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ABC, 11 de febrero de 2001 Inmigración: ¿un
problema? MANUEL PIMENTEL SILES.
Ex ministro de Trabajo La inmigración no es un problema es
un fenómeno. Quienes siempre anteponen al concepto inmigración la palabra
problema están colaborando a crearlo. España, como antes toda Europa, está
experimentando un flujo inmigratorio, fruto de la demanda de una sociedad que
se desarrolla rápidamente; vienen porque nuestra sociedad los reclama para
ocupar puestos de trabajo que no son cubiertos por españoles. Que necesitemos
ahora inmigrantes no es un problema, es un síntoma de desarrollo, como ya
ocurriera antes en todos los países avanzados de Occidente. España es en la actualidad uno de los
países europeos con mayor tasa de crecimiento. La fortísima caída en el
número de nacimientos a partir de mediados de los setenta -hemos pasado de
ser el país con más natalidad de Europa, a tener la menor del mundo-,
determinará un decrecimiento continuado del número de personas jóvenes que se
incorporarán al mercado de trabajo. Tenemos una de las menores tasas de
inmigración de toda Europa, estimándose en unos 600.000 los residentes
extranjeros no comunitarios, lo que supone un 1,5 por ciento del total de la
población. Si sumamos los residentes comunitarios se elevaría al 2,5 por
ciento, una cifra muy alejada al 10 por ciento de Alemania, al 18 de Austria
o al 33 de Luxemburgo. Millones de compatriotas tuvieron que
emigrar hacia América y Europa. Todavía hoy casi dos millones de españoles
viven fuera de nuestras fronteras. En los ochenta comenzamos a convertirnos
en un país de inmigración, originando las comprensibles dudas en una sociedad
que no conocía este sentido de las corrientes migratorias. En 1985 se aprobó
la primera Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España,
produciéndose el primer proceso de regularización de inmigrantes. En 1991, el
Congreso instó al Gobierno a determinar cada año un contingente de
trabajadores extranjeros, y se produjo una segunda regularización de los
indocumentados; hubo 148.128 solicitudes, de las que se concedieron 110.113
permisos de trabajo. La determinación de un contingente
anual se convirtió en el eje central de nuestra política de inmigración,
pero, sin embargo, este cupo siempre estuvo por debajo de las necesidades
reales -por ejemplo, el de 1999 fue de 30.000 personas, cuando la demanda
alcanzó casi las 100.000- lo que supuso que los inmigrantes siguieran
viniendo por vías alternativas a la legal, y que fuera creciendo la bolsa de
indocumentados en nuestro país. ¿Y por qué esos contingentes tan
tajos? Habría que atribuirlo a la convivencia con altas cifras de paro en
nuestro país, un problema que se quería solucionar antes de dar entrada a
nuevos inmigrantes. Y todos cometimos un error de bulto: no reconocer que
esos inmigrantes venían a cubrir puestos de trabajo no demandados por los
españoles. En 1996 se realizó el tercer proceso de documentación, con unos
criterios bastantes restrictivos, presentándose 24.691 solicitudes y
resolviéndose favorablemente 14.653. A pesar de estas tres
regularizaciones, y como la demanda real de inmigrantes de la economía
española era superior a la oferta de cupos, el colectivo de indocumentados
crecía sin cesar. Así, en la cuarta y última regularización, auspiciada por
la ley Orgánica 4/2000, se presentaron 246.089 solicitudes, de las que casi
150.000 ya han obtenido permiso de residencia. El sistema de mantener unos cupos
inferiores a las demandas de la sociedad no sólo ha ocasionado la periódica
bolsa de indocumentados, sino que además ha generado una dinámica perversa:
la gente se arriesgaba a venir de cualquier forma, a sabiendas que una
regularización periódica les documentaría. Si sumamos las personas que han
tenido que ser regularizadas -es decir, que entraron por vías alegales-
veríamos que suponen un 50 por ciento de los 600.000 residentes extranjeros
en la actualidad, todo un fracaso de nuestra tradicional política de
inmigración. La Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España amplió los derechos de los inmigrantes en
nuestro país, estableció algún mecanismo de regulación continuo, y sobre todo
se orientó a facilitar la integración social de los inmigrantes. Esta ley
nunca llegó a desarrollarse; antes de cumplir un año se aprobó una nueva, que
restringió algunos de los derechos. Para cambiarla se utilizaron argumentos
tales como el supuesto "efecto llamada", la necesidad de evitar la
"avalancha de inmigrantes", o la proliferación de mafias responsables
de la inmigración ilegal, todo ello complementado con el discurso de que no
se cumplía la norma europea ni lo aprobado en la Cumbre de Tampere. Estos argumentos no son verdaderos.
El "efecto llamada" es motivado por la descomunal diferencial de renta,
y nunca por una Ley u otra. Si la economía española sigue creciendo, y los
contingentes continúan siendo bajos, los inmigrantes seguirán entrando de mil
formas distintas. En cuanto a la supuesta avalancha, nada más falso: en el
año 200o, si tenemos en cuenta los datos de Ceuta y Melilla, fueron detenidos
menos inmigrantes en el Estrecho que en 1999. En lo de las mafias estamos de
acuerdo, hay que combatirlas con todos los medios, aunque no comparto ese
afán por asociar inmigrante con la palabra mafia. La Ley reformada era
perfectamente compatible con toda la normativa europea, acuerdo de Tampere
incluido. Tampoco era cierta la afirmación de que la inmigración pone en
riesgo nuestro sistema de bienestar. En la actualidad, más de 310.000
inmigrantes cotizan a la Seguridad Social, por lo que se recauda mucho más de
lo que se gasta. Como vamos a necesitar inmigrantes,
lo inteligente sería organizar este flujo. Para ello, aparte de la obviedad
de perseguir a las mafias, se deben contemplar las siguientes cuestiones:
aprobar contingentes suficientes, firmar acuerdos con los países emisores,
plenitud de derechos laborales, sociales y todos los inherentes a la
condición de la persona, posibilidad de regularización continua y un enorme
esfuerzo en integración social. La política de inmigración no se debe
coordinar desde el Ministerio del Interior; mejor, en presidencia. Pero lo
más importante es mentalizarnos de que, en el futuro, conviviremos con un
pequeño porcentaje de población de otras culturas, y considerar esta
convivencia como un reto, como una oportunidad y no como un problema a
evitar. Para ello tendremos que ser exquisitos con nuestros mensajes, educar
en los valores del respeto y la tolerancia. El espectáculo de mensajes,
intencionadamente alarmistas, sobre la inmigración que hemos vivido durante
estos últimos meses ha sido más pernicioso que los propios cambios de la Ley.
Según las encuestas, parte de la población asocia ahora inmigración a
conflictividad, adoptando actitudes defensivas frente a ella: la campaña del
"efecto llamada", la "avalancha" y las "mafias"
tiene una gran responsabilidad en esa involución. Tan sólo la civilización,
la cultura y la educación pueden conseguir la convivencia entre grupos
diferentes. Los mensajes simplistas tienen una eficacia muy directa, ya que
remueven nuestro primitivo instinto de exclusión: es fácil encender el fuego,
muy difícil apagarlo, como tuvimos ocasión de comprobar en los gravísimos
sucesos de El Ejido, acontecidos hace un año, y por los que todavía, como español,
siento una profunda vergüenza. La inmigración no es un problema, es una tendencia derivada de nuestro crecimiento económico que puede suponer una oportunidad para continuar construyendo una Europa más próspera, más social y... más humana. |