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Constancias históricas sobre la situación de violencia del Urabá chocoano - Año 2000 (segundo semestre)

COMISIÓN INTERCONGREGACIONAL JUSTICIA Y PAZ

Un enfrentamiento entre unidades de la Policía de Turbo e integrantes de las "Autodefensas Campesinas", hubiese sido un signo del cumplimiento de la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que comprende el ataque a estos grupos, y de paso una manifestación precisa de mecanismos de prevención frente al actuar de las estructuras paraestatales contra la población. Sin embargo, esa verdad sigue siendo una quimera pues las prácticas oficiales contrastan con la verdad real, porque las verdades procesales no son la verdad real.

El sábado 24 junio en uno de los bares ubicados en la única calle céntrica de Turbo se encontraban tomando licor varios integrantes de los grupos paramilitares. En horas de la noche, aproximadamente a las 8:15 p.m., varios pobladores del municipio constatan que varios de ellos seguían en la misma actividad, con sus motocicletas y vehículos cerca del lugar. A eso de la 1:30 .a.m. del domingo 25 de junio, se escuchó una explosión y unos tiros. Posteriormente se inicia una movilización de motos por la vía principal desde el centro de Turbo hacia el corregimiento el Uno. Aparecen en otras motos, otro grupo de hombres armados. Algunos uniformados de policía, otros vestidos de civil con radios y armas cortas, otros semidesnudos, con pantalón y sin camisa, a eso de las 2:10 a.m. La totalidad de los armados venían del centro del municipio por dos caminos y se fueron encontrando cerca del Albergue Campesino "Unidos Retornaremos II", ubicado en el terreno de las Hermanas de la Madre Laura. Allí se escucharon unas detonaciones que dañaron una pequeña tienda del barrio, los disparos se produjeron a menos de 20 metros entre los hombres a moto y los que lo seguían. Se escucharon varias gritos y expresiones, entre los armados: "Pero qué es lo que pasa?" "Ya dejemos la cosa así". "Paremos la cosa". A los habitantes de los alrededores les expresaban: "apaguen las luces y tírense al suelo"

A pesar de un momento de calma, el enfrentamiento verbal siguió y los primeros, integrantes de los paramilitares que se observaron consumiendo licor, continuaron su camino y se ubicaron al lado del templo del Santo Ecce Homo, en un lote vacío, al lado del Albergue Campesino "Unidos Retornaremos" I. Allí se produjo otro intercambio de disparos, se activaron algunas luces de visibilidad nocturna y cesaron los disparos por cerca de dos horas. Hacia las 2:30 a.m. personal de la SIJIN y la policía mantenían un puesto de control en diagonal a la iglesia del "Santo Ecce Homo", quiénes manifestaron que se encontraban en un enfrentamiento con los paramilitares. Hacia las 3:35 a.m. se escuchó una nueva detonación pero mucho más lejos del templo del "Santo Ecce Homo". Posteriormente se escuchó el movimiento de una ambulancia. A eso de las 5:45 a.m. terminó la presencia policial cerca del templo del "Santo Ecce Homo" y todas las cosas quedaron "bajo control".

Los hechos no podían pasar desapercibidos entre los habitantes del municipio pues se trata de una situación poco usual los "enfrentamientos" entre las autoridades policiales y los paramilitares. La población que ha sufrido los graves atentados contra sus vidas y han experimentado los mecanismos de control en las zonas rural y urbana por parte de las estructuras paramilitares, desde hace cerca de 5 largos años, al lado de todo tipo de autoridades, con profundos silencios y con signos evidentes de complicidad, se extrañó por lo sucedido en la madrugada. Pero mucha más fue la sorpresa cuando se conocieron las informaciones en la radio comercial "Radio Net" y la prensa regional, "El Colombiano" y "El Mundo", basadas en declaraciones del comandante de la Policía de Urabá, JESUS ANTONIO GOMEZ MENDEZ. Según el oficial de la Policía, "lograron neutralizar a los paramilitares cuando se disponían a entrar al Albergue" (El Colombiano, 26-06-00 p.7ª) o la versión del diario "El Mundo" que dice: "El Comandante de la Policía Urabá, coronel JESUS ANTONIO GOMEZ, informó que un grupo paramilitar se encontraba en cercanías de Turbo, planeando una incursión armada contra un asentamiento donde presumían que había guerrilleros.

Según el coronel, la fuerza pública se enfrentó con los alzados en armas, resultando una motocicleta y dos patrullas de la policía, quemadas. Así mismo informaron que los paramilitares dejaron rastros de sangre, por lo que se presume llevaban varios de sus hombres heridos" (...) "De acuerdo con la información suministrada por las autoridades de esa región, los grupos paramilitares planeaban una masacre, hecho que fue detectado a tiempo por agentes de la ley, lográndose un despliegue en las principales vías que dió (sic) al traste con las pretenciones (sic) de los "paras", según se indicó el comandante de la Policía". (El Mundo, sección Sucesos. 26-06-00)

Al ubicar el hecho en el contexto local, no queda menos que expresar una serie de cuestionamientos profundos que permiten colegir que en ningún momento se trató de un atentado contra las comunidades desplazadas del Cacarica y que si así hubiese sido los dispositivos preventivos y de reacción demuestran que no hay unos mecanismos adecuados de la Policía.

Los paramilitares que se enfrentaron estuvieron consumiendo licor durante el día y la noche, por allí circularon agentes y unidades de policía en su acción rutinaria. ¿Por qué no actuaron antes de los hechos? ¿Si desconocían que eran paramilitares porque no realizaron cateos en el establecimiento público, pues, permanentemente se ha señalado la presencia paramilitar en Turbo en los establecimientos públicos? Todo el mundo lo sabe, y lo ve, ¿por qué las autoridades no han actuado, simplemente haciendo algún registro?. Se ha conocido por parte de sus despachos que se han presentado ingreso de hombres armados vestidos de civil, con armas cortas ocultas entre las camisas, y radios de comunicación al Coliseo donde se encuentra la Comunidad desplazada del Cacarica. ¿Por qué no hay una actuación efectiva de la Policía? Se ha dejado en conocimiento de sus oficinas la presencia paramilitar, las reuniones que realizan en la zona rural de Turbo, ¿Por qué no se ha actuado?. Siguen vestidos de camuflado entre los corregimientos El Dos y El Tres, ¿Qué operativos efectivos se han desarrollado? En las reacciones de la madrugada, ¿qué significa el diálogo a viva voz entre los enfrentados tratando de bajar la tensión? ¿Cómo interpretar el hecho? ¿Si se trataba de un atentado contra alguno de los Albergues, supongamos el I y el II, por qué, los perpetradores del supuesto atentado, cruzan por los lugares humanitarios sin siquiera abalear la parte exterior de los mismos? Para nadie que conoce los lugares humanitarios es un secreto la altísima vulnerabilidad de los mismos. Ante un eventual ataque armado, no se requiere derrumbar muros ni superar grandes obstáculos, mucho menos enfrentar a las unidades de policía pues irregularmente realizan el control. Por los retenes, ubicados a la entrada y a la salida de Turbo, cruzan cotidianamente los paramilitares y nunca se les requisa, en cambio de modo irregular, a otros vehículos particulares o de servicio público.

Por otro lado, este mecanismo de control policial se ubican a una distancia de los Albergues o el Coliseo que no enfrentarían un ataque armado, pues controlan solamente uno de los varios accesos a los lugares humanitarios, su localización es inadecuada para prevenir. ¿Qué papel cumplieron los retener ese día, el limitar el exceso de velocidad de los vehículos y motocicletas? ¿Cuál es la fundamentación para expresar que se trataba de un atentado contra la comunidad desplazada? ¿Cuáles son los indicios, las pruebas? Sí es así, ¿por qué nunca se han enfrentado a las estructuras paraestatales ubicadas en sedes a las que han acudido muchas personalidades del país, periodistas nacionales e internacionales? ¿Cuáles fueron las afirmaciones verdaderas del oficial de la Policía Urabá? ¿Son las que retoma el diario "El Mundo", en las que se señala que se trataba de un atentado contra un asentamiento contra el que se presumía había "guerrilleros"? ¿Quién hace la aseveración, el oficial de la Policía, el periodista? ¿Si fue el periodista, por qué no existe una rectificación solicitada por la Policía? Es acaso qué se sigue pensando que los desplazados son "guerrilleros"? ¿Qué pretende construir en la opinión nacional e internacional, las declaraciones policiales? ¿Decir que se está controlando, qué se está previniendo, qué se está actuando? ¿Pero acaso realmente se previno y se está previniendo? ¿Qué mensaje se pretende dejar, que si se operó con eficacia y que se han hecho grandes esfuerzos y qué efectivamente iba a ver una masacre? ¿Quiénes han sido capturados, detenidos, investigados por su responsabilidad intelectual y material? No se trata acaso de un frustrado grave atentado? ¿Qué hay detrás de este roce armado?

Dejamos esta constancia histórica que evidencia la impunidad con que las estructuras paramilitares permanecen en la región con la anuencia, complicidad y aquiescencia de las autoridades; la ineficacia de los mecanismos de prevención y de control para evitar graves daños irreparables contra la comunidad aún en situación de desplazamiento que se encuentra en Turbo, la utilización de la obligación de dar garantías a la comunidad desplazada para explicar otros hechos.

Expresamos nuestra profunda censura moral por el uso que se ha hecho de la comunidad desplazada del Cacarica para justificar y para ocultar, otras situaciones que se viven en las estructuras del paraestado. La mentira no se puede ocultar con mentira. Esperamos que algún día de la verdad de lo que sucedió sea conocido entre las filigranas de la mentira que se ha construido, y en las que se devela que el paramilitarismo de las "Autodefensas" están asentadas en Turbo sin que hayan acciones de Estado para enfrentarlas.

Con profunda preocupación, COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ- volver -

Mientras nos encontrábamos en nuestra Comisión redactando una nueva constancia histórica y censura moral por hechos recientes que involucran nuevamente actos de intimidación y de terror contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por parte de los grupos paramilitares e integrantes de la Brigada XVII, se producía hoy un nuevo daño irreparable contra la vida y la integridad física, personal y la libertad de sus integrantes que decidieron desde hace 40 meses mantenerse neutrales ante los actores armados. Nuevamente dejamos nuestra Constancia Histórica y nuestra Censura Moral.

Hoy sábado 8 de julio en los alrededores de la vereda de "La Unión", Comunidad de Paz de San José de Apartadó, varios integrantes del ejército estuvieron en sus alrededores. A las 3:00 p.m., aproximadamente 20 encapuchados ingresaron por el mismo lugar en que se encontraban los integrantes de las Fuerzas Militares mientras un helicóptero de la Brigada XVII sobrevolaba por el caserío. Los encapuchados entraron a la casa misionera destruyendo el teléfono de la comunidad. Luego ingresaron casa por casa y llevaron a sus habitantes al centro de la vereda. Allí les preguntaron por los líderes, la comunidad les respondió que todos eran líderes. Ustedes tienen tienda, preguntaron los encapuchados. La comunidad les respondió, no. Insistieron entonces en preguntar por los líderes. La comunidad afirmó que todos eran líderes, que su experiencia en Comunidad de Paz era la de ser neutrales y mantenían sus principios para defender la vida. Ante esto, los encapuchados expresaron que esa era "una comunidad de guerrilleros y no una Comunidad de Paz". Una de las religiosas de la iglesia católica les expresó a los encapuchados que ella era la acompañante y cuando daba testimonio de la neutralidad de la comunidad, algunos de ellos la tomaron por la fuerza y la arrojaron a un lado. Los victimarios entonces ordenaron a las mujeres y niños hacerse a un lado porque "si no vamos a matarlos". Los encapuchados procedieron entonces a fusilar el grupo de hombres con sus fusiles AK. Posteriormente amenazaron a toda la comunidad expresando: "tienen 20 días para desalojar toda la zona, porque esto lo vamos a acabar". Antes de salir de la vereda prendieron con fuego la casa comunitaria donde estaba el teléfono.

Inicialmente podemos afirmar que seis campesinos de la vereda "La Unión", integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre ellos varios de los coordinadores, fueron asesinados. Los campesinos son RIGOBERTO GUZMAN, ELODINO RIVERA, DIOFANOR CORREA, HUMBERTO SEPULVEDA,PEDRO ZAPATA, JAIME GUZMAN. De otros campesinos se desconoce su paradero. Mientras esto ocurría en "La Unión", en el camino que conduce de Apartadó a San José, algunos campesinos, fueron retenidos por el ejército. A dos de ellos los amenazaron y les dijeron: "vamos juntos y vamos a terminar con todo". Otro campesino WILLIAM ORTIZ fue detenido por el ejército mientras se dirigía en el camino que de Apartadó conduce a San José. En el operativo participó un hombre de civil de los grupos paramilitares. Horas más tarde el campesino fue puesto en libertad.

Las unidades militares que se encuentran en los alrededores del casco urbano San José de Apartadó manifestaron en varias ocasiones en la tarde de hoy que en el corregimiento se encuentra la guerrilla. Dos días antes de la masacre, a las 11:00 a.m. en una cacaotera de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó unidades militares dejaron dos granadas de fragmentación. Los campesinos que observaron esta actuación les solicitaron explicación por el hecho, a lo que estos respondieron manifestando que: "la Comunidad de Paz es una comunidad de guerrilleros. Vamos a ingresar con los paramilitares"

Ante este nuevo hecho de dolor vivido por la Comunidad de Paz de San José, las 63 familias de la vereda "La Unión" iniciarían un éxodo forzoso hacia el casco urbano del corregimiento. A esta hora existe preocupación por los habitantes de las veredas "La Esperanza" y "Arenas Altas" que son parte de la Comunidad de Paz

Dejamos ante la conciencia de la humanidad nuestra Constancia de lo sucedido y expresamos nuestra profunda censura moral ante la evidente consolidación de las estructuras paraestatales que han martirizado esta experiencia de vida en medio de la guerra.

Nuestros llamados desde febrero de 1.997, nuestras denuncias cuando las realizábamos, no fueron suficientes para que los organismos de control y las entidades de justicia actuaran con eficacia para hacer justicia, sancionar y castigar. La impunidad frente a los responsables del desplazamiento hace 40 meses, frente a los más de 70 torturados, asesinados y desaparecidos se convirtieron en causa profunda para que esta nueva masacre se produjera.

La aquiescencia, la complicidad, las omisiones en la actuación de la Brigada XVII nos permiten seguir expresando con profunda convicción que lo que existe son estructuras paraestatales, y que nadie, absolutamente nadie hizo lo que correspondía para prevenir estos nuevos atentados.

Como en la masacre del 19 de febrero pasado, los organismos de control y de justicia iniciarán "exhaustivas investigaciones" e indicarán que no hubo avances suficientes porque la comunidad no colaboró, porque los testigos de los hechos no declararon, porque nuestra Comisión no aportó las pruebas. Tal vez se olvida que en 12 años de nuestra existencia, muchos de los testigos de violaciones de derechos humanos fueron asesinados o se encuentran en el exilio; tal vez se olvida que la justicia se encubre en el manto de la justicia penal militar para evitar sus responsabilidades; tal vez se olvida que ni siquiera las Comisiones de Esclarecimiento creadas a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no han logrado romper los grandes obstáculos para que exista justicia en nuestro país.

Dejamos constancia que en sus despachos reposan numerosas Constancias y Censuras Morales antes de la masacre que vivió la Comunidad de Paz el 19 de febrero de este año. En estos escritos, como los que hemos redactado con posterioridad a la masacre del 19 de febrero les expresamos a ustedes, que todos los testimonios y experiencias vividas por pobladores del corregimiento entre febrero y junio, indicaban que se realizarían nuevos atentados contra la comunidad por parte de los paramilitares de las "Autodefensas Campesinas" en complicidad y apoyo de la Brigada XVII; que se iniciaron acciones psicológicas y amenazas contra la Comunidad de Paz anunciando la terminación de la experiencia cuando cumplieron sus tres años; que se estaban reclutando civiles en las filas paramilitares para acabar con la experiencia de la Comunidad de Paz y que para ella contaban con el apoyo logístico y médico de la Brigada XVII; que esta experiencia de neutralidad seguía siendo señalada por militares y paramilitares como experiencia de la insurgencia armada.

Dejamos constancia que las investigaciones adelantadas por los organismos de control y de justicia han argumentado sus nefastos resultados por falta de colaboración de la Comunidad de Paz y de nuestra Comisión, desconociendo que los testimonios en su momento brindados sobre otros hechos, no llevaron a ninguna sanción o castigo, dejando de lado que pueden acudir a otros procedimientos y técnicas, no basadas en el testimonio humano que se usa según convenga como elemento probatorio, olvidando que los responsables de este y otros hechos son visitados por periodistas nacionales e internacionales y personalidades de la vida nacional, quiénes seguramente pueden indicar, si es que falta ubicación, en que lugares se encuentran los responsables de estos hechos; que la Comunidad de Paz desde el 23 de marzo ha solicitado con carácter perentorio una cita con el alto gobierno, con el Vice Presidente de la República para dejar en su conocimiento las propuestas de protección de la Comunidad, enmarcadas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, cita que no ha sido concedida; que las medidas cautelares solicitadas al gobierno colombiano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han sido atendidas.

A todas y todos los colombianos, a los pueblos del mundo, a la comunidad internacional solo nos resta decir, que lo que está aquí dicho es lo que hemos visto, es lo que hemos vivido y de esto hemos sido testigos, religiosos y religiosas de la iglesia colombiana y de la iglesia del mundo. Esperamos que la verdad aquí escrita permita alguna vez allanar caminos para la justicia. Ante la evidencia de los hechos, la verdad de las víctimas y de quiénes hemos sido testigos de estas nuevas actuaciones, solo nos resta advertir que la mentira querrá ahora mostrarse como la verdad, que los victimarios y los responsables no fueron ellos, que fueron sus opositores armados; que lo aquí escrito son calumnias y mentiras contra las instituciones legítimamente constituidas.

Por todo lo hoy acontecido y todo lo que le antecedió, ante ustedes expresamos nuestra profunda Censura Moral.

Con profundo dolor ante el nuevo signo de la erosión de nuestro Estado de Derecho, COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ- volver -

Queremos dejar nuevamente constancia histórica y nuestra expresión de censura moral ante la barbarie experimentada en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, vereda "La Unión", que evidencia el desarrollo de una estrategia paraestatal, que solo es posible con la participación, anuencia, complicidad y omisión de las Fuerzas Militares.

Desde el jueves 6 de junio, testimonios de pobladores de la región, indican que integrantes de los paramilitares de la "Autodefensas campesinas" se movilizaron desde Currulao, pasaron por Riogrande y Mandarino, luego por la Balsa, de allí a Guineo Bajo para llegar al filo de la "Unión" y luego de allí hasta la Comunidad de Paz en la vereda "La Unión". Al mismo tiempo en el sitio conocido como "La Balsa", ubicado en la carretera que de Apartadó conduce a San José, se encontraban unidades militares, lo mismo que en los alrededores del territorio de la Comunidad de Paz en "La Unión".

Antes de la masacre cometida, el pasado sábado 8 de junio, campesinos observaron al lado de unidades militares, la presencia de un hombre llamado Ferney León, apodado "Alfredo" quién en el año anterior desertó de las FARC-EP, se entregó al Ejército y ha sido visto participando en diversos operativos militares. Posteriormente él y los otros hombres, antes de ingresar a la vereda se cubrieron con pasamontañas, con la pretensión de ocultar su identidad. Los encapuchados estaban vestidos con prendas militares y fusiles AK. Cuando entraron a la unión dijeron: "tenemos la orden de matar a los hombres de 20 a 40 años". Los victimarios fusilaron a los seis integrantes de la Comunidad de San José de Apartadó, habitantes de la vereda la Unión, descargando en sus cuerpos toda la munición.

Entre los victimarios, uno de ellos fue llamado como "Cordillera", que podría tratarse de un integrante de los paramilitares que ha participado en varias acciones con las Fuerzas Militares de la Brigada XVII. A otro de los encapuchados se le reconoció un ojo anormal. Los victimarios sustrajeron de una casa $ 300.000 (U$150) pertenecientes a la Comunidad de Paz. Mientras se cometían estos crímenes, un helicóptero militar sobrevolaba sobre el filo del caserío. Luego de terminar su criminal actuación los encapuchados regresaron por el mismo camino en que ingresaron y llegaron aproximadamente a las 4:15 p.m al sitio conocido como "La Balsa".

Algunos de los campesinos de los que se desconocía su paradero, quienes se ocultaron para defender su vida, regresaron horas después al territorio de la Comunidad de Paz en la vereda "La Unión" y al casco urbano de San José de Apartadó.

La Comunidad de Arenas Altas, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, retornada hace menos de un mes, ante los hechos y las amenazas por ustedes conocidas a través de nuestras constancias y censuras morales, se desplazó nuevamente al casco del corregimiento de San José de Apartadó. Cuando se conoció la noticia de la masacre, distintas entidades del Gobierno y de la Comunidad Internacional se comunicaron con las instancias militares. Todas las respuestas castrenses coincidieron en señalar que no se encontraban miembros del Ejército en el lugar del atentado y que dirigirían el Batallón Contra Guerrilla No 35, hasta la zona.

El domingo 9 de julio, aproximadamente a las 11:00 a.m arribaron en helicóptero a la vereda "La Unión ", funcionarios de la Fiscalía, Cuerpo Técnico de Investigaciones, Sijin de Apartadó, acompañados por personal militar de la Brigada XVII, estos últimos con la finalidad de proteger a los funcionarios estatales. Hacia las 3:00 p.m, luego de desarrollar los procedimientos técnicos, un primer grupo de los funcionarios se fueron; horas mas tarde, regresó un helicóptero por otro grupo de funcionarios judiciales, pero dejaron los cuerpos sin vida de los seis asesinados, sin llevarlos a medicina legal o autorizar su entierro. La Comunidad de Paz aguardó hasta horas de la noche la terminación del proceso legal para lograr enterrar a sus seres queridos. Mientras los funcionarios de la justicia tomaban las declaraciones, un oficial del Ejército de apellido Garzón, quien estaba atento a las expresiones de la Comunidad, manifestó: "¿Ustedes creen que el Ejército si participó? ¿Por qué dicen eso? ¿Quién dice eso?". Otro oficial de apellido "Soriano", a una de las acompañantes religiosas de nuestra Comisión, se le acercó y le dijo: "usted es la que está diciendo que nosotros somos responsables, y usted debe responder por ello". No hay mucho más que agregar, no es necesario decir mucho más; es la verdad de las víctimas, es la verdad de sus familias, de sus amigos y conocidos. Esa verdad real, esa verdad moral se enfrenta a la barbarie de sus victimarios, al terror del paramilitarismo y a la impunidad que carcomió a nuestro país.

Allí está expuesto y estará ante los ojos de la humanidad lo que ha sucedido con la única esperanza que aún a algunos nos queda, que la verdad sea conocida por el mundo y que alguna vez, en algún momento de nuestra historia, la conciencia de la humanidad, propicie un nuevo camino para que haya justicia y para que lo vivido hoy nunca vuelva a repetirse.

En sus despachos, nuevamente, nuestra censura moral ante el paraestado que destruyó los fines del Estado de Derecho.

Por tercera ocasión en los últimos siete días queremos dejar en sus despachos nuestra Constancia Histórica y nuestra profunda Censura Moral ante sus silencios y sus omisiones frente a las actuaciones y las responsabilidades de la Brigada XVII en la tragedia que ha vivido y que vive la primera experiencia de Comunidad de Paz en el corregimiento de San José de Apartadó.

Con el paso de los días son más contundentes las evidencias que verifican, ratifican y sustentan a la luz de la razón humana que las estructuras paraestatales se apoyan, sustentan y fundamentan en las fuerzas regulares como únicas responsables de la destrucción, persecución y asesinatos sistemáticos en la Comunidad de Paz. Como en el pasado su dinámica de terror se anuncia con la amenaza, se expresa en la intimidación, se recuerda en el acoso psicológico, se reestructura en la persecución y se llega al climax en la ejecución del crimen perfecto. Después de la muerte indigna, a sangre y fuego, el cinismo. Después de la muerte al justo, la mentira. Después de la muerte a los hombres de paz, la impunidad. Labrado el camino de la noche y la niebla, el cínico continúa su guerra, guerra sucia, guerra a los pobres. Hoy como ayer no cesan los atentados, las violaciones a la dignidad humana, la negación del derecho a la neutralidad, al ejercicio de ser población civil en medio de la guerra.

Ahora nuevamente dejamos a ustedes el conocimiento de los anuncios de los victimarios. Nadie podrá decir que no se supo, tampoco argumentar que no se podía evitar y mucho menos evadir sus responsabilidades.

El domingo 9 de julio al promediar el medio día, integrantes de la Brigada XVII, junto con integrantes de los grupos paramilitares hicieron presencia en la vereda La Linda, corregimiento de San José de Apartadó a hora y media del casco urbano. Entre los paramilitares se encontraba el desertor de las FARC - EP apodado "Alfredo", quién como expresamos en nuestra Constancia del 8 de julio participó en la masacre de 6 campesinos de la Comunidad de Paz en la vereda "La Unión". Al lado de las fuerzas militares se encontraba la exguerrillera Patricia y otro desertor apodado "Gerardo".

Los armados ingresaron a la casa del campesino MANUEL HERRERA saquearon la vivienda, hurtaron bienes familiares y a través de él amenazaron a toda la comunidad expresando: "vamos a seguir asesinando, ya no solo a bala como en La Unión sino que les vamos a mochar la cabeza".

Días antes de la masacre en La Unión el ejército ejercía control sobre los alrededores de la Comunidad de Paz tanto en la vereda como en el casco urbano del corregimiento. Con posterioridad a la masacre la presencia de militares y paramilitares se ha extendido a las veredas del corregimiento Bellavista, Mulatos, La Linda, La Cristalina, Buenos Aires, presionando, hostigando y robando los víveres de los campesinos.

Pero si esta situación es persistente y continua, desde hace 40 meses, estamos enfrente de una acción sistemática, de una estructura, de una política y de unos modelos de represión, afinados en la impunidad. Por eso no es de extrañar, los procedimientos y la descontextualización de las actuaciones judiciales. El Fiscal designado para asumir el caso, luego que el Fiscal de Apartadó tomará las primeras declaraciones a familiares y testigos, se presentó en el casco urbano de San José de Apartadó, el pasado miércoles 12 de julio a las 4:25 p.m., acompañado del Comandante de la Policía de Urabá JESUS ANTONIO GOMEZ MENDEZ, miembros del Cuerpo Técnicos de Investigaciones, de la SIJIN y de otros escoltas que se movilizaron en moto y con sus rostros semicubiertos con pañoletas oscuras. Al lado de ellos un civil tomaba con aparente discreción imágenes de San José de Apartadó.

Procedimientos e inicios inadecuados. Cualquier lector desprevenido percibe que la masacre ocurrió en la vereda La Unión del corregimiento de San José de Apartadó y no en el casco urbano de San José de Apartadó. ¿Por qué no se dirigió a La Unión? ¿Se desconoce que los perpetradores de la masacre entraron encapuchados, qué significa un operativo en la Comunidad de Paz con hombres armados y sus rostros semiocultos con pañoletas? ¿Por qué no se dirigieron actuaciones judiciales frente a los responsables de los hechos, que se ocultan tras prendas institucionales que les otorgan fueros especiales? Todo recae nuevamente en el círculo vicioso: lo fundamental son los testigos. ¿Pero por qué no se ha actuado frente a los victimarios que a pocas horas pueden ser tomados en flagrancia? Victimarios directos y cómplices, apoyos y ejecutores, en el mismo corregimiento intimidando y aterrorizando. Otros en compensación, de descanso. Otros en las guarniciones militares, tal vez, preparando la próxima incursión . ¿Por qué nunca los que hoy son desertores de la insurgencia armada han sido buscados en los archivos de las instalaciones militares o en los lugares en los que se evidencia en estrechos vínculos con los militares?

En esta cruda realidad, la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se derrumba. No hay acciones efectivas no hay voluntad para evitar nuevos atentados. ¿ De qué sirve un formal apoyo a las Comunidades de Paz en los documentos oficiales o su presentación internacional en el Plan Colombia, cuando esta experiencia primera de neutralidad en medio de la guerra, es cuestionada, estigmatizada y aniquilada por el mismo Estado?. ¿No es acaso un contrasentido?

Ante los nuevos anuncios de atentados contra la Comunidad de Paz no es suficiente decir: !Basta ya!. Es necesario decir que aquí no hubo garantías ni voluntad. Es evidente que hasta tanto los responsables directos e indirectos de tan graves atentados no sean destituidos, sancionados y castigados, todas las acciones son un artificio y serán motivo de juego y de risa. Ante la impunidad a lo que se ha llegado es al cinismo actitud última de nuestro erosionado Estado de Derecho.

Desde nuestra Constancia Histórica y Censura Moral esperamos que algún día la conciencia de la humanidad permita esclarecer y juzgar los silencios, las omisiones, las complicidades y las participaciones que posibilitaron y desarrollaron este nuevo genocidio, anunciado y nunca evitado. Si un nuevo daño irreparable contra la Comunidad de Paz se realiza la humanidad por lo menos sabrá quiénes son los responsables.

Nuevamente queremos dejar en su conocimiento signos que evidencian la actuación de grupos de paramilitares contra la población civil de la región del Cacarica y del inicio de recaudo de información para realizar una incursión en los Asentamientos de Retorno de las Comunidades del Cacarica.

Entre el 27 y 29 de junio, nuestra Comisión recibió información según la cual en el poblado de Tumaradó, ubicado sobre el río Atrato entre el sitio Palo Blanco y Sautatá, un grupo de hombres con armas cortas ubicaron un retén. En estos tres días las embarcaciones de habitantes del río Cirilo, del río Cacarica y del Río Perancho fueron detenidas. En una forma común de actuación frente a los pobladores, los 7 armados luego de preguntar por el lugar de origen y de trabajo, de identificar y de corroborar que eran de la región del Cacarica, les sustraían la madera para uso doméstico y las cargas de maíz. En algunos de estos casos, luego de intimidar a los campesinos, de acusarlos de estar con la guerrilla, los amenazaron diciendo: "sálganse de la zona que nos vamos a entrar" (…) "No vayan a volver que nos vamos a meter a los Asentamientos" (…)."No vuelvan, se los hemos advertido, sálganse que nos vamos a entrar y nada va a quedar". A otros pobladores les robaron las motosierras y les dijeron que iban a acabar en los próximos días con la guerrilla.

A raíz del control ejercido por los paramilitares y de las amenazas recibidas en la primera quincena de julio, las pocas familias que habitaban en el Cirilo abandonaron la región en pequeños cascos. Pobladores del Cirilo que no abandonaron la región del Cacarica expresaron a nuestra Comisión que a raíz de la presencia armada sobre el río Atrato en Tumaradó, las cerca de 15 familias que estaban sobre el río Cirilo habían huido hacia Turbo, Apartadó y Medellín. Al mismo tiempo señalaron que en Riosucio habían sufrido un control de alimentos.

Los paramilitares que se encuentran en Tumaradó ejercen control en horas del día, en una casa - sin paredes - ubicada en la cabecera del pueblo en la cual cuelgan varias hamacas. Algunos de ellos, luego de cumplir su jornada, se movilizan por agua hacia el sitio conocido como el Cuarenta y Leoncito, otros toman dirección al norte, Acandí o Santa María.

El sábado 15 de julio en horas de la tarde en el mismo poblado de Tumaradó, cinco campesinos que se dirigían en una embarcación de madera, tipo casco, hacia el río Perancho, Cacarica, fueron detenidos por cuatro paramilitares, dos negros y dos mestizos, quiénes les hicieron señales con sus armas cortas y en tono amenazante los hicieron acercarse a la orilla.

Luego de solicitar los documentos de identidad desarrollaron un interrogatorio que se prolongó por espacio de dos horas, mientras una mujer era consultada por los paramilitares acerca de la veracidad de las respuestas brindadas por los campesinos. Los paramilitares centraron su interrogatorio en uno de los campesinos.

Paramilitares (P): "Su cédula". Luego de mirar el documento le pregunta por un habitante del Cacarica, motorista de profesión, el campesino responde: "No lo conozco"

P: "Estamos cansados de decirle a la gente que no suba al Cacarica, no hay permiso de entrar allá". "¿Usted es desplazado?" //C: "No"

P: "Esos h.p desplazados son unos guerrilleros, lo que están es comiendo de balde estos h.p pasan por aquí orgullosos y ni siquiera paran aquí. En los Asentamientos lo que hay es guerrilla" (…) "El que no sea desplazado que no se meta con ellos y el que esté en eso que se salga"

P: "¿Cómo está la entrada a los asentamientos de los desplazados, donde están ubicados?" //C: "Yo no se, yo no me muevo por esos lados yo ando por otros caños y hace cinco años que salí de la zona"

P: "Toda esa zona la conozco. Yo fui guerrillero. Sabemos que hay dos asentamientos, uno como en La Raya y el otro en el Limón o en Vijao Cacarica. ¿Ustedes vienen a aserrar?" //C: "No."

P: "Se les ha dicho que se salgan hasta que controlemos la zona" //C: "¿Cuándo se podrá aserrar? ¿Hasta cuando va a durar la restricción para el paso de madera?"

P: "Hasta que dominemos la zona, antes nadie puede trabajar allí. Cuando controlemos ustedes ya pueden trabajar libremente, y trabajan con nosotros (...) ¿Usted cuando vuelve a bajar? //C: "En 4 días"

A los cinco campesinos se les permitió continuar su camino luego de que otro casco fuera obligado a detenerse. Mientras esto sucede con los campesinos, tal como lo hicimos en la constancia del 21 de junio, expresamos nuestra profunda preocupación por la explotación extensiva, comercial, indiscriminada e ilegal que la empresa Madarién continúa adelantando en el territorio titulado de las Comunidades del Cacarica, esta vez en la comunidad de La Balsita, con la complicidad de la autoridad ambiental CODECHOCO y sin que se hayan tomado medidas excepcionales por parte del Ministerio del Medio Ambiente.

El 28 de junio en el marco del Pre Encuentro Internacional convocado por las comunidades del Cacarica, delegados de Alemania, Gran Bretaña, Ecuador, México, investigadores nacionales e internacionales, comunidades indígenas y campesinas de otras regiones del país constataron, penetrando por el río Balsa, la construcción de dos canales artificiales de grandes longitudes para el transporte de madera y a 500 metros del caserío La Balsa, la presencia de un remolcador, una casa flotante y una paladraga con la inscripción "Maderas del Darién". Más arriba a 400 metros se observó un bongo con la misma inscripción "Madarién" y a 300 metros del caserío, el río estaba totalmente obstruido por más de 250 trozas de Cativo sostenidas por cables para ser remolcadas. Sobre el caserío se observó un grupo de trabajadores halando del bosque aserrado, con máquinas, varios troncos de madera. El 30 de junio parlamentarios de Gran Bretaña hicieron el mismo recorrido y observaron la misma situación con la diferencia de que las tucas de madera se empezaban a movilizar hacia el río Atrato.

En observaciones realizadas recientemente se constató el arrasamiento y la deforestación en el caño La Balsa, la circulación de estos árboles convertidos en tucas, a través del río Atrato cruzando por Tumaradó y atravesando por la desembocadura del León, sin que se conozca que el retén paramilitar les haya detenido. Al parecer desde la última semana de julio se ha trasladado la maquinaria de la empresa Maderas del Darién de la vereda La Balsa a La Balsita. Debido a la destrucción que se ha hecho con anterioridad del territorio, los cortes que se están realizando son rápidos; se prevé que los cortes en el corto plazo se realizarían saliendo de La Balsita hacia las cabeceras de los ríos La Raya, Balsagira, Bochica, lugares en que se encuentran manchas de Cativo, así como, en el entorno del Asentamiento "Nueva Vida", río Perancho.

Todo este aprovechamiento irracional está cobijado por Codechocó a través de la Resolución 1480 del 9 diciembre del 99, expedida tres meses después de que esta misma entidad hubiera expedido la resolución No. 1180 mediante la cual se suspende el corte y la circulación de madera extraída del Territorio Colectivo del Cacarica. La Resolución 1480 contempla los puntos cardinales de aprovechamiento que coinciden, con excepción de un punto, con todo el Territorio Colectivo otorgado a las comunidades con Resolución No. 00841 del 2 de abril de 1.999. Por otro lado, en Bahía Cupica, Hacienda "El Cacique", las familias repatriadas de Panamá y que forman parte del proceso de retorno al Cacarica han sido afectadas, intimidadas y algunos de sus integrantes se encuentran en una lista de los grupos paramilitares.

El 27 de junio a las 11:00 a.m. aproximadamente, mientras la comunidad se encontraba en la repartición de comida, seis integrantes de los grupos paramilitares estuvieron presentes en los alrededores del río por espacio de media hora. Días más tarde, el 5 de julio, aproximadamente a las 7:00 a.m. un grupo de paramilitares se encontraban en el sitio conocido como La Pista en Bahía Cupica. Los hombres, alrededor de 20, armados y con distintivos que los identificaban como integrantes de las "Autodefensas Campesinas", reunieron a varios campesinos de Cupica, a quiénes lista en mano amenazaron con ingresar al corregimiento y a la Hacienda "El Cacique".

Los hechos aquí descritos sobre los que dejamos Constancia permiten expresar nuestra indignación a través de esta Censura Moral. Es evidente que las estructuras que generaron el desplazamiento forzoso de la población del Cacarica se han mantenido durante todos estos años gracias a que los responsables de las acciones conjuntas de fuerzas oficiales y sus grupos paraoficiales no han sido investigados, sancionados ni castigados accediendo a la justicia. El estado de impunidad en que se amparan los desplazadores y los victimarios de más de 70 asesinados y desaparecidos ha permitido la perpetuación de las estructuras criminales. Los paramilitares de las "Autodefensas Campesinas" que guiaron a las fuerzas oficiales en el territorio del Cacarica en el año 1.997, caminan por las calles de Turbo, se movilizan desde Turbo a Riosucio sin que institución estatal actúe. Omisión, silencio, complicidad, aval. Presencia paramilitar, todavía persistente, entre los sitios conocidos como El Dos y El Tres que impidieron en la situación de desplazamiento el desarrollo a plenitud del autoabastecimiento de la comunidad a través de la recolección de sus cosechas y nuevas siembras.

El retén existente en Tumaradó es un nuevo mecanismo a través del cual se busca información precisa sobre la localización del Territorio de Vida de las Comunidades de Retorno al Cacarica para actuar sobre seguro, se intimida y amenaza nuevamente para iniciar el desplazamiento, se envía el mensaje para aterrorizar. Al inicio del año fue el "Informe de Inteligencia" que aludía a las Comunidades Organizadas de la región como instrumento de la oposición armada, "Informe" filtrado a través de un mass media estigmatizando y ambientando un sentido negativo de las comunidades organizadas en ejercicio de sus derechos; después fue la filmación y el interrogatorio de las propias fuerzas militares el 26 de febrero, en el sitio conocido como La Tapa, Cacarica y ahora es el control que se ejerce sobre Tumaradó con abusos y violación de los derechos de la población civil.

Dejamos Constancia Histórica del inicio de la preparación de un posible nuevo atentado contra las Comunidades en retorno al Cacarica y de la continuación de llamadas con amenazas contra un integrante de nuestra Comisión en la oficina de trabajo.

Dejamos constancia acerca del conocimiento que Uds. han tenido de tiempo atrás de la presencia de paramilitares entre Bahía Cupica y Bahía Solano, de las acciones que han atentado contra pobladores de la región y ahora de las amenazas que existen contra integrantes de la comunidad repatriada que se encuentra en Cacique.

Dejamos Constancia Histórica de la persistente deforestación irracional que adelanta la empresa Madarién, ya no en La Balsa sino en una nueva porción del Territorio Colectivo del Cacarica, La Balsita; es claro que esta destrucción cuenta con la autorización de las autoridades ambientales regionales como CODECHOCO, que a todas luces desconoce los derechos colectivos, privilegiando los intereses de la empresa privada, a través de formas como testaferrato con los que se quiere sustentar la legalidad de la deforestación y con los mecanismos sancionatorios, mecanismos todos que desconocen a las autoridades comunitarias y ancestrales. A pesar de las Denuncias presentadas por la Comunidad, de nuestras Constancias y Censuras Morales, de los llamados de la Comunidad Internacional y salvo los esfuerzos de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, no se tomaron las medidas excepcionales que evitaran y eviten graves destrozos del Territorio Natural del Cacarica.

Ante sus despachos dejamos nuestra expresión de Censura Moral frente a los signos de erosión del Estado de Derecho, las omisiones y las actuaciones frente a la consolidación de las estructuras paraestatales, las amenazas frente a las comunidades ya retornadas, la violación de los derechos colectivos de las comunidades por el corte irracional de sus árboles maderables.

Con profunda preocupación,COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ - volver -

En nombre de las congregaciones religiosas que conforman nuestra Comisión, de lo que hemos sido testigos, de lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han escuchado, lo que nuestro tacto ha tocado, lo que nuestro corazón ha escuchado, lo que nuestra razón humana ha comprendido en el prisma de lo construido por la conciencia de la humanidad para diferenciar al Estado de Derecho de la barbarie, queremos dejar nuevamente en sus despachos, nuestra Constancia Histórica y Censura Moral.

Hoy 84 días después de la masacre acontecida en la vereda La Unión, (8 de julio) Comunidad de Paz de San José de Apartadó en la que fueron asesinados extrajudicialmente seis de sus integrantes RIGOBERTO GUZMAN, JAIME GUZMAN, PEDRO ZAPATA, LEODINO ZAPATA, ANTONIO SEPULVEDA y DIAFANOR DIAZ CORREA, en una actuación militar encubierta, en medio de un clima creciente de tensión y confrontación militar se han generalizado las ambientaciones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, contra nuestra Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y otros organismos de derechos humanos, se ha iniciado nuevamente una etapa de presión, persecución, hostigamientos, retenes militares y paramilitares, atentados contra la vida - torturas, asesinatos, desapariciones forzadas.

Todos estos hechos se han producido en medio de nuestro silencio, esperando tal vez, que sin nuestra palabra, se hubiesen realizado actuaciones de fondo, prontas y efectivas, de ustedes las máximas autoridades del Estado. En nuestro silencio de tres meses hemos sido testigos y hemos observado como la población civil, los campesinos del corregimiento de San José de Apartadó continúan siendo objetivo de las estructuras paramilitares en sus diversas formas.

Nuevas desapariciones y asesinatos se han producido, luego de la masacre del 8 de julio.

* FREDY MAZO, joven de aproximadamente 18 años, en horas de la noche del domingo 16 de julio fue sacado del corregimiento de San José de Apartadó. Su cuerpo apareció en los alrededores con signos visibles de haber sido macheteado. En la carretera que conduce del municipio de Apartadó hacia el corregimiento de San José, al terminar el barrio Mangolo, se encuentra una platanera, lugar escogido por 5 paramilitares, entre ellos una mujer para realizar retenes y atentados contra la vida de pobladores del corregimiento. Los paramilitares se ocultan entre las plataneras y al observar el movimiento de sus vehículos salen para obligarlos a detener su marcha. Luego escogen a sus víctimas, amenazan a los testigos y se vuelven a ocultar. En algunas ocasiones, las víctimas han sido escogidas, luego de ser vistas por dos paramilitares que se movilizan en moto desde el barrio La Chinita hasta el barrio El Mangolo.

* El viernes 25 de agosto aproximadamente a las 3:20 p.m. en ese lugar el vehículo de servicio público que se dirigía hacia San José de Apartadó fue obligado a detener su marcha. Del automotor fue obligado a bajarse al campesino IGNACIO ARENAS, por cuatro hombres armados y una mujer, quiénes lo requisaron, lo despojaron de su mercado, y luego le impidieron volver a subirse. Los hombres se identificaron como miembros de los paramilitares de las "Autodefensas Campesinas". A pesar de la protesta de los demás pasajeros, IGNACIO fue llevado por los paramilitares. Antes de retirarse, los paramilitares amenazaron a los demás advirtiendo que: "si se atreven a contar en San José, los vamos a matar a todos gran h. p.". A eso de las 4:20 p.m. otro grupo de campesinos que se dirigía hacia Apartadó observaron en la orilla de la carretera el cadáver del poblador con un tiro en la cabeza.

* El martes 19 de septiembre a la 1:45 p.m. en el mismo lugar, un grupo de cinco paramilitares vestidos de civil y armados, junto con una mujer, interceptan un vehículo de servicio público obligando a bajarse al campesino LUIS ENRIQUE USUGA. El joven de 26 años fue obligado a bajarse del campero, despojado de su mercado de víveres. Su cuerpo sin vida apareció en el barrio La Chinita de Apartadó. El cadáver fue entregado por medicina legal el 22 de septiembre en horas de la mañana, presentaba dos tiros, uno en la cabeza y otro en la espalda

* El viernes 22 de septiembre, en el mismo lugar, a las 5.00 p.m los paramilitares obligar a bajarse del chivero -vehículo de servicio público- a MIGUEL DOMICO BAILARIN, indígena de la Comunidad de Las Playas. A MIGUEL le preguntaron que llevaba, al responder que el mercado, lo obligaron a bajarse con los víveres. El indígena intento subirse nuevamente al chivero en medio de la protesta de los demás integrantes de la comunidad que lo acompañaban, quiénes fueron golpeados por los paramilitares. Al final estos se lo llevaron. El cuerpo del indígena apareció en la Finca El Bajo del Oso con un tiro en su cuerpo. Al lado del cadáver del indígena se encontró, el cuerpo sin vida de una mujer que también fue retenida en el retén paramilitar del barrio Mangolo, el mismo 22 de septiembre, aproximadamente a las 6.00 p.m. Se trata de una mujer que ese viernes era transportada herida en un campero del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, organismos que se encontraba en cumplimiento de una labor humanitaria. Aunque en un primer momento se desconocía la identidad de la mujer, de acuerdo con el diario El Tiempo de Bogotá (Sept. 29 p 1-10 ) basado en comunicado el CICR, el hecho es atribuido a los grupos paramilitares de las "Autodefensas Campesinas" y se trataba de una combatiente herida de bala en zona rural de dicha localidad". Agrega sobre el mismo hecho el diario El Colombiano (Sept. 29 p 7-A) que la mujer, una guerrillera herida "los delegados estaban realizando la evacuación cuando su vehículo fue interceptado por tres miembros de las AUC. A pesar de la oposición del CICR que durante una hora negoció intentando salvaguardar la vida de la persona evacuada, los tres hombres la sacaron del vehículo y obligaron a los delegados a abandonar el lugar".

* El sábado 23 de septiembre a las 9:00 a.m., esta vez seis personas, cinco hombres y una mujer de civil, todos con armas cortas, saltan de la platanera y detienen el paso de varios vehículos que se dirigen hacia San José y otro en dirección a Apartadó. Uno de ellos es de servicio público de pasajeros, uno de transporte gaseosa, otro de transporte de pan y de enlatados de atún. A todos los pasajeros y conductores los obligaron a bajarse y tirarse al suelo. Posteriormente obligaron a presentar a todos los documentos de identidad para llevarlas al "Patrón". Los paramilitares iban confrontando cada documento de identidad con una lista que tenían en su poder. Los paramilitares llamaron entonces a RODRIGO GONZALES, integrante de la Comunidad de Paz de San José a quién apartaron de los demás diciéndole: "Usted se queda con nosotros". A todos los campesinos les amenazaron expresando: "quien traiga una caja de panela y una paca de arroz, se va a quedar muerto. Así lo hicimos ayer con el indígena y lo vamos hacer con todos". Al señor LUIS ENRIQUE DAVID le preguntaron por varias personas quién manifestó desconocerlos. Entonces uno de los paramilitares lo amenaza: "si no dice nada, lo mato". A eso de las 9.30 a.m. otro campero que cubre la ruta entre Apartadó y San José de Apartadó es detenido, sus pasajeros son encañonados, entre ellos se encontraba una religiosa de una congregación de la iglesia católica. Pocos minutos después, dos informantes de los paramilitares se acercaron corriendo diciéndole a los que se encontraban en el retén que huyeran que venían unos agentes de policía. Los informantes minutos antes atravesaron el retén policial que se encuentra a menos de 100 metros del retén paramilitar. Fue entonces cuando los paramilitares se ocultaron nuevamente entre la platanera.

·* Sábado 23 de septiembre, aproximadamente a las 7:30 p.m., a 15 minutos del casco urbano de San José de Apartadó, seis hombres armados ingresaron a la casa de LUZ ANALIA ARENAS ROMAN, 20 años de edad; HERNANDO ARENAS, 18 años de edad; y DUVER ANTONIO ROMAN, 15 años de edad, fueron sacados de allí. Horas más tarde se conoció que fueron asesinados con tiros en sus cabezas. Esta dinámica de atentados contra la vida de pobladores del corregimiento de San José, de amenazas e intimidaciones ha estado acompañada desde la masacre del 8 de julio, por ejercicios de control excesivos, presiones, ambientaciones y expresiones negativas contra la experiencia de la Comunidad de Paz, recolección de información sobre los compradores de alimentos, que coincidencialmente aparecen con posterioridad en las listas de los paramilitares, cuando estos actúan con objetivos seguros y no indiscriminados.

* Entre el 9 y 15 de julio pobladores del corregimiento de San José de Apartadó, testimonian que en medio de un operativo militar por distintas veredas, unidades militares preguntaban: "Usted es de la Comunidad de Paz?" y agregaban. "menos mal que no, porque eso se va a acabar". Con posterioridad, el ejército nacional ha instalado dos retenes casi permanentes a escasos 150 metros del casco urbano de San José de Apartadó y otro que desde febrero se mantiene en el sitio conocido como La Balsa". En ellos a todos los pasajeros les solicitan los documentos de identidad, a quiénes llevan mercados les piden las facturas de compra y sus nombres son registrados en unos cuadernos. Luego de la rigurosa requisa, le manifiestan a sus propietarios que no pueden volver a ingresar alimentos sino hasta una fecha determinada. En la semana del 22 al 25 de septiembre en los retenes, varios militares les han manifestado a los habitantes del corregimiento que: " la cosa se va a poner dura"

* El martes 12 de septiembre a las 3:10 p.m. un grupo de 17 militares ingresó a San José de Apartadó argumentando que recibieron información del asesinato de tres personas. Aproximadamente a las 12:45 p.m. la policía se comunicó telefónicamente con la Comunidad de Paz, preguntando por los tres muertos. La información nació en las mismas autoridades de la región y se transmitió a varias entidades de gobierno civil.

* El viernes 15 de septiembre a las 4.00 p.m. un campero del Comité Internacional de la Cruz Roja, que transporta mercados para las viudas de los seis asesinados del 8 de julio, es detenida por el Ejército por más de una hora. Según versiones reunidas, hasta que no lograron comunicarse con los mandos militares de la región su paso no fue autorizado.

* El sábado 16 de septiembre, a las 4:30 p.m., un grupo de 10 hombres del Ejército pasan por todo el centro del casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó. Entre los militares se encuentra un hombre identificado como GERARDO, quien estuvo participando en la masacre del 19 de febrero, donde fueron asesinadas cinco personas en San José.

*El miércoles 20 de septiembre en el retén militar ubicado en el sitio conocido como La Balsa, a la 1.00 p.m. aproximadamente, otra religiosa del equipo misionero permaneció por más de una hora, hasta tanto la fuerza regular verificara si la certificación eclesiástica del transporte de alimentos era auténtica.

* El jueves 28 de septiembre en horas de la tarde se instaló un retén militar en el sitio del retén paramilitar sobre el barrio Mangolo. Allí los militares en sus requisas han solicitado a los distintos pobladores que se dirigen hacia San José de Apartadó, el permiso para el transporte de alimentos y los han anotado en un libro de registros. Al mismo tiempo, en algunos casos han expresado que hay restricción y definición de los tiempos para la entrada de mercados.

* En reunión sostenida en el mes de julio, en el municipio de Apartadó con la participación del Comandante de la Policía Urabá, JESUS ANTONIO GOMEZ MENDEZ; el Defensor del Pueblo de Uraba, JORGE MARIO LOPEZ GIRALDO; el Obispo de la Diócesis de Apartado, Monseñor TULIO DUQUE, al parecer miembros de la BRIGADA XVII, gremios y comunidades, según editorial del periódico "Urabaense", (Agosto del 2000), y los Servicios Especiales de Seguridad Privada, la Comunidad de Paz de San José y labor de nuestra Comisión en la promoción, en la prevención y defensa de los Derechos Humanos de la Iglesia Católica, fueron profundamente cuestionados y puestas en duda. Conocimos que como preámbulo de dicho encuentro se desarrolló una reunión en la que participaron algunos gremios y autoridades expresando posturas más críticas, fuertes y en tonos amenazantes. Apartes de la reunión más amplia fueron conocidos a través del comentario editorial, del periódico arriba mencionado, titulado: "San José de Apartadó", que refleja el tono de los planteamientos que allí se hicieron: "asumir esta experiencia de Comunidad de Paz, muy válida si se estudia a fondo su verdadera filosofía, pero que por un lado, la disputa territorial, de esa área por parte de las FARC y de las AUC que no respetan esta "¿Libre?" decisión de los campesinos y por otro lado la no muy clara intervención y menos la intención de la ONG Justicia y Paz, orden congregacional de carácter religioso, que es la que en últimas interviene allí como directriz de este proceso y donde han llevado a otros colaboradores" . Agrega el editorial " (…) no es justo por qué si son las FARC las que asesinan a supuestos colaboradores de las AUC nadie lo denuncia, pero si por el contrario son las AUC las que asesinan a también supuestos colaboradores de las FARC o a miembros activos de ésta, las vías del Internet se congestionan con denuncias hacia todos los destinos de la tierra, pero no acusando ni siquiera a las AUC sino a la Brigada 17 del ejército nacional y grave cuando son comunicados originados en el seno de Justicia y Paz, o sea la iglesia católica o mejor un sector de ella apostándole a no se qué". ¿Qué hay detrás de esas denuncias?, ¿Por qué o con qué intenciones tratan de enlodar al Ejército Nacional?, o, ¿Qué hay? o ¿Con qué intenciones?.

Gran preocupación se viene gestando a este respecto dentro de la comunidad Urabaense, mucho más cuando sigue existiendo esa experiencia para nada productiva en San José, aunque pudo haber sido un verdadero ejemplo de paz, quizás si hubiera sido una libre decisión de los campesinos y no se hubiera tratado de manipularlos…en una reunión realizada en Apartadó a la cual los gremios y las comunidades invitaron al Comandante de la Brigada XVII, al comandante de la Policía y al señor Obispo de la Diócesis, así como al Defensor del Pueblo y a la Inspectora de Policía exiliada de San José, se sintió allí definitivamente el clamor de los urabaenses, molestos por lo que allí sucede, porque Justicia y Paz hace hasta lo imposible por impedir la presencia del Estado a través del Ejercito o de la Policía y luego que suceden los hechos de sangre, traten de inculpan tendenciosa e injustamente a los soldados de la Brigada 17. Supimos en dicha reunión que el Obispo de la Diócesis no puede responder por lo que sucede en San José, que el Defensor del Pueblo de Urabá, deje saber que no sabe realmente que es lo que sucede allí, que algo raro pasa, que alguna manipulación oscura existe tras todo esto, dijo él mismo. (…) ".

* En declaraciones a otro periódico regional, "El Heraldo de Urabá", (Nro. 245 Agosto, p. 1B) el Comandante de la Brigada a raíz de la masacre ocurrida en la vereda La Unión y de las reacciones posteriores, sin precisar a quién se aludía manifestó que: "lo que han hecho esas personas anónimamente ha sido bastante negativo que afecta al ejército porque eso les ha hecho "más daño que lo que puede hacer todo el frente del Bloque Noroccidental de las FARC. Afirmó que la ayuda del Plan Colombia indudablemente afecta particularmente la zona de Urabá, "le pido a esa comunidad que en lugar de denunciar a los medios de comunicación, enlodando al Ejército ante el mundo lo hagan ante las autoridades presentando pruebas y no con escritos apócrifos", dijo el general ". Agrega más adelante el alto oficial del Ejército, según el reporte periodístico que: "la única ONG que los ataca es la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz. Esto ha sido en forma permanente, abierta indiscriminada vil y cobarde", dijo el General VARGAS FORERO, y que no ha ocurrido lo mismo con otros organismos". (...) "No se explica el comandante de las Fuerzas Militares acantonados en Carepa, los motivos por los cuales esta ONG los ataca. "No asisten a las reuniones, les hemos enviado diversos oficios por medios escritos, invitaciones muy cordiales y están sesgados buscando enlodar la imagen institucional de las Fuerzas Armadas".

* Con posterioridad a la masacre del 19 de febrero, la Comunidad de Paz solicitó al Señor Vicepresidente de la República, Dr. GUSTAVO BELL LEMUS, una reunión en su despacho, la que solamente fue lograda el 25 de julio, 17 días después de la segunda masacre de este año. En dicha reunión, la Comunidad basada en sus principios de neutralidad y en el marco de la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, propuso el impulso de una Comisión de Investigación de los organismos de Justicia y Control del Estado, así como una serie de medidas de prevención frente a nuevos posibles atentados, entre otros, una interlocución directa entre funcionarios de la Vice Presidencia y la Brigada XVII.

En el mes de Agosto se realizó la Comisión de Investigación con presencia de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Días después, el 8 de agosto, el señor Vicepresidente, Dr. BELL LEMUS, expresó por escrito a la Comunidad de Paz que: "a la Vice Presidencia de la República le ha sido asignada la función de coordinar la ejecución de programas y Proyectos que en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario , desarrollan distintas instancias" (…) "la Vice Presidencia de la República no está legalmente facultada para asumir responsabilidades de seguridad y protección en parte alguna del territorio nacional. Esta es una responsabilidad constitucional de la Fuerza Pública. Esta ha sido una posición clara y reiterada de este despacho que quiero ratificar" (…). "Me he reunido con los mandos de dicha guarnición militar quienes me han reiterado la disponibilidad que siempre han tenido de dialogar con Ustedes".

Es bueno volver atrás, recordar lo vivido. Desde el 23 de marzo de 1.997, campesinos del corregimiento de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en presencia de la Diócesis de Apartadó, delegados del parlamento Holandés, de organismos internacionales de derechos humanos, de comunidades indígenas y de nuestra Comisión se proclamaron como comunidad neutral ante el conflicto armado. Esta libre decisión se caracterizó desde su comienzo por ser voluntaria y por ser una experiencia de ejercicio de derechos en medio de la guerra, afirmada en el marco internacional de los derechos humanos. Los integrantes de la Comunidad de Paz se comprometieron desde entonces a: abstenerse de portar armas, municiones y materiales; de brindar apoyo logístico a las partes; se abstienen de maniobrar, brindar o producir información a las partes; se abstienen de acudir a alguna de las partes en conflicto para solucionar problemas internos; se comprometen a participar en los trabajos comunitarios y se comprometen a la no injusticia e impunidad de los hechos.Así ellos buscaron, evitar nuevos atentados contra sus vidas; el verse obligados a desplazarse, y el ejercer civilmente el derecho al disfrute de la tierra, a la libre asociación, a la libertad de movimiento, y la búsqueda de condiciones de paz en medio de la guerra.

A pocos días de la decisión de la comunidad de convertirse en Comunidad de Paz, le siguió un operativo contrainsurgente que contó con la participación de unidades de la Brigada XVII y de los grupos paramilitares de las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá" generando un desplazamiento masivo hacia el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó y el asesinato de varios campesinos, entre ellos varios miembros de una misma familia, así como, un joven con problemas mentales que fue reportado, luego de ser asesinado, como guerrillero muerto en combate. Al mismo tiempo se mantenía el bloqueo económico paramilitar a escasos 4 minutos de una base militar, como lo testificaron cientos de personas de la comunidad nacional e internacional; hoy los hechos arriba descritos suscintamente vuelven a mostrar una dinámica de restricción del derecho a la alimentación, so pena de una pretensión de control a la insurgencia armada.

Los mecanismos adoptados en el pasado, se han acondicionado y perfeccionado para el nuevo momento. Al retén paramilitar permanente que existió hace tres años, le sucede hoy un retén paramilitar permanente pero ahora "invisible", oculto entre la platanera, aparentemente intermitente pero constante para atacar a los campesinos que se transportan hacia San José, así se justifica que es imposible hacer algo contra sus ejecutores, pues "los bandidos" no están siempre para ser capturados o reprimidos o controlados. Pero hay otra novedad, hace tres años la base de control se encontraba antes del retén paramilitar. Ahora, a pocos kilometros más arriba del retén paramilitar, se encuentran dos retenes de las fuerzas regulares, visibles y permanentes, con estricto control de alimentos y de paso de personas que ingresan hacia San José de Apartadó. Desde ese comienzo de 1.997 y hasta la fecha 80 personas en este contexto del proceso han sido asesinadas y desaparecidas, como hemos dejado memoria en nuestros archivos y en conocimiento de ustedes a través de nuestras Constancias Históricas y Censuras Morales, y todos los casos se encuentran en absoluta impunidad, gracias a ella, los nuevos atentados irreparables se seguirán manteniendo, pues las estructuras criminales no han sido atacadas porque no existen decisiones efectivas de la justicia.

Pero no es solamente la ocurrencia de nuevos atentados, sino que ante el hostigamiento, el amedrantamiento, los señalamientos, los nuevos atentados se percibe la absoluta soledad de la Comunidad de Paz y los habitantes del corregimiento de San José ante un tímido, cuando no inexistente respaldo civil del Estado, sindicada por los sectores de poder y las fuerzas militares a través de los efectos mediáticos como un "territorio vedado" o "una zona de despeje".

Es bueno volver atrás, recordar lo vivido, y ver lo que hoy se vive. Desde ese año 1.997 se solicitó la conformación de una Comisión de Seguimiento de carácter nacional e internacional. En ese momento la experiencia contó solamente con la resonancia de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y de la administración municipal en cabeza de GLORIA CUARTAS. En la actualidad, curiosamente en los documentos de la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, las Comunidades de Paz aparecen respaldas por la Política y en el cuestionado Plan Colombia que en una de sus versiones en inglés alude a ellas. Formalmente se habla de ellas y en la realidad el respaldo institucional no existe. A un buen entendedor le queda claro que la jerarquía y el valor de los Derechos Humanos que se pretendió depositar en cabeza de la Vice Presidencia, en la realidad no ha sido efectiva, en este caso, para definir acciones de prevención contemplados en la misma política. ¿ Qué se puede entonces esperar del futuro de esta experiencia ante los signos de nuevos atentados? ¿Acaso la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, no tiene alusiones precisas frente a los amenazadores y victimarios, entonces porqué no se aplica?

Esta propuesta civil que ha sido desde el comienzo un ejercicio real de ruptura con los actores de la guerra fue desde el comienzo atacada violentamente y con el paso del tiempo vilipendiada, cuestionada, puesta en capilla ante la opinión pública como "república independiente" (Entrevista diario El Colombiano, marzo 1.999); al mismo tiempo, se empezó a cuestionar la presencia humanitaria de la comunidad internacional y de nuestra Comisión por considerarse que ellas propiciaban y propician una oxigenación a la insurgencia de las FARC - EP o por considerar que el ejercicio de defensa y promoción de los derechos humanos o de acciones humanitarias es proclive a la subversión. (Carta sin firma dirigida al Presidente de la República Dr ANDRES PASTRANA ARANGO, el 23 de marzo de 1.999), Vino luego el conocimiento parcial de un "Informe de Inteligencia" elaborado por las Fuerzas Militares en los que se pone en cuestión a las Comunidades de Paz.

Para ustedes y para nadie es un secreto que esa postura ha hecho carrera en los ambientes castrenses. No nos son extrañas las apreciaciones oficiales contra la Comunidad de Paz o con nuestra Comisión, pues son consonantes con la postura y miradas que se tiene acerca de las experiencia de Comunidades de Paz como brazo de la insurgencia armada o de los defensores de derechos humanos como deslegitimadores del Estado. Lo que hoy sigue padeciendo la Comunidad de Paz es una consecuencia "lógica" de lo conocido fragmentariamente, a través del telediario RCN, basado en un "Informe de Inteligencia".

A pesar que la Comunidad de Paz de San José es un ejercicio del Artículo 22 de la Constitución Nacional, de los Derechos de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario, en el fondo es una experiencia humanitaria - zona humanitaria - y de posibilidad de ejercicio de derechos por medios no violentos, se le sigue interpretando como una zona vedada, cuando lo único que se ha construido son unos cuantos metros, unas cuantas hectáreas en que la población civil desea vivir, para no ser convertida en objetivo militar, y eso supone la no presencia armada en sus asentamientos. Nunca se le ha negado a la institucionalidad ejercer sus deberes, solamente se le ha exigido en el marco de una racionalidad, la del Estado de Derecho, realizar sus funciones constitucionales sin romper sus límites y sin violar los derechos. Pero la propuesta civil no es así interpretada en ella, la institucionalidad oficial pretende extender la lógica del "enemigo interno", lo que en vidas humanas ha significado 80 asesinados o desaparecidos.

Pero si eso sucede con la Comunidad de Paz, es claro que a pesar de las directivas presidenciales, de este y anteriores gobiernos, no hay un cambio de actitud ni de voluntad, pues se sigue asumiendo que la defensa de los derechos humanos es parte de la estrategia insurgente, mirada sustentada en la vieja concepción asumida en el seno de las fuerzas militares del "enemigo interno". Aún sigue sin comprenderse y seguirá sin comprenderse claramente, que nuestra Comisión como instancia de la iglesia católica desarrolla su quehacer dentro de la legalidad, inspirada en principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los fundamentos ético - teológicos.

En este sentido, nuestra misión está al lado de las víctimas, en este caso, la Comunidad de Paz, que civilmente ejerce sus derechos para sobrevivir en medio de la guerra. Desde ahí no podemos ocultar, negar o cerrar los ojos ante lo que ellos han vivido y de lo que nosotras y nosotros también, hemos sido testigos; ante la sucesiva ejecución de crímenes contra la humanidad en los actos de persecución terrorismo, asesinato, traslado forzoso de población, tortura y genocidio de los que son responsables agentes del Estado colombiano o los grupos paramilitares que actúan por su instigación o con su colaboración, asentimiento o tolerancia y que se ejecutan de manera sistemática en la medida que pretende reprimir posturas ideológicas o políticas. Por razones de orden ético, la verdad que expresamos más que una es un acto de reconocimiento de las lesiones que los crímenes causan a nuestra propia humanidad cuyo cuerpo es victimizado con cada tortura, acto de terror, asesinato, expulsión de población o genocidio.

No podemos negar el derecho a la verdad, pues si el Estado colombiano es un Estado de Derecho su legitimidad se ha puesto a prueba permanentemente en la medida en que éste salvaguarde su principio legitimante como estructura de poder: ser garante efectivo de los derechos fundamentales de todos los asociados. Elemento central en la construcción de este Derecho que norma la convivencia ciudadana en la estructura jurídica, en ella se definen las conductas delictivas y el sistema coercitivo que las reprime. Pero sobra advertir que en la represión del delito, el Estado no puede elegir todos los métodos que se le ocurran, pues para constituirse como Estado de Derecho, el ejercicio de la fuerza y de los sistemas coercitivos tiene unos límites, justo porque el Estado es el garante de los derechos de todos los ciudadanos, incluso, de aquellos que delinquen. ¿Cómo entonces guardar silencio ante acciones ejecutadas o cometidas con métodos represivos violatorios de los derechos humanos? ¿Cómo guardar silencio frente a las amenazas, señalamientos, crímenes, de los que han sido víctimas los campesinos asociados como Comunidad de Paz o de pobladores del corregimiento de San José de Apartadó, miradas y tratados en un sinnúmero de ocasiones, como sujetos desprovistos de derechos por parte de agentes estatales - salvaguardas y garantes de los derechos -, quiénes cuando no de modo directo, si, por omisión y complicidad, han permitido la perpetración de graves atentados por parte de las estructuras paraestatales?. Pero acaso ¿lo que sucede es producto de nuestra imaginación, del fantasioso deseo de enlodar el nombre de las fuerzas militares y no acaso el de comportamientos y acciones sistemáticas de violación de los derechos humanos?. ¿Acaso es nuestra Comisión la que deslegitima o son las actuaciones de las Fuerzas Militares?. ¿Es el actante o el hablante el que se devela? ¿decir la verdad de lo sucedido, del mantenimiento de estructuras paramilitares, significa ser parte orgánica o estructural de la subversión armada? ¿No se distingue acaso la diferencia práctica entre una fuerza legal y legítima, según el Estado de Derecho y una fuerza rebelde?. Pero para satisfacción de los victimarios ¿ acaso no consta que los abusos, y asesinatos cometidos por las FARC EP fueron dichos, también por la Comunidad de Paz, y se encuentran en nuestros escritos públicos?. Pero es importante volver a decirlo. No es lo mismo el Estado expresado a través de su Fuerzas Militares que una organización político militar contra el Estado. Pero no basta la alusión a lo dicho sino a la práctica de autonomía de la Comunidad de Paz, quién puede argumentar que en San José de Apartadó no hay una acción valerosa frente a los actores de la guerra y sus causas? Los pretextos utilizados, los argumentos esgrimidos de "repúblicas independientes", ocultan más bien intereses humanamente cuestionables, éticamente repudiables, política y evangélicamente censurables, cuando hablamos de un Estado de Derecho.

¿Acaso se puede calificar unas cuántas hectáreas o unas cuántas cuadras como zonas de despeje o vedadas, cuando estos lugares solamente cumplen un papel protector de la vida, cuando la misma Comisión Interamericana en carta dirigida al gobierno colombiano, el 17 de diciembre de 1.997, solicita adoptar medidas cautelares, distintas de las armadas y de las individuales para preservar la vida de la población? ¿Acaso se ha negado a las Fuerzas Militares cumplir su papel constitucional? Cuando la Comunidad de Paz en sus diversos diálogos con los Comandantes de la Brigada, les ha hecho claridad en que el problema de la guerra no está en la comunidad - espacio físico de habitación y cultivos, y las personas mismas- no les ha negado el derecho de actuar sino de hacerlo conforme a los principios de legitimidad del Estado de Derecho y en relación con quién corresponde como fuerza de choque. ¿No es acaso entonces que se sigue comprendiendo que la Comunidad es brazo armado de la insurgencia armada? ¿Por qué no hay confrontaciones abiertas con los grupos paramilitares? ¿Acaso la política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario así no lo explícita?¿ cuántas y cuáles son las acciones represivas de control y represión realizadas contra estos grupos? ¿Con cuánta diligencia ha actuado la fuerza pública frente a los grupos paramilitares?, ¿Acaso se desconocen los lugares desde los que se planean sus acciones, si periodistas nacionales realizan reportajes en directo con el comandante de los grupos paramilitares de las "Autodefensas Campesinas", en lugares de reconocimiento público a los que han ido dirigentes políticos, académicos, y líderes de nuestro país? Por qué en operativos militares oficiales participan ex guerrilleros que debieron haber sido juzgados? ¿Por qué muchas acciones contra insurgentes se han desplegado contra la población civil rompiendo las fronteras de legitimidad de la actuación militar?

¿Cuántas investigaciones preliminares y aperturas de investigación se han realizado por los atentados contra la Comunidad de Paz? Ni la Procuraduría ni la Fiscalía pueden negar que la Comunidad de Paz ofreció todo lo que estaba a su alcance para esclarecer y acceder a la justicia, al poco tiempo, investigaciones archivadas o dependientes de lo que nuevamente los testimonios de las víctimas o sus familias pudiesen ofrecer ... al final todo es impunidad. La verdad de las víctimas es "mentira", la "verdad" de los victimarios, es "la verdad". Por eso es grave que el Defensor del Pueblo de la región del Urabá, el Dr LOPEZ exprese en una reunión, según se anota más arriba que "el deje saber que no sabe que es lo que realmente sucede allí, que algo raro pasa, que alguna manipulación oscura existe tras todo esto, dijo él mismo". Habría entonces que preguntarnos ¿qué es lo que un delegado de la Defensoría del Pueblo esgrime, qué pruebas de manipulación existen? ¿Es acaso esa la labor de un Defensor del Pueblo?

Muchos círculos en la región del Urabá alimentados en esa mentalidad del "enemigo interno" han apoyado y siguen apoyando las formas de justicia privada, como recientemente lo expresó con preocupación el Señor Fiscal General de la Nación en su visita a esa zona, pero ello solo ha sido posible en la impunidad con las que actúan los victimarios y los signos evidentes de relación con las fuerzas regulares. Lo que ha sucedido de modo particular como persecución sistemática a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó obedece a que ella no ha guardado silencio, que ella ha dicho a todos lo que allí ha pasado, la transformación del Estado de Derecho en Estado de barbarie; porque ella se ha negado a construir una propuesta de neutralidad activa al lado de cualquier actor armado.

En los 42 meses de existencia de la Comunidad de Paz esta ha sido la vivencia, sin contar los permanentes abusos y derechos violados, que el corregimiento de San José de Apartadó vivió años atrás. Es desde esa experiencia de dolor, de desligitimación del Estado de Derecho que las víctimas hablan y deciden proclamarse como Comunidad de Paz no es por manipulación alguna de agentes externos de la iglesia o de la comunidad internacional, es por la verdad vivida, por la realidad de violaciones acontecidas.

Como en el pasado reiteramos que nuestros escritos no son quejas, ni denuncias, son una Constancia Histórica y nuestra expresión de Censura Moral, porque en nuestros 12 años de existencia fueron cientos nuestros esfuerzos y vanos los resultados para acceder a la justicia; porque nuestra reuniones y participación activa en foros y en aportes a reformas de ley o a la instauración de mecanismos jurídicos para tipificar delitos fueron sueños de una noche de verano, porque las propuestas que realizamos en conjunto con otros organismos de derechos humanos frente a la impunidad quedaron en el oscuro interior de un cajón de recuerdos; porque todas las recomendaciones de la comunidad internacional expresadas a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las diversas instancias de Naciones Unidas, a pesar que en algunos casos han sido acogidas para adecuarse a los standar internacionales estas no se han traducido en acción eficaces para evitar nuevos destrozos y daños irreparables contra las comunidades, ni en la posibilidad de acceder a la justicia ante los crímenes cometidos por el Estado; porque las acciones judiciales cuando lo ven oportuno, consideran el testimonio humano como la pieza clave para sus investigaciones, pero con posterioridad estos mismos testimonios se ven desfigurados; porque las pruebas y los procedimientos técnicos igualmente se utilizan para afirmar "verdades" que no impliquen riesgos para los funcionarios, ocultando de este modo el rostro de los victimarios; porque las verdades procesales desvirtúan el contexto en el que suceden los atentados, negando de plano la posibilidad la verdad de las víctimas; porque los victimarios amparados en las estrategias de la clandestinidad, ambientan el crimen, lo justifican antes de cometerlo. Por qué las acciones contrainsurgentes se dirigen contra la población? Por qué como en el pasado los retenes son el lugar del "matadero" Crímenes anunciados, crímenes ambientados, crímenes perpetrados, crímenes en la impunidad.

En ese espacio de vida en medio de la guerra, los victimarios distorsionan el sentido de la defensa de los derechos humanos, cuestionan los espacios para su promoción y defensa. Esperamos que como ha ocurrido en otras regiones del país, la ambientación mediática y las declaraciones castrenses no estén anunciando o presagiando el destierro, el exilio y la imposibilidad de continuar esta experiencia de paz en medio de la guerra porque se acerca su estocada final o la imposibilidad de defender los derechos de quiénes han sido y continuando siendo víctimas del Estado de Barbarie.

Dejamos ante ustedes nuestra Constancia y Censura Moral. COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ- volver

Queremos dejar nuevamente en su conocimiento nuestra expresión de Censura Moral y Constancia Histórica frente a los signos evidentes de las actuaciones de los grupos paramilitares de las "Autodefensas Campesinas" que se sostienen como verdaderas estructuras paraestatales con signos de omisión, participación, aquiescencia, anuencia de las Fuerzas Militares.

* En los dos últimos meses de vida de las familias de las comunidades del Cacarica que fueron repatriadas ilegalmente de Panamá hacia Bahía Cupica, hace 40 meses, antes de iniciar su proceso de reencuentro familiar con sus vecinos que se encuentran aún en situación de desplazamiento en Turbo y Bocas del Atrato, conocieron de una serie de actuaciones de los grupos paramilitares de las "Autodefensas Campesinas", convocando a reuniones a los pobladores de Bahía Solano y Bahía Cupica, y desarrollando una serie de acciones de control, de restricción en los alimentos y de atentados irreparables contra personas.

* El 5 de julio entre las 7.00 a.m. y las 8.00 a.m. un grupo de aproximadamente 20 paramilitares de las "Autodefensas Campesinas" convocaron a los habitantes de Bahía Cupica a una reunión. Los paramilitares fueron desembarcados en una panga de color blanco con una franja verde, proveniente de la playa El Pajal, donde se suelen ubicar un significativo número de estos. Luego de dejar a los armados que se dirigieron al sitio conocido como La Pista, uno de sus apoyos fue dejado muy cerca de la hacienda "El Cacique", donde se encontraban los repatriados del Cacarica. El paramilitar de nombre JOFRE ingresó al puesto policial y permaneció por un par de horas con su radio de comunicación. En el momento en que los paramilitares reunían a los pobladores, un policía que se encontraba vestido de civil fue retenido también por los armados. El agente de apellido TOBON se identificó y los armados lo dejaron irse, exigiéndole que debía andar con sus prendas oficiales para distinguirlo. Los armados manifestaron tener en su poder una lista, entre la que se encontraban varios habitantes del casco urbano del corregimiento de Cupica. De modo especial, los paramilitares buscaron a cuatro jóvenes y un líder de la comunidad. Los paramilitares vestidos con prendas militares, con armas cortas y largas, anunciaron que regresarían posteriormente.

De acuerdo con las versiones reunidas con testigos y pobladores de la región, los nombres de los cuatro muchachos solicitados coresponden a los que días atrás, el 27 de junio, estuvieron consumiendo licor con varios agentes de policía de apellidos QUIÑONEZ, MELENDEZ, RENTERIA, FABRA, AARON. En un primer momento, en el sitio conocido como Pueblo Nuevo, (uno de los lugares creados como sitio de habitación de los damnificados por una avalancha sucedida en Nov 99) y luego en La Pista (el otro lugar de habitación de los damnificados por la avalancha). Allí uno de los policías desenfundó el arma y disparó dos tiros ante lo cual, los jóvenes le quitaron el revólver al agente. En ese momento uno de los agentes de policía les expresó: "van a tener que pagar un escondedero". Al otro día, los jóvenes regresaron el arma de fuego al puesto de policía en Cacique. Según algunos testimonios, rendidos con mucho temor, ante la posibilidad de ser descubierta su identidad, algunas mujeres y hombres, expresaron que algunos pobladores de Cupica ante el temor de ser asesinados ellos o sus vecinos, se dirigieron hacia la base paramilitar de Bahía Solano. El Comandante les expresó, después de escucharlos, que era mejor que hablaran con el "alto" del Ejército para aclarar los hechos del 27 de junio.

En el pasado, a mediados del año 1999, los paramilitares convocaron a diversas reuniones en el Cupica viejo, antes de la avalancha, sin que las mismas se hubiesen podido realizar pues el Sub Oficial de la Estación de Policía en ese momento ubicado en el pueblo, les manifestó que no estaba de acuerdo con esas actividades.

* El martes 29 de julio llegando a la Hacienda "El Cacique" un funcionario de la Red de Solidaridad Social con los mercados de la comunidad, un informante de los paramilitares de nombre JOFRE y otro que no se logró identificar se subieron sin pedir permiso a la panga en que transportaban los víveres. Los paramilitares con el pretexto de ayudar en el desembarque de la comida hicieron un control de lo recibido por la comunidad.

* Entre el lunes 31 de julio y el jueves 3 de agosto, los paramilitares de las "Autodefensas Campesinas" convocaron a varias reuniones, en la que participaron las autoridades civiles del municipio, otras que se realizaron con los comerciantes y pobladores de Bahía Solano. Algunas de las reuniones se realizaron en la base paramilitar que estos tienen en el barrio Chambacú ubicado cerca de un lugar donde la policía realiza un control de carga y de pasajeros de las embarcaciones. En este lugar han sido vistas igualmente unidades militares adscritas al Batallón de Infantería de Marina. En algunas de las reuniones sostenidas durante este tiempo, las autoridades municipales, los candidatos a cargos públicos, uno de los paramilitares que se identificó como "NELSON", quién al parecer, corresponde al nombre de CATALINO SEGURA (quién participó en la masacre de varios integrantes de la Comunidad de Paz San Francisco de Asís, así como, de la retención de algunos de sus integrantes). Los paramilitares definieron las condiciones de los participantes en las próximas elecciones, anunciaron que impedirían la corrupción y en la misma vetaron la participación electoral de algunos candidatos. En la reunión estuvieron presentes un oficial, al parecer Teniente, un Sub oficial y algunos soldados. Las versiones reunidas indican que también se realizaron otras reuniones con los comerciantes, en las que manifestaron sus condiciones para mantener su presencia en Bahía Solano y en las que expresaron que "iban a evitar una incursión de la guerrilla".

* El domingo 6 de agosto a las 2:00 p.m. un grupo de paramilitares se acercan a la playa Maquerule, al sitio conocido como los "21 centinelas". Unos se acercaron en una embarcación tipo panga con armas cortas y largas, y otro grupo entró caminando desde la playa El Pajal. En este sitio a escasos 10 minutos de la Hacienda "El Cacique" se encontraba FREDY GALLEGO, integrante de las Comunidades de Paz San Francisco de Asís, visitante y amigo de la comunidad repatriada en Cupica. FREDY, trabajador de la finca, fue tomado por los paramilitares, entre los que se encontraba CATALINO SEGURA, quien esperaba en la embarcación tipo panga. Otros dos paramilitares que entraron por tierra, les dijeron a su esposa que estuviera tranquila que a su marido nada le iba a pasar. Desde Maquerule fue llevado hasta la playa Chicocora, corregimiento de Bahía Cupica. Allí permaneció al parecer hasta la noche de 7 de agosto. Posteriormente su cuerpo sin vida fue dejado en el sitio conocido como El Naranjal, que se encuentra al terminar La Pista, en Bahía Cupica. El cuerpo de FREDY presentaba signos de tortura, de haber sido sometido a tratos crueles, acuchillado en distintas partes, y con tiros de fusil.

* Ese mismo, lunes 7 de agosto, los paramilitares llegaron vestidos de camuflado con armas cortas y largas al sitio conocido como La Pista, eso fue como a las 4.00 p.m. aproximadamente. Los paramilitares convocaron a toda la comunidad a una reunión para el 8 de agosto en horas de la mañana, todos debían llevar sus documentos de identidad y preferencialmente deberían presentarse los varones de 15 años en adelante. Este mismo mensaje fue llevado a Pueblo Nuevo, el otro sector en que se encuentra ubicado Bahía Cupica después de la avalancha, por uno de los informantes de los paramilitares de nombre "DANIEL".

Ese martes 8 de agosto todo el mundo se movilizó hacia La Pista con sus documentos de identidad como habían ordenado los paramilitares. Los habitantes de Pueblo Nuevo atravesaron el puesto de Policía de la Hacienda "El Cacique", cuando llegaron a La Pista, esperaron a los convocantes de la reunión sin que se hubieran presentado. Los paramilitares habían salido muy de madrugada.

El control que ejercen los grupos paramilitares está acompañado de un bloqueo económico de bienes de alimentación y medicinas desde el municipio de Bahía Solano hasta el municipio de Juradó. A lo largo del pacífico y las diversas playas tiene sus centros de acopio y de operación. Este tipo de control que se realiza sobre el mar pacífico se está realizando como hemos dejado Constancia hace varios meses también en el río Atrato a la altura del caserío de Tumaradó a escasos kilometros del ingreso al Cacarica. Allí en este lugar, los paramilitares entre tres, a veces seis o más, con una mujer, todos vestidos de civil con armas cortas, radios de comunicación y dos pangas a su disposición (una con franja verde y otra con franja roja, una matriculada con el nombre de YAQUE) realizan un control de la entrada de alimentos y gasolina, y de la salida de los productos de pan coger –maíz- y madera de aprovechamiento doméstico, retienen pobladores del Cacarica, a algunos los intimidan y amenazan, a otros los obligan a dar información sobre la región del Cacarica, sobre los sitios "Esperanza en Dios" y "Nueva Vida" y han anunciado que se van a meter.

* El domingo 13 de agosto, a eso de las 4:00 p.m. un grupo de campesinos de la Iglesia Adventista se movilizaba en su embarcación tipo Chalupa hacia el Cacarica, cuando luego de cruzar el caserío de Tumaradó y evitar el retén, fueron entonces seguidos por dos paramilitares con armas cortas y radio de comunicación, quiénes se movilizaron en una embarcación rápida. Luego de interceptarlos le solicitan a los campesinos gasolina. Los pobladores del Cacarica les explican que la cantidad que llevan es la única que disponen para movilizarse. Ante la respuesta los paramilitares afirmaron: "nos colaboran a las buenas o a las malas", entonces les robaron 50 galones de gasolina. Los paramilitares revisaron todo lo que llevaban para el trabajo y la alimentación. "están entrando mucha comida y eso se va a acabar". A una mujer que llevaba unas cuatro barras de jabón en sus manos le dijeron que eso le servía para tres meses y que no podría bajar a Turbo a comprar sino hasta ese tiempo. Una vez hecho el robo y proferidas las amenazas, los campesinos continúan el viaje hasta su comunidad.

* El domingo 27 de agosto en horas de la mañana indígenas de las comunidades Emberá Katíos que habitan en el Cacarica fueron retenidas por los paramilitares en el caserío de Tumaradó. Los hombres con armas cortas y radios de comunicación, requisaron toda la alimentación y les advirtieron de ahora en adelante solamente pueden entrar con cincuenta mil pesos en mercado (U.S $ 25). "Esto es una orden y es una advertencia para todos los del Cacarica sino hacen caso los vamos a matar". Además les ordenaron, que cualquier salida de maíz o de madera tenía que contar con su permiso.

* El lunes 4 de septiembre, antes del medio día, una comisión del Min-Transporte que se dirigía en embarcación rápida tipo panga de Turbo hacia el Cacarica para realizar trabajos de batimetría, fue retenida por miembros de los grupos paramilitares en Tumaradó. Cuando los funcionarios se identifican y les explican su destino les advierten: "no les aconsejamos que sigan, si lo hacen van bajo su responsabilidad". Ante esta advertencia, los funcionarios deciden regresar a Turbo.

* El viernes 15 de septiembre una embacación de pobladores del Cacarica, fue retenida por varias horas en Tumaradó, la alimentación fue requisada y los campesinos fueron advertidos que esta y todas las chalupas iban a ser detenidas, advirtieron que no podían sacar productos y que las próximas embarcaciones que iban a ser detenidas eran las de los desplazados.

* El miércoles 27 de septiembre a las 11:15 a.m. la embarcación tipo panga "La Giralda" de servicio exclusivo de las Comunidades Autodeterminación,Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA, fue retenida luego de su paso por el caserío de Tumaradó. Los paramilitares luego de observarla se embarcan en una de las que tienen dispuesta para sus actuaciones. Cinco minutos más tarde logran alcanzarla y "La Giralda" es retenida con sus dos ocupantes, el motorista y la Defensora del Pueblo asignada para el Cacarica. Cuatro paramilitares que se identifican como integrantes de los grupos de las "Autodefensas Campesinas de Carlos Castaño", vestidos de civil con armas cortas y radios, les dicen que "el patrón" necesita hablar con ella y tienen que regresar a Tumaradó. Ante el hecho, forzadamente se tienen que regresar a Tumaradó. Allí aparece otro grupo de paramilitares, aproximadamente de otros cinco, entre ellos uno que se identifica como el comandante. Mientras interrogan a la funcionaria sobre los bienes que transportan –gasolina, aceite quemado, alimentación-, otro se encarga de requisar. Mientras se realiza este interrogatorio y revisión, la panga "La Zancuda" de propiedad de Peace Brigades International, PBI; es también detenida forzosamente, un paramilitar observa a los pasajeros todos integrantes de CAVIDA y a los dos acompañantes internacionales, así como la carga que llevan. Ante el temor que tiene la comunidad frente a tantos paramilitares, la Defensora le manifiesta al paramilitar que los deje seguir, a lo que este accede. Continúa el paramilitar apodado RAFA en su interrogatorio, solicitando a la funcionaria del Estado una relación de lo que se transporta, a lo que ella responde que: "soy funcionaria del Estado", insiste el paramilitar en que para los controles usted puede colaborar, a lo que la funcionaria se niega rotundamente argumentado su papel e identidad como institución del Estado.

Mientras el retén paramilitar continúa en el sitio Tumaradó se realizan operativos de control y registro por parte de la Infantería de Marina en sitio conocido como Palo Blanco y a la entrada de Puente América, en el mismo día, como ocurrió el 23 de septiembre en horas de la tarde. Ese día integrantes de CAVIDA, acompañantes nacionales e internacionales se encuentran con dos puestos de control sobre el río, a las 3:30 p.m. en su ida hacia el Cacarica y luego hacia las 5:30 p.m. en su regreso hacia Turbo. Esta es la situación que se presenta sobre el río Atrato, única vía de acceso fluvial al Cacarica, en Turbo donde todavía se encuentran asentadas las familias del Cacarica que no han iniciado su retorno, continúan siendo testigos de las acciones de los paramilitares en jornadas de la mal llamada "limpieza social" en los barrios y en los alrededores de los lugares humanitarios, atentados contra la vida de campesinos del casco urbano y de la elaboración de pintas en diversos muros del municipio que dicen: "Autodefensas Anticomunistas de Colombia".

* El 31 agosto, a las 6:30 a.m ingresaron tres personas con armas cortas al Coliseo Municipal de Turbo donde se encuentran asentados miembros de las comunidades en proceso de retorno al Cacarica, sin ser requisados por el puesto de control policial. La misma situación se repite el 1 de septiembre, con la diferencia que ese día, luego de atravesar la unidad deportiva, se escucharon dos disparos. Tiempo después volvieron a pasar los tres hombres por el Coliseo sin ninguna reacción de la policía.

*El 25 de septiembre, a las 4:30 p.m, dos jóvenes de 16 años de edad aproximadamente, ingresaron al Coliseo Municipal de Turbo, al parecer drogados. Los civiles tomaron a un niño de seis años de edad de la comunidad y lo golperon. Dos jóvenes salieron en su defensa, uno de ellos es también golpeado. Minutos después llega la policía que estaba de servicio en el lugar, toman al agresor, lo patean mientras, los jóvenes agresores gritan: "esperen que mañana vengo con mi fierro y mato a más de uno". Esto lo repite en varias ocasiones en presencia de la Policía. Cuando la policía los está llevando hacia el cuartel, un hombre en una moto azul de alto cilindraje, sin placas, se les acercó y estuvo conversando por espacio de 5 minutos con la autoridades. La policía entonces los entregó al hombre de la moto, quién los dejo irse. Mientras los jóvenes se alejaban gritaban:" esperen que volvemos".

Luego del reencuentro familiar y comunitario de las familias repatriadas que se encontraban en Bahía Cupica y las que se encontraban en Turbo, que ocurrió entre el 21 y 23 de septiembre, y del asentamiento provisional en este municipio, antes de la segunda etapa de retorno al Cacarica, se han observado movimientos de informantes de los grupos paramilitares en los alrededores de los albergues comunitarios, preguntando por personas de la comunidad. Así ocurrió el lunes 25 de septiembre, aproximadamente a las 3:30 p.m. cuando dos jóvenes preguntaron en el interior del albergue de las Hermanas de la Madre Laura por varios de los coordinadores con nombre y apellidos. Ningún vecino ni familiar reconoció a los muchachos.

El martes 26 a las 4:00 p.m dos reconocidos paramilitares merodean el albergue "Unidos Retornaremos" de Santo Ecce Homo, y otros dos en el albergue de las Hermanas de la Madre Laura. Allí preguntan por otros dos integrantes de CAVIDA que en ese momento no se encontraban en el lugar. Estos últimos son vistos muy cerca del lugar en que los paramilitares asesinan a una persona cerca de un puente ubicado entre los dos albergues. Ese mismo día, se recibe información de una fuente que solicitó absoluta reserva por razones de seguridad, de la existencia de una lista con 20 nombres de integrantes de CAVIDA y de otros del Cacarica que serán eliminados por los grupos de paramilitares en los próximos días, así como, de otros habitantes del Cacarica. Para este operativo se estaría contando con el apoyo de un grupo de paramilitares provenientes del municipio de Necoclí y de los de base del casco urbano de Turbo.

Si bien es cierto que los compromisos asumidos en aspectos económicos para la reconstrucción de las comunidades del Cacarica se han venido cumpliendo y parcialmente la asistencia humanitaria se mantiene, dando un relativo cumplimiento al artículo 17 de Protocolo II y los Principios DENG; las estructuras causantes del desplazamiento se mantienen incolumes y se evidencian nuevos signos de una nueva etapa de restricción para el ejercicio de los derechos como la libre circulación, el derecho a la alimentación y el principal de ellos, el derecho a la vida. Se muestran síntomas que el deseo de reconstruir lo destruido a raíz de los bombardeos indiscriminados y los operativos conjuntos entre militares y los paramilitares en febrero de 1.997, se encuentran nuevamente ante la mirada turbia, criminal y barbara de las estructuras del paraestado que en 1.996 realizó un bloqueo económico inhumano, acompañado de atentados contra la vida de las comunidades, asesinatos y desapariciones forzadas, amenazas y desplazamientos familiares.

Hoy, 43 meses después de haber sido desplazados de las tierras del Cacarica, de siete meses del retorno de 40 familias, de 10 días del reencuentro familiar y comunitario entre desplazados repatriados, el control que se encuentran implementando a través del retén en Tumaradó contra los pobladores de esta cuenca, del cual han sido víctimas también funcionarios civiles del Gobierno y del Estado; las informaciones allí recogidas sobre la ubicación de los asentimientos de retorno, las amenazas proferidas sobre loa bienes de CAVIDA, las amenazas de incursión al Territorio de Vida -zonas humanitarias de retorno-, el conocimiento de una lista de 20 integrantes que serían eliminados por los mismos desplazadores, expresan el aumento del riesgo y la posible ejecución de daños irreparables como en el pasado que fatídicamente tiende a repetirse, pues los actores del desplazamiento fueron ascendidos en sus cargos militares o sus grupos de apoyo reconocidos mediáticamente como prohombres, lo que está sucediendo se justifica, lo que sucederá tendrá justificación, justo por que las estructuras del paramilitarismo se sostienen sin ser siquiera reprimidas, justo por que la impunidad, la ausencia de sanción, castigo y de reparación frente a los causantes del desplazamiento y de los 78 asesinados y desaparecidos, han permitido que el crimen, que la fuerza y la barbarie sean las dinámicas fundantes de la sociedad.

De todo lo sucedido ustedes han tenido conocimiento a través de constancias históricas y censuras morales y nada, absolutamente nada de fondo se ha hecho. En el paso de estos pocos meses el retén en Tumaradó ha afinado sus mecanismos de actuación y de terror. De sus primeros anuncios de incursiones al Cacarica, de control de entradas y salidas se ha pasado a la retención de personas, a la retención de bienes, al robo de productos de pan coger, a la prohibición del comercio doméstico, al control de alimentos. El retén ha ido teniendo sus primeros efectos en la reactivación del terror, el desplazamiento de familias, en la negación del derecho a la libre movilización, a la alimentación. Pero todo esto ha sido posible por la impunidad del pasado, por las "omisiones" del presente, por los avales existentes en dichas ausencias de respuestas efectivas.

Desde Necoclí, Turbo, Unguía o Santa María se mueven los paramilitares en sus pangas rápidas; se movilizan atravesando los controles militares en la punta (Turbo), en Matuntugo (Golfo de Urabá), en Palo Blanco (río Atrato); con radios de comunicación y con armas cortas van de un lado al otro; se estacionan diariamente en Tumaradó, las autoridades no los ven, no los detectan, para ellos no hay control ni represión ni restricción. Delegaciones nacionales e internacionales los han observado, al tiempo la población sigue sufriendo las consecuencias de dichas "omisiones".

Estrictos controles a la población civil, registro de su documentación, inscripción en libros de registro de las unidades militares que se mueven sobre el río Atrato, pero nada sobre los paramilitares de las "Autodefensas Campesinas", ellos moviendose con toda tranquilidad y sobreseguro. Hasta el momento no ha existido una respuesta efectiva de represión o de ataque o de control, se esgrimarán razones presupuestales o la "clandestinidad" de las operaciones paramilitares, la habilidad de los delincuentes, se argumentará que no existen pruebas o que son unos bandidos cuealquiera, que en realidad no son paramilitares; cuando llegue a existir alguna respuesta, los hábiles delincuentes se escondieron, se ocultaron y se hicieron intentos. Pasará el tiempo y las actuaciones paramilitares continuarán pues sus estructuras no solo mantienen sino que se consolidan en el tiempo para cumplir sus criminales decisiones. Como en otras regiones del país, y como ha ocurrido con otras comunidades del Urabá Antioqueño del Chocó, que anunciaron lo que iba a suceder y nada se hizo, así ocurrirá ahora, ellos cuentan a su favor con la lógica de la lucha contrainsurgente que los ha creado, ellos cuentan con la dilación de largas y extenuosas investigaciones que nunca llegan a sanción, a castigos; ellos cuentan con una inexistente, en la realidad, Política de Derechos Humanos y, claro está, con la certeza que sus centros de operación nunca serán atacados por que se encuentran salvaguardados militarmente y por que se encuentran legitimados mediáticamente a través de la televisión y de muchos articulistas de la prensa nacional, y porque la impunidad aseguró la perfección de sus crímenes y graves atentados.

Dejamos constancia sobre la existencia del retén permanente en Tumaradó, un nuevo mecanismo de restricción, de control y de recopilación de información que en el comienzo de este año, fue adelantada por unidades militares en "La Tapa" queriendo desconocer el ejercicio de derechos de la comunidad y la transparencia de su proyecto de vida.

Dejamos constancia de la ausencia de actuaciones eficaces para contrarestar las existentes estructuras del paraestado y sus actuaciones en el municipio de Turbo, en el río Atrato dirigidas desde Necoclí, San Pedro de Urabá o el Nudo de Paramillo.

Dejamos constancia de la extensión de esas estructuras sobre el pacífico entre los municipios de Bahía Solano y Juradó, donde en un conflictivo panorama, sus pobladores están a merced de su lógica, de sus exigencias y de sus imposiciones amparados en omisiones, complicidades, anuencias, tolerancias de las autoridades y agentes del Estado allá en las orillas del Pacífico, los pocos habitantes de Bahía Solano y de Bahía Cupica que ofrecieron, en medio del temor de ser desterrados o asesinados, su palabra o su testimonio que evidencia la erosión del Estado de Derecho, lo hicieron con la esperanza que algo se hiciera, para que los horrores que otras comunidades han vivido allí, no se repitan.

En sus despachos nuestra profunda censura moral ante los evidentes riesgos y hechos de nuevos daños irreparables contra las comunidades del Cacarica frente a los cuales nada estructural ni de fondo, ni parcialmente se ha hecho pues las estructuras que dieron origen al desplazamiento aún se mantienen y operan ahora cualificadamente sobre la base de la impunidad.

Con profunda preocupación,COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ- volver -

Continuamos dejando Constancia y expresando nuestra Censura Moral frente a los permanentes y sistemáticos hostigamientos, amenazas e intimidaciones que continúa padeciendo la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por las manifestaciones de la estructuras paramilitares y las intervenciones equivocas de las Fuerzas Militares frente a esta experiencia de neutralidad en la guerra.

Todos los hechos que aquí reseñamos expresan de manera protuberante que existe una profunda brecha entre las formulaciones de respeto a los derechos humanos planteados en la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y las acciones en terreno, donde cuando no, por omisión de las autoridades se sigue atentado contra la Comunidad de Paz y los pobladores del corregimiento, por acciones evidentes de las unidades militares adscritas a la Brigada XVII que cuentan con el respaldo en los más altos niveles de la jerarquía castrense de la región.

* Domingo 8 de octubre. A las 15.25 horas, 40 integrantes del Batallón BEJARANO, ingresaron al Corregimiento de San José de Apartadó, al mando del sargento MAHECHA, quien manifestó que en la Brigada XVII, recibieron tres llamadas telefónicas que indicaban que en San José existía "gente rara y armada" y que requerían conocer los integrantes de la Comunidad de Paz para darles protección.

A los integrantes de la Comunidad de Paz y los misioneros acompañantes, les afirmaron que tenían una carta de la VicePresidencia de la República en la que se manifiesta claramente que no existen zonas despejadas sino la del Caguán, que por tanto, podían hacer presencia en todo el país, incluidas las Comunidades de Paz. El militar presentó copia de la carta, que en realidad estaba en papel membreteado del Ministerio del Interior y no de la Vice Presidencia de la República, al parecer con firma del Ministro HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA, en respuesta a un oficio dirigido por oficiales de la Brigada XVII en el que se le responde acerca de la posición oficial respecto a las Comunidades de Paz y la presencia militar, así como, las zonas vedadas para la presencia del ejército. Los integrantes de la comunidad y los misioneros acompañantes le expresaron al oficial que la respuesta se ajustaba a la verdad en el sentido de que la Comunidad de Paz no es una zona de despeje, pues la Comunidad no es una fuerza rebelde contra el Estado y lo que se estaba construyendo era una propuesta humanitaria basada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El militar expresó que iba a ubicar a las unidades bajo su mando para solicitar nombre con cédula de ciudadanía, determinar quiénes eran de la Comunidad de Paz, y que no iban a dejar entrar a los que no fueran de la misma. Reiteró que no había zonas vedadas para la presencia del ejército por lo que el General VARGAS impartió orden de presencia dentro del corregimiento, agregó que tenían orden de la VicePresidencia según la cual, debían estar en medio de la comunidad. Se comprometió a entregar por escrito esta comunicación al día siguiente. 20 minutos después de esparcirse por todo el casco del corregimiento se retiraron del casco urbano. Desde ese día hasta hoy, las unidades militares han estado preguntando a quienes ingresan al corregimiento por los nombres y el motivo de su presencia en el corregimiento de San José, a la entrada del casco urbano.

* Miércoles 18 de octubre. Dos aeronaves - un avión y un helicóptero- del ejército estuvieron bombardeando en la vereda El Porvenir, muy cerca de la vereda La Unión, Comunidad de Paz. La acción se produjo en dos momentos, el primero entre las 11:15 horas y hasta las 12:00 y un segundo momento, desde las 20.00 horas hasta las 21.30 horas. Los efectos de las detonaciones de las bombas dañaron las instalaciones de la escuela de la vereda El Porvenir y en la vereda La Unión fueron destruidas 4 hectáreas del fruto conocido como lulo.

* Domingo 22 de octubre. A las 5.20 aproximadamente el campero de servicio público que se dirigía del municipio de Apartadó al corregimiento de San José de Apartadó, Comunidad de Paz, fue interceptado en el barrio El Consejo de Apartadó por cuatro hombres con armas cortas. En los límites del barrio Mangolo, los paramilitares obligaron al conductor y los pasajeros a seguir hasta la orilla del río, allí los hicieron bajarse a todos con sus documentos de identidad y las otras pertenencias (mercados y bolsos.). Los armados compararon los documentos de identidad con las cédulas de los pasajeros y les expresaron que todos se encontraban en la lista. Luego de quedarse con todas los mercados y algunas pertenencias les obligaron a marcharse.

* Martes 24. A las 18:00 horas una mujer de la Comunidad de Paz fue detenida por integrantes del ejército durante dos horas aproximadamente, en el retén militar que se mantiene en el punto conocido como La Balsa. Durante todo este tiempo los militares le manifestaron que la tienda comunitaria es un nido de la guerrilla. "Lo que allí está, ustedes dicen que es para la Comunidad de Paz, pero eso es para la guerrilla. Varios de esos de la Comunidad de Paz son guerrilleros". Amenazaron con entrar y acabar con "varios de esos h.p de la Comunidad de Paz. Eso es un plato de manzanas donde existen varias podridas, y si se dejan las podridas dañan a las demás" (...) "Nosotros vamos a acabar con esa comunidad. Díganles a esa gente, a sus misioneros y a los internacionales, que no nos importa que denuncien" (...)."Ustedes denuncian pero nosotros seguimos haciendo lo que queremos. Vaya y dígales todo, que no nos importa". Ante la contundencia de estos testimonios, corroborados por varios testigos, hoy temerosos de repetirlos porque ellos son conscientes de que lo más probable es que de decirlo más abiertamente, aparecerán en las listas confeccionadas por los victimarios. Desde la masacre del 8 de julio en la vereda La Unión, Comunidad de Paz, las presiones, los hostigamientos, los señalamientos públicos y privados, las ambientaciones de nuevos daños irreparables están a la orden del día. Los límites entre lo intolerable y el cinismo se han roto. Ya no existe ni el recato de conciencia ni la acción encubierta. Ya se sabe que nada va a pasar, que la inexistencia de una justicia eficaz, justifica la arrogancia de los victimarios. Mientras las investigaciones avancen lentamente, desconociendo la verdad real en los procesos adelantados, los victimarios continuarán sintiéndose complacidos porque han experimentado nuevos mecanismos para el perfeccionamiento del Crimen.

Se ha pasado de la irracionalidad a los signos más claros del terror psicológico, a la muerte anunciada y preparada, donde los mínimos humanitarios y los límites que legitiman el Estado de Derecho se continúan desmoronando. El deseo de construir el Estado en medio de la guerra, desde la civilidad y las opciones pacíficas que proclama la Comunidad de Paz, se enfrentan hoy no solo a la sistemática persecución de la fuerza sino a la utilización argumentativa distorsionada de lo humanitario. Desde el año pasado diversos sectores del Estado han venido cuestionando las iniciativas de autonomía, de neutralidad, de Comunidad de Paz, de Autodeterminación porque las conciben cuando no como "repúblicas independientes", como espacios de "oxigenación de la insurgencia", y en el último tiempo como zonas de despeje como las acordadas en el sur del país. Nefasta comparación que desconoce la distinción entre una fuerza beligerante o alzada en armas contra el Estado y una organización civil y una comunidad civil que afirma sus derechos de modo pacífico. Construir espacios humanitarios en medio de la guerra para no convertirse en objetivo militar de los actores en confrontación armada no significa una zona vedada. Al Estado la comunidad nunca le ha planteado abdicar del ejercicio de su fuerza, lo único q