La propuesta del presidente Uribe de pagar por los cultivos de coca a los campesinos del Meta será complementada con un intenso plan de erradicación manual. Foto I El Pais

Campesinos de La Macarena dicen que no venden por menos de dos millones 300.000 pesos el kilo de coca. Reclaman mayor inversión y apoyo para productos legales. La idea del Gobierno elevará los precios, dicen analistas.

Agencias y Redacción. Cali y Bogotá

Más críticas que voces a favor recibió la propuesta del presidente Álvaro Uribe de hacer pagos a quienes entreguen los cultivos ilícitos o pasta de coca y amapola que tengan en su poder.

La propuesta de Uribe —que no es nueva, pues la Asociación de Agricultores de La Macarena, Asocolpaz, ya le había sugerido la idea al propio Mandatario, hace varios meses— abrió el debate en el país sobre la política antidrogas y de erradicación de cultivos ilícitos.

Una estrategia similar se aplicó en Afganistán hace tres años para combatir el comercio y producción de opio.

Durante su intervención en un Consejo Comunitario en Villavicencio, el presidente Uribe dijo que los campesinos que sepan de escondites de coca o amapola, o las tengan en su poder, podrán acercarse con toda tranquilidad a los comandantes del Ejército o la Policía en la región para entregar la droga y definir el pago de la recompensa.

A su vez, los labriegos deben comprometerse a no sembrar más coca. Compromiso que será monitoreado por el Gobierno.

Sin embargo, ayer, el director de la Policía, general Jorge Daniel Castro, dijo que el ofrecimiento del Gobierno se refiere sólo a la entrega de información que permita localizar cultivos y depósitos de droga.

Mal ejemplo. Quienes cuestionaron la propuesta de Uribe dijeron que es contradictoria y desestimula a quienes ya erradicaron la coca o están dedicados a la siembra de productos lícitos.

Para el presidente de la Sociedad de Agricultores (SAC), Rafael Mejía, con esa propuesta el Gobierno está demostrando que no sabe qué es lo que quiere y mandando un mensaje contradictorio a la comunidad.

“Eso crea más confusión e incentiva que es más rentable sembrar coca para que la compre el Gobierno, que mantener un cultivo lícito”, expresó.

En igual sentido se pronunciaron los presidentes de la Federación de Algodoneros, Luz Amparo Fonseca, y de la Federación de Cerealistas, Luis Eduardo Quintero, para quienes la propuesta de Uribe les está diciendo a los colombianos que es mejor dedicarse a los cultivos ilícitos porque esos sí tienen apoyo del Gobierno.

Los cuestionamientos más severos los formuló el senador Rafael Pardo Rueda, quien calificó la propuesta de incoherente e improvisada, agregando que en vez de dar dinero a quienes cultivan coca, se deberían comprar los productos de quienes tienen siembras legales.

 

“Con esto se manda un mensaje equivocado. El Gobierno, en vez de proponer la compra de la coca, debería comprar los cultivos que siembran los campesinos para sustituir la coca. El mensaje deberá ser: ‘vamos a comprar maíz y caucho, y no la coca’, porque se estimula su producción”, expresó Pardo Rueda.

De igual manera, llamó al Gobierno a aclarar los soportes legales sobre los que comprará la coca almacenada por los campesinos, ya que “comprar pasta de coca en la forma que sea, es un delito”.

“Hay miles de colombianos que están presos por tener uno o dos kilos de coca, y ahora el Gobierno resuelve comprar. Me pregunto si es que la está legalizando”, manifestó.

Asimismo, criticó el soporte financiero que tendrá el programa, ya que presupuestalmente no sería posible.

Por su parte, el representante a la Cámara Gustavo Petro, quien calificó de positiva la idea, dijo que el Gobierno no tendrá recursos suficientes para igualar la propuesta de compra que harán los narcotraficantes.

Por su lado, el obispo de San José del Guaviare, Belarmino Correa, se declaró partidario de la propuesta presidencial, pero pidió la entrega de insumos agrícolas y garantías reales de comercialización de los productos a quienes se acojan al programa.

Sin embargo, advirtió que la despenalización es la única forma de solucionar el problema de los cultivos ilícitos.

A su turno, Elías Amaya, presidente de Asocolpaz, dijo que de manera adicional a la compra el Gobierno deberá destinar recursos a inversión social e infraestructura.

Tras reconocer que en la región sur de los Llanos Orientales los campesinos tienen mucha coca guardada, dijo que esperan que el Gobierno les pague por encima de lo que actualmente dan los ‘narcos’, que son dos millones 300 mil pesos por kilo.

“La coca la tenemos represada desde hace más o menos siete meses, estamos en una situación muy crítica. En realidad, no perjudica solamente a nosotros los campesinos, sino, inclusive, al comercio, porque no hay cómo venir a comprar la remesita; hay familias que sinceramente tienen esa ‘harina’ ahí y no la han podido vender, entonces no tienen con qué comprar la remesa”, dijo el líder campesino.

A renglón seguido, insistió en que para que la erradicación tenga éxito se requiere la construcción de carreteras y el establecimiento de líneas efectivas de comercialización de los productos.

OTRAS RECOMPENSAS

Desde hace un año, el Gobierno Nacional tiene en marcha un plan de pago de recompensas por información que permita decomisar drogas ilegales.

En el marco de la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno Nacional ha emprendido una serie de acciones fundamentadas en el estímulo o recompensa a la delación.

En octubre del año pasado anunció el pago de recompensas a quienes suministren información que permita el decomiso de alcaloides.

Por ejemplo, se anunció el pago de $400 millones por toneladas de heroína y de $100 millones por cada tonelada de cocaína que denuncie la comunidad.

Asimismo, fijó precios por cada kilo de insumos que se ayude a incautar.

De manera complementaria, para desestimular la siembra de ilícitos, el Gobierno puso en marcha una estrategia legal para extinguir el dominio de los predios que se encuentren sembrados de coca o amapola.