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Constancias históricas sobre la situación de violencia del Urabá chocoano - Año 1999.

COMISIÓN INTERCONGREGACIONAL JUSTICIA Y PAZ

A las 11:00 p.m. del domingo 04 de abril, ingresaron aproximadamente 10 hombres vestidos de civil, pantalón negro y camisas oscuras, con armas cortas y largas y granadas de fragmentación al corregimiento de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Durante dos horas y media permanecieron el casco urbano.

Los hombres se pasearon por la parte central del pueblo y se acercaron a uno de los kioscos, mientras otros merodearon las casas sobre las vías centrales del pueblo. En el kiosco se encontraban, viendo televisión, cuatro miembros de la Comunidad de Paz, entre ellos GABRIEL GRACIANO, 16 años de edad, y OSCAR MARTINEZ.

Un grupo de los armados se dirigió a donde ellos, los insultó, los amenazó, sindicándolos de guerrilleros y de formar parte de "una comunidad de guerrilleros"; al mismo tiempo, preguntaban por los nombres de los líderes de la comunidad. Los cuatro campesinos de la Comunidad de Paz fueron llevados hacia la plazuela central, junto con los campesinos DANIEL PINO y ANTONIO JOSE BORJA. DANIEL fue traído desde la vereda La Balsa, ubicada en el camino de Apartadó a San José, y ANTONIO se encontraba caminando hacia Apartadó.

Entre tanto, el otro grupo de los paramilitares, se detuvo en la casa habitada por ANIBAL JIMENEZ, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, encargado de los proyectos pedagógicos de la comunidad. A ANIBAL le hicieron prender la luz, lo insultaron y lo sindicaron a él y a la comunidad como "guerrilleros". Luego le dispararon un tiro y cuando se encontraba en el suelo le propinaron otros dos.

En ese momento, los paramilitares que tenían detenidos a los seis campesinos en la plazuela central degollaron a GABRIEL GRACIANO y le propinaron un tiro; al campesino DANIEL PINO, le abrieron el estómago, herido de esta manera intentó sobrevivir caminando hacia la bodega, donde murió posteriormente; a OSCAR MARTINEZ y ANTONIO JOSE BORJA les dispararon con una pistola 9 mm, quedando gravemente heridos. Los otros dos integrantes de la Comunidad de Paz corrieron y lograron salvarse.

Posteriormente y por espacio de una media hora a la entrada de San José, y en sus calles, los hombres armados dispararon tiros de fusil y de pistola; lanzaron tres granadas de fragmentación en los alrededores de la Escuela, de la Placa de la Plaza Central y en la salida a San José de Apartadó, las esquirlas hirieron a la señora NALFA SANCHEZ, integrante de la Comunidad de Paz.

A eso de las 2:00 a.m. los pobladores del casco urbano de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó salieron a las calles a atender los heridos y a reconocer los cuerpos sin vida de sus seres queridos. Encontraron una granada de fragmentación no activada cerca de GABRIEL, vainillas de pistolas de 9 mm, y de otros calibres.

Ante este nuevo hecho, que golpea un proceso alternativo de paz en medio de la guerra, en memoria de los 60 asesinados y desaparecidos que han sido víctimas de militares - paramilitares y guerrilla; ante la fe que abrigan todas las familias que conforman la Comunidad de Paz para que sus derechos fundamentales y el Derecho Internacional Humanitario sea acatado por los actores armados, dejamos nuevamente constancia moral de estos hechos que afrentan la dignidad humana.

Tenemos la profunda convicción que para que esta experiencia continúe siendo posible, requiere que el Estado y todas las instancias gubernamentales adopten las medidas necesarias para que se respete la decisión de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de no tener presencia de ningún actor armado en sus zonas de habitación y cultivo, y en los lugares de su movimiento permanente.

Porque no solo nosotros, sino además diversas instancias nacionales e internacionales, damos fe que los integrantes de la Comunidad de Paz han asumido con transparencia y profunda convicción su decisión de no ser parte del conflicto ni directa ni indirectamente, manteniéndose neutrales ante los actores armados desde el 23 de marzo de 1.997.

Por eso, no deja de preocuparnos el ambiente de animadversión, tergiversación, estigmatización que se ha venido creando sobre esta experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ante delegaciones diplomáticas, ONG internacionales y entidades del gobierno central. Por eso desde nuestra conciencia de creyentes, como Comisión de Justicia y Paz conformada por equipos misioneros de seglares, religiosos y religiosas en Colombia, pensamos que estas muertes fueron justificadas antes de su consumación.

Si se llegare a realizar alguna investigación sobre estos nuevos crímenes, debería realizarse desde la Fiscalía General de la Nación en su más alto nivel, creando las condiciones de absoluta imparcialidad para abrigar la esperanza que algún día sea posible acceder a la justicia, en medio de tanta impunidad.

Con profunda conmoción, Secretaría Ejecutiva Comisión Justicia y Paz- volver -

Dejamos en su conocimiento nuevos hechos que evidencian el mantenimiento de estructuras criminales del paramilitarismo gracias a la aquiescencia, acción y omisión de las Fuerzas Militares de la región.

* El jueves 6 de mayo entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m. un grupo de aproximadamente 30 hombres armados con fusiles AK y Galil, quiénes se identificaron como miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, retuvieron a cuatro campesinos que viven en San José de Apartadó. Los campesinos se encontraban trabajando en una finca de su propiedad ubicada en la vereda Arenas Altas. Dentro de los hombres uniformados y armados se reconocieron a reconocidos paramilitares de las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá" como alias "Perro de Monte", "Wilson" y "Cordillera".

A dos de los campesinos que tenían amarrados en el momento de dejarlos en libertad, el comandante del grupo les ofreció disculpas por haberlo hecho y explicó "fue una medida de seguridad porque ustedes se podrían haber corrido y nosotros nos hubiéramos visto obligados a dispararles. Nosotros no teníamos intención de matar a nadie".

A los más jóvenes les expresaron que no fueran a San José a contar que ellos los habían tratado mal sino que dijeran la verdad de lo que había pasado. El grupo armado les manifestó con respecto a la Comunidad de Paz que, "mientras la gente trabaje organizadamente y sin torcerse para ningún lado, ellos no tendrían problema y no le harían nada a nadie".

*El lunes 10 de mayo a las 2:00 a. m. el joven JAIME GARCIA, apodado el "Junior" de 23 años de edad, antiguo miembro de las milicias de las FARC y quie no perteneció ni pertenece a la Comunidad de Paz, ingresó al casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó con un revolver. A varios integrantes de la comunidad les mostró el arma y expresó que se iría a las Autodefensas aprovechando que estaban por ahí.

JAIME GARCIA participó en el asesinato de la novia de un Teniente del ejército en el mes de mayo de 1997, tal como lo denunció nuestra Comisión. JAIME GARCIA entregó el cadáver al ejército y fue llevado en helicóptero por ellos al parecer hacia la Brigada XVII. Aunque fue detenido posteriormente lo dejaron en libertad.

* El miércoles 05 de mayo a la vereda Buenos Aires ingresaron unidades del Ejército Nacional a la finca del campesino EDUARDO MORALES. Entre los uniformados se encontraba ARMANDO PEREZ, antiguo integrante de las FARC, y ahora miembro de los grupos paramilitares.

El domingo 9 de mayo hacia las 11:00 a.m. llegaron de nuevo los uniformados, lo sindicaron de ser guerrillero. Luego saqueron su casa y estropearon varias de sus pertenencias de su casa. EDUARDO y su familia se vieron obligados a abandonar la vereda.

* Hasta el día de hoy se ha visto a unidades del Ejército Nacional con integrantes de los grupos paramilitares en el sitio conocido como La Sucia a una hora del casco urbano de San José de Apartadó en el camino que condude hacia la vereda Mulatos. Así mismo, se ha visto patrullajes y presencia de militares y paramilitares el caserío La Victoria, ubicado en la carretera que de Apartadó conduce a San José de Apartadó.

Dejamos en su manos nuevamente constancia moral de estos hechos ante los evidentes signos de incapacidad por enfrentar de raíz el terror desatado por los paramilitares contra los pobladores del corregimiento de San José de Apartadó y contra la experiencia de Comunidad de Paz de la que participan la mayoría de sus habitantes.

No solicitamos más investigaciones exhaustivas porque ella no han logrado prevenir los atentados contra la vida, la integridad psicológica y moral de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de los habitantes de esta región.

Han sido insistentes nuestros llamados desde hace más de dos años para que se conozca la verdad, se haga justicia y exista una reparación de los daños morales causados a estas comunidades. Hasta hoy podemos decir que persisten la estructruras que han generado tantas violaciones a los derechos humanos, tanto dolor y tanta desesperanza.

Mientras persistan estos evidentes nexos entre unidades oficiales y las estructuras paramilitares, se comprende que las medidas de protección que han sido adoptadas por el gobierno colombiano no se ubican más allá que en el aval y la legitimidad del paraestado.

A pesar de esta penosa experiencia de frustración queremos hacer una llamado para que la decisión de la población civil campesina de no ser involucrada en el conflicto sea respetada, y su sentido de neutralidad sea valorado, con toda la transparencia por las autoridades, que hoy parecieran pretender por nuevos mecanismos de la guerra, tergiversar, usar, distorsionar esta experiencia de neutralidad.

c.c. Representaciones Diplomáticas Organismos Internacionales de Derechos Humanos.

Dejamos, por tercera ocasión en menos de dos meses, constancia del riesgo que corren la vida y la integridad física y psicológica de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó debido al actuar de unidades del Ejército, dentro de las cuales se han visto en varias ocasiones a reconocidos paramilitares, que desde el 5 de mayo mantienen su presencia en los alrededores del casco urbano del corregimiento, en la carretera que conduce de Apartadó a San José. La preocupación es creciente en la medida en que en dichos controles se indaga sobre los nombres de los líderes de la Comunidad de Paz .

En el marco de los controles permanentes, el lunes 15 de Mayo a las 8:30 a.m., en un reten montado en el caserío conocido como La Victoria, localizado en la carretera que de Apartadó conduce a San José de Apartadó, los uniformados –unidades militares y paramilitares-, detienen el chivero –vehículo de servicio público- y preguntan a varias mujeres que en él se movilizaban, los nombres de los líderes de la Comunidad.

Dos días después, el 17 de mayo, un grupo de hombres armados pertenecientes al Ejército montaron, durante varias horas, un retén. A las 10:00 a.m. los armados detuvieron un chivero y preguntaron de nuevo al grupo de mujeres que en el se movilizaban los nombres de los líderes de la comunidad.

El 24 de mayo de 1999 a las 8:00 a.m., un grupo de aproximadamente cien miembros del Batallón Vélez ingresaron hasta la entrada del casco urbano, por la carretera que de Apartadó conduce a San José de Apartadó. Dos hombres de civil que venían con los soldados ingresaron hasta la plaza central del corregimiento. Al parecer los hombres de civil eran miembros del mismo batallón.

Aparentemente nada tendrían de anormal estos hechos. Sin embargo, la experiencia de terror e intimidación vivida en los años 1996 y 1997 parece revivirse con estos controles y retenes. En ese entonces, a menos de cuatro minutos de un retén militar permanecía un retén paramilitar donde se interrogaba a la población, se preguntaba por nombres de personas se bloqueaba el ingreso de alimentos, se buscaba información sobre la población, y a partir de esa información se desaparecía y asesinaba a integrantes de la comunidad o a la población civil campesina de la región sin que, a pesar de nuestras denuncias, autoridad alguna obrara para atacar o desmontar esta estructura de muerte.

Hoy, estos retenes del Ejército, donde se han visto en varias ocasiones reconocidos paramilitares, se mantienen y como ocurrió hace dos y tres años, antes que se dieran las desapariciones y los asesinatos, preguntan por nombres de campesinos y en particular por los líderes de la comunidad.

Nos asiste profunda razón en nuestras preocupaciones si se tiene en cuenta que hace menos de mes y medio, el pasado 4 de abril, los paramilitares ingresaron al corregimiento de San José de Apartadó, preguntaron a varios campesinos por los líderes de la Comunidad y asesinaron a uno de ellos: ANIBAL JIMENEZ.

Nuevamente, queremos dejar constancia de que las recomendaciones de la comunidad internacional para respetar la vida e integridad personal y psicológica de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no han sido acogidas y que el deseo de la comunidad de mantenerse neutral y transparente frente al conflicto armado, sigue siendo irrespetado por agentes del Estado y por grupos que operan con su aquiescencia, omisión y(o) complicidad.

Con profunda preocupación, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz- volver -

Por cuarta ocasión, en el último trimestre, queremos dejar constancia moral de actuaciones que evidencian la erosión del Estado de Derecho, cuando unidades de las fuerzas militares adscritas a la Brigada XVII realizan operativos al lado y en conjunto con las llamadas "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá".

El martes 13 de los corrientes, a las 8 a.m., una persona de civil, con un arma de fuego y dos granadas abordó una volqueta, en el sitio conocido como La Balsa. Minutos después pasó por el retén militar que se encuentra ubicado al lado del Barrio Mangolo, municipio de Apartadó, cerca de la platanera que se encuentra en el camino que conduce del casco urbano de dicho municipio al corregimiento de San José de Apartadó sin ser requisado.

El miércoles 14 de julio, en varias ocasiones durante la tarde de ese día, unidades militares realizaron requisas en ese mismo retén.

Es motivo de preocupación el hecho de que en el retén, las requisas se orienten a ejercer un control discriminado. Son sujetos de estas acciones solamente algunos de los campesinos que se transportan en los vehículos públicos. A los demás no se les solicitan sus documentos de identidad ni su equipaje. Este tipo de discriminación en las medidas de control, así como en su procedimiento, plantean serias dudas sobre el carácter de este actuar, sobretodo cuando ha persistido, a escasos minutos de este retén, el patrullaje intermitente de militares y paramilitares, en los sitios conocido como Caracaolí y La Balsa.

Justo un día después, el jueves 15 de julio, en horas de la noche más de un centenar de militares y paramilitares estuvieron el caserío La Balsa, a donde llegaron con una veintena de mulas que, de acuerdo con las versiones reunidas, fueron sustraídas a los habitantes del sitio conocido como Piedras Blancas. Ante algunos habitantes La Balsa se presentaron como tenientes del ejército y miembros de las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá". A un campesino del lugar lo abordaron para que les sirviera como guía pidiéndole los llevara a la vereda Guineo Bajo, perteneciente al corregimiento de San José de Apartadó, pero al final desistieron en su empeño. En la madrugada dejaron algunas mulas en el lugar y los desechos de víveres que consumieron y compraron en las tiendas.

Nuevamente queremos dejar constancia moral de este comportamiento militar ilegal e ilegítimo que genera zozobra, y temor de posibles atentados contra la vida de la población civil de la región y en particular a los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quiénes de manera diáfana y transparente están ejerciendo su derecho a la neutralidad.

Con profunda preocupación, COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ.- volver -

Por quinta vez en este trimestre, queremos dejar constancia las acciones del paraestado sin que existan ni razones ni justificaciones válidas para negar el actuar conjunto de militares – paramilitares. Nuevamente los pobladores del corregimiento de San José de Apartadó que habitan en la vereda Buenos Aires, ubicada a hora y media del casco urbano, en el camino que conduce a Mulatos, testifican su amenazante actuar.

La señora de EDUARD, OLGA GARCIA, le manifestó a los militares y paramilitares: "él no tiene la culpa de nada, ni puede pagar lo que el hermano hizo, él ya está muerto".

A un vecino que se encontraba en el lugar, LUIS HIDALGO, lo golpearon y lo tiraron al piso. Cuando los militares-paramilitares se encontraban en esta acción, entró un mensaje al radio del oficial en el que se escuchó: "hoy entraremos a San José 14 o 20 personas a hacer el mandado, entramos y volvemos a salir".

Le advirtieron a EDUARD que no le iban a hacer nada pero "cuidadito con las denuncias como las que habían hecho anteriormente". Luego, el teniente le ofreció disculpas a los campesinos. A EDUARD le manifestó que estaba equivocado, que en adelante no iba a ser afectado ni por él ni por su tropa. Enseguida un paramilitar le dice: "este h.p. porque no hay orden de matarlo y sino me encargaría de hacerlo. Yo fui guerrillero y vos nos cargabas comida". La señora de EDUARD responde: "no fue él, fue su hermano". El paramilitar de tez negra expresa: "ahora no hay problema siga viviendo en esa casa, porque de esta se escapa ya".

Durante la tarde se ha escuchado el sobrevuelo de helicópteros por las veredas La Bellavista y La Resbalosa y existe una gran presencia militar alrededor de la vereda La Unión.

Queremos expresar nuestra preocupación por la vida e integridad física de los campesinos maltratados y de sus familias quienes, a pesar de las amenazas proferidas contra ellos, se han decidido a dar conocer esta agresión contra su vida y dignidad.

Queremos dejar constancia histórica de estos hechos que moralmente censuramos. No lo hacemos con la finalidad de que se inicien "exhaustivas investigaciones" que no conducen sino a la impunidad, expresión de la erosión del Estado de Derecho y de la instauración del paraestado como la expresión de esta sociedad "democrática" que atenta contra la vida de los más débiles.

Queremos dejar constancia histórica de estos hechos, que moralmente censuramos. Lo hacemos para que en las responsabilidades que les competen, eviten que el sacrificio de más vidas humanas de esta Comunidad de Paz y de la población que habita en el corregimiento de San José de Apartadó, se produzca.

Profundamente conmocionados, COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ- volver -

Como es del conocimiento de todos ustedes, desde el 28 de febrero de 1997, cerca de 2500 campesinos fueron desplazados forzosamente, de sus 23 comunidades, por el accionar conjunto de militares-paramilitares. Hoy 30 meses después de haber sufrido daños irreparables en sus derechos, en su conciencia y el tejido social, se enfrentan a nuevas agresiones contra sus vidas por parte de estos mismos victimarios quienes continúan sin cesar sus hostigamientos, sus amenazas, sus señalamientos, las desapariciones forzadas y acciones psicológicas de presión. En su situación de desarraigo estas comunidades negras continúan sin encontrar una respuesta definitiva para su retorno con dignidad.

A través de esta nueva comunicación queremos dejar en su conocimiento lo que está ocurriendo en las comunidades desplazadas de la Cuenca del Cacarica, asentadas provisionalmente en Turbo, Bocas del Atrato y Bahía Cupica. Estos hechos evidencian que las estructuras criminales que dieron origen al desplazamiento se mantiene incólumes, continuando sus operaciones en la zona de retorno y en los lugares donde las comunidades se encuentran asentadas provisionalmente.

En primer lugar, en la región del Cacarica persiste la presencia de los actores causantes del desplazamiento. Se desconocen las razones porque continúa la presencia, casi permanente, de paramilitares en Sautatá y San José de La Balsa sin que acción alguna del Estado colombiano se haya efectivamente desarrollado para reprimir estos grupos que se movilizan por el río Atrato. ¿Cómo comprender esta situación sino por una actitud omisiva y cómplice, cuando se mantienen retenes militares permanentes sobre el municipio de Riosucio y una base naval de control sobre el golfo de Urabá? ¿Cómo comprender que en la región del Cacarica continúan la estructuras paramilitares sus criminales atentados contra la vida e integridad de la población campesina cuando las Fuerzas Militares expresan que sostienen un control sobre el Río Atrato?.

* Lunes 5 de abril: a las 12:30 a.m. aproximadamente del lunes 5 de abril desembarcaron en el caserío de San José de La Balsa, corregimiento de Perancho, Cuenca del Cacarica, municipio de Riosucio, más de dos centenares de paramilitares, vestidos con prendas militares, con armas largas (fusiles AK). Un grupo de 30 miembros de las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá" rodearon la casa de la señora RUBIELA, la amarraron y la obligaron a guiarlos a la casa del campesino MANUEL MARQUEZ.

Tres miembros del grupo de los paramilitares rodearon la casa de MANUEL, lo hicieron salir, sin camisa y sin zapatos, lo encañonaron y lo obligaron a tenderse en el piso, luego lo amarraron, y le expresaron: "estamos haciendo una investigación". Posteriormente, los trasladaron a otro lugar cercano.

A las 8: 00 a.m. un grupo de cuatro paramilitares ordenaron a los familiares de MANUEL prepararle un desayuno. Cuando le llevaron los alimentos, el grupo armado les impidió establecer diálogo con él, pero lo encontraron amarrado y con signos visibles de haber sido golpeado con machetas. Cerca de él se encontraba la campesina RUBIELA .

A un vecino que exigió respeto por la vida de sus vecinos, lo encañonaron, lo amenazaron con matarlo, lo tiraron, al piso, lo amarraron y lo golpearon con un machete. A este campesino, lo retuvieron entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m..

A la 1:00 p.m. desamarraron a RUBIELA y le dijeron: "no la queremos volver a ver más aquí, váyase de la región o se muere".

A las 3:00 p.m. cuando los paramilitares decidieron embarcarse nuevamente, desamarraron a MANUEL y le dieron la orden de regresar a su casa.

A pocos metros de ingresar a su casa fue nuevamente retenido por tres paramilitares, quiénes le dijeron: que "el jefe lo necesitaba para una investigación"; a sus familiares les expresaron: "no se preocupen nada le va a pasar". A MANUEL lo embarcaron junto con un grupo de paramilitares en una panga que se dirigió al campamento que estos instalaron en las antiguas instalaciones de Maderas de El Darién, ubicado por agua a 15 minutos del caserío de San José de La Balsa, corregimiento de Perancho, región del Cacarica, municipio de Riosucio.

El campesino MANUEL MARQUEZ fue visto por varios pobladores de la zona cuando los paramilitares lo hicieron bajarse de la embarcación y lo trasladaron por tierra al campamento donde se encontraba un helicóptero pintado con los colores de las fuerzas militares. Minutos más tarde, hacia las 5:00 p.m., el helicóptero partió del campamento paramilitar

El martes 6 de abril los familiares de MANUEL MARQUEZ se dirigieron al campamento paramilitar a donde le expresaron: "no hay nada que hacer, llegaron tarde, ya se lo llevaron".

Desde ese 5 de abril MANUEL MARQUEZ , se encuentra desaparecido. MANUEL se une a la ya larga lista de 70 asesinados y desaparecidos que la Comunidad del Cacarica lleva en su memoria en estos 30 meses de desplazamiento forzado. Ni de este caso ni de los anteriores, organismo alguno del Estado ha dado una respuesta efectiva para esclarecer, sancionar a los responsables, y reparar integralmente a sus familias, y a la comunidad.

La desaparición de MANUEL MARTINEZ evidencia, que la impunidad se convirtió en el mayor aliciente para que el paraestado continúe prolongando su estela de terror sobre esta región del Cacarica. Es claro que la desaparición de MANUEL MARTINEZ expresa que la ausencia de voluntad política del gobierno para dar solución estructural a este desplazamiento que ya cumple 30 meses, se convierte en factor que propicia nuevos atentados contra la comunidad desplazada.

En segundo lugar, en el municipio de Turbo, es evidente la presión psicológica e intimidación que generan las CONVIVIR, Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, que operan al lado de la policía y de las unidades militares de la región, como verdaderas estructuras paramilitares. Ahora las actuaciones del paraestado mantienen su intimidación, amenaza y señalamientos a la población vulnerando el ejercicio de los derechos de la población desplazada en condiciones básicas de libertad para el ejercicio de defensa de sus derechos civiles, políticos, económicos o en defensa de la naturaleza y la protección del medio ambiente.

* Lunes 5 de abril: el paramilitar PEDRO BAUTISTA ingresa al coliseo de Turbo y le expresa a un integrante de la comunidad desplazada : "usted se va o lo vamos a pelar".

* Viernes 9 de abril a las 4:00 a.m: en el municipio de Turbo, minutos después de un corte de luz eléctrica, un jeep Trooper de cuatro puertas, de color blanco, y en el que se transportan integrantes de las llamadas CONVIVIR, se parquea en la esquina del Campamento de Desplazados "Unidos Retornaremos" del Santo Ecce Homo. Cuando las CONVIVIR perciben la presencia de los acompañantes nacionales e internacionales se van.

Después de la segunda quincena de mayo se han realizado reuniones de los grupos paramilitares en el sitio conocido como Casanova, municipio de Turbo. En este lugar los paramilitares han planteado "golpear a los líderes, antes del retorno al Cacarica" (...) "allá la situación se nos puede complicar" (...) "ello han denunciado mucho". De acuerdo con la versión entregada, los paramilitares tienen en sus manos una lista en la que se encuentran los nombres de doce líderes, entre mujeres y hombres, sobre quienes se realizarían acciones por parte de los paramilitares.

* Jueves 10 de junio: una de las líderes de la comunidad sale de una de las tiendas comunitarias hacia el Coliseo Municipal, siendo seguida por un hombre reconocido como paramilitar que le dice: "¿Vas para el Coliseo , no?. ¿Qué es lo que usted hace?. Al siguiente día, a las 7:15 p.m. aproximadamente, la misma líder de la comunidad recibe una llamada en el sitio donde vive provisionalmente. Un hombre le dice: "Llamo de la fábrica de pañuelos. Llamamos desde Apartadó, ¿cuándo quiere que le enviemos el pedido para llorar a sus compañeros?".

* Domingo 27 de junio: aproximadamente a las 10:00 a.m. seis motos con dos ocupantes cada uno, vestidos de civil, con radios de comunicación y algunos con armas cortas escondidas entre las camisetas ingresan al Coliseo Municipal de Turbo. Entre varios de los hombres con radios se reconocen a los integrantes de las CONVIVIR que operan en la región.

Estos hombres estuvieron por espacio de dos horas y media caminando, comunicándose y rondando el lugar de reunión en que la comunidad del Cacarica exponía su oposición al corte de madera comercial que pretende realizar en la región la empresa Maderas de El Darién

Los integrantes de las CONVIVIR ingresaron minutos después que el señor BELISARIO VALENCIA, llegara al Coliseo para invitar a la comunidad a autorizar el corte de madera comercial y su venta a la Empresa Maderas de El Darién a cambio de unos recursos económicos, el dragado -canalización- de unos ríos, la construcción de una escuela. El señor VALENCIA expresó: "al venderse la madera a la empresa hay la posibilidad de ganarse una plata y lograr otras cosas más. Voy a apoyar la organización para que la empresa entre a trabajar y a acordar los compromisos" (...) " Este proceso va a tener un problema grande porque no es legal, no se ha tenido en cuenta al municipio. Yo trabajo en el municipio de Riosucio y eso es lo que se escucha. Se anda diciendo que las platas no llegan al municipio por que se las roban" (...) "Me gustaría que nos reuniéramos cada 8 días por dos meses con la comunidad para que vayan los procesos a la par, el de ustedes en las asambleas y el de la comunidad. El de ustedes y el de la canalización con la empresa, porque si en dos meses no resulta la canalización de su proceso, arrancamos con la empresa. Mientras tanto, la empresa termina la canalización que están haciendo en el río Cirilo"

Los integrantes de las CONVIVIR se marcharon luego que el señor BELISARIO VALENCIA terminó la reunión y se marchó del Coliseo. Minutos más tarde el señor BELISARIO VALENCIA sostenía un diálogo con el Representante de Relaciones Públicas de las CONVIVIR el señor ALBERTO OSORIO. Es de anotar que, mientras se realizaba la reunión, se encontraban en el Coliseo las unidades de policía, sin que existiera una acción mínima frente a la presencia de las CONVIVIR. Coincidencialmente durante el tiempo de la reunión en el Coliseo permaneció un soldado uniformado y con las insignias de identificación del Batallón Vélez, quien al terminar la misma se alejo del lugar

* Jueves 1 de julio entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m.: un reconocido paramilitar, con arma entre su camiseta, estuvo vigilando el ingreso o salida del grupo de trabajo de retorno de la comunidad del Cacarica que se realizaba en el albergue "Unidos Retornaremos" que se encuentra en el templo del Santo Ecce Homo. El paramilitar se retiró del lugar al terminar la reunión.

El paramilitar PEDRO BAUTISTA se acercó a un desplazado y afirmó: "Usted tiene un hijo en la guerrilla, pero puedo decirle que tranquilo que yo ya aclaré esa situación. Usted no tiene porque pagar lo de otro". El paramilitar se alejó.

*Viernes 2 de julio entre las 2:00 p.m. y las 5:30 p.m: el paramilitar PEDRO BAUTISTA realizó vigilancia permanente sobre el grupo de jóvenes desplazados que coordinan una tienda comunitaria de sobrevivencia.

Al finalizar la tarde ingresó a la tienda, tomó algunos alimentos, quemó un lapicero con el que hacen cuentas, tomó el cuaderno de registro y expresó en tono irónico: "aquí sí que venden bastante, venden hasta cinco pesos ". Cuando los muchachos decidieron cerrar, el paramilitar les expresó: "h.p porque se van a ir temprano. Yo me estoy ganando 450 mil pesos".

* Viernes 9 de julio entre las 10:30 a.m. y las 11:00 a.m: dos hombres vestidos de civil permanecieron en el Coliseo en una moto, uno de ellos con radio y otro con un arma corta. No hubo reacción alguna de la policía.

* Sábado 17 de julio a las 8:00 a.m: dos hombres, en una moto sin placas, ingresaron al coliseo, uno de ellos portando un radio y el otro armado.

* Domingo 18 de julio a las 7:30 a.m: los mismos hombres y en la misma moto sin placas, portando uno radio y el otro armado, se parquean por espacio de 30 minutos en la puerta de entrada al coliseo cubierto.

* Martes 20 de julio: desde las 9:00 a.m: la comunidad convocó a una reunión para aclarar el corte de madera y la deforestación que se está desarrollando en la zona a través de las cooperativas "GILLETTE" Y "DIOS PROVEERA", que están apoyadas por la empresa Maderas de El Darién. En la reunión participaron FRANCISCO ZULUAGA, funcionario del Ministerio del Medio Ambiente y BELISARIO VALENCIA. Cuando la reunión se desarrollaba, el integrante de las CONVIVIR, NICOLAS, apodado "Colacho" ingresó al Coliseo en una moto.

* Jueves 22 de julio: desde las 3:00 p.m. y durante toda la noche se realiza una gran dispositivo de militares, policía, CONVIVIR a raíz de los insistentes rumores de ingreso de la guerrilla al municipio de Turbo.

* Miércoles 21 de julio: en horas de la noche en los míseros barrios, donde también habitan las familias desplazadas del Cacarica que se encuentran en Turbo, los paramilitares realizaron varias acciones de intimidación contra la población a través de movimiento de motos y pegaron en las paredes varios comunicados, en hojas de tamaño carta, en las que amenazaron a quienes sean "brujas" -pitonisas- o acudan a sus favores. Sobre ellos se anuncia: "Muerte a zánganos y brujos de cualquier sexo o edad. Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá".

* Domingo 8 de agosto: en horas de la mañana llegan dos miembros de las CONVIVIR al Coliseo Municipal, realizan rondas por todas las instalaciones donde se encuentra la comunidad desplazada. Uno de ellos porta un arma.

En horas de la tarde, aproximadamente a las 2:30 p.m: ingresan al coliseo municipal cuatro integrantes de las CONVIVIR. Dos de ellos estuvieron presentes en medio de la comunidad cuando se estaba desarrollando la Asamblea Dominical y los otros en los alrededores del Coliseo. Entre los integrantes de las CONVIVIR, uno es de nombre HENRY y otro apodado "El Cartucho". Los integrantes de este grupo armado portaban radios de comunicación y dos de ellos llevaban armas ocultas entre sus pantalones. Los que se encontraban en el área exterior del coliseo mantuvieron permanente comunicación por medio de sus radios.

Algunos de los habitantes del Coliseo escucharon una comunicación en la que expresaron: "Estamos aquí viendo las ONG de los albergues".

A eso de las 4:45 p.m. el integrante de la Convivir llamado NICOLAS, apodado "Colacho", con radio y arma, y otro, vigilaron el desarrollo de una reunión que sostuvieron cinco líderes de la comunidad con la Policía respecto al problema de las basuras. Mientras se daba la reunión sostuvieron permanente comunicación a través de la radio.

A las 8:13 p.m. dos hombres de tez negra llegaron por la vía que conduce de la carretera principal al Coliseo, entraron hacia la unidad deportiva, luego de pasar por las cocinas de la familias, ingresaron al Coliseo cubierto, se pasearon por todas las instalaciones donde duermen las familias. Uno de ellos vestido con una chaqueta negra con las manos en sus bolsillos, daba a entender que tenía un arma. Por el temor al comienzo nadie se atrevió a hablar.

Posteriormente, el responsable del Coliseo les preguntó qué necesitaban y les recordó que este era un lugar humanitario, entonces los hombres lo insultaron y le dijeron: "a este sapo h.p le vamos a romper la cabeza" Mientras salían del lugar arrojaron, al parecer, el anillo de una granada ya usada.

* Lunes 9 de agosto: dos integrantes de las CONVIVIR, uno de ellos con radio, ingresaron en una moto al Coliseo municipal, en horas de la mañana, durante media hora. En horas de la tarde, en un nuevo recorrido, uno de los dos integrantes de las CONVIVIR se acerca a la tienda comunitaria y les expresa: "estoy aburrido, no he encontrado a quien matar estos días". El miembro de las CONVIVIR permaneció en el lugar por espacio de una hora.

* Jueves 12 de agosto: a las 9:00 a.m. en una moto de alto cilindraje, de color blanco y sin placas, ingresaron dos hombres armados, uno de ellos con arma corta y otro con arma larga ocultas en sus camisetas. Los hombres permanecen por espacio de dos horas en el Coliseo observando los movimientos de la comunidad.

* Viernes 13 de agosto: ingresaron al Coliseo dos hombres, uno de ellos estuvo el día anterior armado, el otro, un paramilitar apodado "el Cepillo". El apodo coincide con el del jefe paramilitar que coordinó, en el segundo semestre del año 97, una frustrada masacre contra los repatriados que se encuentran en Bahía Cupica.

* Domingo 15 de agosto: a las 7:00 a.m., a la salida del Coliseo en la vía que conduce al centro de Turbo, se ubicó en actitud de vigilancia un hombre llamado DANIEL, quien se encontraba con un radio de comunicación. DANIEL, apodado "el negro" es, al parecer, integrante de las CONVIVIR. DANIEL actuó en el año 96 y 97 con los grupos paramilitares en varios de sus retenes sobre el río Atrato. Desde el segundo semestre se le ve en Turbo y continuamente ingresando al Coliseo en varias motos, algunas de ellas de alto cilindraje, de color rojo, marca Honda. A DANIEL se le ve permanentemente en la ciudad y merodeando la casa del equipo misionero de nuestra Comisión.

El conjunto de estas acciones sin lugar a dudas, evidencia la persistencia de la estructuras criminales del paramilitarismo a pesar de que las autoridades locales niegan su existencia. No cabe duda que el ingreso de paramilitares a los lugares donde las comunidades desplazadas se encuentran sobreviviendo, evidencia que no existen medidas eficaces de control ni para el ingreso de personas o de vehículos a los campamento donde vive la comunidad.

Es motivo de profunda preocupación que los señalamientos y las amenazas de posibles atentados contra la vida de los líderes de la comunidad continúen cuando los paramilitares se movilizan y se reúnen sin ninguna dificultad en el casco urbano del municipio de Turbo y mantienen control sobre el puerto de Turbo o en las zonas perimétricas para orquestar sus futuras acciones.

No es de extrañarnos entonces que las acciones de presión psicológica de las CONVIVIR en el lugar de habitación de las comunidades, sean otro mecanismo de presión dentro de la estrategia paraestatal de amenazas sobre los líderes, para que ellos acepten los ofrecimientos de dádivas de empresas que han causado un gran desastre ecológico en la región del Urabá y del norte del Chocó, como la empresa Maderas de El Darién, o que renuncien a su derecho indeclinable de reparación integral que vienen planteando al gobierno desde hace 30 meses. Es evidente que la ausencia de una respuesta pronta y eficaz del Estado frente a la propuesta de Retorno de la comunidad, aumenta los riesgos para su vida en sus lugares de vida provisional, porque se encuentran a merced de sus victimarios y de testaferros que amparados en una fuerza, presionan salidas que atentan contra los derechos de las comunidades como víctimas del desplazamiento y contra sus derechos económicos, sociales, culturales.

Dentro de esta situación percibimos la interferencia inadecuada y hostil del Señor BELISARIO VALENCIA, funcionario de la Alcaldía del Municipio de Riosucio, participación que genera mucho más temor cuando se le comprende asociada a las CONVIVIR, grupo armado sobre cuyas acciones arbitrarias hemos dejado constancia.

En tercer lugar, no dejan de causarnos inquietud, los procedimientos que utilizan la policía y las Fuerzas Militares, sea con el fin de desarrollar sus actividades de prevención o de obtención de información a través de registros fotográficos.

* El Martes 13 de abril a las 9:25 p.m. dos hombres con radio y armas se encuentran parqueados a pocos metros del Albergue Campesino "Unidos Retornaremos" que se encuentra en el Santo Eche Homo, ven pasar a una de las religiosas del Equipo Misionero y una acompañante internacional de los Estados Unidos.

Después que ellas ingresan al albergue, los dos hombres se acercan al lugar humanitario y le preguntan a una de las mujeres desplazadas por la identidad de las dos personas que acababan de ingresar, y que si la "mona", refiriéndose a la acompañante internacional, vive ahí. Ante las preguntas, la mujer desplazada les solicita su identificación, a lo que ellos responden : "somos la policía" y le muestran un carnet. La religiosa percibe la presencia de los dos hombres se acerca a ellos y les pide su identificación. Ellos le expresan: "estamos aquí porque usted conoce la situación y vamos a estar de ronda toda la noche".

* 1 de junio a las 10:00 a.m. el señor OLARA OTUNNU, Relator Especial de Naciones Unidas para la niñez en conflictos armados, visitó la comunidad desplazada del Cacarica que se encuentra en el Coliseo Municipal de Turbo. En medio de la comitiva que acompañaba la visita internacional se destacaba un fotógrafo vestido de civil que activaba su cámara de modo poco profesional. Una religiosa que acompaña a la comunidad se le acercó y le preguntó con quién venía y quién lo había autorizado para tomar fotografías. El fotógrafo manifestó que Monseñor, señalando a un señor vestido de civil, con una camisa de botones y una cruz grande en el pecho. Agregó que él lo había contratado y que no sabía que Obispo era.

La religiosa se acercó y lo saludo de acuerdo con los títulos que da la iglesia, a lo que éste reaccionó expresando: "No. Yo no soy Monseñor, lo que pasa es que mi amigo fotógrafo me llama así por molestarme. Yo soy FERNANDO CORTAZAR, soy militar". La hermana le preguntó por el tipo de Cruz Pectoral que cargaba, manifestando que: " es que me gusta tenerla siempre, la llevo porque me gusta mucho y soy muy católico. Tengo un tío sacerdote y una tía religiosa. La cruz es de Roma y está bendecida por el Santo Papa. Yo estoy aquí porque pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos de la Brigada XVII". La religiosa le solicitó el entonces el favor de pedir al fotógrafo que dejara de seguir haciendo tomas.

* Lunes 9 de agosto: hacia las 3:30 p.m. un hombre, con un radio de comunicación, y una mujer se bajan de una moto azul sin placas, se ubican enfrente del Albergue Campesino "Unidos Retornaremos" del Santo Ecce Homo. Desde ese momento y hasta las 5:00 p.m. se encuentran observando el

movimiento del albergue. A través del radio de comunicación se escucha la siguiente pregunta: "Sargento 22 en su lugar". A lo que el hombre responde: "afirmativo".

Estas actuaciones expresan como la adopción de medidas solicitadas para la prevención de daños irreparables sobre la población desplazada se dirigen más sobre quiénes son las víctimas que sobre sus posibles victimarios. ¿Por qué las medidas de control se dirigen más sobre la población y no sobre sus victimarios? ¿En una zona de evidente presencia de grupos paramilitares cómo lograr distinguir las acciones del actor oficial del ilegal, cuando sus modos de operación son similares? ¿Por qué se utilizan de esa manera las visitas internacionales para obtener información? ¿Con tal oscuridad en las actuaciones que legitimidad y credibilidad se puede sostener sobre instituciones que participaron en el desplazamiento forzoso de la población?

En cuarto lugar, la situación de tensión en la población del Cacarica que se encuentra en la Hacienda "El Cacique" corregimiento de Bahía Cupica, municipio de Bahía Solano, continúa siendo de tensión.

* Marzo 27 - 4 abril; 3 - 14, Junio; Julio 15 – 29: En las visitas de acompañamiento humanitario que realiza nuestra Comisión, así como en las de

otras ONG nacionales e internacionales se ha percibido que los policías permanecen vestidos de civil y que portan sus uniformes mientras se realizan los días de acompañamiento.

En las tres ocasiones, las unidades de policías han manifestado que están elaborando un organigrama, por lo que es muy importante que cada uno de los acompañantes exprese qué trabajo realiza en la ONG, qué responsabilidad tiene, de quién depende y qué actividades va a desarrollar con la comunidad.

* En el mes de mayo, al parecer los paramilitares, asaltaron un barco pesquero sustrayendo doce millones de pesos y asesinaron a un contador, luego de quitarle la lengua.

* En los dos últimos meses se conoció el inicio de obras de ampliación de una pista de aterrizaje a unos pocos minutos del Campamento en el que se encuentra la comunidad desplazada. Al lado de la pista se está construyendo una gran bodega. El viernes 2 de julio, al comienzo de la tarde, se vieron alrededor de 20 hombres vestidos de civil y con armas largas. Es persistente la presencia de hombres armados en este lugar, al parecer integrantes de los grupos paramilitares.

* En estos mismos días 1 al 7 de julio existió un movimiento grande de pangas con paramilitares que se encuentran patrullando las costas y los puntos Piña, Tebada, Cabo Marzo, donde al parecer existen sus bases de operaciones.

* 18 de julio en horas de la tarde, en una tienda de Bahía Solano, seis hombres armados que se encuentran de civil intimidaron a dos delegados de la comunidad desplazada que se encontraban gestionando la solicitud de alimentación para la comunidad, ante los reiterados incumplimientos de la Red de Solidaridad Social. Un comerciante de Bahía Solano les manifestó que "son los paras, y las cosas se van a complicar para ustedes los desplazados".

Estas acciones evidencian la presencia del paramilitarismo sobre el Pacífico y su existencia en la región entre Bahía Solano y Juradó. Es motivo de preocupación el que la medidas solicitadas de investigación sobre la presencia de estos grupos no arrojen resultados que prevengan atentados contra la población desplazada, factor que se une al riesgo que permanentemente viven los delegados de la comunidad todas las veces que tienen que desplazarse por agua de Bahía Cupica a Bahia Solano en total estado de indefensión y con la finalidad de encontrar respuesta a sus necesidades humanitarias insatisfechas por el Estado colombiano.

En quinto lugar, las dificultades para el acompañamiento a las comunidades desplazadas de la Cuenca del Cacarica se hacen cada vez más evidentes. A la campaña de deslegitimación que vivieron las comunidades y luego las ONG nacionales e internacionales en la región, en la primera mitad del primer semestre de este año, y que desembocaron con una cruenta acción contra las Comunidades de Paz de San José de Apartadó y las Comunidades de Paz - San Francisco de Asís, se cuenta ahora con las amenazas verbales, y escritas contra acompañantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz y nuestros asesores técnicos.

* En el mes de marzo, el 29, uno de los miembros de la Policía Nacional que presta sus servicios en Bahía Cupica, preguntó por el nombre de uno de los acompañantes de nuestra Comisión y expresó: "menos mal que ya no está, porque el día que yo lo vea ahogándose, lo ayudo a hundirse en el mar".

* Viernes 9 de abril, en el coliseo municipal de Turbo, a las 3:00 p.m. aproximadamente, dos policías que se encuentran en servicio expresan a algunos integrantes de la comunidad desplazada "ese que esta ahí es un guerrillero", refiriéndose a uno de los integrantes del Equipo Misionero de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

* Entre el jueves 9 y el 15 de abril en el municipio de Turbo, en distintos momentos, la casa misionera es merodeada por hombres que se movilizan con radios y armas cortas.

* Desde el 1 de abril y hasta la fecha se realizan llamadas en Bogotá, al lugar de residencia permanente de uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo que acompaña a las Comunidades del Cacarica y a nuestra sede de Justicia y Paz en Bogotá. En dichas comunicaciones se afirma: "por guerrillero te vamos a matar" (...) "vamos a soplar, vamos a limpiar". En dos ocasiones este integrante de nuestra Comisión es seguido. En una ocasión por un hombre desde su casa hasta la oficina y posteriormente a otro. En otra ocasión el seguimiento se realiza través de un automóvil MAZDA de color gris en el que se movilizan tres hombres.

* Jueves 15 de abril: el periodista ADOLFO HOYOS de la reconocida "Revista Semana", llama a la sede de la Comisión de Justicia y Paz en Bogotá para preguntar acerca del trabajo que se adelanta con la comunidad desplazada que se encuentra en Turbo. El periodista, que se comunica desde Medellín, expresa que ha recibido un informe sobre el cual quiere tener una apreciación de nuestra institución.

En el informe escrito de dos páginas se expresa que por parte del equipo acompañante de nuestra Comisión, se han realizado agresiones y amenazas contra la población desplazada: "ya que los religiosos a cargo de esta comunidad se han dedicado a maltratarlos, hostigarlos, amenazarlos por no aceptar el retorno, asimismo le han negado toda ayuda de drogas y alimentos lo que ha deteriorado notablemente la condición de estas familias" (....) "personas pertenecientes a esta comunidad se presentaron en la Brigada XVII solicitando protección ante los continuos lances de los que eran víctimas por parte de tres misioneros laicos, estos individuos han demostrado agresividad y falta de respeto por las autoridades de la República, ya que han tenido roces con los estamentos gubernamentales que han pretendido conocer de la situación tales como La Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ejército Nacional y demostrando alevosía extrema y falta de acatamiento a las instituciones legítimas de la Nación" (...) Luego presenta una lista de 8 personas, con documento de identidad, que "presentaron denuncias que van desde manipulaciones, hostigamientos y hasta amenazas de muerte lo que motivo la intervención del Comandante de la Brigada (....)

Continúa el texto con un subtitulado ANALISIS. En este apartado se expresa: "este informe advierte la infiltración terrorista en las Comunidades de Paz y es de inigualable importancia, ya que este escrito tiene como fin denunciar la serie de arbitrariedades que esta cometiendo JUSTICIA Y PAZ (...) La tendencia marxista y el carácter insurrecional son el manejo que le están dando los clérigos a estos grupos humanos que son fácilmente manipulables por la necesidad y la miseria ayudados por el manto de la impunidad que los enviste por el simple hecho de ser una organización no gubernamental de carácter religioso, lógicamente protegida por la iglesia católica. Es así como esta organización crea una cultura de la neutralidad y no cooperación que atenta contra la institucionalidad colombiana ya que obliga a los desplazados a convivir con el delito, ya que se tiene como norma no informar los movimientos de los delicuentes y bandoleros que actúan en estas áreas y de no acatar las diferentes autoridades nacionales por cuanto esto lo denominan participar en el conflicto (...)

* A mediados de abril, IVAN ALMARALES, arquitecto que asesora técnicamente la propuesta de construcción de vivienda de los dos asentamientos a los que las 23 comunidades del Cacarica desean retornar, recibió una serie de llamadas a su teléfono celular en las que se le amenazaba de muerte. Las llamadas fueron repetidas en distintos momentos y siempre que se encontraba en Bogotá.

El 30 de junio, a su regreso de un viaje de trabajo, recibió una nueva llamada con amenaza de muerte. El mensaje fue el mismo que en las dos ocasiones anteriores y haciendo alusión al trabajo con las comunidades desplazadas.

* Domingo 27 de junio: en la reunión en que la comunidad presenta su posición frente al corte indiscriminado de madera y la deforestación en la región, que describimos más arriba, y que coincidió con la presencia de varios integrantes de las CONVIVIR, al lado del lugar de la reunión, el señor BELISARIO VALENCIA, funcionario de la Alcaldía de Riosucio, expresó:

"Yo vengo a organizar la comunidad. Hay que aprovechar esta oportunidad que se nos presenta para el corte de madera y la canalización, ya que la empresa nos va a hacer el favor. Ustedes lo que pasa es que están orientados por gente extraña, no por líderes de la propia comunidad, están orientados por rolos. Ustedes saben que ellos no quieren a los negros, que ellos son negreros, vienen por la plata. ¿Cómo van a creer que ellos vienen y los abrazan es porque los quieren, ellos vienen es por la plata (...) "Como va a creer uno que las ONG vienen a trabajar con ustedes solo por los derechos humanos y porqué vienen a trabajar por la humanidad. Les voy a poner una comparación. A ellos les da gobierno $10 millones y a ustedes, les aparecen con 1 o 2 millones. O sea que, para que ustedes entiendan, ellos están aquí por la plata"

* Miércoles 14 de julio: a las 10:30 a.m. un correo certificado, entregado por una empresa particular, Servientrega, llega a nuestra sede en Bogotá. El recibo de registro de la empresa en el remitente dice: "AUCC". En el sobre de carta aparece como Remitente: ACCU COLOMBIA CRA 16B 46 -92 TEL 3200566 y el destinatario "SEÑORES JUSTICIA Y PAZ . Q. E. P. D. (Que en Paz Descansen) Cll 36 15 - 39 BOGOTA D.C"

En el interior una carta escrita en mayúsculas que dice: "LAS AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CORDOBA Y URABA NO PERMITIRAN QUE ORGANIZACIONES PARAGUERRILLERAS COMO JUSTICIA Y PAZ QUE CUENTAN CON EL APOYO DE PELIGROSOS SUJETOS COMO IVAN ALMARALEZ IDENTIFICADO POR NUESTRO SERVICIO (SIC) DE INTELIGENCIA COMO UNO DE LOS ENLACES CON LOS GRUPOS DE BANDOLEROS AL MARGEN DE LA LEY, PRETENDAN RETOMAR TERRITORIOS LIBERDAOS POR NUESTRAS FUERZAS DE LOS HIJUEPUATAS (SIC) DELICUENTES Y FACINEROSOS DE LAS FARC Y EL ELN ATRAVEZ (SIC) DE SUPUESTAS PROPUESTAS DE RETORNO QUE NO PRETENDEN OTRA COSA QUE CAMUFLAR LAS OSCURAS INTENSIONES (SIC) DE LOS GRUPOS SUBERSIVOS QUE HAN UTILIZADO ESTA ZONA COMO CENTRO DE OPERACIONES

TAL COMO SE LO DIJIMOS POR TELEFONO YA SE FUE GIRALDO AHORA LE TOCA EL TURNO AL HIJUEPUTA ALMARALEZ TIENE 20 DIAS PARA SALIR DEL PAIS O SI NO LE VOLAMOS LA HIJUEPUTA CABEZA PARA LA MIERDA SI QUIEREN VOLVER TIENE QUE SER SIN GUERRILLEROS

A raíz de este conjunto de amenazas el arquitecto IVAN ALMARALES a los pocos días se vio obligado a salir del país.

* El sábado 31 de julio a las 4:00 p.m. en la casa donde vivió IVAN ALMARALES se recibió una llamada en el teléfono fijo en la que un hombre, nuevamente en tono amenazante expresó: "ya se los dijimos, vayánse guerrilleros h.p. No se lo volvemos a repetir."

* Lunes 9 de agosto: a las 7:00 a.m. el señor BELISARIO VALENCIA se dirigió a uno de los líderes de la comunidad que con claridad se está oponiendo al corte indiscriminado y a la deforestación, expresándole: "no se deje convencer, que las ONG y Justicia y Paz están interesados por el dinero. No se dejen creer, el retorno no se va a dar".

Ahora no son sólo las comunidades las que se encuentran en la mira de las estructuras criminales del paraestado. Sus tentáculos de terror, amenaza, señalamientos e intimidación, se extienden sobre nuestra Comisión, que presta un apoyo en defensa de la vida y de la promoción de los derechos humanos, pero también sobre quiénes apoyan técnicamente -labores especializadas- en el proceso de exigencia de estas comunidades.

Este conjunto de acciones de terror, por su lenguaje y modo de acción, de acuerdo con especialistas, no corresponde propiamente a la actuación paramilitar sino a las acciones de la llamada "inteligencia militar". Esta actuación de la Inteligencia, pretende una vez más, a través de un nuevo ardid establecer absurdos nexos de nuestra Comisión y la insurgencia; tal es el delirio y la obsesión por probar lo que no es problable, por hacer verdad lo que es mentira, que IVAN ALMARALES, arquitecto, trata de ser asociado con la subversión simplemente porque su padre ANDRES ALMARALES fue integrante del M-19, asesinado, por las fuerzas militares en la toma del Palacio de Justicia , (el 6 y 7 de Noviembre de 1.985).

Todas estas manifestaciones escritas y verbales son la manera de pretender desvirtuar y deslegitimar nuestras constancias históricas que hemos presentado a la comunidad internacional por los atentados que han sufrido las comunidades por parte de militares-paramilitares, es además, la manera de justificar nuevos atentados contra la vida de la población, contra sus asesores técnicos, contra sus acompañantes. Las amenazas de muerte y los señalamientos, son un eslabón más en la estrategia del paraestado. Desearíamos que sus propósitos fueran por lo menos desarticulados por el Estado.

Dejamos en sus manos esta constancia con la convicción que la erosión del Estado de Derecho solamente puede contrarrestarse con la enunciación de la verdad, la sanción de los victimarios que se escudan en la estrategia del paraestado, y la reparación integral de los derechos de quiénes han sido víctimas del Estado.

Dejamos en sus manos esta constancia sobre los señalamientos y advertencias que se conocen sobre la población desplazada, las posibles acciones contra la vida y la integridad física de los representantes de las comunidades; la persistencia de atentados contra la vida e integridad de personas miembros de las comunidades del Cacarica como la desaparición de MANUEL MARQUEZ; el ingreso de actores armados ilegales al Coliseo de Turbo, su continúo movimiento en la región Pacífica de Bahía Cupica; los procedimientos indebidos de la policía y de las fuerzas militares, la interferencia y presión psicológica de las CONVIVIR sobre la población desplazada; la presión sobre las comunidades, apoyadas por actores armados ilegales para que acepten participar en los cortes de madera y la deforestación indiscriminado, nos permiten inferir que no han existido medidas efectivas para proteger la vida e integridad física y psicológica de la población desplazada.

Dejamos en sus manos esta nueva constancia de la violación de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de las comunidades del Cacarica, con la firme conciencia de que expresando estas situaciones, .quede claro ante todos los que lean esta misiva, que era posible evitar nuevos atentados y daños irreparables contra la vida y la existencia de estas comunidades negras en su situación de desplazamiento en el municipio de Turbo, en Bocas del Atrato y en Bahía Cupica; que era posible allanar caminos para la justicia ante las 70 víctimas de asesinatos y desaparición forzosa que han vivido estas familias campesinas del Chocó; que era posible evitar que el paraestado y la guerra que desarrollan a través de sus distintos cuerpos, se erigiera con su 'verdad' del terror en la última palabra sobre la vida del Urabá y del Chocó que era posible evitar un nuevo desastre ecológico y daños irreparables contra la vida natural de esta Cuenca, por empresas privadas poderosas que por terceras personas, por "cooperativas fachadas", por funcionarios de la alcaldía municipal de Riosucio o por grupos armados sustentados en el paraestado desarrollen sus proyectos de explotación por encima de todas las formas de vida; que era posible desarrollar un apoyo humanitario y técnico a estas comunidades desplazadas, por parte de ONG de derechos humanos o instituciones de profesionales, sin por ellos ser amenazados o sufrir posibles atentados contra sus vidas

Con profunda preocupación, COMISIÓN INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ- volver -

Por sexta ocasión en este año, queremos dejar constancia de nuevos indicios que expresan que nuestra preocupación por los nuevos posibles atentados y daños irreparables contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, son ciertos.

A través de un organismo humanitario internacional de altísimo reconocimiento en el mundo, de varios años de presencia en todas las regiones del país, recibimos información según la cual, los paramilitares afirmaron que en los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y las FARC, ocurridos recientemente, desde el 02 de agosto y por espacio de dos semanas, en la Serranía del Abibe por el corregimiento de San José de Apartadó, la Comunidad de Paz atendió a varios combatientes de la insurgencia que fueron heridos en los combates.

Es bien conocido que dentro de la estrategia del paraestado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es satanizado o utilizado de acuerdo con sus intereses, para mostrar a la población civil como partícipe de acciones de colaboración con su polo adversario y así justificar su arremetida militar.

Por esa razón, la información brindada por el organismo humanitario ratifica el mantenimiento de las estructuras criminales del paraestado en la región, que tarde o temprano con estos "argumentos" sustentados en la mentira, extienden sus mecanismos de terror sobre la población civil, justificando así nuevos asesinatos, desapariciones forzadas, o el desplazamiento de familias.

Dichas afirmaciones sustentadas en la mentira, pretenden mostrar a la Comunidad de Paz de San José como "auxiliadora de la guerrilla". Estas expresiones y falsas acusaciones no se construyen ni provienen exclusivamente de los campamentos de los paramilitares sino también del Ejército Nacional, quiénes a delegaciones internacionales, a la iglesia y a la misma comunidad le expresan sus dudas, sus sospechas, y de este modo su estigmatización, a las familias que desde el 23 de abril de 1.997 se declararon como neutrales ante el conflicto armado.

Es claro que estas dudas, afirmaciones, estigmatizaciones, señalamientos y falsas expresiones no solamente ambientan y justifican el crimen para que este sea perfecto como ocurrió el 4 de abril de este año, con esta y otras comunidades de la región, sino que instituyen la mentira en el contenido de valor de la verdad del Estado de Derecho, a pesar de que con ello se deslegitime.

Merece una atención particular esta afirmación de los paramilitares sobre el actuar de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, no por quien la pronuncia, sino porque ellas coinciden con las afirmaciones que oficiales del ejército pronuncian en los operativos militares que realizan en conjunto con los grupos paramilitares.

Estas mentiras que se convierten en "verdad" por la fuerza de la barbarie de quiénes las pronuncian, se imponen efectistamente sobre la Verdad Real, es decir, sobre la Verdad enunciada por quiénes han sido víctimas de su terror; porque las víctimas solo cuentan con su testimonio y su fuerza moral, mientras sus victimarios se han fortalecido en la estrategia del paraestado que encontró en la impunidad su mejor abono.

Ahora los victimarios, ya no solo pretenden deslegitimar, estigmatizar, criminalizar sino a partir de su terror psicológico obligar a dialogar con el aparente compromiso de no masacrar o "seducir" a dialogar, para que la Comunidad actúe en sintonía con su proyecto de muerte y se ganen, aparentemente, el beneplácito de la institucionalidad de la región; pero igual, tarde o temprano, asesinarán, desaparecerán o desplazarán a la población, porque en el Estado han crecido y nunca, realmente nunca, el Estado enfrentó lo que nacio para actuar a su lado.

Dejamos constancia histórica nuevamente con la certeza que la verdad algún día brillará entre las mentiras, y se reconocerá que la experiencia de esta comunidad que afirma sus derechos en medio de la guerra es transparente; que para protegerla no se hicieron todos los esfuerzos posibles para desactivar la máquina criminal que atenta contra ella.

Es para nosotros creyentes, escandalosa y repudiable, la actitud omisiva, cuando no cómplice de la actuación de conjunto entre militares – paramilitares, sus apreciaciones sobre una comunidad, como la Comunidad de Paz de San José, que simplemente justifican daños irreparables a estas familias.

Solo contamos con la memoria de los más de 60 asesinados y desaparecidos de esta Comunidad de Paz, desde el día de su proclamación; solo contamos con la transparencia de las 1023 personas que han decidido asumir el riesgo de afirmar sus derechos en el marco del Derecho Internacional Humanitario, mujeres y hombres cuyo lamento y esperanza se levanta al cielo, para que nosotros y muchos más, aquí en Colombia y en el mundo, expresemos una profunda censura moral frente a este erosionado Estado de Derecho.

Con profunda preocupación, COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ.- volver -

Nuevamente dejamos en su conocimiento nuestra profunda preocupación por las graves consecuencias que para el ejercicio de los derechos civiles y políticos que en defensa de la biodiversidad realizan las comunidades negras de la Cuenca del Cacarica, municipio de Riosucio, departamento del Chocó, puedan producirse a raíz de sus denuncias sobre la explotación ilegal que realizan en su zona de retorno grandes empresarios madereros.

A pesar de la decisión tomada por las Comunidades Desplazadas de la Cuenca del Cacarica de no participar en la reunión convocada por el Director de CODECHOCO, LACIDES MOSQUERA ANDRADE, el pasado 4 de septiembre, decisión argumentada en razones de procedimiento y de inviabilidad por los acuerdos consignados por esta y otras instituciones en el acta de la Comisión de Verificación, la reunión se realizó en dos jornadas, durante los días 3 y 4 de septiembre. Curiosamente, las comunidades fueron convocadas solamente para el día 4.

En las reuniones participaron funcionarios de Codechocó, autoridades del municipio de Riosucio e integrantes de la "Empresa Asociativa de Trabajo E.A.T. DIOS PROVEERA", conocida como "Yireh", la que se encuentra implicada en la destrucción ilegal de los bosques, y que cuenta con el apoyo de infraestructura de la empresa Maderas de El Darién.

Aunque nada a simple vista parece extraño, varios hechos nos indican que la denuncia realizada por las comunidades desplazadas y su solicitud de esclarecimiento y sanción, realizada desde junio pasado y que reposa en sus manos, está enfrentada a los mismos mecanismos con los cuales se cometieron abusos, atropellos y atentados contra las comunidades desplazadas; mecanismos que empiezan a ser ambientados por funcionarios civiles que tienen responsabilidades en la administración municipal y departamental.

El viernes 3 de septiembre en horas de la mañana partieron del municipio de Riosucio, dos pangas, una de ellas de propiedad de CODECHOCO y la otra con miembros de la Empresa de Maderas "Yireh". En la primera, se transportaron funcionarios oficiales, en la otra, integrantes de "Yireh" que fueron acompañados por JULIO CESAR ARCE hasta el municipio de Turbo, lugar donde se realizaría la reunión. El señor ARCE es un reconocido paramilitar, quien participó y participa en varios operativos, algunos de ellos con participación de militares, que dieron origen al desplazamiento de las comunidades de Riosucio, y quien seguramente se encuentra en los procesos que las instituciones de justicia adelantan de oficio. Es de anotar que CESAR ARCE desde hace más de un mes se encuentra en el municipio de Riosucio a la vista de todo tipo de autoridades civiles, policiales y militares sin que la población civil haya logrado percibir mínimos asomos de persecución o intentos de captura ante este reconocido integrante de los grupos paramilitares.

El mismo viernes 3 de septiembre, las comunidades recibieron una comunicación escrita del 23 de agosto, de la "Empresa Asociativa Dios Proveerá" en la que se expresa que esta convino con "el señor representante del Municipio de Riosucio, Chocó" (…) "a cancelar los costos de sueldo etc, etc, de la persona que se nombraría para la prestación del servicio como educadora".

El sábado 4 a las 10:30 a.m. hicieron presencia en el coliseo de Turbo, funcionarios de la administración municipal de Riosucio, entre ellos el señor Alcalde CECILIO MORENO ARROYO; el asesor de Paz de la Gobernación del Chocó, LEOPOLDINO PEREA; funcionarios de CODECHOCÓ; el Director Ejecutivo de la empresa "Dios Proveerá", MAGNOLIO LOPEZ; los señores BELISARIO VALENCIA y MARINO VALENCIA, el primero de ellos quien viene promoviendo la aprobación del corte de madera a cambio de beneficios de la Madarién, y el segundo de ellos, que es uno de los campesinos que se encuentra en asocio con la Empresa "Dios Proveerá" en el aprovechamiento ilegal del corte de madera. Esta presencia en el Coliseo se realizó a pesar de la decisión de la comunidad de no participar en la reunión.

En la intervención del Asesor de Paz de la Gobernación, Dr. LEOPOLDINO PEREA, reprochó la inasistencia de la comunidad expresándose como "comunidad desagradecida", posteriormente arreció en criticas frente a las ONG nacionales a internacionales, insinuando, afirmando y tergiversando su papel de acompañamiento y ayuda humanitaria, dejando entrever que ellas manipulan a las comunidades, se llenan de recursos económicos a costa de los desplazados y tras su presencia esconden oscuros intereses en los territorios de la población.

Hacia las 11:20 a.m. mientras la comunidad utilizaba su emisora comunitaria con canciones vallenatas y con información en la que expresaba que la comunidad no asistía a esa reunión, un hombre de civil con un arma corta entre su cintura y otro vestido de jean y a cuadros ingresaron al coliseo cubierto y se acercaron a la cabina de emisión. Allí llamaron a uno de los acompañantes y le solicitaron su identificación, a lo que este respondió por su identificación a lo que el armado respondió: "soy la ley". El acompañante de justicia y paz expresó: "¿es usted policía?, ¿CTI?. ¿A qué institución pertenece?. Le muestro mi identidad si usted certifica su identificación y la razón por la cual quiere hacer un careo". El armado procedió a sacar un papel que nunca quiso abrir y se negó a mostrar su identificación. La comunidad le solicitó que abandonara el lugar porque era humanitario y llamó a los agentes de policía. Al parecer a los integrantes de policía se les presentó como agente de esa institución y se lo llevaron a un lado a conversar con él. El hombre de civil y armado, se encontraba con otro de vestido a cuadros, ambos estuvieron presentes en la reunión que CODECHOCO realizaba con su comitiva

A eso de las 11:40 a.m. terminada la reunión de CODECHOCO, BELISARIO VALENCIA expresó a la comunidad desplazada: "ahí están esos chilapos, - así se les denomina a los campesinos que no son negros, provenientes del departamento de Córdoba o Sucre- y habitan los que nos llevaron la guerrilla a la región"; señalando a varios líderes de la comunidad. Por su parte, el señor MAGNOLIO LOPEZ señaló a otra persona de la comunidad enfrente de varios integrantes de la administración municipal, diciendo: "mirénlo ese es, ni tienen tierras allá". Otro funcionario expresó: "desagradecidos, venimos a hacerles un favor y solo se dejan manipular de las ONG, esos extranjeros que se aprovechen de su miseria".

Causa profunda sorpresa que sean las autoridades regionales quienes directamente subvaloren la capacidad de ejercicio de derechos de quiénes han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos; que sean ellas mismos quienes estigmaticen a las comunidades por su firme decisión de expresar la verdad ante la aterradora devastación en que se encuentra el territorio del Cacarica; que sean ellas mismos quiénes a través de sus expresiones y actitudes estén contribuyendo a ocultar los responsables de la deforestación irresponsable e irracional que se está haciendo; que sean ellas mismos que hagan presencia en el Coliseo con los que presionan el corte de madera a cambio del destaponamiento de los caños que haría Madarién; que sean ellas mismos quiénes participen de reuniones para que los deforestadores se encuentren con quiénes denuncian el ecocidio; que sean ellas mismas quiénes realizan acuerdos para el pago de profesores en Turbo y Bocas del Atrato por parte de las mismas empresas deforestadores; que sean ellas reuniones con la presencia de hombres de civil y armados de quiénes se desconoce su identidad y que no se han presentado a las autoridades de policía que tienen bajo su responsabilidad la protección de las comunidades; que sean ellos mismos quiénes desde sus alta autoridad a nivel local y regional fomenten dudas sobre las comunidades desplazadas coincidiendo en sus afirmaciones con las que los victimarios justifican sus crímenes.

Causa un serio cuestionamiento los aportes a la paz que está realizando el Asesor de Paz de la Gobernación. Sus apreciaciones coinciden con las que los actores del paraestado en la región han formulado, quiénes cuando no tildan a las comunidades como auxiliares de la guerrilla, lo hacen con las ONG nacionales e internacionales, o quiénes nos pretenden mostrar como otro estado dentro del Estado o como instancias que oxigenan la guerrilla o como instituciones con dudosos manejos de los recursos; todo ello porque los mecanismos con que opera la impunidad y la corrupción son puestos en evidencia por las comunidades y por la presencia de la iglesia católica, las ong nacionales e internacionales. ¿Qué distensión y mecanismos hacia la paz se pueden propiciar con este papel fuera de todo lugar?

Causa profunda censura moral el por qué reconocidos paramilitares se movilizan en la panga de una empresa como "Dios Proveerá"; por qué los señalamientos de integrantes de esta empresa y los de los paramilitares coinciden sobre las comunidades que exigen verdad y justicia por lo que está sucediendo en su territorio; por qué CODECHOCO convoca a una reunión en la que participan los mismos deforestadores sin tener en cuenta el contexto de conflicto, los señalamientos y amenazas que pesan sobre los coordinadores de las comunidades; por qué los mismos explotadores de maderas firman acuerdos con funcionarios de la alcaldía sin que las comunidades lo sepan.

Nuevamente nos suscita cuestionamientos la labor de la policía y los mecanismos adoptados para la protección que presta sus servicios en el Coliseo de Turbo. Se evidencia el ingreso de hombres armados y de civil a las instalaciones del Coliseo, sin que las autoridades hayan registrado o actuado. Si el hombre de civil armado que participó en la reunión era oficial de la policía o integrantes de alguna otra autoridad del Estado. ¿ Por qué no se presentó a las unidades que permanecen en el Coliseo? ¿Por qué una autoridad legal, ocultó su identidad cuando se le solicitó su identificación? ¿Por qué no se presentó a las unidades que permanecen en el coliseo, por qué solicitó los documentos de identidad del integrante de la ONG nacional si este era en realidad un agente de policía que estaba en otra función? ¿Cuál era su papel en la reunión?

Dejamos constancia de estos nuevos hechos para que el silencio y el temor del paraestado no se conviertan en la última actitud que impongan en la región, porque cuando el terror no logra devastar la palabra, los señalamientos además de distorsionar la realidad, más tarde que temprano, se convierten en ambientación para la justificación del crimen perfecto. Es claro que las estructuras que dieron origen al desplazamiento continúan incólumes.

Dejamos constancia de los mecanismos con que las empresas responsables del ecocido siguen actuando buscando deslegitimar la riesgosa decisión de la comunidad de denunciar, su intención de fraccionarlos y dividirlos para que reciban beneficios de Madarién, como la educación, la salud y el destaponamiento de los caños a cambio de entregar grandes bosques.

Dejamos constancia sobre las consecuencias en términos de su seguridad y protección y de nueva destrucción del tejido social, está produciendo la lenta respuesta del gobierno y de las instituciones del Estado para el retorno de las Comunidades del Cacarica. Mientras que el Retorno no se produzca en las condiciones que contempla los Protocolos y Pactos Internacionales, la misma Ley 387 y no se de viabilidad a una solución al destaponamiento de los caños se continuará propiciando que grandes empresas madereras con Madarién y sus empresas "filiales" continúen arrasando con la riqueza natural del Chocó, de sus habitantes y de todo el planeta.

Con profunda preocupación, COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ- volver -

A pesar de avances formales para evitar daños irreparables a la comunidad desplazada, de Resoluciones emitidas para evitar el corte de madera, de declaraciones de respeto al trabajo de las ONG nacionales e internacionales, la realidad expresa que las estructuras que dieron origen al desplazamiento de más de 400 familias de la Cuenca del Cacarica, continúan operando en la Región y que las medidas eficaces de control o de acción frente a estos son una quimera.

En primer lugar, la estructura paraestatal de los Servicios Especiales de Seguridad, CONVIVIR:

Persiste nuestra preocupación por el actuar de las CONVIVIR que deben contar con el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y de la fuerza pública. Su participación evidente con presión armada y psicológica en el Paro Regional, muestra sus extralimitaciones, la ausencia de control del Estado, la desviación del sentido de lo militar, deslegitimando el carácter de la protesta civil por su actuación sobre una estructura paraestatal.

Nuevamente dejamos constancia de la capacidad de actuación de esta estructura paraestatal que afecta gravemente los derechos de la población civil, y de la población desplazada del Cacarica. No se comprende la brecha existente entre los pronunciamientos del gobierno en el marco de la Política Nacional de Paz sobre estos Servicios de Vigilancia y la tolerancia frente al comportamiento de las CONVIVIR afectando a la población desplazada.

En segundo lugar, persiste la actuación de las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá" como parte de las estructuras del Paraestado.

Es de recordar que en el mes de abril de este año, una embarcación que se dirigía a la Región del Cacarica y en la que se movilizaban delegados del gobierno nacional y de ONGs nacionales e internacionales, fue retenida por los paramilitares quienes manifestaron permanentemente la necesidad de que se dialogara con el jefe paramilitar CARLOS CASTAÑO.

Nos asiste una profunda preocupación por dicha citación ya que ante nuestra decisión de no interlocutar con estas estructuras del paraestado, fundada en razones de respeto a los principios del Estado de Derecho, así como en los valores que fundamentan los criterios evangélicos y éticos de nuestra Comisión, la respuesta paramilitar puede ocasionar daños irreparables sobre la vida e integridad física no sólo de los integrantes de nuestros equipos misioneros sino de los miembros de las Comunidades de la Cuenca del Cacarica que se encuentran en situación de desplazamiento o sobre sus integrantes de la comunidad que han iniciado una exploración Pre Retorno en la zona del Cacarica.

Son inocultables sus mecanismos, también de control, sobre la población campesina en los corregimientos del municipio El Dos, El Tres, en las poblaciones Piedrecitas, Villa María, La Piscina, La Caleta.

Un hombre apodado "El Zorro", quien se presenta como integrante de los grupos paramilitares, con radio de comunicación en la cintura, es el encargado de impartir las ordenes a la comunidad, cita a las reuniones, determina las condiciones para habitar en la vereda, los pagos y los días de trabajo.

En reuniones recientes en las veredas de Turbo expresó a la población campesina: "Soy de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá", "somos distintos de las CONVIVIR y del ejército. Si ustedes informan al ejército, nosotros recibimos comunicación por radio de ellos, y sabemos quien fue a hablar, por lo tanto eviten de estar hablando, únicamente hablen lo que les conviene. No queremos sapos ni ladrones ni viciosos y mucho menos hechiceros". Es evidente el mantenimiento de cuarteles paramilitares o lugares de reunión en Casanova y Monte Verde, sin embargo, no se han tomado todas las medidas anunciadas por el Gobierno para erradicar, atacar y confrontar estos grupos.

Ha sido claro que la existencia y actuación paramilitar, aquí consignada parcialmente, dejando en duda la real voluntad oficial para hacer realidad sus políticas.

Por eso no es de extrañarnos, que de acuerdo con sus conveniencias, la estructura paraestatal actuará contra las comunidades o contra nuestros integrantes, luego de negarnos a asistir a su citación. Es claro el método de actuación de las estructuras paraestatales, en otros casos. De la intimidación, la tergiversación, la distorsión, y la ambientación social se pasa a la amenaza hasta llegar a la privación de libertad, a la desaparición o al asesinato, completando el círculo del crimen perfecto.

En tercer lugar, en el inicio de la Exploración Pre Retorno acordada entre la Comunidad del Cacarica y el Gobierno Nacional, se presentaron situaciones que manifiestan procesos de desinformación al interior de las fuerzas militares y de Policía respecto a los acuerdos a que se ha llegado para posibilitar el tránsito de la comunidad.

Causa extrañeza el desconocimiento manifestado por las unidades en los puestos de control militar y la Policía de Urabá, en torno a la Exploración Pre Retorno, luego de que en el marco de la Comisión Mixta de Verificación toda la información fue conocida por los superiores militares y de policía, en las reuniones sostenidas los días 5 y 12 de octubre.

Se generan dudas sobre el sentido de los puestos de control militar con la población desplazada que ha sido víctima de graves atropellos, mientras sus agentes desplazadores, y las empresas que están realizando de manera ilegal e irracional el aprovechamiento forestal en la región del Cacarica, continúan movilizándose sin dificultades .

Persiste en las unidades militares una actitud negativa y hostil a las comunidades desplazadas cuando ellas ejercen en medio de su condición de víctimas proyectos de autosostenimiento en zonas como El Dos y El Tres, donde se constata el actuar de las estructuras paramilitares, ¿por qué dicha postura de control y actitud no se asume con toda sospecha en el paso de los vehículos en que se movilizan los paramilitares con armas cortas y largas?; ¿por qué dichos controles no se realizan cuando son convocadas reuniones comunitarias en las que los paramilitares determinan las normas de comportamiento de la población civil?.

En cuarto lugar, continúa el aprovechamiento ilegal, y la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de las minorías étnicas del Cacarica.

A pesar de la solicitud de la Comunidad Desplazada de esclarecer, investigar y sancionar a quienes resulten responsables por el corte ilegal de madera en la región del Cacarica, en el marco de los trámites que contempla la ley 70 y la legislación ambiental; de la expedición de una resolución de Codechocó, emitida el pasado 7 de septiembre, que ordena el cese del corte madera; de las Recomendaciones de la Comisión Mixta de Verificación, se ha evidenciado que este corte indiscriminado e ilegal se continúa realizando.

De persistir la ausencia de medidas urgentes de parte de las instituciones estatales o gubernamentales para que se conozcan los responsables de esta situación, se individualicen las responsabilidades, se sancione de acuerdo con la ley y se creen mecanismos expeditos para que cese el corte ilegal de madera, se crearán condiciones para que las comunidades desplazadas sufran nuevas agresiones y daños irreparables contra su vida y su existencia como comunidad negra, sus derechos económicos, sociales y culturales.

No se comprende por qué la explotación de madera continúa, irrespetando los procedimientos que contempla la ley 70 de reconocimiento al territorio colectivo de las comunidades negras; ¿por qué se desconoce la decisión y respaldo de las autoridades ancestrales de las comunidades?; ¿por qué ante este ecocidio, las autoridades continúan siendo negligentes, mientras crece en los municipios de Riosucio y Quibdó toda una serie de acciones en las que han participado funcionarios oficiales, motivando señalamientos y estigmatizaciones contra la comunidad del Cacarica y los acompañantes nacionales e internacionales?.

En quinto lugar, continúan los seguimientos, las amenazas y la vigilancia sobre nuestra sede en Bogotá en confusas operaciones en las que en dos ocasiones se ha logrado distinguir, agentes de policía vestidos de civil.

Estos hechos expresan que la presión sobre los integrantes de nuestra Comisión que acompañan a las comunidades del Cacarica persisten, a pesar de nuestras constancias históricas. Desconocemos que medidas de protección se están llevando a cabo, cuando no somos informados de los movimientos de los agentes de civil; o cuando ha sido decisión de nuestra Comisión no aceptar las propuestas de seguridad del Estado, porque ellas no han servido para prevenir ningún atentado y se han convertido en la posibilidad de ampliar la cadena de la impunidad.

Volvemos a dejar constancia, para la historia, de esta serie de hechos de modo que se conozca nuevamente que las estructuras clandestinas del paraestado existen, que aún es tiempo de evitar nuevos destrozos a la vida de las comunidades y sus territorios, que es necesario adoptar medidas eficaces para enfrentar el paramilitarismo en la región de Urabá y en el Atrato, que es necesario, se tomen medidas especiales para que cese el corte ilegal de madera, que además de generar una devastación del ambiente, acarreará graves consecuencias para la consolidación de la Comunidad retornada, que es necesario definir los mecanismos de reparación e indemnización frente al aprovechamiento forestal; que es necesario agilizar en el corto plazo el destaponamiento de los caños que permitan las acciones de prevención de las comunidades.

Dejamos constancia de que aún no existen medidas eficaces que prevengan daños irreparables contra la integridad física de la comunidad desplazada y garanticen el inicio de su retorno definitivo en las condiciones que contempla la ley 387, la ley 70 y los Protocolos y Pactos internacionales suscritos con el Estado colombiano en la medida en que persisten las estructuras criminales que dieron origen al desplazamiento y a la consumación de más de 70 asesinatos y desapariciones.

Expresamos ante ustedes y la comunidad internacional nuestra profunda censura moral ante la persistencia del paraestado en la región sin que absolutamente se tomen medidas eficaces de actuación, y ante el gigantesco panorama de desolación que está generando la explotación ilegal de madera que se realiza en la región del Cacarica, aprovechando la miseria de las Comunidades y su ausencia en 31 meses de desplazamiento producida por actores armados que actuaron en complicidad con agentes del estado.

Con profunda preocupación, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz.- volver -

Nuevas expresiones escritas de los grupos paramilitares que operan en el Urabá Antioqueño y el Bajo Atrato Chocoano y las versiones que han divulgado medios de información teniendo como fuente autoridades militares, nos llevan a dejar constancia de posibles nuevas agresiones y daños irreparables contra la Comunidad de la Cuenca del Cacarica por parte de estos grupos.

Como es de su conocimiento el 13 de octubre en el marco de acuerdos con el gobierno nacional, 80m campesinos de las comunidades negras de la Cuenca del Cacarica, corregimiento de Perancho, municipio de Riosucio, Departamento del Chocó, acompañadas por ONG nacionales e internacionales, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo Nacional, iniciaron una experiencia de Exploración de 45 días, a los lugares donde construirán dos asentamientos para adecuar los terrenos e iniciar su retorno.

Entre el 20 y 21 de octubre pasado, una embarcación con ayuda humanitaria para los damnificados de la catástrofe natural del municipio de Riosucio fue detenida. En su interior, de acuerdo con las autoridades, fueron encontrados precursores químicos. Según informaciones de prensa suministradas por fuentes oficiales, los hechos ocurrieron en la Ciénaga del Cacarica. De acuerdo con la versión de la Cruz Roja, la alimentación para los damnificados iba a ser recepcionada por la alcaldía de Riosucio y su destino no eran los 80 campesinos que se encuentran en la experiencia de Exploración. En el mismo sentido, la Red de Solidaridad Social clarificó a la comunidad que la ayuda humanitaria retenida no iba dirigida a ellos.

El hecho no generaría mayores preocupaciones de no haber sido por las expresiones confusas expresadas por un oficial del ejército, el Coronel NICOLAS MONTENEGRO, Comandante del Batallón Fluvial Nro 50 de la Armada, quien en varias declaraciones a los medios de información, sugirió una asociación entre la ayuda humanitaria que camufla insumos para la producción de cocaína y sus destinatarios, las comunidades en experiencia de Exploración.

Diez días después, el 31 de octubre se conoció una carta abierta al Padre LEONIDAS MORENO, de la Diócesis de Apartadó, donde los grupos paramilitares que operan en la región, expresaron: "se sabe de la existencia de laboratorios de cocaína en inmediaciones a las comunidades, así quedó demostrado con el decomiso de las autoridades competentes de un cargamento de insumos para el procesamiento de alcaloides …." A renglón seguido dice la misiva que, algunos líderes de esas comunidades están invitando periodistas nacionales e internacionales (…) que desinforman perversamente a sus entrevistadores en detrimento de las AUC y en defensa de las FARC", concluyen los paramilitares que el sacerdote debe aclarar y corregir esta preocupante situación, "sólo así impediría que la corrijamos nosotros".

Queremos dejar constancia que esta carta puede ser el presagio de una masacre. Así ocurrió en abril pasado, donde a través de una serie de acciones como la retención de una comisión de acompañamiento al Cacarica, cartas publicas dirigidas al Presidente por las Convivir, y expresiones del General CARREÑO SANDOVAL al diario El Colombiano, se iban ambientando nociones negativas sobre las comunidades, que después se convirtieron a fuerza de los acontecimientos en la justificación de las masacres ocurridas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (4 de abril) y de las Comunidades de Paz de San Francisco de Asís (4 al 6 de abril).

Queremos dejar constancia que las expresiones oficiales entregadas a los medios de información, no solo generan confusión ante la opinión, generando señalamientos y asociaciones simples nocivas contra las comunidades, sino que dichas manifestaciones son utilizadas por las estructuras criminales del paramilitarismo para justificar sus operativos de muerte.

Queremos dejar constancia de la necesidad de adoptar medidas necesarias en el marco de la decisión de las comunidades de no ser involucradas en el conflicto para prevenir atentados contra las 80 personas que se encuentran en la experiencia Pre Retorno.

Queremos dejar constancia de la necesidad que las expresiones del gobierno nacional de enfrentar al paramilitarismo se evidencien en un accionar contra estas estructuras que operan en Turbo, Riosucio, Necoclí, San Pedro de Urabá, El Tomate, municipios y corregimientos desde los cuales se escriben los anuncios de muerte contra la población retornada

Queremos dejar constancia que, como medida preventiva para la experiencia de Exploración y para posibilitar el retorno definitiva en condiciones de guerra, se debe iniciar un destaponamiento de los caños que están impidiendo la rápida movilización de las comunidades ante un eventual ataque y se instituya la Casa de Justicia solicitada por las familias desplazadas para su Retorno.

Queremos dejar constancia que, ante los señalamientos y acusaciones que se erigen contra la Comunidad del Cacarica y las Comunidades de Paz, urge como medida de prevención se definan desde el gobierno central acciones de respaldo institucional a la experiencias y a través de un comunicado publico se clarifique los hechos sucedidos, se respalde la experiencias de la población civil en medio de la guerra, y la desinformación gestada incluso, en autoridades militares que está sirviendo de aval para el actuar de las estructuras criminales que han operando con la complicidad oficial, sea desmentida

Expresamos nuestra profunda censura moral ante lo que parece ser un nuevo montaje para deslegitimar y justificar la muerte violenta de las comunidades negras que buscan la construcción de su propuesta de vida en medio de la guerra, sin recurrir al uso de la fuerza y sustentados en la verdad y la transparencia de sus actos y expresiones.

Con profunda preocupación, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz.- volver -

Por segunda ocasión, en menos de 8 días, hemos recibido información de fuentes de absoluta credibilidad moral, de la preparación de unas acciones de desprestigio, estigmatización, intimidación, señalamiento, tergiversación, que pueden desencadenar en graves atentados y daños irreparables contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, las Comunidades en retorno a la Cuenca del Cacarica y las Comunidades de Paz de San Francisco de Asís.

Así como las masacres ocurridas en abril de este año, en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Comunidad de San Francisco de Asís, se justificaron antes de cometerse a través de montajes y videos, en este momento, la carta pública del pasado 31 de octubre de las llamadas "Autodefensas", parece ser el inicio de este nuevo momento, de intimidación, amedrantamiento y de terror. Ahora sigue su justificación "testimonial", la "justicia con rostro" de la mentira.

Sabemos que en este momento, desertores de la guerrilla que ahora forman parte de los grupos paramilitares, así como, pobladores que están en desacuerdo con la decisión de las comunidades de no participar en acciones ilegales como el corte irracional de maderas, o de no formar parte de la cadena de producción de cultivos ilícitos, o de no participar del cáncer de la corrupción o de no formar parte y servir a la guerra, están sirviendo de base "testimonial" para sustentar que las experiencias de población civil en medio de la guerra son útiles a los intereses de la otra parte, en este caso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Es otra madeja dentro de la estrategia del terror parestatal. La mentira que quiere hacerse verdad, el silencio que quiere hacerse como palabra honesta, todo con la finalidad de fortalecer un proyecto de muerte y de exclusión, todo con la fina seducción de hacer creíble lo falso para justificar la muerte del justo, de la población civil que libremente dice no a la impunidad no al silencio, no a la muerte violenta. La mentira y la muerte, es la respuesta a una población civil que decide ejercer sus derechos en medio de la guerra, que decide reconstruir desde la participación el erosionado Estado de Derecho. Y a aquellos quiénes, las acompañan humanitariamente se les involucra, y también, se les señala como responsables. ¿Pero y el Estado? ¿Cómo está allí el Estado?

Por eso, nada nos llenaría de tan profunda conmoción, si esta ardid, no se siguiera, amparando por acción, omisión y aquiescencia en las estructuras del Estado. Han sido cientos los llamados, han sido cientas las reuniones, han sido cientas las solicitudes para que el Estado Social se haga real en la región del Urabá, y nada, absolutamente nada, ha sido efectivo, la impunidad y el terror campea. Como amos y señores las llamadas "Autodefensas", ordenan, dirigen, intimidan y nada se hace; ahí están, con su estela de terror por todas partes. Silencios, pero también afirmaciones, de autoridades civiles y militares, que siembran dudas sobre las comunidades, fatales coincidencias en la guerra, que descargan en la mentalidad de la "guerra sucia" toda la aversión contra las comunidades campesinas y negras de la región. Una decisión de no participación en la guerra es leída e interpretada como colaboración con el otro actor, la insurgencia; siguen en el fondo existiendo las supuestas ideologías ya pasadas, población civil organizada igual a insurgencia; o exigencia de derechos igual a subversión.

Qué tan lejos estamos de percibir que aquellos que han sido víctimas del desplazamiento forzoso y de graves atentados contra la vida por la estructuras paraestatales, y por el otro actor de la guerra, lo único que pretenden es sobrevivir en un pedazo de tierra y en ese ejercicio comunitario reconstruir no solo sus proyectos de vida sino el mismo sentido del Estado.

Expresamos nuestra profunda censura moral como creyentes en la vida, en el respeto a los más débiles y a los excluidos por la guerra, ante los mecanismos de terror y de mentira del parestado. Es tiempo de evitar, la ocurrencia de nuevos atentados contra la vida de la población civil, existe una política de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y de aplicación del derecho internacional humanitario; existe una política de paz, que se requiere para que estas experiencias en el Urabá antioqueño y el Bajo Atrato, puedan seguir existiendo.

¿Quién desconoce los cuarteles del paraestado desde dónde se dirigen las sentencias de muerte contra las comunidades? ¿Por qué no se actúa?

¿Por qué no se fortalecen estas experiencias de paz digna en medio de la guerra, con una efectiva política social?

En sus manos, queda la posibilidad de evitar nuevos destrozos de las comunidades.

Con profunda preocupación, COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ- volver -

Dejamos en su conocimiento nuevos hechos sucedidos en el corregimiento de San José de Apartadó, los cuales despiertan nuestra preocupación por los riesgos que entrañan para la vida e integridad física de los habitantes de dicho corregimiento, así como para los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

El martes 09 de noviembre a las 11:30 a.m. se escucharon varios disparos, a diez minutos del casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó, en el camino que conduce a la vereda La Linda. Al parecer en ese sitio se desarrollaba un operativo militar donde fueron detenidas varias personas entre ellas OVIDIO CARDONA BORJA y RONEIRO JIMENEZ, hermano y trabajador de la familia CARDONA respectivamente. De acuerdo con versiones de familiares, los dos bajaban cuatro cargas de maíz y los hermanos LUIN CARDONA BORJA y ALBEIRO DE JESUS CARDONA BORJA habían salido del caserío.

En llamadas de organismos humanitarios a la Brigada para averiguar por lo que estaba sucediendo , el oficial ORLANDO DUQUE manifestó que se encontraban en combates desde las 9:00 a.m.

En horas de la tarde, aproximadamente hacia el 3:00 p.m. un delegado de la Cruz Roja Colombiana se acercó al lugar de los hechos, y no lo dejaron ingresar. En llamada a la Brigada XVII, el Coronel DUQUE expresó que había unos detenidos y que continuaban en combates.

A 5:30 p.m. un helicóptero de las fuerzas militares sobrevoló el corregimiento de San José, se escucharon entonces bombas y tiros por espacio de 20 minutos.

El miércoles 10 de noviembre en declaraciones dadas por un oficial, este aseguró que el día martes nueve de noviembre había tenido lugar un combate, entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros, producto del cual resultaron detenidas seis personas y muerto un guerrillero. Esta misma versión se encuentra en el Comunicado de Prensa 034 de la Séptima Brigada en el que se expresa que fue asesinado un bandolero y 9 bandoleros capturados.

Un periodista internacional de NCA expresó que había dialogado con algunos detenidos, quiénes le expresaron que eran guerrilleros y que transportaban parafina. Los detenidos acusaban a la comunidad de auxiliar a la guerrilla y a los acompañantes de tener negocios y estrechos vínculos con las FARC.

Según el Fiscal Regional, ninguno de los campesinos expresó tener vínculos con las FARC y se declararon inocentes. Tres menores de edad que también declararon fueron trasladados a una correccional en Medellín.

Uno de los "detenidos" por el ejército, apodado "Alfredo" se encuentra acompañando a las unidades militares que realizan operativ