JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1  SANTA CRUZ DE TENERIFE

 

Nº procedimiento: 0000623/2002

NIG: 380383442002000419

Materia: TUTELA DCHOS. FUND.

Resolución: 000094/2003

 

 

SENTENCIA

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2003.

 

Visto por el Iltmo. Sr. D. Mª Pía Casajuana Palet, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Social Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife y su Provincia, en audiencia pública, el juicio sobre TUTELA DCHOS. FUND., promovido a instancia de D. JOSE MANUEL CASTELLANO GIL asistido por D./Dña. IGNACIO CESTAU, contra ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE representado por D. MARTÍN OROZCO, FIDENCIA IGLESIAS GONZALEZ asistido por D.Dña. GONZALO CACERES, con asistencia del MINISTERIO FISCAL atendiendo a los siguientes:

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Con fecha 24.04.02, la parte actora arriba indicada presentó en el Decanato una demanda que fue repartida a este Juzgado y en la que, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando que se dictara una sentencia de conformidad con sus pretensiones.

 

SEGUNDO.- Con fecha 29.01.03 y previa citación a las partes en forma, se celebraron los actos de conciliación y juicio, con exposición de alegaciones, práctica de prueba y formulación de conclusiones conforme consta en Acta.

 

TERCERO.- En la sustanciación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales aplicables.

 

 

HECHOS PROBADOS

 

PRIMERO.- El demandante D. José Manuel Castellano Gil inició la prestación de sus servicios para el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife el 8-5-95, con un contrato temporal de interinidad, con la categoría profesional de Técnico en Historia y con salario mensual bruto de 1.991.54 euros.

 

SEGUNDO.- El 30-7-99 fue nombrado para un cargo de confianza de libre designación, el de Director del Museo de Historia, desempeñando las funciones propias de dicho puesto.

 

TERCERO.- En el año 2000 otorgaron al actor la Medalla del Museo Provincial de Holguín, de Cuba, y la Medalla Distinción por la Cultura Nacional Cubana, del Ministerio de Cultura de la República de Cuba.

 

CUARTO.- Al volver el actor de Cuba, a partir de noviembre de 2000, se inició una campaña de desprestigio contra él. Así:

a)     No se le entregaba la correspondencia.

b)     Apareció una foto suya publicada en un periódico, rota, sobre la mesa de su despacho.

c)     Se le aísla de sus compañeros, instándoles a que no mantengan relaciones con él.

d)     En el Ayuntamiento de La Laguna se repartieron tacos de fotocopias del artículo periodístico con la anotación manuscrita (que seguidamente se referirá), en el que se decía que había plagiado un libro.

e)     Su ordenador no funcionaba desde antes de que viajes a Cuba, y siguió sin funcionar durante tres o cuatro meses, pese a las solicitudes de éste de que se arreglase.

f)      Diversos proyectos suyos se paralizaron: El proyecto del Museo Canario en Cuba se paralizó a instancia de la Presidencia, alegando falta de respuesta por parte del gobierno cubano (doc. 15 del Cabildo); las exposiciones itinerantes ya concertadas con los Ayuntamientos fueron suspendidas. El proyecto de CD interactivo “Tenerife, la Aventura de Descubrir” se cancela alegando que no cumple las mínimas exigencia de calidad 8 (doc. 27 Cabildo).

 

No obstante, en el mismo período al actor se le concedieron permisos para asuntos propios, vacaciones y un anticipo de 900.000 ptas. (documental y testifical Cabildo Sr. Espejo).

 

QUINTO.- El día 22-12-00 apareció en el periódico “La Gaceta de Canarias”, en la página elaborada por su director D Andrés Chaves, el siguiente artículo:

“El Templete. Deslealtades: el único defecto que yo veo a la consejera del Cabildo de Tenerife, Fidencia Iglesias es que le gustan las cosas bien hechas. Por eso quizá tiene que aguantar a los enemigos en casa, en los propios museos. Enemigos a los que ella consideraba amigos y colaboradores. La política es ingrata. Los museos funcionan y eso a algunos no les interesa que ocurra. Por ello filtran a los medios de comunicación noticias tergiversadas que perjudican a quines se parten cada día el lomo trabajando por esta tierra. Hay una campaña contra Fidencia Iglesias, una campaña mediática en la que este periódico no va a participar. Sencillamente, quieren dinamitar una tarea bien hecha y una labor de mucho tiempo. Pero yo no voy a picar en el anzuelo, aunque desde luego las opiniones son libres. Ni creo que tampoco caerá en la trampa Ricardo Melchior, ni, por supuesto, la gente de los museos del Cabildo. Sólo unos pocos desleales, alguno de los cuales se reviste con piel de cordero”.

 

SEXTO.- La codemandada Dª Fidencia Iglesias y el periodista D. Andrés Chaves se conocen.

 

SÉPTIMO.- En fecha 21-02-01 el actor es destituido como Director del Museo de Historia. Durante las fechas siguientes al cese, tanto el actor como la demandada realizan diversas declaraciones periodísticas, defendiendo sus respectivas posturas.

 

OCTAVO.- El actor, con el consentimiento del autor cubano D. José Fernández Fernández publicó en 1999 el libro “Mambises Isleños. Canarios en el ejercito libertador de Cuba”, del que eran autores ambos. El año anterior el referido autor cubano Sr. Fernández, con el consentimiento del actor, presentó individualmente al Premio “Viera y Clavijo” de Cuba otro libro titulado “Mambises Canarios, migración, pluralidad e independencia de Cuba” de contenido similar, realizado también por ambos autores, obteniendo el referido premio (doc. 6 actora). Dos meses después de ser premiado aquel libro, el actor presentó en el organismo demandado el proyecto de la obra, justificando en la laguna historiográfica que existía en esa materia, obteniendo la aprobación del Organismo demandado. Ese libro se coeditó por el Museo de Historia y Caja Canarias, y se vendió en el museo.

 

NOVENO.- El actor aumentó artificialmente las estadísticas del número de visitantes de una exposición celebrada en el municipio de San Juan de la Rambla, computando como si fueran visitantes de la exposición, a todos los visitantes de la Feria de Artesanía.

 

DECIMO.- En una ocasión, en septiembre de 2000 el actor dirigió al Viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias, correspondencia oficial relativa a sus funciones, el cual respondió la Presidenta y no al actor. La Presidencia del Organismo es quien siempre se ha ocupado de la representación externa del Organismo demandado.

 

UNDECIMO.- El 25-2-01 en el mismo periódico “La Gaceta de Canarias” se publica un nuevo artículo del Director D. Andrés Chaves, con el título “Yo creo que los mambises no están muy contentos”, acusando de plagio al actor por el libro titulado “Mambises isleños. Canarias en el Ejercito Libertador de Cuba” respecto al otro libro del autor cubano José Fernández Fernández, titulado “Mambises canarios: migración, ruralidad e independencia de Cuba”, que fue premiado en el concurso José de Viera y Clavijo de Cuba. Junto al artículo aparecía una foto a gran tamaño del actor.

 

DUODECIMO.- El mismo día arrojan en el jardín de la casa del actor el referido artículo del periodista Andrés Chaves con la siguientes anotación manuscrita “Arrayate una!!!”, en su encabezamiento, y subrayado el texto siguiente: “seguiremos hablando ???” al final del artículo.

 

DECIMOTERCERO.- Esas anotaciones fueron efectuadas por Dª Fidencia Iglesias.

 

DECIMOCUARTO.- Por Decreto de 28-2-01 se acuerda trasladar al actor del Museo de Historia de Tenerife (La Laguna) al Área de Presidencia del Organismo Autónomo de Museos y Centros (Santa Cruz de Tenerife) y se le encomiendan los siguientes trabajos:

 

“Vista la necesidad de acometer de forma urgente la ampliación de Museo de Historia ... RESUELVO en ejercicio de la movilidad funcional prevista legalmente que, con carácter temporal, D. José Manuel Castellano Gil pase a desempeñar a partir del día 28 de febrero de 2001 y bajo la dependencia directa de la Gerencia, y hasta tanto se nombre al Director del Museo de Historia, las funciones propias de su categoría y grupo profesional en el Área de Presidencia de este Organismo Autónomo de Museos y Centros, sita en ... Santa Cruz de Tenerife, desarrollando las siguientes funciones:

 

* Realizar las fichas relativas a: Efemérides y cronologías de todos los municipios de Tenerife. Efemérides tinerfeñas: Contenido de la ficha: fecha exacta; día, mes, año/ Acontecimiento/Observaciones (ejemplo, contradicción en fechas) Fuente bibliográficas: libro, páginas, etc.

 

* Realizar estudio de investigación sobre cronología de las relaciones entre Canarias y América, desde el descubrimiento hasta nuestro días. El estudio se realizará por áreas geográficas de acuerdo con el siguiente orden: Cono Sur: Argentina y Uruguay, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Estados Unidos (Texas, Florida, Luisiana ...) Méjico, Puerto Rico, Santo Domingo (República Dominicana), Cuba.

 

* Recopilación e índices de la bibliografía publicada sobre la Historia de las relaciones entre Canarias y América en todas las épocas. Se utilizará preferentemente como sistema de documentación, el préstamo, tanto de la biblioteca nacional como de las universitarias, así como del archivo de Indias”.

 

Al iniciar el actor baja por I.T. el 2-3-01, esas funciones se encomendaron a otros tres o cuatro Técnicos, incluido el actor desde septiembre de 2002 cuando se reincorporó, dirigidos por el Sr. Manuel de Paz, y actualmente todavía no las han finalizado.

 

DECIMOQUINTO.- Naturalmente el trabajo se distribuía entre los Técnicos de forma conjunta, según sus propias propuestas, su preparación y su decisión. En el caso del actor, las funciones antes descritas se le atribuyeron directamente por decisión de Dª Fidencia Iglesias, Presidenta del Organismo Autónomo demandado.

 

DECIMOSEXTO.- Caja Canarias no ha distribuido el libro del que es coautor el demandante, junto con el mismo autor José Fernández Fernández, “Ernesto Lecuona: el genio y su música”, editado por dicha entidad, que había obtenido el correspondiente ISBN, y del cual se había abierto la ficha correspondiente en la Biblioteca Nacional.

 

DECIMOSEPTIMO.- El Director de Caja Canarias es marido de la codemandada Dª Fidencia Iglesias, Presidenta del Organismo Autónomo demandado.

 

DECIMOCTAVO.-  A resultas de su situación laboral el actor sufrió “un cuadro de ansiedad generalizadas de intensidad muy severa con repercusiones sintomáticas en forma de insomnio mixto, pérdida de apetito, pérdida de peso, angustia y malestar psíquico, somatizaciones de origen ansioso, hipotimia, labilidad emocional y afectiva, irritabilidad, ideas de desesperanza y minusvalía que evolucionan en los meses venideros hacia ideas de autolisis” (pericial psquiátrica actora).

 

DECIMONOVENO.- En fecha 2-3-01 el actor inicia un período de Incapacidad Temporal, que se prolonga hasta el 30-8-02 en que fue dado de alta (doc. 7 de la actora). El 3-9-02 se reincorporó a su puesto de trabajo como Técnico Superior en el Museo de Historia, con las mismas tareas, aunque habiéndosele reducido algunas de ellas (doc. 4 actora).

 

VIGÉSIMO.- En aquellas fecha el actor estaba en proceso de divorcio por una demanda que se había interpuesto años antes, en el 97 o 98, aunque ya tenía una nueva pareja. En ese proceso, la ex - esposa del actor solicitó que el Organismo demandado informara sobre la cuantía del sueldo que recibiría el actor en su cargo de Gerente.

 

VIGESIMOPRIMERO.- El 23-3-01 el actor ingresa en el Hospital Universitario de Canarias hasta el 17-401, con el diagnóstico de “linfoma intestinal primario de células grandes B. Subclusión intestinal. Tratamiento quimioterápico” y “ulceras gástricas” (folios 70, 71 y 72 de las actuaciones).

 

VIGESIMOSEGUNDO.- El Organismo demandado no ha convocado las pruebas selectivas para ocupar en régimen de funcionario de carrera la plaza vacante que ocupa el actor.

 

VIGESIMOTERCERO.- El demandante nunca presentó reclamación por acoso ni denuncia alguna ante el Organismo demandado ni ante ninguna otra institución has la presentación de la presente demanda.

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

PRIMERO.- El anterior relato de hecho probado resulta de la valoración de la prueba practicada, analizada según la sana crítica, y específicamente:

-   1º: documento 1 del Organismo Autónomo.

-   2º: documento 2 del Organismo Autónomo.

-   3º : hecho no cuestionado.

-   4º : confesión del actor y testifical de la parte actora, y en cuanto al último párrafo, testifical del Organismo Autónomo y documental que se hace constar en el mismo.

-   5º: hecho no cuestionado

-   6º: confesión de Dª Fidencia Iglesias.

-   7º: hecho conforme.

-   8º: documento 6 de la parte actora y confesión de Dª Fidencia Iglesias.

-   9º: testifical del Organismo Autónomo.

-   10º: reconocido por el actor.

-   11º: folio 51 de las actuaciones.

-   12º: no cuestionado

-   13º: pericial caligráfica de la parte actora.

-   14º: documento 5 y testifical del Organismo Autónomo.

-   15º: confesión Dª Fidencia Iglesias y testifical del Organismo Autónomo

-   16º: documental aportada para mejor proveer en el primer juicio.

-   17º: hecho conforme.

-   18º: pericial psiquiátrica de la parte actora.

-   19º: documentos 7 y 4 de la parte actora.

-   20º: confesión del actor.

-   21º: folio 131 de las actuaciones.

-   22º: hecho conforme.

-   23º: hecho conforme.

 

SEGUNDO.- Con carácter previo al análisis de la cuestión de fondo planteada, procede resolver las excepciones planteadas:

 

1)     Incompetencia de jurisdicción respecto a la petición de indemnización:

 

El art. 180.1 de la LPL expresamente dispone que la sentencia que se dicte en este proceso de tutela de derechos fundamentales declarará la existencia o no de la vulneración denunciada, y en caso afirmativo y previa la declaración de nulidad radical de la conducta de la Administración, en este caso, ordenará el cese inmediato del comportamiento vulnerador y la reposición de la situación al momento anterior a producirse el mismo, así como a la reparación de las consecuencia derivadas del acto, incluida la indemnización que procediera.

 

Por otra parte, el Tribunal Supremo tiene ya declarado que cabe la posibilidad de reclamar indemnización por daños morales derivados de falta a la divinidad del trabajador, siendo para ello competente la jurisdicción social (STS de 20-9-90, RJ 7031). En consecuencia procede su desestimación.

 

2)     Caducidad y prescripción:

 

Tiene declarado el Tribunal Constitucional que los derechos fundamentales se caracterizan por su imprescriptibilidad, sin embargo, ello “no es óbice para que el ordenamiento, en aras de la seguridad jurídica y de la protección de los derechos ajenos, limite temporalmente la vida de la acción dirigida a reparar la lesión sufrida, estableciendo al ejercicio de la correspondiente reclamación jurisdiccional plazos que guardan conexión con el ámbito normativo donde la violación se ha producido (STC 59/93, de 15 de febrero).

 

En el cómputo y aplicación de dichos plazos deberá tenerse en cuenta, no obstante, que al tener por objeto este procedimiento la vulneración de un derecho fundamental, deberá efectuarse una interpretación de los mismos en el sentido más favorable para su efectividad (STC 110/85, entre otras).

 

En el presente caso, la cuestión radica en determinar cual es el “dies a quo” a partir del cual empiezan a correr los plazos de prescripción y caducidad.

 

La jurisprudencia civil en supuestos de reclamación de daños y perjuicios considera que el cómputo del plazo de prescripción comienza en el momento en que la víctima adquiere conocimiento de las repercusiones definitivas de las lesiones padecidas (STS, Sala Civil, de 10-7-02, num. 700/2002).

 

Específicamente en la jurisdicción social, el art. 115.2 de la Ley General de la Seguridad Social establece que “Tendrán la consideración de accidente de trabajo: e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. F) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente”.

 

En el presente caso debe tenerse en cuenta que la Incapacidad Temporal del actor se produjo inicialmente por la tensión emocional sufrida por su situación laboral, por lo que, sin perjuicio de que posteriormente la misma se prolongara por la concurrencia de la enfermedad cancerígena que sufrió. –cuya incidencia se valorará posteriormente-, debe considerarse el periodo de I.T. padecido, como derivado inicialmente de la realización de su trabajo.

 

Así determinado, no puede considerarse que el “dies a quo” desde el cual se inicia el cómputo de los plazos de prescripción y caducidad deba ser la fecha del último de los actos objeto el acoso denunciado, sino que es aquél en que quedaron determinadas las dolencias y secuelas derivadas del proceso de incapacidad inicialmente ocasionado por dicha situación, que en el presente caso sería la fecha del alta médica.

 

En tal sentido tiene declarado el Tribunal Supremo que “el día inicial a los efectos prescriptitos no puede fijarse con carácter general en el momento de ocurrir el evento…, pues el plazo arranca, de acuerdo con el art. 1.969 del Código Civil, el día en que las acciones pudieron ejercitarse” (STS acordad en Sala General, de 10-12-98 RJ 1998/10501).

 

Y que “tal acción no se puede considerar nacida antes de … pues sólo hasta ese momento se supo con certeza cuales eran las dolencias y secuelas” (STS, Sala de lo Social, de 6-5-99, RJ 1999/4708).

 

En consecuencia, dado que la fecha del alta médica es posterior a la de interposición de la demanda, en atención a la doctrina expuesta y a los principios interpretativos referidos, debe considerarse que la misma fue interpuesta en plazo legal, por lo que procede desestimar las excepciones de prescripción y caducidad alegadas.

 

Por otra parte, y a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que diversos proyectos efectuados por el actor continúan siendo cancelados con posterioridad a la fecha de la interposición de la demanda, como son el proyecto de CD interactivo “Tenerife la aventura de Descubrir”, que es cancelado en fecha 3-6-02 (doc 28 codemandada); que durante su baja médica ha proseguido la actitud de descrédito hacia él en el ámbito laboral (testifical actora), y que sigue sin distribuirse el libro editado por Caja Canarias, por lo que cabe entender que la situación denuncia desplegando sus efectos.

 

 

3)     Falta de legitimación pasiva de la condemandada Dª Fidencia Iglesias:

 

El actor no tiene relación contractual alguna con esta codemandada, pero Dª Fidencia Iglesias en virtud del cargo político que ostenta, si bien no ha actuado en nombre propio sino como representante del Organismo Autónomo, sí tenía una relación con el actor, ya que a éste le afectaban directamente sus decisiones, y aunque la posible responsabilidad que pueda derivarse de la presente demanda no sea a ella directamente imputable, sino al Organismo codemandado, es preciso que acuda a este proceso para dilucidar los hechos que se alegan en la demanda. En tal sentido, y sin perjuicio de lo que se acordará en cuanto al fondo del asunto, procede desestimar la excepción alegada.

 

4)     Falta de listisconsorcio pasivo necesario:

 

Se alega por la codemandada persona física esta excepción al considerar que debía haberse demandado también al Gerente del Organismo Autónomo como firmante de la decisión de destituir al actor de su cargo de Director del Museo de Historia. Dicha excepción deberá ser desestimada, por cuanto en esta litis no se impugna propiamente la resolución de destitución del actor, sino que el objeto de análisis lo constituye la posible existencia de una conducta continuada y persistente tendente al perjuicio del trabajador, constituida por un conjunto de actos, y por otra parte, a quien se atribuye la intencionalidad de dicha conducta continuada no es al referido Gerente.

 

5)     Vulneración de derechos fundamentales y solicitud de indemnización:

Valga aquí tener por reproducido las consideraciones antes expuestas respecto a la excepción de incompetencia de jurisdicción, añadiendo que el objeto del presente proceso lo constituye la denuncia de un ataque a la integridad moral del trabajador, prevista en el art. 15 de la Constitución, y al respecto el art. 180 de la LPL expresamente se refiere a la Administración Pública como posible sujeto de la vulneración de derechos fundamentales, y también expresamente prevé la posibilidad de abono de la indemnización que pudiera proceder para la reparación de las consecuencias derivadas del acto vulnerador.

 

TERCERO.- En cuanto al fondo de la cuestión controvertida, debe tenerse en cuenta primeramente, que no procede entrar a considerar en este proceso si la posible conducta de acoso moral pudiera estar justificada –por el supuesto plagio cometido por el actor, por la alteración estadística, o por otras causas- ya que de estimarse así, dichos motivos únicamente podrían constituir una causa válida para la adopción de las medidas legales que pudieran corresponder –destitución de su cargo de Director, como ya se realizó, la imposición de una sanción, la extinción de su contrato como Técnico en Historia, convocando al correspondiente concurso su plaza, o incluso la denuncia penal si así se estimase), pero nunca el ataque a su dignidad aquí enjuiciado. En cualquier caso, la conducta a analizar en esta litis es la de los demandados, no la del actor.

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que tratándose de un proceso de tutela de derechos fundamentales, en virtud de los dispuesto en el art. 179.2 de la LPL, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido la vulneración denunciada, corresponderá a los demandados “la aportación de una justificación, objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”.

 

CUARTO.- De los hechos declarados probados se desprende la existencia de suficientes indicios para que opere la inversión probatoria referida, no en cuanto a la posible relación entre los hechos ocurridos y la enfermedad cancerígena sufrida por el actor, pero sí en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales denunciada.

 

En cuanto al primer aspecto, de las pruebas periciales médicas practicadas no resulta acreditado que la conducta acosadora alegada pudiera ocasionar directamente y por ella misma la enfermedad cancerígena que sufrió el actor, y más teniendo en cuenta el escaso tiempo transcurrido entre el conflicto laboral y la aparición de los síntomas, dado que el conflicto se inicia en noviembre de 2000 y el linfoma intestinal aparece en marzo de 2001. Debe considerarse que aún cuando en su aparición y evolución pudieran influir los factores de conflicto y de tensión emocional sufridos, no ha quedado acreditado que pueda atribuirse inequívocamente y únicamente a ellos la causa de la enfermedad.

 

En consecuencia, el único daño que puede haberse causado al actor es el daño psíquico y moral.

 

QUINTO.-  En cuanto a este segundo aspecto, de la prueba practicada reflejada en la declaración de hechos probados se desprende que ha existido una verdadera actitud de desprestigio personal y profesional hacia el actor, manifestado en su ámbito profesional y social, por las siguientes razones:

 

1)     De las pruebas periciales practicadas se ha considerado probado que fue la codemandada Dª Fidencia Iglesias quien efectuó las anotaciones manuscritas en el artículo periodístico ya referido.

 

La conclusión de la prueba pericial caligráfica de la parte actora no afirma inequívocamente que la anotación manuscrita sea de Dª Fidencia Iglesias, sino que únicamente que dicha anotación “exhiben rasgos suficientes como para afirmar que pueden haber sido elaboradas por la mano de doña Fidencia Iglesias González dentro de la misma unidad de acto”.

 

Este informe es contradictorio con los aportados por las demandadas, pero al respecto se ha valorado que la perito caligrafo del Organismo Autónomo es funcionaria de la Consejería de Gobierno de Canarias en la Viceconsejería de Cultura y Deportes, y es coordinadora técnica, un puesto singularizado al que se accede por concurso de méritos. Asimismo, el perito de la codemandada es profesor de la Universidad de La Laguna y asesora a un centro de documentación del Organismo Autónomo, conoce personalmente a Dª Fidencia Iglesias y le ha encargado dictámenes y trabajos. Ambos peritos han sido designados específicamente por cada una de las partes, y se hallan vinculados a ellas en otros ámbitos profesionales.

 

Por el contrario, el perito de la parte actora fue designado por el Juzgado de entre los que habitualmente prestan servicios para la Administración de Justicia (acordado como diligencia final en el primer juicio celebrado, después de que el perito inicialmente designado renunciara a realizar el dictamen interesado, tal y como consta en el folio 27 del acta extendida), es presidente de una asociación de peritos calígrafos privada y no se ha acreditado que mantenga relación alguna con el actor ni con las demandadas.

 

Se ha otorgado mayor veracidad al dictamen emitido por la parte actora por las circunstancias descritas, y por cuanto resulta coherente con todo el conjunto de sucesos relatados.

 

Acreditada la autoría de las anotaciones manuscritas, ese hecho, por sí sólo evidencia ya toda una actitud de represalia y acoso hacia el actor que refuerza el efecto probatorio de los demás hechos alegados como tales.

 

2)     De la testifical practicada también se desprende que la totalidad de los testigos propuestos por las demandadas se hallan en la actualidad vinculados estrechamente con ellas: el Sr. Espejo, actualmente Gerente del Organismo Autónomo; Sr. Vega, funcionario interino de la entidad; y Sra. Moreno, persona de confianza de la codemandada, que sustituyó al actor cuando éste fue cesado en su cargo de Director del Museo. Mientras que los testigos propuestos por la parte actora no se hallan vinculados con las demandadas, (por no prestar ya servicios para el Organismo –las dos primeras-. O por prestarlos en otra entidad –el tercero-).

 

3)     Existe una relación acredita entre Dª Fidencia Iglesias y el periodista autor de los artículos referidos.

 

Si bien los artículos periodísticos emitidos contra el actor vienen firmados por un tercero, D. Andrés Chaves, que no es parte en estas actuaciones, ha quedado acreditado que dicho periodista y la codemandada se conocen (manifestando por ella en confesión en juicio). Por otra parte, la difusión del referido artículo en las dependencias de la Entidad Pública y con los añadidos manuscritos, revelan igualmente un ánimo especial de perturbar y humillar al actor, una intención consciente de dañar su prestigio, y aunque no ha quedado acreditado quienes procedieron a realizar dicha difusión, es claro que la misma venía inducida por alguien, y en este caso todos los indicios apuntan a que se trata de una acción más del conjunto de actos inducidos por la codemandada en descrédito del actor, convirtiéndolo en un instrumento vejatorio para él.

 

4)     Respecto al cese del actor como Director de Museo, se trata de un ejercicio legítimo de las potestades administrativas, concretamente de la competencia de la Junta Rectora del Organismo demandado a propuesta de la Presidente (art. 28 de los Estatutos), se trata de un cargo de libre designación y por tanto también de libre cese; por tanto, no puede considerarse en sí mismo un acto vulnerador.

 

5)     En cuanto a las iniciativas del actor que fueron posteriormente canceladas o paralizadas, si bien puede resultar en cierta forma justificado que la pérdida de confianza del actor por parte de la Presidenta –que comportó su destitución como Director- pudiera ocasionar tal consecuencia, también es cierto que habiéndose valorado de forma positiva otros actos como constitutivos de acoso, estos vienen a constituir un conjunto de hechos más que avalan la actitud general de represalia.

 

6)     Las tareas atribuidas al actor tras su cese son propias de un Técnico Superior en Historia –y así lo ha reconocido el propio actor en confesión-. No obstante, resulta significativo que, tal como ha quedado probado, normalmente las atribuciones de investigación que se efectuaban a los técnicos, se realizaban a propuesta de cada uno de ellos, o en consenso entre ellos, mientras que en el caso del actor fue la propia Presidenta, -como reconoció en confesión- la que decidió y ordenó las funciones que tenía que realizar.

 

Asimismo, aun cuando pudieran ser propias de un Técnico Superior, las funciones encomendadas eran desproporcionadas y totalmente excesivas para ser realizadas por una persona sola, lo cual ha quedado acreditado por el hecho de que cuando el actor inició la baja médica y tuvieron que ser atribuidas a otra persona, fueron asignadas a tres o cuatro técnicos, bajo la dirección y coordinación del Sr. Paz, y en la actualidad, transcurridos casi dos años, todavía no las han terminado.

 

Por otra parte, algunas de ellas constituían una simple recopilación de fechas y datos, ya existentes y publicados, recolección ésta que no resulta propia de un técnico con avanzada experiencia y ex director del Museo (pericial histórica actora). Tampoco puede justificarse dicha atribución en el hecho de que se tratara de una función temporal, puesto que esas funciones se siguen realizando. Ni pueden tampoco tenerse en cuenta el hecho de que el actor no llegara a realizar esas funciones porque inició la baja médica casi inmediatamente después de tal atribución, ya que el hecho a valorar es la atribución de funciones en sí misma y no si las mismas llegaron a ser realizadas durante más o menos tiempo. Son tareas propias de su titulación, pero desproporcionadas en su contenido y lagunas de ellas impropias de su experiencia.

 

7)     En relación con la no distribución del libro “Ernesto Lecuona: el genio y su música”, se ha tenido en cuenta que en el informe emitido por Caja Canarias al respecto (folio 227 de las actuaciones) se manifiesta que los motivos por los que no se distribuyó dicho libro, ya editado, son que sus autores no acreditaron que contaran con la autorización de los herederos o beneficiarios de los derechos de autor del músico para incluir en el libro reproducciones íntegras de partituras y letras de la obra musical de Ernesto Lecuona, y que no se había alcanzado un acuerdo con los autores respecto al número de ejemplares a reservar para ellos.

 

Sin perjuicio del poco fundamento del segundo motivo alegando, en cuanto al primero resulta cuanto menos extraño que una institución de la entidad de Caja Canarias proceda a editar una obra sin cerciorarse antes de reunir los requisitos legales necesarios para ello, lo que hace pensar, en virtud del principio de inversión de la carga de la prueba que rige en estas actuaciones, y atendiendo al vínculo matrimonial que une a la codemandada Dª Fidencia Iglesias con el Director General de Caja Canarias, entidad que debía publicar y distribuir el libro, que la negativa a su distribución no obedece a tales razones, sino que se trata de un acto mas del conjunto que conforman el acoso al que fue sometido el actor.

 

La totalidad de los hechos expuestos (no de los alegados, puesto que algunos de ellos no han resultado acreditados, como son el intento de agresión del hijo de la codemandada al actor en su propia casa, las amenazas proferidas o la destrucción del disco duro de su ordenador, entre otros) revelan una serie de actitudes o conductas hostiles, que pretenden el desprestigio del trabajador en su ámbito laboral y social: las claras actitudes de represalia y acoso manifestadas por las anotaciones manuscritas en el artículo periodístico y su distribución en el centro de trabajo, el aislamiento respecto a sus compañeros, la asignación desproporcionada de tareas, la frustración de sus proyectos profesionales, la negativa de Caja Canarias de distribuir su libro ya editado, “configuran una situación de acoso moral … que somete al trabajador a un trato degradante, conculcando el derecho a la integridad moral e interdicción de tratos degradantes que protege el artículo 15 de nuestra Constitución, así como el artículo 4.2 e) del Estatuto de los Trabajadores (derecho básico a la consideración debida a su dignidad)” (STSJ de Cataluña de 28-11-01, recurso 1.578/2001).

 

Al respecto tiene declarado el Tribunal Supremo “que si bien la imprecisión forzosa del daño moral ha de llevar a una exigencia judicial estricta respecto a su existencia, ello no impide que sea apreciado por aproximación y por la necesidad de cumplir la finalidad social del Derecho, que es evitar la injusticia y cumplir el principio del <alterum non ladere>” (STS de 9 de mayo de 1984).

 

SEXTO.- Por último, considerada ya la existencia de una actitud de represalia frente al actor, hay que valorar la gravedad de los actos para determinar la indemnización que pueda proceder como consecuencia de ellos.

 

Establece el art. 1.101 del Código Civil que “Quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquella”.

 

Asimismo, el art. 1.902 del mismo texto legal dispone que “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

 

Para determinar la cuantía de la indemnización procedente, tiene declarado el Tribunal Supremo (STS 2-10-00).

 

-        Que “en principio la indemnización procedente deberá ser adecuada, proporcionada y suficiente para alcanzar a reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daños materiales y morales)”.

-        Que debe existir una “proporcionalidad entre el daño y la reparación y, <a sensu contrario>, que la reparación … no debe exceder del daño o perjuicio sufrido o, dicho de otro modo, que los dañados o perjudicados no deben enriquecerse injustamente percibiendo indemnizaciones por encima del límite racional de una compensación…”

 

Al respecto el actor en su demanda solicita por los daños físicos sufridos una indemnización de 90.151,82 euros (15.000.000 ptas.), por los daños psíquicos la cantidad de 48.080,97 euros (8.000.000 ptas.), y por los daños morales 60.161,21 euros (10.000.000 ptas.).

 

No procede la indemnización de 90.151,82 euros en conceptos de daños físicos, por cuanto no se ha considerado acreditado que la enfermedad sufrida por el actor derivase directamente de los hechos denunciados. Si procederá la indemnización por los daños psíquicos y morales sufridos.

 

Al respecto, los hechos relatados ocasionaron en el autor un cuadro de ansiedad generalizada de intensidad muy severa con repercusiones sintomáticas en forma de insomnio mixto, pérdida de apetito, pérdida de peso, angustia y malestar psíquico, somatizaciones de origen ansioso, hipotimia, labilidad emocional y afectiva, irritabilidad, ideas de desesperanza y minusvalía que evolucionaron hacia ideas de autolisis en los meses siguientes. Por otra parte, ha resultado acreditado el desprestigio profesional y social que los hechos acaecidos han ocasionado al actor.

 

En este punto, sin perjuicio de la extrema dificultad que supone cuantificar los daños psíquicos y morales –cuya incidencia en cada supuesto y en cada persona es distinta- en el presente caso se consideran excesivas las cuantías solicitadas, por lo que deberán ser reducidas en atención a los principios de proporcionalidad antes referidos, considerándose más adecuada la cantidad de 18.030,36 euros (3.000.000) por los daños psíquicos y 36.060,73 euros (6.000.000 ptas.) por los morales, valorándose el hecho de que, en cualquier caso, la vulneración denunciada y acreditada ostenta mayor gravedad cuando es la Administración pública el sujeto infractor.

 

Finalmente, y en cuanto al contenido del pronunciamiento final que se emite a continuación, debe tenerse en cuenta que el actor ha sido repuesto como Técnico Superior en Historia, por lo que no procederá emitir ya pronunciamiento respecto a esa solicitud.

 

Vistos los preceptos legales citados, sus contenidos y demás disposiciones de general y pertinente aplicación

 

 

FALLO

 

Desestimado las excepciones de incompetencia de jurisdicción, caducidad, prescripción, falta de legitimidad pasiva, falta de litisconsorcio pasivo necesario e inadecuación de procedimiento alegadas por las demandadas, y estimando en parte la demanda interpuesta por D. José Manuel Castellano Gil frente al Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y frente a su Presidenta Dª Fidencia Iglesias González,

a)     Declaro que se ha producido una vulneración del derecho fundamental a la integridad moral del actor.

b)     Declaro la nulidad radical de la conducta mantenida por la Presidenta de la entidad demandad Dª Fidencia Iglesias González actuando en representación del Organismo Autónomo demandado.

c)     Ordeno el cese inmediato de tal comportamiento

d)     Ordeno la reparación de las consecuencias derivadas del acto, condenándose al Organismo demando a abonar al actor la cantidad de 18.030,36 euros (3.000.000 ptas.) por el concepto de daños psíquicos, y 36.060,73 euros (6.000.000 ptas.) en concepto de daños morales, con absolución de la codemandada Dª Fidencia Iglesias González.

 

Notifíquese la presente Resolución a las partes en legal forma, haciéndole saber al tiempo que contra la misma podrán interponer recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarlo en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia – Adviértase al recurrente que no fuera trabajador ó beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el Grupo BANESTO A NOMBRE DE ESTE JUZGADO, CON EL Nº 3794/0000/65/ 0623/02 acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y consignaciones abierta en GRUPO BANESTO a nombre de este juzgado, la cantidad objeto de condena.

 

Así por esta, mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.