos denuncia falsamente sin que exista correspondencia entre los cargos y las argumentaciones testimoniales. Se nos acusa de compartir  análisis e información sobre los derechos Territoriales ante dinámicas de destrucción territorial y de la biodiversidad, como si esto fuera subversivo. Es evidente la animadversión hacia la labor como organismo de acompañamiento de derechos humanos.

De algunos de los acusadores se conoce su oposición abierta al ejercicio que en Derecho adelantan los afrodescendientes ante la deforestación ilegal por empresas madereras y ante el desalojo e implementación de los proyectos palmicultores a gran escala. Algunos de ellos están tramitando una licencia para la siembra de palma aceitera en el Curvaradó. Otro de los denunciantes es un supuesto reinsertado que las comunidades conocieron siempre como civil pero que, aún sin ser combatiente, cedió ante las promesas económicas del Programa de Reinserción realizadas por los miembros de la Policía de Carmen del Darién y el Urabá. Otro de los acusadores apareció en la rueda de prensa convocada por el General JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, se ha entrevistado con el Comandante militar del  “Elmer Cárdenas” de las Autodefensas Unidas de Colombia, según él mismo lo declara, y ha actuado como testigo y denunciante en contra de los miembros de Justicia y Paz, en todas las actuaciones judiciales que nos han sido iniciadas.

No va a cesar…. eso lo muestra la historia humana. Somos un pequeño resto de la historia. Somos un grano de arena en esa defensa desigual de los derechos de los pueblos, de los que han sido empobrecidos y de los que han sido excluidos por la violencia o por la política que disfraza la violencia. Nada  va a cesar, en el proceso de parainstitucionalización la exigencia de Verdad, de Justicia y de Reparación Integral, auténtica y verdadera que afirman el Consejo Mayor del Jiguamiandó y las familias de Curvaradó, y las familias de los Consejos Comunitarios del Cacarica asociados en Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad, Cavida. Nada va cesar, pues el Territorio está ahí con el resto de sus habitantes que aún se niegan a ser desterritorializados, a ser los nuevos esclavos de proyectos agroindustriales, a ser borregos lógicos de un modelo de sociedad y de Estado de Hecho.

Vuelve y se repite. Detrás de las amenazas, detrás de las judicializaciones se abrazan los del poder, los de la riqueza, los de la injusticia. El poder genera la soberbia, la sordera, la ceguera, la maquinación de la destrucción día y noche. Aman la muerte, aman el cadáver insepulto de sus proyectos de muerte, que es la pasión de sus almas, tal vez, su propio infortunio.

Bogotá, D.C febrero 21 de 2005 - COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

INFORME 49: Consejo Comunitario del Jiguamiandó y familia de Curvaradó

PERSISTEN INTIMIDACIONES Y AMENAZAS y UN PROCESO JUDICIAL

“No calumniaras a tu prójimo. Ni buscarás medios legales para hacerlo desaparecer”.

Levítico 19, 16.

RESUMEN

Torturas, tratos crueles e inhumanos, amenazas de muerte, saqueos, señalamientos, intimidaciones se han desarrollado dentro del operativo militar de la Brigada XVII que se mantiene desde el 26 de enero hasta el día de hoy en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó.  .

A pesar de la presencia de una comisión preventiva interinstitucional la movilización militar continúa desarrollándose con amenazas de muerte, graves señalamientos a los integrantes del Consejo Comunitario y a las organizaciones nacionales e internacionales que acompañan humanitariamente a los afrodescendientes y mestizos  en las Zonas Humanitarias.

Desde el 31 de enero y hasta el día 12 de febrero, se continúan presentado abusos de autoridad y amenazas con señalamientos a los coordinadores de los Consejos Comunitarios quiénes son acusados de ser de la guerrilla de las FARC. En las operaciones militares han participado reconocidos paramilitares que han asesinado afrodescecendientes en el 2001 en incursiones armadas.

El pasado viernes 11 de febrero se conoció que desde el segundo semestre del 2004 se inició un proceso judicial que se encuentra en etapa preliminar contra integrantes de los Consejos Comunitarios, la mayoría de los acusados son quiénes han interlocutado con el Estado desde 1.999, quiénes son preguntados a través de interrogatorios con torturas en los operativos militares de la Brigada XVII y quiénes son acusados como guerrilleros.

Estas  falsas acusaciones de ser guerrilleros de las FARC por acusadores pagados o involucrados en los programas de reinserción del gobierno nacional, son las mismas que se han utilizado en las operaciones regulares del ejército o en las actuaciones policiales en Murindó y Carmen del Darién.

La presión armada  sobre los pobladores, las violaciones de derechos humanos presentadas y dirigidas contra determinados integrantes de los Consejos Comunitarios coinciden con personas que han interpuesto acciones judiciales en defensa de los territorios colectivos frente a la implementación ilegal de la siembra de palma aceitera.   

SOLICITUDES

Dirigirse al Vicepresidente FRANCISCO SANTOS, 57 310 2389120      57 3107720130

Solicitando una actuación administrativa tendiente a evitar nuevos dalos irreparables, exigir a los miembros de la Brigada XVII abstenerse de seguir cometiendo tratos crueles y degradantes, amenazas de muerte y señalamientos, saqueos de bienes.

Exigir a los integrantes de la Brigada XVII que se encuentran en la zona el  estricto respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional y  a las medidas provisionales resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Exigir a través de sus responsabilidades institucionales a las entidades competentes en el Ministerio del Interior – Minorías Etnicas- y al INCODER el cese de la siembra ilegal de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y Jiguamiandó y las propiedad familiares tituladas

Procurador General de la Nación EDGARDO MAYA VILLAZON

571 3520066    571 3360011 Extensión 11522

Investigar diligentemente a los funcionarios gubernamentales y estatales que por acción y por omisión están posibilitando o permitiendo el arrasamiento del Territorio Colectivo y la siembra de Palma Aceitera dentro del Territorio Colectivo.

Defensor Nacional del Pueblo VOLMAR PEREZ:  

 57 310 817 30 19   info@defensoria.org.co

Solicitar nuevamente  con urgencia el traslado de sus funcionarios a las Zonas Humanitarias a fin complementar con su presencia física en terreno las actividades propias de prevención y de protección y desarrollar todas las acciones preventivas a fin de evitar el arrasamiento de los Territorios Colectivos y los derechos de los afrodescendientes y Mestizos

Fiscal General de la Nación, LUIS CAMILO OSORIO y a YOLANDA SARMIENTO, de Relaciones Internacionales de esta institución a fin de trasladar todos los procesos penales que se han abierto contra los afrodescendientes y mestizos del Jiguamiandó a la ciudad de Bogotá, y el irrestricto respeto a los principios del debido proceso, la independencia y la celeridad

DETALLES

* Domingo 30 de enero, tres pobladores de los Consejos Comunitarios habitantes de las Zonas Humanitaria llegaron al caserío de La Grande, provenientes de la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza”.

Hacia las 3:15 p.m. se les acercó un militar de apellido ACEVEDO, quien dijo ser Cabo, expresando: “yo soy el que comando el área, muestren sus documentos? Me extraña la salida de ustedes del Jiguamiandó para acá”.  Uno de los jóvenes, BENJAMIN SIERRA, le respondió: “Por qué le extraña?” El militar afirmó: “por qué estando nosotros en la zona con un operativo, ustedes por qué salen?” El integrante del Consejo Comunitario expresó: “salimos porque teníamos necesidad y si es el ejército el que está en la zona no vemos el problema”. El uniformado continuo con el interrogatorio: “a quién vieron ustedes por allá… hay guerrilla?”.

“Nosotros vimos fue al ejército que se identificó como de la Brigada XVI”I, expresó el integrante del Consejo Comunitario. “Y ustedes saben si allá están unos acompañantes, unos tales misioneros que entraron ayer? Ellos qué es lo que hacen allá adentro?” Luego de responder a la pregunta indicando las labores educativas de nuestra Comisión de Justicia y Paz, el militar expresó: “esos son es de una ONG, esas ONGs son unos narcoterroristas, unos guerrilleros, igual que ustedes” (…) “ustedes tienen el cerebro lavado de esa ONG narcoterrorista… ustedes son unos guerrilleros… para decirles en plata blanca ustedes son unos guerrilleros igual que los de esa ONG que están allá, las tales ONG esas” (…) “yo he trabajado en Cacarica y allá la gente a uno ni lo saluda y ustedes son lo mismo”(…)

Los integrantes del Consejo Comunitario exigieron respeto y le solicitaron al militar las pruebas de las falsas acusaciones, sindicaciones y señalamientos. Entonces el militar expresó: “yo conozco toda esa tierra del Jiguamiandó, por allá conozco a Remacho a Nueva Esperanza Pueblo Nuevo y Santa Fe”. Al ser interrumpido por los integrantes del Consejo Comunitario que expresaron: “pero por  allá eran los paramilitares los que entraban, andaban en esa zona, nos quemaron las casas y nos asesinaron compañeros y se llevaron a compañeros, tanto así que hasta la fecha nosotros no sabemos de un cuñado de nosotros que hace tres años se lo llevaron y no sabemos dónde está” El militar ACEVEDO expresó: “A ustedes no les creo ni mierda ni a ustedes ni a esas ONGs” (…) “Ustedes ya se acostumbraron a que esas ONGs vayan a reclamar sus derechos y ustedes se conforman con un tanque de agua o una pastilla y el resto ellos se los roban… esas ONGs vienen a hablar en contra del Estado, nunca hablan en contra de los paramilitares o de la guerrilla” (…) “ustedes por qué no trabajan con nosotros como informantes, trabajen con nosotros no hay mucha plata pero algo de dinero les damos”(…)

Los miembros del Consejo Comunitario expresaron: “a nosotros nadie nos da la seguridad. Ni el ejército ni la guerrilla como guerrilla le brindan protección a nadie. Nosotros no entregamos información a ninguna de las partes. Si nosotros le llevamos información a la guerrilla, ustedes nos meten a la cárcel o también nos matan”.

Agregó el militar: “nosotros ya no matamos, eso era antes, ya no, ya cambiamos” (…) “Para qué son esas Zonas Humanitarias?” .

Los habitantes de la Zona Humanitaria expresaron: “se nos hace extraño que usted siendo funcionario público del Estado no sepa” y afirmó el militar: “No, no sé. Nosotros tenemos entendido que esas Zonas Humanitarias es para refugiar guerrilla, es para la guerrilla”. Los integrantes del Consejo Comunitario expresaron: “haga el favor y respete que eso no es para la guerrilla, esas Zonas Humanitarias son para la población civil. Desde el año pasado que hubo el operativo que entraron ustedes, que entraron los paramilitares que luego combatieron con la guerrilla y se metieron todos a donde vivíamos,  nosotros decidimos hacer las Zonas Humanitarias y eso lo sabe el Estado Central, ahora no lo van a saber ustedes”.

El militar aseveró: “ustedes tienen el cerebro lavado de la guerrilla de esos narcoterroristas de las ONGs… mientras las ONGs estén allá, el Estado nunca a ustedes les va a prestar ayuda, porque esas ONGs son guerrilleras… pídanle a esas ONGs que destapen el río”.

“Eso no es responsabilidad de ellos sino del Estado y ya le hemos exigido al Estado y no nos cumple, hace siete años que estamos exigiéndole al Estado y no nos cumple, cuando nos hace una visita nos mete un operativo. Cuántas solicitudes no hemos hecho al municipio para destaponar el río y no lo ha destapado”, respondieron los miembros del Consejo Comunitario.

El militar expresó: “nosotros le damos plata a usted para que eduque a los hijos”

BENJAMIN SIERRA expresó: “nosotros no necesitamos esa plata, si ustedes son los que nos están maltratando como le vamos a recibir plata a ustedes”

El uniformado ACEVEDO reiteró: “lo que pasa es que ustedes tienen esa mente lavada de la guerrilla… y nosotros vamos a estar haciéndole seguimiento a esa ONG y a ustedes y sepan que un día tienen que caer en mano de nosotros como guerrilleros… yo voy para Nueva Esperanza”. (…) “Mientras estén allá esas ONGs esos gringos allá, nosotros, el Estado no puede estar allá”.

Agregó el integrante del Consejo Comunitario: “es que nosotros no estamos diciendo al Estado que no vaya, antes al contrario que vaya y vea las condiciones en las que nos encontramos, lo que si estamos claros es que no queremos presencia militar, queremos Defensoría, Procuraduría”.

Hacia las 4:15 p.m. dejaron moverse a los miembros del Consejo Comunitario.

* Lunes 31 de enero a las 4:00 a.m. en La Grande, los integrantes del Consejo Comunitario  preguntaron a los militares  si había algún problema en salir a esa hora,  ya que se les había ordenado que nadie se moviera antes de las 6:00 a.m.  El Cabo ACEVEDO les dijo que no había problema.

Minutos después, cuando los pobladores estaban listos para salir, se les acercó un hombre vestido de civil quien no se identificó y les expresó que no se podían mover “de pronto se presenta una emergencia de nosotros y los hundimos y es para problemas”.

* Martes 01 de febrero,  en horas de la mañana de acuerdo con afrodescendientes que habitan el caserío de La Grande sobre el río Atrato, escucharon un diálogo entre agentes estatales del Batallón Fluvial 20 y algunos pobladores en los que expresaron que estaban realizando un operativo grande en el Jiguamiandó. “Estamos allá, porque allá están los que no quieren el progreso y el desarrollo de las comunidades” (…) “Allá están los que obligan a las comunidades a impedir la siembra de palma. Esa gente es el obstáculo, esos son los guerrilleros, y no hay más que hacer, hay que acabar con esos que frenan el desarrollo”(…) “vamos a desmembrar esa organización en el Jiguamiandó…. A MANUEL y a WILLINTON los estamos dejando es comer carnada, que cojan confianza, porque sabemos que ellos son los que le impiden a la gente ir a trabajar con la empresa y están impidiendo la venta de tierras… vamos a darles por la cabeza… igual a esas ONGs… así la gente ya no tiene quién los manipule ni se oponga”.

Este mismo día, aproximadamente unos 20 pobladores de la Zona Humanitaria de “Bella Flor- Remacho”, que se dirigieron en horas de la mañana hacia Santa Fe de Churima, acompañados por integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, observaron varias manchas de sangre por el lugar donde pasó el caballo con el cadáver del conocido como PEDRO MURILLO ROMAÑA, restos de bolsas de comida de raciones de campaña del ejército nacional. En el sitio de la ejecución del habitante del Territorio Colectivo se observó una mancha de sangre, que según los testimonios fue el sitio de ubicación de la cabeza del asesinado, también se observaron guantes de cirugía.

Cinco minutos antes de llegar al caserío de Santafé de Churima se observó al lado derecho del camino a un soldado quien al percatarse que se le estaba observando se tiró a un rastrojo y se escondió.

En horas de la mañana, varias mujeres que estaban lavando a la orilla del río en la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza”, observaron a un soldado a la otra margen del río,  quien al percatarse de que lo habían visto, se escondió detrás de una vivienda abandonada.

En horas de la tarde,  se observó a cinco minutos antes de llegar a la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza”, en una orilla a la margen izquierda del río subiendo, varias bolsas de comida y raciones de campaña, una cantimplora con la leyenda “Ejército Nacional” y las huellas del caballo, las cuales se internaban por los matorrales que conducen a una trocha en dirección a Belén de Bajirá.

* Jueves 3 de febrero, hacia las 9:00 horas varios pobladores observaron a 10 minutos de la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, a la margen izquierda del río subiendo, a un grupo de “civiles” en trabajos de rocería escoltados por hombres armados y uniformados con prendas militares.

* Viernes 4 de febrero, un grupo de pobladores de la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza” e integrantes de una comisión interinsitucional gubernamental y de organismos humanitarios nacionales e internacionales escucharon a un civil con radio de comunicación quién se presentó como hijo del propietario de las tierras, y con el propósito de sembrar palma en 1300 hectáreas. El empresario expresó que en la zona se estaba desarrollando un operativo militar

Ya de camino hacia la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza”, 30 minutos después de camino del Campamento de la Empresa, se observó la propiedad de uno de los pobladores e integrante de los Consejo Comunitario ALFONSO IBAÑEZ,  ubicada en el sitio conocido como La MENA arrasada en su recursos forestales, y siendo acondicionada para la siembra de palma aceitera. Se estima que desde octubre hasta el día de hoy cerca de 200 hectáreas han sido preparadas para la siembra de palma, entre ellos el 60 % de la propiedad del señor IBAÑEZ. Las tierras hacen parte del Territorio Titulado colectivamente.

* Miércoles 9 de febrero a eso de las 9:00 a.m. un afrodescediente que habita en la Zona Humanitaria de “Pueblo Nuevo” fue detenido por cerca de 5 uniformados de camuflado y con armas largas que se escondían en la margen izquierda del río Jiguamiandó aguas arriba, a menos de 5 minutos del lugar humanitario.

Los vestidos de camuflado se identificaron como integrantes del ejército nacional, preguntaron por la presencia de la guerrilla en las Zonas Humanitarias o sus alrededores. Ante la respuesta del integrante del Consejo Comunitario quién les