Bogotá, 17 de junio del 2001

Reciban un respetuoso saludo.

Empezaron a dar cumplimiento a sus amenazas. Incursionaron nuevamente en el Territorio de las Comunidades de la Cuenca del Cacarica, después de 51 meses del desarrollo de la "Operación Génesis" dirigida desde la Brigada XVII en febrero de 1.997 que produjo el desplazamiento de más de 3000 personas de esta Cuenca y de 10.000 de todo el bajo Atrato. La nueva incursión al Territorio Colectivo se inició el 30 de mayo y hasta el 14 junio en el marco de la estrategia paramilitar, entendida esta como la acción militar irregular de las Fuerzas Militares a través de actuaciones encubiertas y clandestinas con apoyo de civiles armados.

La acción militar anunciada desde hace más de un año en el retén paramilitar de Tumaradó a través de bloqueo económico, señalamientos, amenazas, retenciones ilegales, se realizó desde la última semana de mayo en su primera fase con el reconocimiento de terreno, de la ubicación de los Asentamientos, de algunas zonas de cultivo, de los sistemas de información y alerta, del intento de "ablandamiento" psicológico y del intento del posicionamiento en el imaginario colectivo del individualismo como progreso, del marketing político militar a través del desfile de atuendos y armamentos, y los nuevos discursos del "progreso" y del "dinero" como valores socioculturales.

En esta Constancia Histórica, seguimos las huellas del teatro de terror que se inició de modo evidente a través del asesinato de LAUREANO SIERRA, (27-05-01), del desembarco armado en el sitio conocido como La Balsa, caserío del Territorio Colectivo del Cacarica (30-05-01); de las supuestas persecuciones a esta ofensiva militar a través de movimientos aéreos de la Brigada XVII, en lugares en que los armadosevidentemente no se encontraban y de ametrallamientos por supuestos contactos armados con grupos "ilegales" que nunca existieron (31-05-01 ), de pretextos de no actuación de las Fuerzas Militares contra esta actuación militar en la modalidad paramilitar por la irresponsabilidad de las comunidades al encontrarse fuera de los Asentamientos y de justificaciones a la omisión del Estado por las informaciones "imprecisas" provenientes de los retornados o sus acompañantes no creer en las versiones de las víctimas (02-05-01).

En el trasfondo de todo el escenario, saliendo a flote la verdad, siempre dicha, siempre revelada, siempre negada, siempre ocultada, siempre temida de ser dicha, la evidencia de la cualificación de las estructuras del paramilitarismo como mecanismo de Estado en la Región, so pretexto de la lucha antisubversiva en una guerra cuya intensidad no va a terminar en el corto ni mediano plazo.

Ante sus despachos los hechos aquí brevemente descritos son el seguimiento a esa incursión militar.

En la actuación paramilitar, le expresaron a los retenidos respecto a la explotación maderera que se realiza en el Territorio Colectivo del Cacarica que: "No dejen que la Empresa explote, y antes que empiece a cortar, hagan acuerdos con ellos". Al mismo tiempo le solicitaron información sobre las zonas de cultivos de pan coger del Territorio de Vida, y sobre los demás pobladores de la Cuenca del Cacarica. Los armados en la estrategia paramilitar decidieron entonces convocar a una reunión para el siguiente día con la presencia de todos los pobladores que se encuentren en los alrededores de la zona.

La funcionaria estatal y los misioneros insisten en que se retiren del Territorio de Vida, como lo expresan las vallas. El llamado "Cristian" expresó: "leímos las vallas, ellas dicen todo, no venimos mirando al piso" El llamado "Tigre" dice si sabemos que estamos violando las normas pero esto es un camino"

Los uniformados y armados, rodearon entonces todo el asentamiento, vuelven a repetir a uno de los acompañantes de la iglesia católica que: "aquí nos quedamos gústele a quién le guste". El apodado "Cristian" expresó que necesitaban reunirse con la comunidad, exigencia a la que no se accedió. Reiteró que venían a quedarse, "traemos desarrollo a la Comunidad"(...) "la gente no tiene comida. Estar sembrando en conjunto no les da" (…) "es mejor que cada quien trabaje en su finca". Hablando fuertemente para ser escuchado por la Comunidad expresó que: "muévanse, cada quien en su finca les va mejor"(…) "Nosotros venimos a traer desarrollo" (...) "Cada quien se mueva a sus fincas (…) " No les vamos a hacer nada"(…) "Queremos es que trabajen"(…) "Nosotros damos la seguridad" Agregó que, "este es el bloque que se va a quedar en la región. Les presento a los comandantes , para que cuando los vean no se asusten", "no vamos a dejar esto solo, vamos a protegerlos, para que trabajen" "Nosotros no vamos a dejar esto solo". El civil armado que se encontraba vestido de camuflado apodado "El Tigre" afirmó: "No somos los de antes. Hemos recibido curso de derecho internacional humanitario con esta gente señalando con la mirada e indicando con la mano a "Cristian" (…) "Los cursos los hicimos con la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo". Insistieron en reunirse con la comunidad a lo que no se accedió pues de este modo se infringen los Principios y las Normas de la Comunidad.

Mientras se dispersaron por el Asentamiento, los armados preguntaron a la comunidad si existía o no tienda comunitaria, preguntaron por las entidades que entregan los alimentos, por el sistema de comunicación de los "gringos" – refiriéndose a Peace Brigades International-, por la cantidad de personas que habitan en "Esperanza en Dios", las razones por las cuales no trabajan en sus fincas, por la construcción de las viviendas, por la existencia de tienda comunitaria, quisieron comprar cigarrillos.

A través de comunicación de radio de alcance corto, el "Teniente" llamado "Cristian" dio la orden de concentrarse en la parte extrema derecha del Asentamiento. Minutos después, a eso de la 10:20 hora local se retiraron del caserío y se ubican a cinco minutos de la zona habitacional del Territorio de Vida. Allí permanecieron cocinando y bañándose en el río Peranchito hasta las 15: 05, hora en la que se movilizaron en dirección al Asentamiento "Nueva Vida"

Hacia las 16:00 horas, las menores de edad y el restante número de afrocolombianos retornados que se encontraban retenidos regresaron al Asentamiento "Esperanza en Dios"

• Domingo 10 de junio a las 6:20, a las 6:30 y a las 6: 40 hora local, se escuchó el sobrevuelo de un helicóptero sobre la zona de Bijao Cacarica, Asentamiento "Esperanza en Dios", muy distante del lugar donde se encontraban los 200 participantes del operativo militar en la estrategia paramilitar por tierra que en ese lapso de tiempo estaban merodeando el Asentamiento "Nueva Vida" en el sitio de construcción de vivienda.

* Lunes 11 entre las 10:20 hora local y las 15:30 hora local en el sitio conocido como La Tapa, que divide a los ríos Perancho y Peranchito, cinco pirañas de la Infantería de Marina y dos barcazas, realizaron operativos de control con la presencia de un hombre de civil vestido de uniforme militar de nombre Cornelio Maquilon, este civil reconocido integrante de los paramilitares, participó en la "Operación Génesis" de la Brigada XVII en febrero de 1.997, como auxiliar de la acción militar de desplazamiento.

A las 10: 25 hora local, dos embarcaciones de la comunidad, que cuentan con su respectiva identidad que los distingue como bienes de la población civil, fueron detenidas por unidades de la Infantería de Marina que se encontraban en dos pirañas – pangas militares con 2 motores de alta velocidad-. Los regulares que se encontraban en la primera piraña grabaron en formato video 8 a los integrantes de la comunidad y al misionero acompañante que se movilizó en la primera embarcación En esta se encontraba un civil vestido de militar e integrante de los grupos paramilitares de las "Autodefensas Campesinas", Cornelio Maquilon. A la solicitud de apagar la cámara los militares respondieron que lo hacían por que "después dicen que no hicimos nada, tenemos que mostrar que estuvimos aquí".

Minutos después la segunda embarcación comunitaria fue detenida en el puesto de control de las pirañas. Los armados realizaron preguntas sobre la ubicación de los Asentamientos, los habitantes, el papel de los misioneros, en el cuestionario se encuentraba presente el paramilitar Cornelio Maquilon. Uno de los integrantes de la Infantería de Marina preguntó por el nombre de uno de los misioneros que se encontraba respondiendo las preguntas de otro militar, su papel e identidad y su conocimiento de la región.

Más adelante a escasos 30 segundos una barcaza de la Infantería de Marina volvió a detener la primera embarcación de la comunidad, tomaron el bolso del misionero y loabrieron, lo hicieron ponerse de pie, quitarse el sombrero de paja y subirse la camisa. Luego de más de 15 minutos los dejan seguir, habiendo tomado nota de los documentos de identidad del acompañante y de los integrantes de la embarcación que se movilizaron en el lugar.

Mientras esto sucedió las dos pirañas que realizaron operaciones de control sobre la población civil se acercaron a la barcaza, desde ella un oficial de la Infantería de Marina le ordenó a Maquilon subirse a esa embarcación y meterse en su interior.

Hoy, pocos días después de los hechos aquí consignados, los pobladores retornados al Cacarica han sido testigas y testigos, que luego de 51 meses de los bombardeos y de los ametrallamientos, de los asesinatos y de las desapariciones forzosas, del refugio infructuoso buscado en Panamá y de la condición de desplazados en Turbo, no solamente las estructuras del paramilitarismo se mantienen como máquina de guerra contra la población sino que sus alcances sociales y políticos se han planteado en el nuevo escenario del Retorno, realizado en su totalidad hace escasos tres meses.

En lo militar, en la reciente incursión combinaron la presencia de unidades profesionales de la Brigada XVII, con nuevos jóvenes que han incorporado en sus filas a través de recientes reclutamientos en los municipios de Unguía, Necoclí, Turbo, Riosucio y manteniendo en el tiempo auxiliares de civiles armados que se han presentado en diversos escenarios como integrantes de las "Autodefensas Campesinas" como Vicente Muentes, o guías como Cornelio Maquilon, quiénes hace cuatro años y tres meses participaron en la "Operación Génesis" de la Brigada XVII. En el pasado las operaciones conjuntas de fuerzas militares y los civiles armados de las, en ese entonces "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá", tuvieron precisas diferenciaciones a través de la distribución de roles en la actuación, ahora lo han hecho del mismo modo, pero sin guardar mínimos de distancia, pues en la reciente incursión se mimetizaron para evitar la identificación.

Este hecho deja al descubierto, el estado de impunidad en que se encuentran los procesos, si es que alguna vez estuvieron abiertos y existieron por los hechos que originaron el desplazamiento y por sus responsables. Si los procesos y las investigaciones hubiesen sido exhaustivas, el entonces Presidente de la República ERNESTO SAMPER PIZANO, hubiese sido llamado por lo menos a declarar, lo mismo que Generales de alto rango; los fallos a favor por las acciones de tutela interpuestas por más de medio centenar de familias del Cacarica en 1.997 para propiciar el Retorno se hubiesen cumplido; las investigaciones por los más de 80 asesinados y desaparecidos en la etapa previa al desplazamiento y en el desplazamiento, hubieran avanzado y se habrían castigado a sus responsables directos e intelectuales, a los ejecutores y a quiénes han omitido en sus responsabilidades institucionales el haber hecho algo para evitar la persecución, el exterminio y el genocidio; la Unidad de Derechos Humanos en su momento podría haber dado respuesta a investigaciones de fondo, que hoy y mañana, seguirán siendo inexistentes, porque las víctimas del Cacarica y en general del Chocó, no tienen nombres ni existen, son una ficción en medio de la evidente barbarie desatada desde 1.996 a través de la estrategia paramilitar.

Hoy la incursión al Cacarica pone al descubierto que la justicia no existe en Colombia para la víctimas del desplazamiento forzoso, que los desplazadores y los victimarios, tienen la puerta abierta, el aval y la patente para seguirlo haciendo. Hoy la incursión al Cacarica deja nuevamente al descubierto que el Estado de Derecho se encuentra erosionado pues se comprueba desde, en los afectados y las víctimas de esta actuación, una distorsión estructural de lo regular militar, de la que decenas y centenas de mujeres y hombres solidarios de la vida religiosa de la iglesia católica da testimonio, que mujeres y hombres de la comunidad internacional que han visitado o estado en la comunidad dan fe, de personas de instituciones diversas que ante las evidencias pueden expresar lo mismo, en medio del temor de decirlo públicamente.

Hoy queda al descubierto nuevamente la necesidad de que las exigencias de las víctimas de ser reparadas integralmente, como lo indican los básicos comunes que ha ido siendo recopilado por la Sub Comisión de Prevención de Discriminación y Protección de Minorías de la ONU, sobre los Principios para la Protección mediante la lucha contra la impunidad, (08-91), aspecto sobre el cual las comunidades han exigido la Reparación Moral desde hace tres años pero nada ha sido respondido y sobre lo que no hay ninguna esperanza, pues la justicia en Colombia no existe. Las víctimas teniendo el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación, no lo han podido ejercer. Por esta razón, los efectos de la perversidad de la estrategia militar del paramilitarismo a través de esta incursión de terror adobada con el discurso del "Progreso", han hecho mella en la profundidad de la conciencia colectiva de la comunidad afrocolombiana del Cacarica.

La nueva incursión pone al descubierto la indefensión en que los pobladores en un territorio biodiverso se encuentran, ahora serán llamados a declarar, pues nuevamente la carga de la prueba recaerá en las víctimas, y cuando nada haya válido como sustento probatorio, todo quedará en archivos que se humedecerán y envejecerán en los archivos de oficinas fiscales; si los testigos se niegan a declarar, argumentaran que por la falta de colaboración no es posible hacer nada. Mientras tanto, los victimarios y sus artífices, con nombres falsos, con la idea que vestían "supuestos" uniformes oficiales, los que estuvieron y fueron vistos, los que se conocen y los que se desconocen pero planearon, argumentarán que no son del servicio activo, que no hubo oficiales, que los uniformes se pueden robar o adquirir clandestinamente, desvirtuando con su poder la verdad, haciendo que su mentira se convierta en"verdad", y su injusticia convertido en "justicia", ellos ahora serán las víctimas, tal vez de un plan siniestro de las comunidades, de sus acompañantes, de los grupos de solidaridad internacional de los USA o de Europa, fraguado en un territorio vedado para el Estado.

Hoy la incursión al Cacarica pone al descubierto, los intereses, las alianzas y el sentido social del paramilitarismo que nos ubica en la esfera del paraestado a través de las promesas e ideales de lo social basado en el "progreso" destructivo, involutivo, compulsivo, generador de nuevas formas de esclavitud y exclusión conforme a la ley del más fuerte, y de los performance de la Pax Romana. Los cultivos de hoja de coca promovidos por los armados -entre ellos militares- que participaroon en el operativo nos habla de algo más de fondo frente al Plan Colombia, es la doble moral, es el pragmatismo político, son los intereses en la guerra y la punta de lanza de los nuevos planes estratégicos del Siglo XXI, la extensión ganadera, los productos de exportación como la Palma africana, es el modelo de control en la globalización del mercado.

Hoy queda al descubierto que los informes de satisfacción expedidos desde algunas de sus oficinas, expresando que el Estado hizo todo lo que estaba al alcance, agregando que en el Cacarica no ha pasado nada, no son ciertos. Las afirmaciones de los áulicos oficiales, acaso esperaban una masacre para creer?. No quieren ver, lo que todos vieron, se niegan a aceptar que el operativo militar es de Estado, se niegan a creer o mejor a aceptar que se está tocando la vena aorta , el corazón y el pensamiento de un proceso de las víctimas del Estado. Se niegan a aceptar que se violó el territorio afrocolombiano, que su tierra y su vida no es la misma ahora, que la estrategia militar está pretendiendo desarrollar una estrategia social y política, que también es de muerte, de exclusión y de indignidad. Se niegan a aceptar que los campesinos adultos y tres menores de edad fueron retenidos obligadamente. Se niegan a comprendero mejor a aceptar que el Proyecto de Vida de las comunidades labrado en medio del hambre, de la zozobra y de la memoria de sus asesinados y sus desaparecidos, está siendo enfrentado a una aparato criminal, sin sentimientos sin sensibilidades de humanidad. El pasado quiere repetirse e imponerse inexorablemente sobre el Proyecto de Vida de las comunidades, y es un hecho que algunos se desplazaran, pues sus profundos sueños de retorno han sido destruidos en su totalidad, la tristeza y el terror se han internado, otros con tozudez y terca esperanza seguirán intentando sobrevivir y vivir con dignidad ante el proyecto total de unos. El ayer que se repite renovadamente está ahí gracias a miles de silencios y de complicidades, de omisiones y de participaciones del Estado en el diseño de la estrategia clandestina y encubierta del paramilitarismo.

La nueva incursión en el Cacarica deja al descubierto que los miedos y los temores inundan las esferas civiles institucionales cuando las víctimas y sus testigos se pronuncian, quiénes cumplen su deber entran a ser vistos en el círculo de los mentirosos, de los exagerados, y de los paranoicos, pues como muchos, han dicho desde fuera, la comunidad exagera, los acompañantes mienten y manipulan, así la verdad se ha convertido en mentira, solamente para que la falsedad salvaguarde lo que es intocable.

La nueva incursión en el Cacarica deja al descubierto que los destrozos y el arrasamiento forestal implementado por la empresa Maderas del Darién con la complicidad de las autoridades ambientales regionales y de los silencios de las autoridades nacionales, han propiciado que las comunidades retornadas en el Territorio Colectivo hayan quedado en estado de indefensión pues sus medios naturales de protección de la vida biológica de mujeres, de hombres, de menores de edad, han sido sustituidos por canales artificiales que propician la movilización rápida y el desembarco de los armados en la estrategia paramilitar con toda seguridad y tranquilidad sobre el río Atrato y los caseríos del Cacarica.

Hoy en sus despachos, dejamos nuevamente esta Constancia y nuestra expresión de Censura Moral, retomamos al Profeta Isaías, cuando decía: "Sordos, escuchen! Ciegos, miren y vean. ¡ Quién está ciego? Y Quién tan sordo? Quién es tan ciego y tan sordo? Por más que has visto, no has hecho caso; mucho abres las orejas pero no has oído ".

Esta es una nueva Constancia en sus despachos, de las muchas que hemos dejado en sus oficinas, dejamos también en conocimiento de la conciencia de la humanidad, que este escenario de terror no ha terminado, que aquí se consignan las expresiones de un primer momento de la infamia, la barbarie no va a parar, a pesar de sus nuevos mecanismos, los daños irreparables que se han causado en 51 meses en estas comunidad no fueron evitados, los crímenes de lesa humanidad siguen en la impunidad.

Dejamos esta constancia con el anuncio a ustedes de la continuación de la tragedia, que tendrá muertos con hambre y con bala, en un proyecto que le ha sido conculcado a las comunidades y se ha querido mostrar ante la humanidad como proyecto piloto de Retorno, a pesar que han sido y seguirán siendo las comunidades las gestoras de un proyecto de vida en medio de tanta muerte.

Nuestra profunda expresión de Censura Moral ante la continuidad de una estrategia militar, que ni siquiera guarda los mínimos reatos de distinción de lo criminal, de lo irregular y de lo distorsionado, expresión de la erosión del Estado de Derecho,

Con profunda conmoción ética,COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ - volver -

Bogotá, mayo 16 del 2001

Ref: Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Reciban un respetuoso saludo.

Dejamos en sus despachos nuestra Constancia Histórica y nuestra expresión de Censura Moral ante los nuevos hechos que evidencian nuevos daños irreparables contra la vida e integridad personal de pobladores de San José; las amenazas

expresan que las acciones de barbarie y de nuevos graves atentados por parte de las estructuras paramilitares se mantienen.

• El martes 17 de abril a las 3:14 p.m. un paramilitar vestido de civil, montado en una bicicleta y con arma corta, ordenó detener el vehículo de servicio público que se dirigía a San José de Apartadó. El paramilitar amenazó a los campesinos diciéndoles "vamos a seguir matando", hizo bajar a un campesino joven, le hizo levantar la camisa, lo interrogó sobre su lugar de residencia y de trabajo y luego de unos minutos le ordenó subirse al vehículo y al conductor continuar su marcha, luego de reiterar sus amenazas. Minutos después el mismo paramilitar junto con otro joven en bicicleta pasaron por el retén paramilitar del Barrio Mangolo sin que allí los requisaran.

• El viernes 20 de abril a las 16:30 horas, el vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó al casco urbano de San José fue detenido por cinco paramilitares que se encontraban vestidos de civil, portando algunos de ellos metralletas y armas cortas. Dos de ellos se movilizaban en un moto y los otros tres a pie. Los armados obligaron a retroceder el vehículo, ubicándolo a una distancia de 150 metros del retén militar. Luego uno de los paramilitares subió al vehículo y obligó a bajar a una menor de edad de 14 años y al campesino HUMBERTO MORA. HUMBERTO quien se encontraba con su hijo de 12 años de edad huyó, por entre algunas casas del barrio Mangolo, para intentar sobrevivir. Sus victimarios lograron alcanzarlo. Los demás campesinos que se encontraban en el chivero aprovecharon el momento para seguir rápidamente la marcha. Pocos minutos después, cuando pasaban frente al retén militar, escucharon varios sonidos de disparos. Horas después se supo que el cuerpo sin vida de HUMBERTO MORA estaba en la morgue de Apartadó con signos visibles de haber sido golpeado. Integrantes de la Fuerza Pública, al ser interrogados por los movimientos inusuales que se observaron, expresaron en el retén que lo ocurrido era un secuestro.

• El miércoles 3 de mayo el radio noticiero Caracol Noticias Urabá, divulgó las declaraciones del Dr. Gilberto Echeverry, ex ministro de Defensa en el gobierno de Ernesto Samper Pizano en el momento de la creación de la Comunidad de Paz, actual Comisionado de Paz de Antioquia. El Dr. Echeverry participó el 2 de mayo en una reunión en Apartadó, convocada por la Vicepresidencia de la República donde se iban a evaluar las Medidas Provisionales frente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otros aspectos de seguridad. El doctor Echeverry al respecto expresó:

"A ver aclaremos una cosa, no fue firma fue una autorización del Ministerio de Defensa prohijando la creación de la Comunidad de la región a solicitud de la diócesis y de los líderes de San José de Apartadó que querían tener una Comunidad de Paz. Yo hablé con ellos lamentablemente están muertos, les dije que una Comunidad de Paz siempre se justificaría mientras los actores del conflicto no necesitaran utilizar el área donde está la Comunidad porque cuando la guerra entra, si necesita pasar por ahí pasa y no respeta ni al Vaticano. Entonces hoy me da tristeza al ver lo que está ocurriendo pero yo creo que lo que necesitamos es armonizar el lenguaje que las ONGs, que en buena hora vinieron, entiendan que la institucionalidad del país nace en la célula municipal, que el alcalde y los concejales territorialmente son los responsables del orden público y del bienestar de las comunidades, que después siguen los gobernadores y la última instancia es el Presidente. Nos da tristeza que hayamos venido hoy desde Bogotá y Medellín personas a conversar y las comunidades.... se hayan negado a venir aduciendo que no estaban invitados pero a su vez en la misma carta decían que no venían porque no estaban convocados entonces cómo es esto? Es una contradicción. Yo creo que hay que buscar un lenguaje apropiado. Yo le he pedido a las Naciones Unidas que ayuden a que este lenguaje se armonice estamos con engranajes y tiempos distintos y si allá se habla en un tiempo y en el resto del territorio, en todo el entorno se habla con otro, si allá se tienen unas actitudes y en el resto del territorio otras ni los engranajes funcionan ni el tiempo es el mismo porque no nos vamos a poner de acuerdo"

En estas declaraciones se desconoce que dos de los tres campesinos que se reunieron a dialogar con el entonces ministro de defensa Echeverry están vivos, han logrado sobrevivir. Solo uno de ellos fue asesinado; se desconoce que desde ese tiempo hasta ahora nada sustancial ha sucedido y que las actuaciones irregulares se han cualificado contra la Comunidad de Paz, contra la población civil de San José de Apartadó. Nada ha sucedido salvo más asesinatos, más terror, nuevas formas de atentados, nuevas formas de terror, nuevas formas de su justificación, nuevos mecanismos de distorsión, nuevos medios de impunidad.

• El viernes 11 de mayo a las 13:30 horas militares que se encontraban en el retén ubicado en el barrio Mangolo, detuvieron a una campesina de la Comunidad de Paz que traía un mercado para la tienda comunitaria. Los uniformados le expresaron que llevaba mucha comida, que no iban a dejar pasar más. Ella expresó que no eran más que $ 574.000 pesos (U.S. 255 aproximadamente), "poco mercado para tanta necesidad y familia". Los militares le expresaron en tono amenazante que "nosotros no creemos en esa Comunidad de Paz, esa h.p. comunidad tenemos que acabarla. Esa Comunidad es guerrillera y tenemos que acabarla. Esa comida es para la guerrilla y eso se va a acabar".

En su conocimiento las actuaciones irregulares de los integrantes de la Brigada XVII, las evidentes omisiones y complicidades de sus integrantes en la actuación de los paramilitares, que continúan desarrollando su estrategia de atentados contra la población campesina a través de asesinatos, de amenazas, de bloqueos de alimentos, de restricción en la libre movilización.

En su conocimiento las nuevas interpretaciones equívocas frente a las decisiones de la Comunidad de Paz o sus acompañantes misioneros de inasistencia a la reunión del 2 de mayo convocada por la Vicepresidencia. Es claro que los argumentos expuestos no fueron presentados. En ningún momento se desconoce la institucionalidad sino que se comprende que una evaluación de las Medidas Provisionales, resueltas por la Corte Interamericana en Octubre del 2000, se realizan en otros escenarios como la Comisión Interamericana; se desconoce un pasado donde la Comunidad de Paz ha asistido por motivación propia a reuniones en el nivel local y regional siendo estigmatizada y acusada sin ninguna posibilidad de defensa ante tanta animadversión y ante las condiciones inequitativas de expresión; se desconocen las evidentes omisiones, participaciones y complicidades de las Fuerza Militares en los graves daños, de las familias y de la Comunidad en su conjunto y las secuelas hondas en el tejido social.

Dejamos constancia de la reiterada decisión de atentar contra la Comunidad de Paz, de terminar con el terror y por la fuerza de la barbarie con la población civil que participa de esta iniciativa de ejercicio de derechos en la guerra. Creemos que solo si la justicia hubiese operado contra los victimarios y a favor de las víctimas, si las estructuras del paramilitarismo hubieran sido erradicadas, se prevendrían nuevos daños irreparables contra la Comunidad.

Después de decenas de constancias y censuras morales, de reuniones con propuestas e iniciativas de la Comunidad de Paz, de los ya aproximadamente 85 asesinados en los más de 48 meses de surgimiento de esta Comunidad de Paz, de decenas de diálogos de delegaciones humanitarias, parlamentarias de Europa y Estados Unidos que dan fe de las propuestas de la Comunidad de Paz para ejercer su derecho como víctimas de la guerra, a la verdad, a la justicia y a la vida, no se ha logrado evitar nuevos daños irreparables, ha quedado al desnudo la erosión de nuestro estado de derecho.

Por eso hoy nuevamente apelamos a la conciencia de la humanidad a través de nuestra censura moral ante los signos evidentes de acabamiento del Estado de Derecho y de la imposibilidad de construcción de alternativas de vida en medio de la guerra. Esperamos que el principio de la verdad, de la justicia, pueda ser alguna vez rehecho y restituido ante este mar de impunidad y de anuncios de la destrucción de esta experiencia de la Comunidad de Paz.

COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ- volver -

Bogotá, abril 10 del 2001.

Ref: Comunidades del Cacarica

Reciban un respetuoso saludo.

El 28 de febrero culminó la tercera y última etapa de retorno de las comunidades del Cacarica luego de 96 meses de persistente, tozuda y terca decisión de las familias de sostener su proceso comunitario, a pesar de los asesinatos y desapariciones sufridas en este cuatrienio, de los hostigamientos y señalamientos, de la crisis humanitaria por los incumplimientos en materia alimentaria y salud, de las muertes ocurridas por la desnutrición, del inicio del retén paramilitar en Tumaradó desde el que anunciaron, durante un año, su ingreso a los asentamientos de retorno y desde donde se inició el bloque económico contra todos los habitantes de la zona, comunidades étnicas indígenas y afrocolombianos.

Hoy , cumplido un mes de culminado el retorno, los indicios de las amenazas de masacrar, no cumplidas en diciembre, se vuelven a repetir. A través de diversas fuentes reunidas en el casco urbano del municipio de Riosucio, en el corregimiento de Piedrecitas, municipio de Turbo y en el municipio de Unguía se conocieron versiones que expresan nuevamente el riesgo de daños irreparables y atentados contra las comunidades del Cacarica por parte de las estructuras paramilitares.

• El jueves 1 de marzo a las 15.00 horas, el teniente BALLEN se presentó a la Casa Misionera de nuestra Comisión en Turbo, vestido de civil en una moto sin placas, solicitando información a la misionera presente en el lugar, sobre los tres retornos del Cacarica, sin dar explicación del por qué requería dicha información.

• El lunes 5 de marzo en horas de la tarde, nuestra Comisión convocó a una reunión extraordinaria de la Sub Comisión de Protección de la Comisión Mixta de Verificación que acompaña a la Comunidad del Cacarica, pues se conoció una versión inicial de que existían problemas de orden público en la región, tanto para esta comunidad como para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, según expresó el Coronel CASTILLO en una comunicación escrita dirigida a Peace Brigades International (PBI), fechada el 2 de marzo. Nuestra Comisión solicitó vía telefónica, además, a la Vice Presidencia de la República y al Ministerio del Interior –Unidad de Derechos Humanos- se aclarara dicha situación, pues preocupaba altamente lo que pudiese ocurrir con la población de ambas comunidades.

• El Jueves 8 de marzo, en horas de la tarde, un grupo de desplazados procedió a encadenar la embarcación "Nueva Vida" de propiedad de nuestra Comisión, al servicio de la Comunidad en retorno al Cacarica que se encontraba en el Puerto de Turbo.

• El viernes 9 de marzo, al lado de este grupo de personas, cuatro integrantes de los paramilitares permanecieron custodiando la embarcación, mientras agentes de la Policía de Turbo desarrollaban su guardia normal.

• En la segunda quincena de febrero, dos milicianos de las FARC – EP, Frente 57, uno de ellos conocido por el apodo de "Chivirico", desertaron de sus filas y se dirigieron al casco urbano del municipio de Riosucio huyendo por uno de los afluentes del río Salaquí. Desde ese momento, los milicianos se incorporaron a los paramilitares de las "Autodefensas Campesinas" circulando por las calles principales del casco urbano de este municipio, y en todas las áreas del comercio a la vista de todas las autoridades, y transportándose en las pangas que navegan por el río Atrato.

Mientras se presentan indicios de una nueva ofensiva paraestatal diseñada para la región del Urabá y el Atrato a través de bloques militares, como están actuando en otras regiones del país, y la persecución en caliente como se realiza en las zonas fronterizas de Ecuador y Panamá, se verificó el desmonte temporal del retén paramilitar en Tumaradó y la planeación de una incursión militar a los asentamientos "Nueva Vida" y "Esperanza en Dios" .

• Desde el Martes 20 de marzo y hasta la fecha, diversos pobladores del bajo Atrato han observado la navegación más recurrente y pública de paramilitares desde Riosucio hasta el sitio conocido como El Cuarenta, al que se ingresa por el río Tumaradó, donde se encuentra una base paramilitar; desde Riosucio hasta Unguía y Santa María La Antigua del Darién; desde Riosucio a Pedeguita o desde Riosucio a Turbo o Necoclí, este último municipio centro de dirección y de operaciones, y desde Riosucio hasta Zapzurro donde existe una evidente presencia paramilitar y un centro de entrenamiento militar, como lo divulga un reciente informe de prensa del diario El Tiempo (01-04-01 p. 4) y en el pasado una entrevista televisada del telediario R.C.N (Octubre del 2000). En la navegación por el Atrato pobladores de las comunidades afrocolombianas, mestizos e indígenas han observado la presencia temporal de los paramilitares, y entre ellos los dos desertores, en el caserío de Puente América, comunidad del Territorio Colectivo de las comunidades del Cacarica y desde el que se controla el ingreso a los asentamientos de los retornados.

• Pobladores del caserío de Piedrecita, corregimiento de Turbo, Antioquia, informaron a nuestra Comisión, en la primera semana de marzo, que los paramilitares vienen realizando reuniones semanales desde febrero en este lugar, tratando de lograr que jóvenes y adultos ingresen a sus filas para participar en las acciones contra "la guerrilla en la población del Salaquí y El Cacarica" . Los paramilitares han cobrado a los habitantes de este lugar por la inasistencia a sus reuniones $ 10.000 (U.S $ 5).

• El viernes 23 de marzo nuestra Comisión conoció que integrantes de los grupos paramilitares que se encuentran asentados en el municipio de Riosucio, Chocó, en cabeza de un hombre llamado ALBERTO QUINCO, en diversas reuniones realizadas en el casco urbano están preparando una incursión a la cuenca del Cacarica.

Dejamos nuevamente en su conocimiento, la constatación de que, luego de cuatro años de desplazamiento forzoso y de cinco de inicio del desarrollo de la estrategia paramilitar en la región del Bajo Atrato, las estructuras generadoras del desplazamiento, las estructuras paraestatales, se mantienen incólumes. No solamente no han sido combatidas a pesar de ser conocidos los lugares de entrenamiento militar, las fincas desde las que se planean los atentados y las acciones criminales contra la población civil, los lugares desde los que se conceden citas y prolongadas entrevistas a medios de información nacional e internacional, y a personalidades del país; muchos de estos lugares, sino la totalidad, cuentan con cinturones de seguridad de las fuerzas regulares.

En la conflictividad de la región, que tiende a agravarse mucho más, las derrotas militares y las acciones lícitas de guerra según el Derecho Internacional Humanitario, tienden a ser "vengadas" en los pobladores a quiénes se les sigue mirando como auxiliares de la insurgencia de las FARC-EP; a quienes han ejercido el Derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación por ser víctimas de las políticas contrainsurgentes se les sigue interpretando en la guerra como brazo de los rebeldes, porque a pesar de su exigencias en el marco del Estado de Derecho, la respuesta ha sido la impunidad a sus desplazadores y a los criminales de más de 80 asesinados y desaparecidos; a quienes siguen construyendo su Proyecto de Vida en la guerra desde su identidad como población civil y en el principio de la Autodeterminación en el conflicto armado interno se les interpreta como base de la insurgencia a pesar que ellos permanentemente, frente a los Actores de la Guerra, a través de su organización y sus manifestaciones explícitas sostengan su identidad.

Por eso, los rumores y las informaciones que se han recaudado indican que los propósitos de daños irreparables contra la vida e integridad personal y comunitaria continúan latentes gracias a la ausencia de aplicación de las políticas de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, gracias a las omisiones de represión contra los paramilitares, gracias a la complicidad en todos los órdenes con sus actuaciones, gracias a la anuencia y aquiescencia en sus tácticas y estrategias por parte del Estado, gracias a la impunidad en que se encuentran los procesos por el desplazamiento y los que se adelantan por los asesinados y por los desaparecidos.

Dejamos nuestra Constancia frente a lo que se ve venir contra las Comunidades, nuestra expresión de Censura Moral ante la estrategia paraestatal que se mantendrá por la estructuras que la han concebido y la impunidad en que ella ha crecido, ante la ausencia de una política de paz que recoja las expresiones de la población civil que construyen sus propuestas de vida y dignidad evitando daños contra la vida e integridad de las personas y de las comunidades.

Con profunda preocupación, COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ- volver -

Bogotá, abril 6 del 2001.

Reciban un respetuoso saludo.

A pesar de nuestras permanentes constancias y censuras morales, en las que hemos consignado sucintamente una serie de hechos que, mirados en conjunto, muestran la sistematicidad con que se viene pretendiendo destruir la experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, los hostigamientos y la planeación de nuevos atentados siguen su curso.

Hoy dejamos nuevamente en su conocimiento las actuaciones militares que expresan la continuidad de la estrategia psicológica y la preparación de un próximo atentado irreparable contra sus integrantes, a través de la estrategia paramilitar.

• Lunes 26 de marzo: a lo largo del día, unidades militares de la Brigada XVII permanecieron en una finca ubicada a la espalda del casco urbano del corregimiento de San José, y que el pasado cinco (5) de marzo fue utilizada para la incursión y refugio de quienes mediante el método paramilitar intimidaron, incendiaron 13 viviendas y amenazaron a los habitantes de San José de Apartadó.

• Este mismo día, a las 20:30 horas, se escuchó un disparo de fusi;, veinte minutos más tarde, a las 20:50 horas, se escucharon varias ráfagas de ametralladoras y la explosión de una granada.

• Martes 27 en horas de la tarde: algunos campesinos fueron abordados por los militares quienes les expresaron que lo sucedido la noche anterior fue en el marco de un enfrentamiento.

• Miércoles 28: a las 16:00 horas, un grupo de paramilitares reunió a varios habitantes del barrio Policarpa, de Apartadó, les advirtieron que si encontraban muertos o escuchaban disparos no se asustaran ni se extrañaran pues era mientras "cuadraban bien el trabajito de acabar con San José de Apartadó". Los paramilitares expresaron que tenían una larga lista y que iban a hacer una masacre para "acabar con esa joda". Explicaron que estaban cuadrando con el ejército para que ellos se movieran un poco.

• Martes 3 de abril: a las 15:30 horas aproximadamente, dos paramilitares interceptaron en el barrio Mangolo, de Apartadó, el chinero - vehículo de servicio público -, que se dirigía del municipio de Apartadó al corregimiento de San José. Los paramilitares hicieron bajar a los pasajeros, les requisaron los mercados y los amenazaron con asesinarlos. En ese momento, dos soldados que iban vestidos de civil dialogaron con los paramilitares, luego hicieron subir al resto de pasajeros y al conductor diciéndoles que se fueran.

A pesar de nuestras apremiantes constancias, de la solidaridad nacional e internacional, de la presencia permanente de religiosos y religiosas, de las respuestas iniciales de las entidades de control, los hechos aquí consignados reiteran que las estructuras del paraestado no han sido desestructuradas o erradicadas. Los evidentes nexos de las fuerzas militares con actuaciones que distorsionan el sentido del Estado de Derecho, la secuencia en la combinación de la modalidad regular con la irregular manifiestan a todas luces la pretensión, no solo de producir daños irreparables contra la vida e integridad personal de los integrantes de la Comunidad, sino de arrasar para terminar con esta experiencia de la población civil en la guerra.

Nos resta solamente decir desde nuestra Censura Moral que la erosión del Estado de Derecho continúa siendo evidente, que los principios de ordenamiento de la sociedad en la Verdad y la Justicia han sido distorsionados, tergiversados y derruidos por el paramilitarismo y la impunidad en que sus actuaciones criminales se amparan.

Con esta constancia dejamos en su conocimiento los acontecimientos que nuevamente preconizan y, como un sino trágico anuncian bajo el terror en sus diversas formas, que no es posible la vida ni el ejercicio de la libertad de expresión, ni el derecho a afirmar los derechos de la población civil en la guerra, ni el derecho a la verdad y a la justicia.

En su conocimiento la nueva tragedia anunciada que puede ser evitada.

Con profunda preocupación, COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ- volver -

Bogotá, Marzo 08 del 2001

Reciban un respetuoso saludo.

A 18 días de conmemorarse los cuatro años del inicio de la primera experiencia de Comunidad de Paz, surgida como respuesta a la ofensiva contrainsurgente que a través de la estrategia paramilitar se desató sistemáticamente desde 1.996, San José de Apartadó vuelve a ser testigo y a la vez víctima, de una serie de acciones que han terminado con expresiones de saña, de odio visceral, de cinismo que evidencian nuevamente la erosión del Estado de Derecho y la inversión del principio básico de respeto a la dignidad de la persona humana y de los derechos de las comunidades a desarrollar estrategias de respeto a su vida en la guerra.

Se trata no solamente de excesos, no solo de equívocas actuaciones, no solo de omisiones, no solo de simples complicidades, no solo de profundos silencios en todos los órdenes y en todas las instancias, sino de un conjunto de expresiones fácticas y simbólicas que hablan de la sistematicidad y de la creación de estructuras criminales que urden mecanismos para ocultar sus responsabilidades, para tergiversar, para desviar, para intimidar y para sostener todo en absoluta impunidad, en absoluta falsedad y en absoluto "orden".

Las experiencias aquí descritas en esta Constancia, de las que damos fe, de las que hemos sido testigos, de las que hemos escuchado y podido corroborar, luego de largas horas de diálogo y de presencia al lado de mujeres y de hombres campesinos, significan que los propósitos, los planes y los proyectos de atentados y de aniquilamiento contra la experiencia de la Comunidad de Paz, no son una invención, no son una ficción sino una realidad cada vez más cercana. Esta decisión de aniquilar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó cuenta para su ejecución con el mecanismo expedito de la actuación paraestatal para que encubiertamente se nieguen y oculten las responsabilidades y los responsables. Estamos en el umbral del cinismo y de la esquizofrenia por lo que queremos expresar ante ustedes, reiteradamente, nuestra Censura Moral y nuestra Constancia Histórica.

• El lunes 5 de marzo, a las 19 horas y 55 minutos hora local, un comando armado conformado por entre 10 y 15 hombres, algunos de ellos con capuchas, vestidos de camuflados, con armas Galil y AK y algunas botellas de gasolina, ingresaron trotando y con sus armas empuñadas, por la única calle pavimentada del corregimiento de San José de Apartadó. Los armados provinieron de los alrededores de la finca del campesino ORLANDO HERRERA donde las Fuerzas Militares de la Brigada XVII se encontraban hasta las 18 horas y 30 minutos, de ese día, antes de dispersarse entre las pequeñas lomas de los alrededores de San José de Apartadó, mientras se realizaba la actuación de intimidación y terror de los armados.

Antes de la sangre anunciada por el Capitán IBARRA (25-02-01) vino el fuego que el mismo preconizó días anteriores. Como ha sucedido con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde el 23 de marzo de 1.997, todo lo anunciado por los militares en sus acciones legales y en las encubiertas se han ido cumpliendo. Lo que sucedió el 5 de marzo se veía venir. Las víctimas o sus acompañantes no saben ni el día ni la hora ni el método, lo único que va siendo cierto es que lo que se han propuesto hacer los victimarios, lo hacen sin guardar ningún recato, rompiendo todos los marcos de la legalidad, actuando sobreseguro. En esta ocasión varios hechos anunciaron lo que iba a suceder, trágicas coincidencias aparecieron.

• El martes 13 de febrero, a las 15.00 horas, aproximadamente a un kilometro del casco urbano de San José de Apartadó, dos integrantes de la Comunidad de Paz fueron interrogados por varios hombres armados y vestidos con prendas militares con identificaciones de unidades pertenecientes a la Brigada XVII. Los militares les preguntaron por su presencia en la platanera de la Comunidad de Paz, lugar de trabajo comunitario que se encuentra al lado del filo donde los militares suelen acampar y ejercer control.

• El sábado 17 de febrero, a las 15:00 horas, en el mismo lugar, la platanera de la Comunidad de Paz que se encuentra en la salida del casco urbano de San José de Apartadó, un exguerrillero de las FARC-EP, alias el "Visco" se encontraba con varios militares. El "Visco" saludo a los campesinos que lo reconocieron y les manifestó que estaban por ahí porque estaban planeando otra entrada a San José.

• El martes 20 de febrero, a las 9:30 horas, ANIBAL HOLGUIN, integrante de la Comunidad de Paz de camino entre el caserío de Mulatos hacia el casco urbano de San José de Apartadó fue detenido en el caserío de Buenos Aires hasta las 12:00 horas. En el lugar, ubicado a hora y media de San José, se encontraban aproximadamente 300 militares de la Contraguerrilla Nro. 35.

• El miércoles 21 de febrero, a las 11:40 hora local, en la vereda La Esperanza, Comunidad de Paz, unidades militares antiguerrilla, según se identificaron, provenientes del sitio conocido como La llorona, ubicado entre el municipio de Dabeiba y Mutatá, ingresaron a la comunidad. Minutos más tarde llegó otro grupo de militares que subieron del casco urbano de San José de Apartadó. En la vereda se encontraban varias mujeres, menores de edad, algunos hombres e integrantes del equipo misionero. Los militares se posesionaron del caserío y sus alrededores y agregaron que se encontraban allí en desarrollo de un operativo militar que se adelantaba en los caseríos de Las Nieves y Mulatos.

Los militares abandonaron la Comunidad de Paz a las 5:30 minutos del 22 de febrero.

• El domingo 25 de febrero hacia las 11:00 hora local fue detenido por tropas del ejército el poblador de San José de Apartadó ALBEIRO OSORNO en el sitio conocido como Chontalito, cuando se dirigía de la vereda Mulatos hacia San José.

• El 26 de febrero integrantes del ejército nacional ingresaron a la yuquera comunitaria de las mujeres viudas, les sustrajeron 120 palos de la cosecha.
• El 27 de febrero, a las 10:00 horas, el Capitán IBARRA, le manifestó a un integrante de la Comunidad de Paz que no estaba permitido el paso por los sitios donde ellos se encontraban, así como ellos no podían ingresar al casco urbano de la Comunidad de Paz. "Esto es una zona militar", afirmó el Capitán. El integrante de la Comunidad de Paz expresó su preocupación porque el lugar donde los militares se encontraban era una propiedad comunitaria. "Aquí nosotros dejamos las bestias y desarrollamos actividades productivas"
• El lunes 26, el martes 27 de febrero y el sábado 01 de marzo, durante varias ocasiones, militares vestidos de civil ingresaron a la Comunidad de Paz en el casco urbano de San José de Apartadó con la intención de hacer llamadas o buscado la compra de gaseosas en algunas de las tiendas que existen dentro del casco urbano.
• El mismo 5 de marzo en horas de la tarde, nuestra Comisión convocó a una reunión extraordinaria de la Sub Comisión de Protección de la Comisión Mixta de Verificación que acompaña a la Comunidad del Cacarica, pues se conoció una versión inicial de que existían problemas de orden público en la región, tanto para esta comunidad como para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, según expresó el Coronel CASTILLO en una comunicación escrita dirigida a Peace Brigades International (PBI), fechada el 2 de marzo. Nuestra Comisión solicitó vía telefónica, además, a la Vice Presidencia de la República y al Ministerio del Interior –Unidad de Derechos Humanos- se aclarara dicha situación, pues preocupaba altamente lo que pudiese ocurrir con la población de ambas comunidades.

Desde nuestra última Constancia y Censura Moral (02-02-01), dejada en sus despachos y conocida por la comunidad internacional, se presentaron diversas actuaciones de unidades militares de la Brigada XVII que ambientaron, anunciaron nuevos atentados y posibles daños irreparables contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Lo que sucedió demuestra que nada importa. Como lo han anunciado los victimarios: "a sangre y fuego". Ya vino el fuego, ahora se espera la sangre. Ustedes, máximas autoridades de nuestro país, lo han sabido, ahora nuevamente lo conocen, ¿qué puede esperar la población civil? ¿los más de 1200 campesinos que ahora forman parte de esta Comunidad de Paz, los pobladores de este corregimiento, deben esperar que la sentencia de los victimarios se cumpla? ¿Cuántos muertos más, cuántos desaparecidos más se requieren para que el Estado asuma de fondo sus responsabilidades?. ¿Cuántas censuras morales más se requieren para las estructuras criminales que han nacido al amparo del Estado sean abolidas?

Lo escrito más arriba, habla por sí mismo. La ilegitimidad y la ilegalidad se instauran como el principio del Estado, por ello nunca los victimarios serán juzgados, sancionados o castigados. Por eso las víctimas en los expedientes de los procesos de oficio, porque no se avanzará mucho más, aparecerán como responsables, pues no rindieron testimonios. Se olvidan de decir que esos testigos y esas víctimas, alguna vez creyeron en la justicia y esperaron que la justicia actuara pero nunca actúo. Se olvidan de decir que ellos colaboraron, rindieron sus testimonios, aportaron a la elaboración de retratos hablados pero requirieron que esas víctimas entregarán pruebas técnicas. Se olvidan de decir que ellos creyeron en la justicia pero la justicia no creyó en ellos.

A los victimarios, no les basta mentir sino hacer verosímil, hacer creíble. La mentira se hizo verdad, lo injusto se hizo justo. A sus artífices intelectuales, a sus cómplices, no les basta urdir en la oscuridad sino justificar en la "opinión pública" a través de falaces argumentos. Es por ser neutrales, es por ser guerrilleros o cómplices o auxiliares de la guerrilla, es por ser república independiente, es por negar a las autoridades, es por impedir que el ejército los acompañe, como si la amenazas, los hostigamientos, los señalamientos, el bloqueo económico y la muerte decidida desde estructuras encubiertas en el Estado pueda tener justificación alguna; como si la decisión de asumir un ejercicio civil de los derechos humanos y del derecho internacional de los derecho humanos, sea por sí mismo la expresión de la insurrección armada, de la rebelión y de la insubordinación, por lo cual, lo que no es cierto en ninguna condición, se válida la negación de la persona humana.

Los testimonios registrados en esta Constancia y Censura Moral, en sus elementos básicos y de fondo nos muestran el cinismo con que se actúa desde las unidades militares de la Brigada XVII. Parece increíble pero es la verdad, no hay el mínimo recato, se actúa así sin tapujos. El paramilitarismo es también la acción encubierta de agentes del Estado. Los mecanismos de control y de coerción son variados y se combinan en unidad de propósito. Desde el registro exhaustivo de nombres, desde el bloqueo de alimentos, desde las detenciones ilegales, desde el patrullaje en conjunto con sus antiguos enemigos, desde las amenazas, desde los anuncios hasta el destierro forzoso, la desaparición forzosa y la muerte. Desde la información oficial que se divulga a los medios de información, al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y en el exterior, donde se afirma falsamente que el problema de la Comunidad de Paz es que se niega al cumplimiento de los deberes constitucionales de la fuerza pública, lo que es absolutamente falso.

Lo que se ha exigido es justo, como lo expresa la constitución y la ley que obren en conformidad con el respeto a los derechos de los ciudadanos y se aplique con eficiencia la Política de Derechos Humanos del actual gobierno. Existe pues una distorsión de lo que se está construyendo en la Comunidad de Paz, una experiencia basada en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que como un mecanismo para no ser convertida en objetivo militar de las partes en confrontación, requiere que sus áreas de vida no cuenten con ningún tipo de presencia militar. Ese respeto exigido a unas cuantas áreas dentro del corregimiento, tiene delimitaciones claras con vallas visibles, que en ningún momento han negado el ejercicio de las acciones que puede o debe adelantar el Estado dentro de los marcos de legalidad y legitimidad que deben caracterizarlo, como Estado de Derecho.

El sentido ha sido recogido por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, quién al solicitar las medidas cautelares el 17 de diciembre de 1.997, además de la solicitud de justicia, expresó la necesidad de adoptar medidas "diferentes a medidas de protección personal y-o armada para preservar la vida e integridad personal de los integrantes de la comunidad" (...) "a asegurar que se respete la neutralidad de la comunidad".

En este mismo sentido, las resoluciones del 9 de Octubre y el 24 de Noviembre, del año pasado, respecto a las medidas provisionales, requieren al Estado colombiano que "dé participación a los peticionarios en la planificación e implementación de las medidas y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de las medidas provisionales que se hayan adoptado en cumplimiento de la misma".

Los mismos congresistas de los Estados Unidos, JAN SCHAKOWSKY y JIM Mc GOVERN en su reciente visita a San José de Apartadó (18-02-01), al escuchar la propuesta de la Comunidad de Paz percibieron con claridad el sentido de neutralidad de esta experiencia.

El único propósito de la Comunidad de Paz es evitar daños irreparables contra la vida e integridad personal a través de los principios de la neutralidad. A esta decisión se opone la irracionalidad y la lógica de la barbarie que cada vez gana más simpatizantes, dentro y fuera de nuestro país, a través de la desinformación que se está generando desde el nivel local y reeditado en el exterior.

Ya se ha dicho, ya lo han anunciado nuevamente, "necesitamos ese territorio solo". Es claro, la decisión de la Comunidad de Paz de no ser involucrada en la guerra ha tenido un altísimo costo, pues ella no ha decidido participar de las propuestas de acción contrainsurgente. Por el contrario, la Comunidad de Paz en su actuar y en su expresar ha dejado en evidencia la existente violación de los derechos humanos, en una región que se quiere mostrar como pacificada y en progreso; en una región en que las acciones militares de la insurgencia son "cobradas" en la población civil; en una región donde una postura de autonomía en la guerra en una localidad estratégica es interpretada como una ventaja militar para la insurgencia.

La realidad experimentada por las víctimas es muy distante de la expresada por los victimarios. El Estado de Derecho quiere mostrarse como de Derecho, pero los victimarios que se ocultan bajo esta formalidad creen que la violación de los derechos humanos de los pobladores de San José de Apartadó, ambientada, justificada y ejecutada, es en estricto sentido, loable, plausible, recomendable, legal y legítima.

Ante esta decisión de acabar a "sangre" con esta propuesta de vida en medio de la guerra, la Política gubernamental de Derechos Humanos, las manifestaciones en los marcos de la jurisprudencia de la Convención Americana, las recomendaciones de la Oficina de la Alta Delegada para los Derechos Humanos y los cientos de miles de gestos de solidaridad y de apoyo son fatuos y son una quimera ante las estructuras criminales del terror.

Hoy ante las cenizas del fuego anunciado no son suficientes las recomendaciones de la Comunidad Internacional a través de los sistemas de Naciones Unidas o del sistema regional de la OEA. No son suficientes las expresiones del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia. No son suficientes las Resoluciones de la Unión Europea. No son suficientes las expresiones recientes de dos parlamentarios de los Estados Unidos sobre la situación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. No son suficientes la solidaridad internacional y los referentes morales con acompañantes y observadores internacionales. No son suficientes los testimonios rendidos por la Comunidad de Paz ante la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación para allanar caminos de verdad y de justicia. No son suficientes las declaraciones de testigos ante la Procuraduría General de la Nación. No son suficientes los diálogos al más alto nivel con el responsable de la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Hoy ante la sangre anunciada que va a correr, esperamos que nuestra Constancia y Censura Moral, dejada en sus despachos, sea la última, para que en ejercicio de sus deberes constitucionales se evite que las actuaciones criminales del Estado puedan ser desarrolladas por quiénes las han anunciado.

En memoria de los asesinados y de los desaparecidos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, esfuerzo de la Vida en la guerra, de las viudas y de los huérfanos, de los nuevos sin techo y de los nuevos desplazados por la acción de represión, en nombre de la Vida, en nombre del Dios de la Vida, en nuestra profunda conmoción y expresión de Censura Moral ante el derruido Estado de Derecho: ¡!! cese el terror ¡!!

Sean testigas y testigos, la conciencia universal, las mujeres y hombres de buena voluntad que ante esta barbarie siguen expresando su indignidad y siguen buscando por doquier, la justicia y la verdad.

De toda consideración, COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ - volver -

Bogotá, febrero 05 del 2001

Reciban un respetuoso saludo.

A menos de un mes de conmemorarse los cuatro años del desplazamiento forzoso de los habitantes del Bajo Atrato Chocoano, entre otros los de la Cuenca del Cacarica, a raíz de la operación Génesis desplegada desde la Brigada XVII en coordinación, apoyo y participación de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas, en una acción militar sin precedentes en la región, que combinó un operativo por agua, por tierra y por aire con bombardeos indiscriminados, asesinatos y amenazas, las estructuras criminales que desarrollaron la sistemática e integral violación de los derechos humanos de comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas, se encuentran incólumes.

A los más de 80 asesinados y desaparecidos durante los meses de exilio interno, a la impunidad en que se encuentran estos crímenes y a la libertad que gozan los responsables del desplazamiento forzoso, a los incumplimientos humanitarios que golpean con crudeza a la población más vulnerable, le continúa acompañando una campaña de amenazas y de intimidación desde el caserío de Tumaradó, sin que desde hace 10 meses se hayan tomado medidas eficaces, prontas, oportunas para evitar nuevos daños y destrozos irreparables, se desmonte dicho retén y se realicen actuaciones de fondo en los centros de decisión en la región, desde los que se dirigen y planean los daños y atentados irreparables contra las comunidades, haciendas y lugares donde los victimarios, sin ningún reato, realizan decenas de entrevistas con periodistas nacionales e internacionales, encuentros con personalidades de la vida nacional, políticos, ganaderos sin que las autoridades hayan por lo menos, en lo que se conoce, realizado algún operativo tendiente a hacer cumplir las decisiones de algunos jueces.

Hoy nuevos hechos ocurridos en el retén de Tumaradó nos indican la actitud omisiva, permisiva, cuando no cómplice con los paramilitares que han iniciado nuevamente como hace más 55 meses el bloqueo económico a través de un control riguroso contra la población y sus bienes de comercialización, el impedimento a la libre circulación, la negación del derecho a la alimentación y al trabajo.

* El miércoles 27 de diciembre a primera hora de la mañana una embarcación tipo chalupa que transportaba rastras de madera canime y olleto de las comunidades indígenas, fue retenida por los paramilitares en el caserío de Tumaradó. Allí los hombres vestidos de civil y con armas cortas obligaron a los indígenas a entregar la carga, los detuvieron por varias horas, los amenazaron y les manifestaron que tampoco iban a dejar circular la cosecha de maíz. Los paramilitares les expresaron: "nada pueden entrar ni sacar sin nuestra autorización". Los acusaron de auxiliar a la guerrilla y les recordaron que ellos iban a entrar al Cacarica.

Ese mismo día en la tarde a un grupo de campesinos les quitaron varios de los productos de primera necesidad como aceite y sal, que transportaban de Turbo a sus veredas.

* Lunes 1 de enero: a la altura de Sautatá un remolcador de maderas del Darién es visto hacia las 15.30 horas aproximadamente arrastrando más de un centenar de tucas de Madera de cativo, al parecer extraído ilegal e irracionalmente de la vereda conocida como La Balsa, comunidad que se encuentra cobijada con los títulos colectivos de Comunidad Negra del Cacarica 70. Esta embarcación no fue detenida a su paso por Tumaradó a pesar de que los paramilitares allí se encontraban.

* El martes 2 de enero, una embarcación que salió con unas rastras de madera desde el Cacarica hacia Turbo fue detenida por los paramilitares en el retén que tienen en Tumaradó. A sus pasajeros, campesinos mestizos y algunos afrocolombianos, los detuvieron por varias horas y los señalaron afirmando que el producto era de la guerrilla. Luego de robarles la carga les dijeron que no iban a respetar la sacada de maíz si no contaban con su autorización; anunciaron que iban a entrar al Cacarica

* El jueves 11 de enero aproximadamente a las 6:00 horas, fue detenida por los paramilitares cuando seguía su ruta del Cacarica a Turbo una chalupa de campesinos de las comunidades negras. Al evitar el retén paramilitar, tres hombres armados de civil y con armas cortas se subieron a una panga rápida interceptaron la chalupa de los campesinos, obligándolos a regresar al caserío de Tumaradó. Allí les hicieron desembarcar algunos productos de pan coger y toda la madera de pino que llevaban. Hacia las 10:00 hora local, luego de haberlos interrogado, de intimidarlos, de acusarlos de ayudar a la guerrilla les dieron la orden de seguir su camino a Turbo.

* El domingo 21 de enero a eso de las 16:00 hora local estos mismos campesinos cuando regresaban al Cacarica fueron detenidos por más de una hora. Los paramilitares los volvieron a detener, los presionaron para que se devolvieran a Turbo porque ellos no respondían. Luego de amenazarlos y acusarlos les ordenaron seguir al Cacarica.

Entre los paramilitares que desde diciembre se encuentran en Tumaradó hay dos de tez negra, uno de nombre GILBERT y su hermano, otro apodado "Cepillo", y otro de nombre JOSE LUIS.

A pesar de la solicitud de las medidas cautelares de la O.E.A. desde febrero de 1997, de la conformación de una Comisión Mixta de Verificación desde abril de 1998 -con la participación de los organismos de Naciones Unidas, de observadores internacionales y de una embajada acreditada en nuestro país-, de decenas de reuniones al más alto nivel , de la firma de acuerdos entre el gobierno nacional y la comunidad del Cacarica (Dic-99), de las decenas de Constancias y Censuras Morales, no se han tomado las medidas de fondo que contempla la misma Política de Derechos Humanos del actual gobierno en uno de cuyos apartes reza: "la política nacional contra los grupos de Autodefensas es una Política de Estado. Se adelanta a partir de dos ejes complementarios: el primero, tendiente a combatir de manera directa y efectiva sus acciones y el segundo, de carácter disuasivo, dirigido al desmantelamiento de los factores que inciden en el surgimiento y desarrollo de tales grupos" p. 17.

Entre tanto continúa siendo evidente en la tensa conflictividad de la región, que las acciones criminales que desde hace cuatro años se realizaron por el Estado, como lo reconoció una funcionaria del gobierno en un foro público en Bogotá, amparadas en la "oscuridad" y la impunidad en que se encuentran los desplazadores y los victimarios han consolidado el desarrollo de las estructuras paraestatales durante estos 48 meses. Por eso hoy continúan los retenes en distintos puntos del Atrato, se desarrollan nuevos mecanismos de control y de restricción con la actuación de las mismas autoridades, se producen nuevas formas de bloqueo económico, nuevos mecanismos de señalamientos y de estigmatización de las comunidades, nuevas formas de perpetración de los crímenes, como lo muestran los atentados en Buenavista, Curvaradó (Enero 15), El Abierto, Caño Pedeguita (Enero 19) y Bella Flor Remacho (Enero 27), este último según un informe de la Personería Municipal. Los dos primeros hechos de los que se tiene mayor conocimiento expresan el cinismo con que los victimarios ejecutan sus crímenes, sin el mínimo de recato y de sensibilidad humana. Ahí está la manifiesta erosión del Estado de Derecho.

La novedosa ronda paramilitar en los límites del Bajo Atrato y Medio Atrato, aparece como menos grave aunque igualmente barbara pues se trata de matar o herir a quien sea, lo importante es el terror, la destrucción de las propuestas que las comunidades construyen. Ronda silenciosa, para que el terror ataje circularmente a las pequeñas comunidades, para que no se diga mucho, para que no se conozca la erosión del Estado de Derecho y su sustitución por el Paraestado.

A lo largo de estos 47 meses de desplazamiento, de un año de un retorno aún no culminado, es manifiesto que el derecho a la verdad y el derecho a la justicia han sido negados de fondo por la inoperancia de los aparatos de justicia, por las evidentes omisiones para enfrentar, combatir, indagar, perseguir, sancionar las responsabilidades institucionales estatales e individuales en el desplazamiento, en el bloqueo económico que le precedió, en los crímenes cometidos y los que aún se cometen. Justo por la ausencia de justicia, las omisiones, las complicidades, las articulaciones, las estructuras que así se crean, hoy los paramilitares alardean de sus crímenes, se jactan de su poder, se consolidan en sus bases de Necoclí, de Santa María, de San Pedro de Urabá, de Lomas Aisladas, del Tomate, de Valencia, de Mutatá, de Bajirá, de Zapzurro, de Santa Catalina.

Evidentemente nada habría ocurrido ni estaría ocurriendo si se hubiera impartido justicia, si el Estado hubiera adoptado con firme voluntad las mismas formulaciones que han plantean en las políticas de derechos humanos, si tal vez se hubieran acogido con voluntad las recomendaciones de la comunidad internacional, si se hubiera perseguido y desmontado el andamiaje irregular, paralelo inspirado en las Doctrinas de la Seguridad Nacional, todo esto sería distinto.

Ante ustedes nuestra expresión de Censura Moral ante los daños irreparables contra la vida de campesinos de la región, ante las amenazas existentes contra las comunidades del Cacarica conocidas por todos ustedes y ante las cuales nada absolutamente nada se ha hecho, pues las expresiones fácticas y verbales así lo expresan, los crímenes anunciados están por venir, se están preparando. Y esos signos, nos muestran las protuberantes omisiones con que el Estado está actuando, pues desde hace 10 meses, todo lo que se ha podido conocer del retén de Tumaradó es de su conocimiento, pero no hay acciones ni preventivas ni coercitivas, todo sigue igual y está en crescendo. Ahora no se argumenta la ausencia de presupuestos para enfrentar estas estructuras, se argumenta que los "vándalos" son muy hábiles, o se argumenta que no es posible asumir la responsabilidad. Todas las argumentaciones más que excusas expresan, no los temores sino, la voluntad omisiva que es una expresión de apoyo o de respaldo, de anuencia y de complacencia.

De toda consideración, COMISIÓN INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ - volver -

Bogotá, Febrero 2 del 2001

Reciban un respetuoso saludo.

Han sido innumerables nuestras apremiantes apelaciones éticas y morales con el fin de que se conozcan los graves daños irreparables contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que se pudieron haber evitado; han sido miles y miles de mujeres y hombres de buena voluntad de Colombia y del mundo quienes han abogado para que el Estado Colombiano asuma los compromisos suscritos con la Comunidad Internacional en materia de Derechos Humanos; han sido múltiples las intervenciones de los organismos de Naciones Unidas y del sistema interamericano para que el círculo de terror, de intimidación, de señalamientos, de masacres anunciadas, de mecanismos de impunidad acuñados en la preparación, en la ejecución y en la posterioridad de los crímenes, cesen.

A todos nos es evidente la profunda convicción con que los integrantes de esta experiencia campesina ha ido construyendo, a lo largo de ya casi cuatro años de existencia, una propuesta de paz en la guerra. Son más de 80 sus asesinados y desaparecidos, son tres las masacres colectivas sufridas en su existencia. Contra ellos se han experimentado innumerables formas de guerra psicológica, de guerra militar, de desinformación pública, de terror oficial.

A ellos se les sigue y se les seguirá concibiendo como subversión armada, a pesar de que la misma insurgencia armada haya manifestado a través de sus pintas, como lo observaron embajadores de diversos países el año pasado, en algunas zonas despobladas del corregimiento que, "nosotros - las FARC EP- sin la población también vivimos", para referir que ellos logran construir sus espacios políticos militares sin involucrar a la Comunidad de Paz. Pero más allá de estas manifestaciones, a todos es