La fuerza de las diferencias

Alain De Benoist

Nos preguntamos cuál es el punto común entre el debate sobre la igualdad, el proyecto de ley que debería establecer la equivalencia jurídica entre matrimonios y uniones libres, la próxima ratificación por parte de Francia de la Convención sobre las Lenguas Regionales y la Inmigración.

El punto común está en el hecho de que estos temas dependen de la misma problemática, es decir, el reconocimiento de las diferencias.

Los homosexuales quieren ser reconocidos como tales, las mujeres piden que sea reconocida la dimensión sexual de la política, las minorías regionales quieren que sus derechos sean garantizados en la esfera pública, las poblaciones de origen inmigrado piden que su integración no sea por la fuerza ni con el abandono de las raíces. El fenómeno está en clara correlación con la promoción de lo privado en la vida pública.

Con el proceso Clinton así como con el teléfono inalámbrico, a través del semen y la sangre transformados en actores de la vida política, lo privado aparece hoy en todas partes. Toda una parte de nosotros, que hace tiempo debíamos mantener alejada para hacernos ciudadanos, se pone en el centro de los debates políticos cuyos protagonistas intervienen en base a pertenencias idiomáticas, culturales, sexuales o comunitarias, que en otras épocas eran ausentes.

El objetivo es hacer reconocer una particularidad en el espacio público, de manera que así el Estado se ve obligado a no ser ciego frente a estas particularidades, si no a ser capaz de garantizar su coexistencia en el marco de la sociedad. Frente a este tipo de reivindicación, la reacción espontánea de los poderes públicos es casi siempre negativa.

El Consejo constitucional rehusa admitir la existencia del pueblo de Córcega, los senadores se enfadan oyendo hablar de igualdad y algunas muchachas musulmanas son rechazadas de las escuelas por llevar el velo en clase, aunque la sentencia del Consejo de Estado del 27 de noviembre de 1989 haya establecido que llevar símbolos religiosos, no es, para los alumnos, incompatible con la laicidad.

El debate sobre la igualdad, que ha resucitado la disputa entre feministas partidarias de la diferencia y feministas partidarias del universalismo, en la cual estas últimas postulan la unidad neutra del género humano y las primeras piensan al contrario que lo universal debe ser buscado a partir de la diferencia y no en contra de ella, las discusiones sobre el velo islámico, los debates sobre la naturaleza del pueblo de Córcega, el despertar de los regionalismos, son otros tantos datos que indican el fin de una modernidad fundada sobre el Estado nacional y sobre el reino del universalismo abstracto. El deseo de simple igualdad ha cedido el paso al deseo de identidad y a su reconocimiento.

Los individuos no se reconocen más en el anónimo Estado asistencial, en el gentío solitario o en la guerra de todos contra todos. Ellos aspiran a hacer reconocer sus comunidades y pertenencias, de las cuales la lógica de lo universal abstracto los había despojado.

Por esto combaten una República que prefiere Voltaire a Mahoma, las minifaldas a los velos y los departamentos a las regiones étnicas, queriendo reconocer sólo individuos sin lengua, religión, raíces, cultura o sexo particulares. No reconocer la aspiración a la diferencia significa obviamente condenarla a enardecerse en manifestaciones convulsionadas y patológicas.

En el caso de las regiones con fuerte personalidad étnica y cultural, no satisfacer el deseo de autonomía sólo puede favorecer la reivindicación independentista. Pero la mayor interrogante consiste en comprender de qué manera la diferencia pueda ser reconocida y en cuál contexto deba ser reconocida. De este punto de vista, las opciones propuestas o adoptadas son muy  discutibles. Por lo que se refiere a la igualdad, por ejemplo, se puede pensar que la ley debe consagrar a las costumbres, en lugar de prohibirlas.

La razón por la cual el Estado ha institucionalizado el matrimonio heterosexual no ha sido nunca, en su perspectiva, una forma de indicar una preferencia, moral o de otro género, a favor de un tipo de unión o de vida sexual más que de otro.

Si el Estado se interesa de la pareja de hombre y mujer, aunque se trate de concubinos, es porque aquella pareja es potencialmente creadora de hijos, y el hogar de vida futura que ella constituye garantiza directamente un poder público que tiene la tarea de asegurar la continuidad demografica de la sociedad. El matrimonio entre hombre y mujer ha sido institucionalizado porque es el único que procrea, sobre la base de un compromiso en la duración, descendencia que es condición para la perpetuación de la sociedad, y ésta es la única razón que el legislador puede tener para ocuparse de la vida privada de los individuos.

Los otros ligámenes entre las personas que los ciudadanos forman entre ellos, empezando por las relaciones de amor o de amistad, no interesan a la ley. El reconocimiento de las diferencias no pasa pues necesariamente por su institucionalización, pero exige seguramente una nueva definición, en un sentido más concreto, de una ciudadanía que hasta ahora habia sido relegada en la pura abstracción.