EL CONFLICTO SAHARAUI-MARROQUÍ
Desde su acceso a la independencia, Marruecos se convirtió en un factor de permanente
inestabilidad para la región. Sus pretensiones expansionistas y su incontenible
voracidad fueron sentidas por todos sus vecinos. En 1960 reclutó y envió grupos armados
para obstruir la independencia de Mauritania, reivindicando este país como parte del
Imperio marroquí. Tres años mas tarde, en 1963 las tropas marroquíes invadieron y
ocuparon una parte del sur de Argelia. El pueblo argelino sufrió este golpe justo
cuando acababa de proclamar su independencia tras largos y trágicos años de lucha contra
el colonialismo francés.
Ambos proyectos fracasaron. Pero, a mediados de los años setenta, Marruecos reemprendió
su política expansionista contra el mas débil de sus vecinos: el pueblo saharaui, justo
cuando acababa de proclamarse independiente.
En 1974, cuando España ultimaba con la ONU los preparativos del referéndum que debía
conducir a la independencia saharaui, el Reino de Marruecos plantea, en Naciones Unidas,
un conflicto con la potencia administradora. De pronto anuncia que posee “derechos
históricos” que justifican una reivindicación territorial. Para frenar el proceso del
referéndum, Marruecos propone como parte en litigio que el Tribunal Internacional de la
Haya emita un veredicto sobre sus “derechos históricos”. La estrategia marroquí de
retrasar los acontecimientos había triunfado. Las deliberaciones de la Corte de Justicia
duraron casi un año. Mientras no se emitía el dictamen, la ONU y la potencia
administradora no podían reanudar los preparativos de la consulta. No fue hasta mayo de
1975 cuando al final la ONU, una vez concluidas las deliberaciones en la Haya, decidió
enviar una comisión de investigación al territorio para conocer la opinión de los
saharauis. En teoría, los trabajos de esa comisión que recorrió todo el territorio
nacional y los países vecinos, formaban parte de los preparativos del referéndum.
Cinco meses después, el 15 de octubre de 1975, la Comisión internacional, compuesta por
los embajadores de Costa de Marfil, Irán y Cuba publica su informe: “La misión ha
comprobado que la población, o por lo menos la casi totalidad de las personas
interrogadas, es unánime a favor de la independencia y contra las reivindicaciones de
Marruecos....El Frente Polisario considerado por la potencia administradora como
movimiento clandestino, apareció como la fuerza política dominante en el territorio... La
misión estima que a pesar de la tensión y presión de los acontecimientos, la
responsabilidad de España en lo que concierne a la defensa del territorio sigue
comprometida hasta que la Asamblea General de la ONU decida la descolonización del
territorio...” (sic).
Un día después de este informe, el 16 de octubre de 1975, se hace publico el tan esperado
dictamen del Tribunal Internacional de Justicia. En el se dice: “El Sahara Occidental
no era, antes de la colonización española, tierra nullius. Estaba habitada por comunidades
organizadas”. La Corte concluye “que los elementos e informaciones llevadas a su
conocimiento no establecen la existencia de ningún lazo de soberanía territorial entre el
Sahara Occidental y el reino de Marruecos”. Por ello la Corte estima que “es aplicable
al territorio el derecho de autodeterminación”.
La razón de la fuerza se impone:
Las argucias jurídicas urdidas por Marruecos no modificaron la esencia del problema.
Seguía siendo un problema de descolonización, cuya solución estaba definida por la
Asamblea General de la ONU y que incumbe directamente a la potencia colonial.
Sin embargo el retraso había favorecido la estrategia de Rabat. La evolución de la
situación en España y la enfermedad del General Franco dejaron un vacío de poder.
Marruecos aprovecha la coyuntura para emprender acciones de presión contra un agonizante
régimen español que no podía resistir ninguna amenaza y menos librar una guerra para
defender sus obligaciones internacionales o los derechos de la población saharaui.
Con el conocimiento de las autoridades españolas en la colonia, el 31 de octubre de 1975,
dos semanas después de la publicación de veredicto de La Haya, regimientos mecanizados
de las tropas marroquíes entraban por la zona norte, sembrando muerte y destrucción entre
la población civil saharaui. El proceso de descolonización había sido reemplazado por
otro de anexión militar. España, la potencia responsable de la descolonización había
cedido al chantaje. Abandona al Sahara y a los saharauis no sin antes sacar provecho de
la tragedia ajena. El 14 de noviembre firma con Marruecos el acuerdo de Madrid por el que
cede el territorio a cambio de una participación en la explotación de las riquezas
saharauis.
El pueblo saharaui se enfrentaba a una prueba histórica. Después de tantas promesas,
la ONU y la potencia colonial, dejaron abandonado al pueblo saharaui permitiendo que su
derecho inalienable a la autodeterminación fuera pisoteado. Los saharauis se vieron
emplazados ante una dramática alternativa: renunciar a su existencia abdicando ante
hechos consumados, o luchar por sus derechos, por su supervivencia,... por su
independencia.
Marruecos: un estado transgresor de la legalidad africana y del orden internacional.
Desde el día en que asumió la grave responsabilidad de lanzarse a una invasión militar,
de conquista de un territorio ajeno, Marruecos violó un principio fundamental para la
estabilidad de los estados africanos: el de la inviolabilidad de las fronteras heredadas
de la colonización, el “uttis possetidis” para los estados americanos. Sin el respeto de
este principio, la mayoría de los estados africanos o, no existiría o estaría todavía
inmerso en guerras fratricidas.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional, Marruecos es un estado agresor, puesto
que ha violado la resolución 2625 de la ONU que obliga a los estados a no recurrir a la
fuerza para privar a los pueblos del ejercicio del derecho a la autodeterminación. El
régimen marroquí ha perpetrado un acto de fuerza brutal contra el orden internacional y
los organismos como el Consejo de Seguridad encargados de hacer respetar la legalidad
han tenido una actitud de complacencia.
El pueblo saharaui, un pueblo pequeño, ha tenido que unir todas sus energías para librar
una batalla desigual contra ejércitos poderoso y en un desierto implacable.
La guerra de las arenas:
Cuando en 1975 se iniciaron las hostilidades, el estado mayor marroquí calculó que la
guerra contra los saharauis no iba a suponer más que “un paseo militar de pocas semana”
para su poderoso ejercito. Al principio fueron ochenta mil efectivos marroquíes los que
iniciaron el “paseo” y cinco años mas tarde la cifra se dobló. El paseo se convirtió en
una guerra de posiciones con decenas de miles de muertos, prisioneros y mutilados.
Alrededor de 3.000 oficiales y soldados marroquíes cayeron prisioneros a manos del
ejercito saharaui.
Para las arcas de Marruecos el desgaste es incalculable. Se dice que durante cinco
lustros Marruecos ha estado gastando 3 millones de dólares diarios en la guerra del
Sahara. Ello significa mas del 40 por ciento del presupuesto nacional de Marruecos, un
país cuya economía se basa esencialmente en la exportación de cítricos y con la cifra de
parados y hambrientos más alta de área.
Murallas en el desierto:
Tras sufrir importantes debacles en el desierto, las tropas marroquíes construyeron
“muros defensivos” para contener y resistir un tiempo más las acciones del ejercito
saharaui. Levantaron terraplenes y los rodearon de alambradas y campos minados para
atrincherarse en una estrategia puramente defensiva.
La estrategia no tardo en demostrar su ineficacia. Su defecto consiste en haber esparcido
el conjunto de sus tropas para defender un banco de arena de 2.500 kilómetros
diseminándolas en un desierto inmenso e incontrolable. Perdieron la ventaja de la
defensa en cadena y en consecuencia cada unidad militar y su correspondiente trozo de
muro se transformaron en un objetivo militar aislado y mas vulnerable. Al perder toda
iniciativa ofensiva, el ejercito marroquí se vio enfangado en una incomoda posición
defensiva que degeneró rápidamente en un estado de desmoralización generalizada. Los
suicidios y deserciones en sus filas se multiplicaron. Solo el alto el fuego decretado
por la ONU, en septiembre de 1990 salvo la situación.
La ONU interviene otra vez:
Durante los últimos años de la guerra del desierto, se dio una situación de equilibrio
militar. Ninguna de las partes podría aplastar a la otra y la victoria militar se hacia
imposible. En el plano diplomático, sin embargo la causa saharaui cosechó importante
victorias. Muchos países habían reconocido la independencia de la República Saharaui y
Marruecos estaba aislado. La ONU decidió intervenir para hallar una solución al conflicto
saharaui-marroqui. El 6 de septiembre de 1990, una vez decretado el cese el fuego, el
organismo internacional despliega sus cascos azules para poner en practica un plan de
paz, pactado con las dos partes, cuyo objetivo es permitir al pueblo saharaui ejercer el
derecho a la autodeterminación que quince años atrás la agresión marroquí impidió.
Africa excluye a Marruecos por su política colonial:
En realidad la intervención de la ONU otra vez en el problema ( la primera fue en 1975
cuando no pudo o no quiso hacer nada para frenar la invasión marroquí) es la
culminación de una batalla diplomática que se venía librando paralelamente a los
enfrentamientos bélicos. El escenario por excelencia fue Africa.
Desde 1975 hasta 1982, la Organización de la Unidad Africana (OUA), la OEA de los 52
países africanos, sufrió la peor crisis que ha conocido desde su constitución. Dos
fueron las tesis que se plantearon y sobre las cuales OUA debía emitir un veredicto
histórico: la tesis marroquí que plantea la anexión pura y simple alegando supuestos
derechos históricos que ya el Tribunal de la Haya había refutado; y la otra que defendía
no solo el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, sino también el principio
de la inviolabilidad de las fronteras, recogido en las carta constitucional de la OUA.
Tras ocho años de debates en los que Marruecos, con la ayuda de Francia recurrió a todo
genero de chantajes y amenazas la organización reconoció al Estado Saharaui como miembro
de pleno derecho. De esta forma la política colonial de Marruecos fue condenada por el
conjunto de los pueblo africanos, viéndose forzado a salir de la organización.
Mucho antes de la conclusión de este debate, numerosos países de todos los continentes
establecieron relaciones diplomáticas con la República Saharaui. Tras la decisión de la
OUA el numero de reconocimientos se incrementó y la mayoría de las democracias
latinoamericanas establecieron relaciones oficiales con el Gobierno Saharaui.
Una vez fuera de la organización continental, no sin antes proferir los mas desagradables
insultos contra sus dirigentes, Marruecos se negó a aceptar las mediaciones de la OUA
alegando que no tenia legitimidad histórica para tratar el problema y en consecuencia que
la ONU era el organismo ideal.
Despues de largos debates y resoluciones desde el año 1975 la ONU decidió intervenir de
nuevo en 1988, iniciando un proceso de negociaciones con las partes que culminó en 1990
con la aceptación de un Plan de Paz. Dicho plan prevé el despliegue de cascos azules, la
entrada en vigor de un alto el fuego y la celebración de un referéndum de
autodeterminación.
Doce años después de su aprobación el Referéndum sigue sin celebrarse. Marruecos solo
había aceptado un referéndum si sus resultados le eran favorables.