Un juez impide a un padre divorciado ver a su hija porque no quiere separarse de él
R. BARROSO
La Asociación para la Defensa del Ciudadano
califica la medida judicial de «maltrato institucional» y un intento de
desarraigar a la menor del afecto de su padre
MADRID.
Un juzgado de Huelva ha determinado la retirada del régimen de visitas a un
padre porque su hija, de cinco años, «presenta rechazo al separarse de él y
una verdadera angustia y sufrimiento en los intercambios al finalizar la visita,
que le producen una situación de estrés que para nada le beneficia».
Este hecho ha sido denunciado por la Asociación para la Defensa del Ciudadano,
que ha calificado la medida de «maltrato institucional».
NO
SERIA MEJOR PARA LA NIÑA AUMENTAR EL NUMERO DE VISITAS ?
La
lucha de este padre por poder pasar más tiempo con su hija se inicia un 5 de
enero del año 2000. El matrimonio, que había asistido a la Cabalgata de Reyes
en compañía de la pequeña, inició una fuerte discusión en la que se
producen agresiones de la madre hacia el padre y la niña, según relata Mariano
Orta, de la Asociación para Defensa del Ciudadano. Tras la intervención
policial, los servicios sociales deciden que la menor se quede con su padre, una
vez que la pareja comunica que iniciará los trámites de separación. «El
lunes, el padre lleva a la pequeña a la guardería -relata Orta- y cuando
vuelve le comunican que su madre se la ha llevado». A partir de ahí, la madre
se va a Cádiz e ingresa en un centro de acogida, «alegando maltrato como
estrategia para conseguir ventajas comparativas en el proceso de divorcio»,
explica Orta. Un proceso que se lleva a cabo y que fija en tres fines de semana
cada mes el derecho del padre a visitar a su hija, decisión que más tarde es
impugnada por la madre y que queda reducida a 48 horas al mes, repartidos en
fines de semana alternos.
La
angustia que sufre la pequeña tras la separación de su padre al término de
los días de visita motiva un informe por parte de la Consejería de Asuntos
Sociales, que es remitido al Juzgado. En ese informe se hace constar que «la
difícil situación de angustia que la niña vive en el Punto de Encuentro
condiciona que la pequeña lo vea de forma agresiva para ella, lo que unido a la
resistencia a separarse mostrada por la menor, hacen que para el efectivo
cumplimiento del régimen de visitas establecido judicialmente, la intervención
de este servicio, finalmente debe limitarse a «arrancar» a la niña de los
brazos del padre; lo que además de ser negativo para la menor, es contrario a
la finalidad y objetivos de este programa». Un hecho en el que coincide el
Ministerio Fiscal, que reconoce que la separación de ambos «influye
negativamente en el equilibrio emocional de la menor y le colocan en una situación
de riesgo».
En
vista de lo cual y para evitarlo, se propone «la suspensión del régimen de
visitas con su padre hasta que por el equipo psicosocial se emita el informe a
la vista del cual se decidirá sobre el mantenimiento o el alzamiento de la
medida». Un informe que, siempre según Orta, «puede tardar un año y producirá
un importante desarraigo de la pequeña con su padre».
«Feminismo exterminador»
El
padre de la menor ha calificado la decisión judicial de «parcial, sectaria,
inhumana, maliciosamente injusta y atentatoria contra los más elementales
derechos humanos de la infancia, como el derecho de todo niño a ejercer en
libertad el desarrollo de su personalidad, sus inclinaciones y sus preferencia
afectivas». Asimismo indica que, a su juicio,
la Administración de Justicia de Huelva está «dominada por un sentimiento
ideológico identificado con el feminismo más exterminador, aquel que quisiera
hacer desaparecer de la faz de la tierra al hombre como género y a la figura
del padre como especie». Por ello, estudia presentar una querella por
prevaricación o bien una recusación del juez por «enemistad manifiesta».
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http://www.redfeminista.org/Noticia.asp?ID=197
Bruselas
financia con 41 millones de euros un programa de lucha contra la violencia doméstica
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la palabra hombre en este articulo.
BRUSELAS,
5 feb. EUROPA PRESS
La
Comisión Europea presentó hoy el programa Daphne
II 2004-8, dotado con 41 millones de euros, dirigido
a la prevención de la violencia hacia las mujeres y
los niños y con el objetivo de proteger las víctimas
y los grupos de riesgo.
Todas
las organizaciones, públicas o privadas, activas en la prevención
de la violencia o en la protección frente a la misma, así como
las asociaciones provenientes de los países candidatos, podrán acceder
a esta financiación, que se ha visto incrementada con el fin de
hacer frente a la fuerte demanda existente y a la llegada de nuevos
Estados miembros en 2004. Los
objetivos del programa son apoyar y fomentar tanto a organizaciones
no gubernamentales ONG como a otras organizaciones y autoridades
públicas activas en la lucha contra la violencia, respaldar
la creciente toma de conciencia de la opinión pública sobre la
violencia y la prevención de la
violencia contra los niños, los jóvenes y las
mujeres, incluidas las víctimas del tráfico destinado a la
explotación sexual, la explotación sexual comercial y otros abusos sexuales.
Desde
el lanzamiento de la iniciativa Daphne en 1997
la Comisión ha recibido cerca de 1.800
propuestas de proyectos, de los que 270 han sido
financiados. Bruselas parte de la premisa de que los organismos de ayuda a las víctimas
son siempre el mejor medio de alcanzar y ayudar a los beneficiarios
de estas acciones. Los organismos de formación, universidades,
asociaciones benévolas, centros de investigación y autoridades
locales tales como los consejos municipales, podrán igualmente
beneficiarse del programa Daphne.
Este
programa se basa en el reconocimiento de la violencia como un delito,
entendiéndolo en el sentido más amplio posible, desde los abusos
sexuales hasta la violencia doméstica, desde la explotación comercial
hasta el acoso escolar, pasando por la trata de seres humanos
y la violencia basada en la discriminación de los discapacitados,
las minorías, los emigrantes u otros grupos vulnerables.
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